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Claves de la nueva ley de autónomos

La Ley sale a la luz

El ruido mediático del conflicto secesionista casi ha camuflado la aprobación de una de las Leyes más esperadas. Tras casi un año en barbecho, por fin, el Senado ha ratificado la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, con lo que su puesta en marcha ya solo está pendiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La reforma trae cambios de calado para quienes ejercen como autónomos pero, por si la espera no hubiera sido suficiente, la implementación de las más importantes tendrá que esperar hasta enero de 2018.

Así ocurrirá con…

  • La famosa tarifa plana de 50 euros para nuevos autónomos. Hasta ahora solo se aplica durante los primeros seis meses de actividad, a partir de enero de 2018 se amplía a un año. Además, podrán disfrutar de ella, por segunda vez, los emprendedores que hayan vuelto a emprender después pasados dos años desde el primer intento y no cinco como se exige actualmente.
  • Las bonificaciones de la tarifa plana se extienden hasta los 24 meses. Los seis siguientes a los doce de tarifa plana de 50 euros, se bonifica al 50% y los últimos seis al 30%.  Pero eso solo será operativo a partir de enero de 2018. En principio si el final de la tarifa plana se acaba antes de esa fecha el autónomo no tendrá derecho a estas nuevas bonificaciones.
  • También se hace operativa la posibilidad de que los autónomos paguen sus cotizaciones desde el día que se dan de alta en el Registro Especial de Trabajadores Autónomos y no, como ocurre ahora, por el mes completo en el que realizan esa gestión.
  • Incluso, se va a permitir darse de alta y de baja hasta tres veces en el mismo año.
  • No se ha conseguido implantar la demanda de las asociaciones de trabajadores autónomos que pedían que los empresarios por cuenta propia pagaran impuestos en base a sus ingresos reales. A cambio se flexibiliza la elección de bases de cotización y se permite cambiarla hasta cuatro veces el mismo año.
  • Con el objetivo de hacer más llevadera la gestión de tesorería de los trabajadores autónomos, el Gobierno ha rebajado a la mitad los cargos por retrasos en los pagos a la Seguridad Social. Del 20% actual al 10%, a partir de enero de 2018.
  • Otra de las grandes novedades de esta reforma está relacionada con una gran lucha de colectivo durante los últimos años: el tratamiento de los gastos deducibles. A partir de 2018, se permite la deducción de un 30% de los gastos de suministros, como el agua, la luz y telefonía, siempre que se trabaje desde casa.
  • Además, Hacienda cede también para tratar de igual un poco más el trato de los autónomos a la hora de reconocer los gastos de comida. Se podrán deducir 26,67 euros diarios en el IRPF por gasto en comida, una cantidad que asciende a 48 euros si el gasto se produce fuera de España.
  • A partir de 2018, también se mejora el trato a los emprendedores con discapacidades reconocidas.

Aplicación inmediata

Por su parte, serán de aplicación inmediata tras la publicación de la ley en el BOE otras reformas como:

  • La devolución automática del exceso de cotización de los trabajadores con pluriactividad, es decir los que trabajan como autónomos y por cuenta ajena, sin que tengan que solicitarla como ocurría hasta ahora.
  • Desde ahora, los autónomos podrán cobrar el 100% de la pensión y seguir trabajando si tienen al menos un trabajador a su cargo. Es decir, que la jubilación de un autónomo no tiene que significar obligatoriamente el cierre de un negocio como ocurría hasta ahora.
  • Las medidas destinadas a conciliación también son de aplicación inmediata. Así, las mujeres que reemprendan actividad hasta dos años después de haberla suspendido por maternidad, adopción, acogimiento, etc. podrán hacerlo con una tarifa plana de 50 euros.
  • Los padres y madres quedan exentos de pagar la cuota de autónomos durante el período que dure su baja.
  • Además, se ha aprobado con efectos inmediatos la exención del 100% de la cuota de autónomos durante un año para el cuidado de menores o dependientes.
  • En el ámbito familiar se ajustan algo más las relaciones laborales. Así, se bonifican al 100% las contingencias comunes durante un año para contratos como trabajadores por cuenta ajena a cónyuges, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive. Para poder acogerse a esta bonificación será necesario que el trabajador autónomo no hubiera extinguido contratos de trabajo y mantener el contrato al menos seis meses.
  • La cuota de los autónomos societarios ya no subirá automáticamente en función de lo que se eleve el salario mínimo interprofesional, sino que dependerá de lo que se determine en los presupuestos generales del Estado (PGE), después de negociarlo con las asociaciones de autónomos más importantes. El problema es que en este momento, la aprobación de esos PGE está suspendida por el Gobierno por lo que con la prórroga de los PGE de 2017 esta medida no puede ser puesta en marcha.
  • Otra de las reivindicaciones históricas es reconocida. Por fin, se acepta como accidente laboral el que tiene lugar entre la ida y de vuelta del autónomo a su puesto de trabajo cuando sea distinto a su domicilio

