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Sí te puedes aplazar hasta 30.000 euros de IVA

La controversia en torno a la posibilidad de que los trabajadores autónomos puedan solicitar aplazamientos en el pago de impuestos como el IVA llega a su fin. Al menos, a un fin temporal, por compromiso explícito del Gobierno y la publicación de una Orden a través de la Agencia Tributaria (AEAT) que faculta a este colectivo a beneficiarse aún de esta ventaja fiscal. La Orden permite aplazamientos y viene a corregir las prohibiciones levantadas por el Decreto Tributario que el Congreso aprobó el pasado 2 de diciembre, y que entre otras iniciativas, limitaba al máximo la posibilidad de solicitar aplazamientos.

 

El pasado viernes, la AEAT publicaba en su página web que las solicitudes de aplazamiento se tramitarán “en función de su importe”, y de ellas también se podrán beneficiar, no solo los trabajadores autónomos sino también las pymes, según fuentes del Ministerio de Hacienda. Ahora bien, el Gobierno establece dos procedimientos diferenciados:

 

  • Los autónomos y pymes que soliciten aplazamientos o fraccionamientos de cantidades inferiores a los 30.000 euros de IVA no tendrán que aportar ni aval ni garantía, por lo que, y he aquí la gran novedad, el fisco no pedirá explicaciones sobre si el IVA a aplazar ha sido cobrado por el contribuyente o no lo ha sido. En numerosas ocasiones el colectivo de autónomos ha puesto el grito en el cielo cuando Hacienda le reclamaba el pago del impuesto sin que a él su cliente se lo hubiera abonado. Los retrasos en el pago, además, conllevaban sanciones. En este sentido, quien demande el aplazamiento o el fraccionamiento contará con la posibilidad de pagar en 12 meses, si bien la Agencia Tributaria precisa que si el plazo de abono demandado es inferior, también será concedido.
  • Por contra, los autónomos y pymes que soliciten aplazamientos de cantidades superiores a los 30.000 euros de IVA, sí tendrán que presentar obligatoriamente aval y/o garantía para poder beneficiarse de esa medida tributaria. En este caso, el plazo máximo de abono del impuesto llega a los 18 meses, y el autónomo tendrá que demostrar que la cantidad solicitada no ha sido cobrada.

 

La corrección de la situación a instancias del Ministerio de Hacienda ha motivado el aplauso unánime de los colectivos de autónomos más representativos, la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos UPTA. ATA, de hecho, ya había hecho saber en diciembre que el Gobierno trabajaba en una solución en este sentido. Sin embargo, desde UPTA, se critica la “inseguridad jurídica” en la que está incurriendo el Ejecutivo de Mariano Rajoy con tanto cambio en este ámbito, y emplaza a los partidos políticos a acordar un marco estable para este tipo de aplazamientos.

 

Demasiados cambios

Lo cierto es que el Gobierno, en el último año y medio, ha modificado en varias ocasiones el régimen con el que los autónomos y las pymes podrían solicitar los citados aplazamientos a la Agencia Tributaria. Y todo por las necesidades del déficit público, que toca el 4,6% en un momento en el que las deudas con Hacienda superan nada menos que los 49.000 millones de euros. En octubre de 2015, dos meses antes de las elecciones, el Ejecutivo elevó el límite legal para solicitar postergar los pagos desde los 18.000 a los 30.000 euros, una mejora sustancial.

Pero por los problemas con Bruselas; la necesidad de encarrilar las cuentas públicas; y la obligación de demostrar a las instituciones europeas que este año, 2017, implicará una reducción del desvío presupuestario del 4,6 al 3,1%, Moncloa lanzó el famoso Decreto Tributario que limitaba al máximo los aplazamientos para ahorrar 1.500 millones, amén de endurecer el Impuesto de Sociedades para las 9.000 compañías que en España facturan más de 10 millones de euros; subir los tributos de Alcohol y Tabaco; e informar de que se recaudarán 500 millones de euros extraordinarios a través de nueva fiscalidad medioambiental.

La aprobación del Decreto Tributario a menos de dos meses de que autónomos y pymes tuvieran que liquidar el IVA del ejercicio anterior (cabe recordar en este punto que tienen como límite el 30 de enero de este año para hacerlo) había creado una gran inseguridad jurídica. Por eso, la reacción de Hacienda se ha producido a tiempo para que los contribuyentes tengan cierto margen y eviten “tensiones de liquidez por valor de 3.500 millones de euros”, según los cálculos proporcionados recientemente por UPTA.

