El FMI define el despegue: Sanidad, cambio climático e infraestructuras

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informe sobre balances contables estatales del FMI

El ciclo de negocios que emergerá de la crisis de la Covid-19 requerirá una reconversión industrial donde la neutralidad energética será la piedra angular.

 

Vitor Gaspar, director del Monitor Fiscal, el informe sobre balances contables estatales del FMI y responsable en la institución de los análisis presupuestarios acaba de lanzar la hoja de ruta que la institución multilateral recomienda a los dirigentes económicos de los países para hacer frente a la reconstrucción de sus sistemas productivos. Y la receta del Fondo Monetario insiste en que la herramienta fiscal no sólo ha provisto de salvavidas a empresas y hogares durante la actual pandemia, sino que es también el instrumento más potente para diseñar la recuperación económica. Para abordar el desafío de que “el final del Gran Confinamiento” traiga “beneficios para todos” -dice- resultará determinante que “se mejoren las redes sociales de seguridad sobre una base presupuestaria” tal y como se desprende del informe sobre balances contables estatales del FMI. Estrategia que requiere “inversiones en Sanidad, en infraestructuras y en proyectos que combatan el cambio climático”. A los países con mayor deterioro de las cuentas estatales y que presentan “altos niveles de endeudamiento”, les insta a “manejar con cautela” los recursos que desplieguen “a corto plazo”, de forma que su trayectoria de despegue deje una estela de vencimientos de deuda sostenibles en el tiempo. O, dicho de otro modo, “el rigor en la concreción presupuestaria” debe presidir todos los fondos de protección -enfatiza el Fondo- “con cauces de ejecución fiscal adecuados y políticas discrecionales y bien planificadas que conduzcan a estimular la demanda” y, al mismo tiempo, “a fortalecer la red social de seguridad sobre los ciudadanos y los subsidios por desempleo”.

Según el FMI y el informe sobre balances contables estatales del FMI, “algunos de estos fondos temporales expirarán en el tiempo”, pero otra parte de estas dotaciones “debe convertirse en permanente y actualizarse bajo un sistema de beneficios fiscales que puedan servir de estabilizadores automáticos que generen ingresos ante futuras epidemias o crisis”.

Red social de seguridad

El Fondo Monetario deja tres áreas de actuación preferencial en la distribución de los caudales públicos destinados a reforzar esa red social de seguridad. En primer lugar, reservar recursos específicos a la creación de “una cobertura adecuada y amplia de beneficios a determinados grupos vulnerables, bajo criterios de progresividad”. En segundo término, concretar y garantizar “incentivos, dentro de las prestaciones por desempleo, que ayuden a los beneficiarios a lograr trabajo, obtener cuidados sanitarios -donde no rijan los principios de universalidad- y acudir a cursos educativos y de formación”. Y, finalmente, con el reto de evitar nuevas fragmentaciones sociales, diseñar una “compleja red de programas de protección social que no sólo establezca nuevos métodos y salvaguardias, sino que corrija gastos innecesarios de los actuales modelos”; aquéllos que “ni benefician ni resultan consistentes” para perpetuarse en presupuestos futuros.  En las potencias de rentas altas este tránsito les supondrá ampliar a más personas sus actuales redes de cobertura y mejorar el impacto que estos beneficios acarrean a los niveles de vida de sus receptores. Mientras que en la órbita emergente y en las naciones en vías de desarrollo, la fórmula de suturar esta brecha y de proporcionar resguardo social a millones de personas que carecen de programas sociales exige el uso de instrumentos digitales. Aplicaciones capaces de prestar servicios sanitarios, de transporte o de manutención y que estén en condiciones de abordar a un número mayor de los actuales beneficiarios. “Las redes sociales podrían mejorar la redistribución de la riqueza”, enfatiza el Fondo en su informe sobre balances contables estatales del FMI.