 

Otros detalles

Por último, con esta reforma se permite a los autónomos incorporarse al diálogo social y los reconocimientos que de ello se deriva de las negociaciones conjuntas.

En este sentido, las organizaciones de autónomos más importantes y representativas pasan a considerarse de “utilidad pública” y se abre un plazo de un año para que puedan incorporarse al Consejo Económico y Social y para la constitución del Consejo del Trabajo Autónomo.

Por su parte, la formación de los trabajadores autónomos pasa a ser una cuestión a valorar por los sindicatos en la misma línea que lo hacen con los asalariados. Por lo que los autónomos podrán acceder a formación en prevención de riesgos laborales, y a formación adaptada a sus necesidades, con el fin de mejorar su competitividad y consoliden su actividad empresarial.

En cualquier caso, este es solo el primer paso de lo que está por llegar. El pasado 27 de septiembre se inauguró en el Congreso de los Diputados, una comisión para la reforma del Régimen Especial del Trabajador Autónomo en la que está previsto que pasen los principales expertos en el mundo laboral para encauzar una propuesta que aborde el fondo del tratamiento que estos trabajadores tienen en la legislación española.

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Ley de Fomento de la Financiación Empresarial: descubre las medidas que más te benefician

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó una amplia batería de medidas para ayudar a las empresas a conseguir financiación. El objetivo del Gobierno es romper con la dependencia que tienen las pymes de la financiación bancaría, un 75% del total, y para ello ha puesto en marcha diversas medidas, desde una mayor regulación de las empresas cotizadas en el Mercado Alternativo Bursátil, hasta una ley de crowdfunding, pasando por asuntos más cotidianos como la imposición de preavisos por parte de las entidades de crédito o la regulación de las sociedades de garantía recíproca. El saco es grande y no todas las medidas pueden ser aprovechadas por todas las empresas, por eso en Asesores de Pymes hemos querido dulcificar la tarea de leerse el Boletín Oficial del Estado y hemos agrupado las nuevas propuestas en función de su accesibilidad a las pymes.

Lo más útil: preaviso de recorte de financiación.

Aquí incluimos aquellas que con más probabilidad podrán ser accesibles para cualquier empresa.  A la cabeza está el preaviso de recorte de financiación. Si el banco quiere recortar líneas de crédito o préstamos por un valor superior al 35% de la deuda de cualquier empresa, sin importar su tamaño, deberá avisarlo con 15 días de antelación. Además, tendrá que proveer a la pyme de un documento con la información de su historial financiero. De esta forma se intenta dar un mayor margen para que los empresarios puedan buscar financiación alternativa.

Además se estimula el buen comportamiento financiero de las empresas, ya que ese historial de crédito o “rating de pymes” reflejará si es o no un buen pagador. A falta de su definición final por parte del Banco de España, lo cierto es que ese historial de crédito es un documento básico en la negociación empresarial en muchos países occidentales. De momento, lo único que se ha precisado sobre ese documento en su versión española es que el banco deberá extenderla de forma gratuita en caso del recorte de crédito comentado. También podrá ser solicitado voluntariamente por cualquier pyme a un “coste reducido” y se le facilitará en un plazo máximo de 15 días, según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Lo más atractivo: la regulación del crowdfunding.