De cualquiera de las maneras, y según datos facilitados por la Agencia Tributaria, la mejora económica está provocando que caigan considerablemente las peticiones de aplazamiento. En concreto, en el año 2015 un total de 1,6 millones autónomos y pymes lo solicitaron, cifra que contrasta con la de más de 2 millones del año 2013, quizá en lo más duro de la crisis económica. Además, también en 2015, las cantidad total a aplazar se situó en poco más de 10.000 millones de euros, nada más y nada menos que un 40% inferior a los más de 17.000 millones que en 2013 solicitaron devolver más tarde los contribuyentes.

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La contabilidad abreviada para las pymes ya está en vigor

Si es dueño de una pyme, la facturación no supera los ocho millones de euros, el volumen de su activo está por debajo de los cuatro millones de euros y no emplea a más de 50 trabajadores, el 2016 va a terminar con buen pie. Al menos, en lo que se refiere a los asuntos de gestión.

Según recoge el BOE del 17 de diciembre pasado, ya está en vigor el nuevo Plan General Contable de Pequeñas y Medianas Empresas y sus efectos son aplicables desde el 1 enero de este 2016. Eso significa que la facilidad que esta norma implementa en la realización de la contabilidad de las pymes ya se puede aplicar a la actividad del año que está a punto de terminar.

Se trata de una normativa amplia y profusa que conviene escudriñar con paciencia, pero entre las principales novedades cabe destacar:

Las pymes podrán presentar una memoria abreviada, con menos información que la exigida hasta ahora en aspectos relacionados con la actividad de la empresa, aplicación del resultado, activos y pasivos financieros, fondos propios, situación fiscal, subvenciones, donaciones y legados.

La reforma también incluye cambios en el tratamiento contable de los inmovilizados intangibles , especialmente el fondo de comercio. A partir de ahora, se incluye la presunción de que la vida útil de los inmovilizados intangibles (por ejemplo los gastos de I+D) es de 10 años, y desaparece la obligación del empresario de tener que justificar su vida útil.

Tampoco será obligatorio, según esta nueva normativa, incluir los cambios en el patrimonio neto de la empresa. Aunque en este aspecto los expertos contables aseguran que el hecho de que la ley catalogue como voluntaria la inclusión de este tipo de información significa, que en realidad no es recomendable ocultarla.

En concreto desde Consejo General de Economistas recuerdan “que la reducción de las cargas no puede ir en detrimento del principio de transparencia y de la fiabilidad de la información financiera”. Por ello, recomiendan “que las empresas incluyan voluntariamente toda la información adicional necesaria para ser transparentes, y no se limiten a dar los datos mínimos para lograr unas cuentas comprensibles”.

Estos cambios no chocan con los requerimientos de transparencia adoptados en relación al Buen Gobierno empresarial. Por ello, continúa vigente la obligación de informar sobre el importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase del personal de alta dirección y los miembros del órgano de administración. También es necesario reflejar toda la información relacionada con los planes de pensiones, el pago de primas de seguros de vida respecto de los miembros antiguos y actuales del órgano de administración y personal de alta dirección. Por supuesto, también deberá estar reflejada en la memoria la cuantía de las indemnizaciones en casos de despidos y otro tipo de pagos que no sean en efectivo, por ejemplo stock options, etc.

También se mantiene la obligación de que, cuando la dirección sea consciente de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la empresa siga funcionando normalmente, procederá a revelarlas en este apartado.

El IVA también tiene novedades

Pero no es oro todo lo que reluce. Las empresas que facturan más de seis millones de euros al año también deberán estar atentas el próximo año a un importante cambio en la gestión del IVA. Y es que, partir del 1 de julio de 2017 comienza a funcionar el nuevo sistema de gestión del IVA basado en el Suministro Inmediato de Información (SII).

Esto significa, entre otras cosas, que a partir de esa fecha las empresas tienen un plazo de cuatro días para remitir a la Agencia Tributaria el registro contable de una factura por vía telemática.

Esto va más allá de un cambio legal porque implica un fuerte cambio en la organización de la metodología de trabajo que costará tiempo y dinero. Las compañías afectadas por este cambio deberán asignar como tarea diaria la gestión de facturas, algo que en muchos casos se hacía de manera trimestral o incluso se externalizaba. Además, va a ser necesario implantar cambios en el software informático para adaptar el registro contable de la empresa con la demanda de la Agencia Tributaria para que la transmisión electrónica directa funcione.

Como único caramelo final a cambio de tanto esfuerzo, esta transmisión inmediata de datos de facturación suprimirá la obligación de presentar los modelos 347, 340 y 390 de liquidación de IVA.

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¿Podré seguir aplazando el pago del IVA?