En este sentido, el FMI aconseja a los gobiernos “incentivos temporales” en el pago de impuesto y contribuciones sociales para ayudar en los primeros estadios de la recuperación a las empresas en materia de contratación laboral. Al igual que rebajas en el IVA que espoleen el consumo, pero deja este recetario a la discrecionalidad de cada gobierno, en función de “la habilidad fiscal que provoque la instauración de estas medidas”. Porque “las inversiones de calidad deben dirigirse a la Sanidad, con vistas a minimizar los riesgos de futuras epidemias o crisis económicas” y a la incentivación de otras dos prioridades: proyectos de infraestructuras y de tecnología verde que conduzcan hacia la neutralidad energética, con la fuentes solar y eólica como las más idóneas en el camino hacia la consumación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además de otros retos como el acceso a agua potable, educación y sanidad entre los países en desarrollo. Todo ello “demanda unos flujos de capital superiores a los 20 billones de dólares, a precios actuales de mercado, durante las próximas dos décadas.

La era ‘post-confinamiento’

El Gran Confinamiento debe ser la catapulta de estas inversiones verdes. Al igual que de proyectos de renovación de autovías, puentes, trazados ferroviarios y de redes de servicios esenciales de luz y agua. Con suficientes fondos de inversión y con mecanismos para evitar ineficiencias y casos de corrupción. En especial en el mundo en desarrollo. Aunque también en economías avanzadas con “amplios márgenes de maniobra como Alemania u Holanda”, que deben emplear “mayores cantidades de inversiones públicas” en un momento de bajos tipos de interés que redunda en un incremento del valor de los activos utilizados. Y en las que, como Italia y España, no disponen de un gran colchón presupuestario, pero que “pueden redirigir sus ingresos y gastos a aumentos de las inversiones”. En mercados emergentes como Brasil o Sudáfrica, con elevadas tasas de deuda e intereses de pagos altos, la salida es acudir a proyectos de desarrollo de financiación multilateral con devoluciones cómodas y sostenibles en el tiempo. Aunque también “hay países que deberían tratar de lograr más por menos”. Sugerencia que el FMI enfoca a naciones como Nigeria, que “debería elevar sus ingresos tributarios a largo plazo para abordar los bajos ingresos de su población desfavorecida”.

Las herramientas fiscales -convienen los expertos del FMI en el informe sobre balances contables estatales- son imprescindibles en la reactivación y en la posterior corrección de los espectaculares déficits y niveles de endeudamiento soberano. “Cuando la pandemia se abata, los gobiernos deberán estabilizar estos fuertes desequilibrios y tendrán que disponer de programas presupuestarios adecuados para reconducir las dinámicas de consolidación fiscal y de endeudamientos a medio y largo plazo”. Pero hasta entonces, hasta ver en qué momento se produce el despegue y las ratios de desorden fiscal y de exceso de deuda “los subsidios son el mejor de los combustibles para espolear el crecimiento, confeccionar un adecuado ciclo de negocios y emprender una agenda de reformas que consoliden la estabilidad futura”.

El papel de las empresas estatales

En otro apéndice de la primera revisión del Fiscal Monitor, apenas un mes después de su informe primaveral, Gaspar ensalza también el papel protector de las empresas estatales. “El creciente estatus del sector público está salvando vidas, restaurando la capacidad adquisitiva de familias y realizando suministro y servicios esenciales” para combatir la Covid-19. Así como la provisión de préstamos, a través de bancos con participación estatal, para pequeños negocios. Aunque en un amplio porcentaje, partes substanciales de estos programas de estímulos vayan a empresas de gran dimensión como las aerolíneas o las petroleras, asoladas por el desplome del precio del crudo, admite Gaspar. En algunos casos, el tamaño de las ayudas, antesala de nacionalizaciones futuras, puede llegar a crear emporios estatales capaces de rivalizar con estructuras corporativas privadas. Y recuerda que firmas con participaciones mayoritarias o estratégicas de patrimonio público existen en todos los países. “En China, Alemania, India o Rusia se cuentan por miles”. E, incluso, suponen el 55% del total de inversiones en infraestructuras de los mercados emergentes y en vías de desarrollo.

Last modified: 04/06/2020