Es, tal vez, la medida estrella de la ley y una de las que más puede beneficiar a las micro empresas. Por primera vez en la historia,  España regula los préstamos entre personas. Como se ha comentado en este blog en más de una ocasión, el crowdfunding ya era una actividad más o menos conocida en España.  Pero el miedo  a lo novedoso de la fórmula y a la desregulación inhibía a más de un interesado.  Ahora, financiar a las empresas a través de plataformas de Internet no será una locura de inversores alternativos, sino un tipo de  inversión más.

De esta forma, las pymes se podrán beneficiar del interés de muchos inversores con exceso de liquidez que, como ocurre en otros países, prefieren buscar el beneficio de su negocio en la economía real.

Para evitar abusos, el Gobierno ha distinguido dos tipos de inversores:  Acreditados, entre los que estarán los institucionales, las empresas con activos superiores a un millón de euros, una cifra de negocio por encima de los dos millones  o unos recursos propios  de más 300.000 euros.  Además de las personas físicas o jurídicas cuyos niveles de renta superen los cincuenta mil euros al año o tengan un patrimonio superior a cien mil euros y soliciten expresamente este tratamiento). Para todos ellos no habrá ningún límite de inversión.

Sí lo tendrán, en cambio, los no acreditados (todos los que no cumplan los anteriores requisitos). Para estos, se ha fijado una aportación máxima de 3.000 euros por proyecto, y 10.000 en total al año en todas las plataformas. Además, tendrán que firmar de puño y letra que conocen los riesgos de esta inversión.

Para las empresas esta normativa va a facilitar y profesionalizar la captación de financiación de amigos, familiares y locos.  Sobre todo la procedente de esos “locos” que antes apenas podrían localizar entre amigos de amigos y que ahora no sólo serán más accesibles a través de estas plataformas sino que, es probable, que también estén más interesados. En un contexto de tipos de interés tan bajos como el actual, conseguir entre el 8% y 10% que pagan en estas plataformas las empresas que solicitan crédito puede ser muy atractivo.

Lo más selecto: el MAB

Finalmente, están las reformas en el Mercado Alternativo Bursátil. Los últimos escándalos acontecidos en empresas de ese mercado han marcado, sin duda, la redacción de esta nueva normativa. El Gobierno busca un mayor control, por eso ha introducido nuevas exigencias en cuanto al perfil de los auditores de las mismas. Aunque, tal vez, el cambio más importante sea el de fijar los 500 millones de euros de capitalización como el límite a partir de la cual una empresa deberá abandonar el MAB para cotizar en el mercado continuo y cumplir con las exigencias que eso conlleva.

Lo más complicado, pero tal vez lo más útil: las titulizaciones

Por último, la ley aprobada el viernes, reforma también las titulizaciones. Según explicó el Ministro de Economía, Luis de Guindos, se trata de paquetes de préstamos que los bancos agrupan en vehículos financieros con capacidad para emitir bonos en los mercados financieros. Tradicionalmente, estos préstamos debían tener como subyacente (garantía) un activo inmobiliario, pero ahora esa exigencia cambia y se permite titulizar préstamos en los que la garantía es un préstamo de una Pyme. El ministro calcula que en España habría unos 235.000 millones disponibles para ser titulizados. Pero lo que es mucho más interesante, dispuestos a ser comprados por el Banco Central Europeo. De esta forma, las entidades financieras tendrán más incentivos para prestar a las pymes, ya que a cambio de esos créditos podrán obtener liquidez del BCE.

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Novedades en la reforma de la ley concursal

¿Objetivo? Evitar la destrucción de empresas. El Gobierno lleva meses preocupado, muy preocupado, por el volumen de empresas que se cierran en España. Uno de los motivos es que el saldo final de los concursos de acreedores, un mecanismo que supuestamente ayuda a refinanciar, es demoledor. El 95% de las que entran en uno de ellos no logra superarlo y debe cerrar. El dato está alejado de la media de otros países de nuestro entorno como Reino Unido (80%) o Francia (70%).