Hace unas semanas se anunciaba un severo endurecimiento de las condiciones por las cuales los particulares, pero sobre todo los autónomos y las pymes, pueden acceder al aplazamiento de determinados tributos. Parece claro que, tal y como refleja el Real Decreto de 3 de diciembre, posponer el pago de IRPF, IVA o Sociedades será mucho más complejo desde ahora, pues las medidas antifraude se refieren a todo tipo de impuestos repercutidos (es decir, ya facturados o cobrados al cliente).

 

Por intentar resumir de forma adecuada el contenido del BOE, muy técnico y complejo incluso para los propios empresarios, estos son los supuestos que Hacienda ha incluido para denegar aplazamientos:

a) Aquellas deudas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.

b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta.

c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa.

d) Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en un recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones.

e) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas. Así, el IVA no cobrado por determinados servicios podrá seguir siendo aplazado.

f) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

 

Ahora bien… ¿qué pasa exactamente con el IVA? Patronales empresariales y colectivos de autónomos enseguida se alarmaron cuando se habló de que el único IVA aplazable iba a ser el no cobrado. Este fue un problema gravísimo durante la crisis, cuando miles de negocios debieron echar el cierre al no cobrar a tiempo por los servicios prestados y, además, tener que pagar sus impuestos por esos servicios. La vuelta a esa situación preocupaba y mucho, y el escándalo parece haber echado para atrás la medida.

 

Una situación aún confusa

 

Pese a que el Real Decreto de endurecimiento de los aplazamientos ya ha entrado en vigor, pues fue publicado en el BOE justo al día siguiente de aprobarse en Consejo de Ministros, los autónomos aún pueden seguir solicitando aplazamientos de IVA tal cual lo podían hacer en este ejercicio, es decir, hasta 30.000 euros y con un límite de 18 meses. ¿Por qué? La secretaría de Estado de Hacienda confirmó la pasada semana que el nuevo régimen de aplazamientos del IVA se recogería posteriormente en una Orden Ministerial, y no el Real Decreto tributario de impuestos como estaba previsto. Así, y para no generar un caos al usuario, Hacienda decidía que el antiguo régimen prosiguiese vigente hasta que la normativa hable de nuevo.

 

Aún no hay fecha para la publicación de esa Orden Ministerial. Lo que parece claro es que Hacienda respetará el límite de 30.000 euros para seguir aplazándose el IVA, pero endurecerá los criterios en dos aspectos: uno, el límite temporal, que se situaba hasta ahora en 18 meses y pasará ahora a ser de 12; y dos, en el tipo de persona física o jurídica que podrá acogerse a ese “beneficio”.

 

Todo apunta a que se restringirá bastante el uso y disfrute de los aplazamientos, en un año marcado por el necesario cumplimiento del déficit público. España debe pasar de un desvío del 4,6% a otro del 3,1%, y Hacienda sabe que en esta ocasión apenas puede dejar resquicios en la normativa. Ya dijo el ministro que hoy por hoy “no nos podemos permitir que a la Agencia Tributaria se le deban aún más de 50.000 millones de euros”. El endurecimiento en los aplazamientos es una de las medidas por las cuales se va a intentar elevar los ingresos en 7.500 millones de euros.

 

Para intentar paliar este “golpe”, se facilitarán otro tipo de medidas favorables al emprendedor o al empresario ya establecido, como doblar la vigencia de la tarifa plana de 50 euros desde los seis meses actuales hasta los doce; graduar las multas por la demora a la hora de pagar impuestos; o doblar, de las dos a las cuatro semanas, el permiso de paternidad.

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Claves del nuevo IVA para el comercio electrónico

Desde el pasado 1 de enero está en funcionamiento lo que se conoce como tasa Amazon. Una nueva normativa del Impuesto de Valor Añadido que obliga a todas las tiendas online a facturar este impuesto en el país de origen del comprador y no en el que se encuentre el prestador del servicio.

La decisión es el resultado de las denuncias que recibió Amazon por facturar el IVA desde sus oficinas centrales en Europa que, no casualmente, estaban en Luxemburgo. Eso permitía a la tienda de origen estadounidense, aplicar un impuesto mínimo del 3% frente al 21% que deberían aplicar las tiendas con sede en España, por ejemplo. Sin duda, el margen para bajar precios era mucho más alto y, por lo tanto, se ha considerado esta práctica como competencia desleal con las empresas locales del resto de países europeos en los que tenía actividad.

Para evitar esa distorsionada competencia, los legisladores europeos han considerado que lo más justo es que el IVA aplicado a las compras sea el que corresponde al país de cada uno de los compradores. El resultado es una normativa que trata de asegurar que cada usuario page lo justo, pero lo cierto es que complica de manera exponencial la gestión de las páginas de venta online, ya que ni la más pequeña de las empresas se libra de esta nueva obligación.

