Un 44% de las firmas hispanas dispone de plan de contingencia anti-Brexit

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Un sondeo de KPMG entre directivos españoles revela su preocupación por las áreas legal y regulatoria, fiscalidad y régimen aduanero y por el efecto financiero.

 

La multinacional de servicios profesionales KPMG acaba de revelar un estudio sobre el grado de adecuación del sector privado español a los efectos del Brexit. De su diagnóstico, elaborado a partir de un sondeo entre más de 2.000 ejecutivos y cargos de alta dirección de empresas hispanas que operan en trece segmentos de actividad, se extraen datos relevantes. Casi la mitad de ellas -un 44%- han tejido un plan de contingencia corporativo para abordar los posibles daños colaterales del divorcio británico de la UE. Diseñado, preferentemente, en áreas sensibles como el legal y regulatorio (un 43% de ellas), la fiscalidad y régimen aduanero (38%) y en el terreno financiero, un 38%. Aspectos todavía de discordia en las negociaciones entre Londres y Bruselas.

En la macroencuesta, que recaba la opinión de presidentes, directores generales, propietarios y consejeros (39%); directivos (46%); y mandos intermedios (13%) entre noviembre del pasado año y enero de 2020, desvela que un 40% de las empresas españolas encuestadas declara tener algún tipo de exposición a Reino Unido; generalmente, a través de filiales, en un 20%, o debido a vínculos exportadores (19%) más o menos regulares, y señala tres sectores con una exposición a la incertidumbre sobre el acuerdo definitivo de divorcio del Reino Unido y la UE y los efectos colaterales del Brexit, debido a las dudas que aún persisten sobre la participación futura de las empresas británicas en el mercado interior europeo, o sobre la libre circulación de personas, mercancías y capitales con la restauración de los límites fronterizos. En primer lugar, la industria. Un 44%. Seguida de la automoción, en un 40%, y del segmento químico y farmacéutico: un 32%. Los tres desde el punto de vista meramente exportador. Porque los que revelan un mayor factor de riesgo en su actividad en el mercado británico tras la salida de Reino Unido del club europeo, por tener intereses corporativos plenos -ostentan filiales, esencialmente, o algún otro tipo de unión societaria- son las firmas de banca (41%), de tecnología, telecomunicaciones y medios de comunicación (26%) y las energéticas, con un 22%.

 

Bajo este panorama, y con el riesgo a daños colaterales aún sin apaciguar por la falta de acuerdo, el 44% de las empresas españolas tiene listo planes de contingencia. Y otro 24% dicen barajar su instauración. Es decir que casi un tercio -un 32%- no lo consideran necesario. Este paraguas de protección -instrumentos para abordar cualquier anomalía en el normal funcionamiento de los negocios- se enfoca, entre las que lo han puesto en marcha, en el área de legal y regulatorio -lo manifiesta el 43% de los encuestados-, al que siguen los apartados y asuntos relacionados con la fiscalidad y aduanas (38%) y con el ámbito financiero, un 28%. El estudio de KPMG constata dos factores que explican el porcentaje de empresas que no consideran, de momento, disponer de planes de contingencia. Por un lado, un horizonte “de menor incertidumbre” respecto al de ediciones precedentes de su informe, “ya que se conoce en qué va a consistir la relación futura -en principio, un acuerdo de libre comercio- y se ha aprobado un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, en el que se mantiene el statu quo” y, por otro, observan que “son las empresas implantadas en Reino Unido” las que, en mayor medida, se han decantado por planes preventivos. En concreto, el 62% las que cuentan con filiales y 65% de las que están presentes a través de sucursal”. Paradójicamente, “son las empresas con una relación comercial con Reino Unido (de exportación o importación), las que parecen descartar en mayor medida la necesidad de implantar este tipo de estrategias a corto plazo -el 39% y el 27%, respectivamente-, “por entender que un acuerdo de libre comercio evitaría los aranceles entre ambas partes y por creer que su operativa con el mercado británico no se vería alterada tras el periodo transitorio”.

 

También buceando en el orden sectorial, desde la firma de servicios profesionales observa “una  mayor preparación frente al Brexit en aquellos sectores en los que los reguladores han instado a la elaboración de planes de contingencia”, como la banca (85%) o los seguros (68%), así como los que presentan una “mayor presencia inversora” en Reino Unido; entre los que destacan los segmentos de automoción (53%), energía (44%), o tecnología, telecomunicaciones y medios de comunicación, con un 42%. Aunque adicionalmente, también el sector del transporte, que figura entre los más preparados (57%), debido al “impacto potencial que el Brexit puede tener sobre su actividad y la de sus clientes”.