Por ello, el Gobierno aprobó, en el Consejo de Ministros del pasado viernes, un paquete de medidas con la intención de que ese proceso sea una ayuda real para empresas y acreedores y no una forma cruel de alargar la agonía de una empresa.

La primera decisión pasa por permitir en la fase concursal las medidas de estímulo que en marzo se le concedieron a la fase preconcursal, y que ya hemos contamos en este blog.  La más importante es que, cuando los acreedores generales lleguen a un acuerdo de forma mayoritaria (entre el 60% y el 75%) sus decisiones de quitas y reestructuraciones de deuda, serán de obligado cumplimiento también para los que no apoyaron la medida (acreedores disidentes). Como en la fase preconcursal, esta medida pretende evitar los cuellos de botella y los retrasos que algunos acreedores minoritarios provocaban en los procesos de reajuste de deudas.

Otra medida destacada, entre las que se aprobaron el pasado viernes, es la creación de cuatro tipos de acreedores privilegiados en función de cómo les afectan esas decisiones mayoritarias que hemos comentado.

– Públicos (Hacienda, Seguridad Social, comunidades autónomas, ayuntamientos). Estos solo podrán ser sometidos al convenio general si así lo deciden, por mayoría, el 75% de ellos. Es decir, el 75% de los acreedores públicos debe aceptar ser sometido al convenio general para que éste afecte a todos.

– Financieros

– Laborales

– Comerciales

También hay cambios respecto a la definición de los créditos de privilegio especial. Desde ahora se consideran como tales aquellos que  cumplen con la siguiente regla: suponen nueve décimas partes del valor razonable del bien o derecho sobre el que se ha constituido la garantía, una vez deducidas las deudas preferentes.

Para los acreedores ordinarios se introduce la posibilidad de extender los acuerdos a los disidentes, si vota a favor al menos el 65% del pasivo ordinario, siempre que se cumplan algunas medidas como: esperas entre 5 y 10 años, quitas superiores al 50%, conversión de créditos en acciones o participaciones del deudor o créditos participativos hasta 10 años, transformación de deuda en cualquier otro instrumento financiero de características distintas, y cesión de bienes o derechos en pago de créditos.

Los acreedores con garantía real, que suele ser la hipoteca de un inmueble, podrán ejecutarla para recuperar su deuda. Es decir, venderla de forma separada siempre que justifique el incumplimiento del convenio y la venta cubra la deuda.

Si a pesar de estas nuevas medidas la empresa no consigue superar el concurso, la nueva legislación también está redactada para facilitar el proceso de liquidación. Para ello, ha puesto en marcha tres medidas nuevas:

– Se permite transmitir (vender/traspasar) contratos y licencias sin el consentimiento de terceros.

– Se podrán transmitir las unidades productivas libres de obligaciones de pago preexistentes.

– Se autoriza la venta de unidades de producción con bienes dados en garantía sin consentimiento del acreedor.

Tras la publicación de todas estas modificaciones en el B.O.E del 6 de septiembre, la normativa es aplicable a todos los concursos que comiencen a partir de ese día. Para los que ya estaban en marcha, el texto legal ha previsto un mecanismo de ‘retroactividad’ que será aplicable si así lo acuerdan los acreedores por mayorías reforzadas a las exigidas para la aprobación del convenio y siempre que sean autorizadas por el juez. Los acreedores públicos y laborales no estarán sujetos a esta posibilidad.

Finalmente, para verificar la efectividad de estas medidas y su correcta aplicación se han creado, según ha explicado el Gobierno,  una comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y reducción del sobreendeudamiento privado que elaborará un informe anual sobre su evolución y su impacto en la economía.

También está prevista la puesta en marcha de un portal telemático dentro de la web del Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre las empresas en liquidación para facilitar su enajenación.