Con la nueva norma, salta por los aires el anterior límite de los 10.000 euros mínimos que se exigían para declarar IVA. Ahora, cualquier operación intracomunitaria, aunque sea de un euro, implica la obligación de declarar. Solo los intercambios entre empresas, B2B, están libres de esta normativa.

Las autoridades europeas han calculado que con esta medida se podrán recaudar alrededor de 3.000 millones más en el impuesto del IVA al año en toda la Unión. Los grandes números apuntan que Luxemburgo será el gran perdedor, ya que dejará de recaudar, según ha explicado el diario Expansión, unos 1.000 millones de euros procedentes de todas las ventas de Amazon. Lo que nadie ha calculado es el coste que implica para los pequeños negocios la actualización de sus sistemas informáticos y la puesta al día de las estrategias administrativas.

Y es que cumplir con la nueva ley no está siendo nada fácil. El vendedor debe asegurarse de cuál es el domicilio de cada uno de sus clientes. Además, está la obligación de comunicar los ingresos obtenidos por IVA y sobre todo, la medida más costosa: almacenar la información de todas las transacciones durante diez años. Ésto implica espacio en los servidores y ,por lo tanto, gastos adicionales.

A modo de ayuda, os recomendamos consultar el blog del Observatorio de E-commerce, donde publican un práctico esquema que sirve para saber cuándo hay que aplicar el IVA según la procedencia de los clientes y la naturaleza de la operación de compra-venta.  A modo de resumen la casuística es la siguiente:

  • Vendedor en la UE. Cliente procedente de fuera de la UE. NO se carga el IVA.
  • Vendedor en la UE . Cliente particular con residencia en la UE. El  IVA a aplicar es el del país del comprador.
  • Vendedor fuera de la UE. Cliente fuera de la UE. NO se aplica IVA.
  • Vendedor legalmente fuera de la UE, pero con actividad en países de la Unión. Clientes particulares. El IVA resultante es el del país de origen del comprador.
  • Vendedor fuera de la UE . Cliente particular de dentro de la UE. El IVA es el del país de origen del comprador.
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¿Por qué es importante una correcta planificación fiscal?

Ya sea como ciudadanos, o como empresarios, seguro que en más de una ocasión hemos pensado lo siguiente: ¿Es que no es posible, actuando de la más estricta legalidad, pagar menos a Hacienda? ¿No estaré pagando más impuestos de los que debiera? ¿Estaré aprovechando al máximo las ventajas, incentivos y beneficios que me ofrece la legislación? ¿Por qué siempre me resulta tan inoportuno pagar los impuestos? Cuestiones que, quizás, no nos agobiarían tanto si hubiésemos realizado con la suficiente antelación una adecuada planificación fiscal.

¿Qué es?

Si tratamos de definir lo que es la planificación fiscal, podríamos decir que ésta trata de prever qué consecuencias, desde un punto de vista fiscal, van a tener los comportamientos y decisiones que como sujetos económicos adoptemos a lo largo del ejercicio económico-fiscal a fin de poder anticipar la cifra de impuestos a pagar. Serán, por tanto, nuestras acciones y omisiones, lo que hayamos hecho o dejado de hacer en un determinado periodo de tiempo, lo que determinará el impuesto a ingresar. Es evidente que en los impuestos indirectos como, por ejemplo, el IVA, el margen que la legislación deja para la planificación es más reducido que en la imposición directa (entre otros, el IRPF o el Impuesto de Sociedades). En muchos casos, se limita a prever los pagos y los costes que inevitablemente conlleva la realización de los hechos imponibles.

Pero los impuestos directos contemplan determinadas situaciones subjetivas del sujeto pasivo a través de deducciones e incentivos. Son beneficios fiscales que necesariamente deben entrar en la ponderación de las alternativas que se presentan en el momento de la toma de decisiones. Son una variable más que no se debe olvidar, ya que el hecho de ponderarla puede ser el determinante que nos permita disfrutar de algún margen de maniobra.

Al igual que optimizas tus costes, debes optimizar tus costes fiscales.

No se trata de una cuestión baladí. Basta con echar cuentas y pensar en la cantidad de dinero que representan sobre los ingresos de las empresas los gastos por los diferentes conceptos fiscales. Por ello, de la misma manera que tratamos de, en la medida de lo posible, ahorrar en todos y cada uno de los factores que intervienen en nuestro proceso productivo, debemos considerar que los costes fiscales no deben escapar a nuestro control y que algo se puede hacer respecto a ello.