El diagnóstico, que forma parte de Perspectivas España y que KPMG realiza en colaboración con la CEOE, profundiza en esta edición anual, la cuarta, en las consecuencias del Brexit sobre las estructuras societarias y estrategias empresariales a medio plazo, debido a que Reino Unido “será un país tercero con el que previsiblemente se habrá firmado un acuerdo de libre comercio”, y que contará con sus propios tratados con mercados relevantes para las compañías españolas, como EEUU, Japón o Australia. Por ello, el sondeo pregunta a ejecutivos y directivos si el Brexit hará aconsejable tomar algún tipo de medida de reestructuración corporativa interna. El 19% considera que podría propiciar relocalizaciones, desde Reino Unido a la UE, y el 14% cree que provocarán alianzas con algún socio británico. En total, suman un tercio de las encuestadas.

La opción de una reestructuración stricto sensu la contempla el 9%, mientras otro 4% vislumbra posibles ventas de sus activos o carteras en Reino Unido. En suma, dice el informe, las empresas empiezan a no descartar cambios relevantes en su estructura societaria a medio plazo. Con una mayor propensión a tener que abordar procesos de relocalización entre las de automoción (37%) y el bloque tecnológico (25%), la banca (25%) y la energía (25%), a afrontar alianzas entre las de seguros (23%) y las firmas de servicios (21%) o las industriales (20%), y a acometer cambios estructurales entre las de infraestructuras y construcción (19%) y las de transporte: un 19%. Las barreras arancelarias, con un 55%, y la posible contracción de la economía británica (51%) son, sin embargo, las principales preocupaciones del sector privado español con intereses en el Reino Unido.

 

Noelle Cajigas, socia responsable de Mercados de KPMG en España, considera que, ante la persistencia en las dudas sobre la redacción definitiva del difícil contrato de divorcio, “parece recomendable que los operadores económicos adapten sus planes de contingencia que afronten esta eventualidad”. En este sentido, recomienda “el diseño de una estrategia a medio plazo que contemple a Reino Unido fuera de la UE y con acuerdos preferenciales con mercados relevantes, lo que podría requerir cambios de la estructura internacional de algunos grupos a nivel corporativo, operativo o fiscal”. Por su parte, Antonio Hernández García, socio responsable de Estrategia Energética e Internacional y Brexit, apela a la prudencia. “A pesar del compromiso de ambas partes de tratar de alcanzar un acuerdo lo más amplio posible, los negociadores europeos ya han señalado que su alcance estará condicionado por el respeto al compromiso de competencia leal” –level playing field– por parte de Reino Unido, la negociación bilateral puede extender la transitoriedad “hasta dos años más”. Circunstancia que podría provocar “cambios en la operativa con Reino Unido que las empresas deberían anticipar”, además de en sus relaciones comerciales con Europa o terceros mercados con los que firme nuevos acuerdos, lo que exige la permanente “toma de medidas a medio plazo” por parte de las empresas españolas.

Desde el punto de vista aduanero, incluso aunque no existiesen barreras arancelarias, explica Fernández, “habrá que hacer frente a trabas no arancelarias, vinculadas a las formalidades logísticas, aduaneras y para-aduaneras o a otras cuestiones no tan obvias como el diferimiento en la recuperación del IVA o los posibles impactos sobre el origen de las mercancías”. Y “existen estrategias aduaneras y regímenes suspensivos de IVA que pueden ayudar a minimizar este tipo de impactos que las empresas deberían analizar”.

Pero el socio responsable del Brexit en KPMG incide en otros ámbitos de actuación. Respecto a la cadena de suministro, “conviene identificar a los proveedores críticos” y analizar el posible impacto del Brexit sobre su actividad, así como tener en cuenta los posibles retrasos en frontera que, además de una disrupción en el proceso productivo, puede conllevar incumplimientos de contratos. Para ello, “puede hacerse aconsejable el aumento de la capacidad de almacenaje y de stock en destino o elevar el número de agentes de aduanas contratados en destino”. En el terreno legal y regulatorio, Fernández aconseja “atender autorizaciones, licencias de actividad o certificaciones de estándares”, así como la introducción de controles sanitarios y fitosanitarios, las cuestiones relativas a la protección de la propiedad intelectual, o la transferencia de datos personales y sus efectos directos sobre los contratos en vigor”. En este sentido, conviene tener en cuenta las indicaciones de los organismos certificadores”, alerta. En materia fiscal, analizar el impacto sobre los flujos de negocio y financieros, además de las implicaciones a medio plazo en las estructuras fiscales societarias y en los pagos transfronterizos. En movilidad laboral, en las condiciones de residencia o eventuales desplazamientos, además de las repercusiones sobre las condiciones laborales, sanitarias y de Seguridad Social. Y, desde la perspectiva financiera, otro de los asuntos preocupantes para el sector privado hispano, vigilar las “tensiones de liquidez asociadas a posibles retrasos en pagos, caídas de ingresos o volatilidad cambiaria, o cuestiones asociadas al capital circulante por un aumento repentino de inventario o como consecuencia de penalizaciones por retrasos de entrega”.

 

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Last modified: 12/02/2020