Una buena planificación evita problemas de tesorería

En ocasiones, los impuestos nos sorprenden: el IVA, los seguros sociales, el IRPF, el Impuesto de Sociedades… Todos ellos integran una batería de artillería pesada que aun disparando ordenadamente, porque tenemos la obligación de saber cuándo lo hace, la mayoría de las veces nos coge a descubierto y causa importantes destrozos a nuestras tesorerías. Entonces debemos recurrir, bien a financiación externa, o quizá debiendo aplazar alguna decisión de inversión para ‘apagar el fuego’ del recibo de Hacienda. Además, no debemos olvidar los costes que acarrea, tanto financieros, explícitos, como de oportunidad, no colocando nuestro dinero en el lugar y momento adecuado o, cuando menos, presupuestado.

Una planificación fiscal adecuada evitaría o, cuando menos, suavizaría estas situaciones. Y todo esto en una empresa en funcionamientos. Pero ahora imaginemos que todavía se trata de un proyecto que no ha visto la luz. Quizá para el empresario sea una cuestión intrascendente. A fin de cuentas, él va a trabajar en su proyecto, que es lo que le apetece y le importa. Lo demás son cuestiones muy farragosas que, cuanto menos tiempo se piensen, mejor. Craso error. Se pueden incurrir en errores de extrema gravedad si no se ponderan las consecuencias de una incorrecta elección del vestido jurídico-fiscal que lucirá nuestra idea o proyecto. Si no se hace una valoración adecuada a las diferentes alternativas se puede perder dinero, la empresa, y yendo un poco más lejos, hasta la camisa. Y luego no valen lamentaciones.

Estos incumplimientos de la ley pueden obedecer a diferentes causas. No todas son voluntarias, “no quiero pagar”, muchas tienen su origen en una imposibilidad para atender las obligaciones: “queríamos pagar para no había dinero” o son causadas por la desinformación: “no sabía que hubiera que hacer esto”. Todos estos casos han de ser estimados y contemplados en una análisis serio, pues las repercusiones pueden ser nefastas.

Unión Europea

Exportar en la Unión Europea: trámites tributarios y aduaneros

Si su empresa ha decido dar el paso y empezar a exportar dentro de la UE, probablemente se le plantee la siguiente duda: ¿cuáles son los trámites? Tener claros tanto la documentación como los trámites le evitará quebraderos de cabeza.

Para empezar, hay que clasificar arancelariamente la mercancía que quiere exportar. Esto significa que deberá llevar un código de Arancel Integrado de las Comunidades Europeas (TARIC), compuesto por la nomenclatura arancelaria (capítulos, partidas y subpartidas) y los derechos arancelarios (el gravamen de cada partida y subpartida). El responsable de que esta clasificación sea correcta es el exportador o importador, incluso cuando utilice un agente de aduanas como representante, según “Trámites y documentos de exportación”, elaborado por el ICEX.

En cualquier en oficina de aduanas o en Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (IIEE) de la Agencia Tributaria le aclararán las dudas que pueda tener.

Información Arancelaria Vinculante

Si clasificar la mercancía le genera alguna duda, en la Subdirección General de Gestión Aduanera del Departamento de Aduanas e IIEE puede solicitar por escrito la Información Arancelaria Vinculante (IAV), en la que se indica la clasificación que debe llevar su mercancía. Dicha información puede hacerla valer ante cualquier administración de aduanas de la Comunidad Europea. El folleto para solicitarla está disponible en las oficinas de Aduanas y en la web de la Agencia Tributaria.

Devolución del IVA y Censo VIES

Para solicitar la devolución del IVA, los sujetos pasivos deberán estar inscritos en el “Registro de Devolución Mensual”, gestionado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Si no fuera así, solo podrían solicitar la devolución del saldo que tengan a su favor al término del último periodo de liquidación de cada año natural.

Por otra parte, las entregas intracomunitarias de mercancía están exentas de IVA, ya que el régimen se caracteriza por prever una exención en el envío en el país de origen, condicionada a que la recepción de la mercancía queda gravada en el país de destino. Eso sí, para que la entrega intracomunitaria quede exenta se necesitan dos condiciones; que la mercancía sea expedida o transportada al territorio de otro estado miembro por cuenta del vendedor, del comprador o por un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de ellos; y que quien reciba la mercancía esté identificado a efectos de IVA en otro estado miembro y que sea sujeto pasivo del IVA.

Otro dato importante: los sujetos que intervienen en estas operaciones deben quedar identificados de forma específica con el número de operador intracomunitario y estar dados de alta en el censo VIES (VAT Information Exchange System). Por ello, las facturas emitidas en operaciones intracomunitarias deberán contener el número de identificación a efectos del IVA del vendedor y del comprador.

Will

Prepare su negocio para el próximo límite de Hacienda a los pagos en metálico

Los reyes magos han traído nuevas normas para los empresarios, profesionales y dueños de pequeños negocios españoles: la limitación del pago con dinero en efectivo. Dentro de unos días el BOE publicará la norma que se anunció el pasado día 5 de enero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Será entonces cuando los autónomos y las pymes sabrán los nuevos límites para cobrar en efectivo sus servicios o la venta de sus productos. La norma, según avanzó la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, se inspirará en las que ya existen en Francia o en Italia.

Habrá que esperar a su publicación en el BOE, señalan los expertos, para conocer los detalles y los pormenores de este nuevo reto al que se enfrentan los empresarios y profesionales en este recién estrenado 2012. Las medidas contra el fraude fiscal tienen que ser anunciadas con muy poco tiempo para que los defraudadores no tengan tiempo de reaccionar y guarden toda su efectividad.

A la espera de que se publiquen las novedades que establecerá el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, los asesores tributarios y los responsables de los departamentos fiscales se han puesto a estudiar el derecho comparado para ver por dónde pueden ir los tiros de la futura regulación que limitará los pagos en efectivo en nuestro país. Tanto Italia como Grecia acaban de aprobar normas que limitan los pagos en metálico, en ambos casos a un importe de 1.000 euros, pero es en Francia donde esta normativa está más desarrollada y lleva más tiempo implantada. Los asesores tributarios señalan que éste último debería ser el marco que inspire a la normativa española, ya que la implantación de este límite en Italia o en Grecia, por su generalidad, han traído serios problemas a los titulares de pequeños negocios y comercios.

Un límite al pago en efectivo, según cada circunstancia

En Francia no existe un límite único para los pagos en efectivo. Las características principales que establece la ley según el tipo de operación son:

Pagos entre particulares: la norma no afecta a las operaciones realizadas entre ciudadanos a título privado (venta de un coche de segunda mano, por ejemplo).

Pagos de un particular a un profesional o a una empresa: el límite está establecido en 3.000 euros (incluido el importe del IVA). Las sumas superiores a 3.000 euros deben abonarse mediante tarjeta de crédito, cheque bancario, carta de pago bancaria, transferencia bancaria giro bancario o postal.

Pagos entre profesionales o empresas: los abonos entre sociedades y profesionales en metálico se limita a 750 euros.

Pagos de salarios al personal de nómina: No se pueden pagar salarios en metálico por encima de los 1.500 euros.

Los abonos de metálico por prestación de servicios (asistentas del hogar, por ejemplo) están limitados a 450 euros.

¿Cuáles son las excepciones que debería permitir la ley?

Existen, sin embargo, excepciones a esta regla que permiten a los profesionales y pyme aceptar el pago en efectivo por encima de estas cantidades.

  • La primera es que sólo afecta a los contribuyentes franceses o nacionalizados en el país galo. Los extranjeros, de paso por Francia, pueden realizar compras con dinero en efectivo hasta un límite de 15.000 euros.
  • La Administración tampoco tiene límite para pagar con dinero contante y sonante a sus acreedores.
  • Si un profesional, por las circunstancias de la crisis, no puede obligarse a pagar con cheque a un proveedor (porque tiene descubiertos en su banco, por ejemplo), puede pagar sus deudas pendiente en efectivo, aunque superen este límite de 750 euros, siempre que justifique el origen de los billetes con que salda la deuda.
  • Lo mismo sucede con los particulares que acuden a un comercio o a un profesional con dinero en efectivo. En este caso, la ley francesa permite que la transacción se realice en una entidad bancaria (o notario, como ya sucede en España) siempre que se justifique el origen del dinero con que salda el pago de la operación.

    Con los ojos puestos en la declaración del IVA del primer trimestre

    Los comerciantes deberán advertir a la entrada de sus establecimientos cuáles son los medios de pago que aceptan y las condiciones que exigen: “Se permiten los pagos con cheque conformado para importes superiores a “X” euros, para cantidades inferiores se acepta el pago con tarjeta de crédito”, por ejemplo. Se impone pues echar cuentas para ver qué tipo de pago lleva la menor comisión para los comercios y pymes.

    Además, conviene estar preparados, la nueva norma que limitará el pago en efectivo afecta al cobro del IVA y a las devoluciones. Los expertos creen que, en aras de la efectividad de la medida, la nueva ley tampoco dispondrá de un periodo de adaptación amplio y es posible que deba cumplirse en la declaración del IVA correspondiente al primer trimestre de 2012, que deberá presentarse en las delegaciones de la Agencia Tributaria el próximo 20 de marzo.

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Una luz de esperanza para pymes y emprendedores

El pasado lunes (19 de diciembre) muchos responsables de pequeñas y medianas empresas dejaron unos minutos de trabajar para escuchar la radio. Querían conocer lo antes posible si el entonces candidato a presidente del Gobierno español se refería a ellos en su discurso de investidura.

No era para menos, ya que pymes y autónomos son dos de los grupos más vulnerables y afectados por la actual coyuntura económica. Además, son los que tienen una menor capacidad para enfrentarse a la crisis y los que más sufren a la hora de hacer frente a sus necesidades de financiación. Por una parte, están sufriendo un fuerte alargamiento de sus plazos de cobro, especialmente por sus ventas a las administraciones públicas, lo que está aumentando su nivel de morosidad. Y, por otra, se encuentran con una fuerte restricción crediticia por parte de las entidades financieras.

Pues bien, un buen número de los pequeños empresarios que pusieron la radio aquel día quedaron esperanzados. En su discurso, Mariano Rajoy anunció una serie de importantes medidas que afectarán directamente a pymes y emprendedores. En primer lugar, señaló que es esencial definir un marco fiscal más adecuado a las necesidades de los emprendedores, que tendrán “un protagonismo esencial en la recuperación económica del país y una prioridad preferente en nuestro programa de reformas”.

Un programa que, según apuntó, no estaría completo si no abordara una estrategia integral para impulsar la competitividad de nuestra economía, que abarque todos los sectores, especialmente aquellos con más futuro, incluyendo sus órganos reguladores, el modelo energético o la necesaria apuesta por la innovación y la internacionalización de las empresas españolas.

Recordó que la política tributaria es una herramienta de primer orden para impulsar el crecimiento económico. Y, en este sentido, aseguró que definirá “un marco fiscal de apoyo a los emprendedores, pymes y autónomos, que les permita hacer frente, con mayor facilidad y holgura, a sus obligaciones tributarias, y dedicar una mayor parte de sus beneficios a la creación de empleo”.

Pues bien, dentro de este marco, anunció que se adoptarán de manera inmediata, las siguientes medidas:

Compensación de deudas: se establecerá un procedimiento de compensación automática similar al de la cuenta corriente tributaria para cualquier tipo de deuda reconocida por una Administración Pública.

Reformas en el Impuesto sobre el Valor Añadido: se modificará el régimen del IVA para que autónomos y pymes no tengan que pagar el impuesto hasta que efectivamente se haya efectuado el cobro de las facturas correspondientes.

Ayuda fiscal al empleo: se creará una ayuda fiscal por importe de 3.000 euros por la contratación del primer trabajador.

Reformas del Impuesto sobre Sociedades: se eliminarán las limitaciones existentes en la actualidad para la aplicación en el Impuesto sobre Sociedades del tipo impositivo del 20% a las empresas con cifra de negocios inferior a cinco millones de euros.

Se ampliará hasta los 12 millones de euros la cifra de negocios que permite acogerse al régimen especial previsto para las empresas de reducida dimensión, y se aumentará -a la vez- hasta los 500.000 euros el límite de base imponible al que se aplica el tipo reducido del 25%.

Se fijará una exención por modernización de los activos fijos de las empresas. Las empresas no tributarán por las plusvalías que obtengan en la venta de sus activos fijos cuando las reinviertan, para fomentar, así, que el capital invertido se reutilice en la modernización de la propia actividad empresarial.

Y se modificará la fiscalidad de los beneficios no distribuidos, de manera que aquellos dedicados la adquisición de nuevos activos, tributen diez puntos menos que los destinados a ser distribuidos a los accionistas.

Algunas de estas medidas fiscales, junto con otras concretas en el ámbito de la financiación, la tramitación administrativa y la gestión laboral, se englobarán en la Ley de Apoyo a los emprendedores que el Gobierno enviará a la Cámara dentro los próximos tres meses.

Algunas de las medidas anunciadas por Rajoy eran muy esperadas por pymes y emprendedores, ya que seguramente podrán servir para reactivar su actividad. Ahora, muchos empresarios esperan que se apliquen rápidamente para comprobar lo antes posible si son realmente eficaces para sacarnos de la crisis.

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¿Cantidad o calidad? Retos de la actividad exportadora de la industria cárnica española

 

Existe la idea establecida de que cuánto más se exporte mejor. Pero esta afirmación no es una verdad universal. En ciertas ocasiones suele ser mucho más importante vender menos cantidad de un producto con alto valor añadido que exportar en masa lo que deja menos margen de beneficios. Para entender esta contradicción no existe ejemplo mejor
que lo que ocurre en el sector cárnico español.

Datos y actualidad

A primera vista sus cifras asustan. En el año 2009, la industria cárnica exportó 1,22 millones de toneladas de carne (de ellas, 865.000 de cerdo) y casi 100.000 toneladas de productos elaborados (salami, salchichón, etc.). El valor de dichas exportaciones superó los 2.500 millones anuales, con una balanza comercial muy positiva (tasas de cobertura superiores al 200%), un dato que muy pocos sectores económicos relevantes pueden presentar, y que contribuye a paliar el tradicional déficit comercial de nuestro país.

Problemas y situaciones

Hasta aquí todo fenomenal. Y mucho más si se tiene en cuenta que el 30% de la producción de carnes frescas de nuestro país se exporta. Pero la cosa cambia cuando llegamos al subsegmento de los elaborados cárnicos, donde las ventas exteriores sólo representan un 7% del total de lo que se produce. “ Se debería exportar más en elaborados cárnicos. La carne fresca es una commodity y los retornos son escasos.

Pero todo lo que sea más elaborado suele chocar con muchos intereses” , explica Jaume Blancafort, presidente de Confecarne, la patronal del sector.

No le falta razón. Además de los lógicos problemas de la imposibilidad de exportar ciertas carnes a determinados países por motivos de religión (porcino al mundo árabe o vacuno a la India), el sector también encuentra otros quebraderos de cabeza que, como poco, podríamos incluir en la categoría de rocambolescos. El ejemplo más llamativo
ocurre en China, donde la industria cárnica exporta carne fresca, despojos (orejas, morro…), y hasta jamón curado. Pero nada de jamón york, ni salchichón, ni lomo, aunque éste sea ibérico. Y por qué se da esta circunstancia. Pues sencillamente porque las leyes chinas prohíben que en el país entren elaborados que no hayan pasado un periodo de curación superior a 313 días, y cualquier elaborado cárnico, menos el jamón no alcanza ese tiempo de secado.

Casos prácticos

Éste, y otros problemas similares, llevaron a gigantes como Campofrío a cerrar casi todas sus filiales en el exterior. ¿Moraleja? Todavía quedan muchas cosas por mejorar en el campo de la exportación hasta en sectores exitosos como el cárnico. “ Vender en el exterior debe convertirse en parte de la estrategia de las empresas y no en una actividad coyuntural para dar salida a los excedentes. Es clave para el futuro” , reitera Valentín Almansa, subdirector de Acuerdos Sanitarios y Control de Frontera del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

En este sentido, las más de 3.000 empresas, pymes en su mayoría, que forman el sector cuenta desde 2008 con una herramienta ideal que apoya la exportación del producto español: la Lista Marco. Gracias a ella, y también a la ventanilla única, las empresas exportadoras que se apunten a esta listado elaborada por el ministerio van de la mano
con la marca España. Una gran ventaja, pero que se puede quedar en mera anécdota si el sector no resuelve sus propios problemas internos, que son los que al fin y al cabo le quitan recursos a la hora de exportar.

Retos a solucionar en el futuro:

Necesidad de promover relaciones comerciales más sostenibles, corrigiendo la actual situación de desequilibrio debido al diferente poder de negociación de los distintos eslabones de la cadena. Esto es, eliminar las prácticas comerciales abusivas que permiten a la distribución y a algunas administraciones ignorar los plazos máximos de pago, que van de los 30 a los 60 días.

Problemas de financiación. El 80% de las pymes tienen problemas para acceder a préstamos. Esta situación ahoga especialmente a las cárnicas dedicadas al cerdo ibérico o el jamón serrano, que tienen una elevada necesidad de circulante por la gran cantidad de producto inmovilizado en sus secaderos.

Además el sector pide al Gobierno que deje de poner trabas a la exportación. En este sentido se reclama un I VA superreducido para la carne, como corresponde a su carácter de producto básico de alimentación. Y también se pretende reducir los costes administrativos a la hora de exportar. “ En España tenemos barreras sanitarias como un
certificado sanitario, conocido como sábana, que supone una traba para vender fuera.
Esta situación carece de sentido, ya que con la eliminación de aranceles, los países destino utilizan las barreras sanitarias como mecanismo de defensa ante la entrada de competidores extranjeros. Además se debería suprimir la prohibición de utilizar harinas cárnicas en los piensos de los animales. En la actualidad se sustituye por la soja, que se compra en el extranjero. No es lógico” , se quejan desde Confecarne.

Ante estas peticiones, el Ministerio señala “ la importancia de los certificados oficiales porque es España la entidad que avala su veracidad y credibilidad” . Sea como fuere, resulta evidente que todavía queda mucho por hacer hasta en los sectores más exitosos en el exterior de la economía española. El premio consiste en lograr un balance
comercial más saneado.