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Cómo prepararse para la llegada de IVA Inmediato, más conocido como SII

1 de julio de 2017. Esta es, de momento, una fecha clave en el calendario de las empresas españolas. A partir de ese día será obligatorio, para muchas de ellas, gestionar la tramitación del IVA mediante el nuevo Sistema Inmediato de Información (SII).

Si a alguien le parece que queda mucho tiempo, no se confíe. Adaptarse a los nuevos requerimientos de la Agencia Tributaria no es fácil y, probablemente, tampoco barato.

Pero vamos por partes, antes de agobiarse en exceso lo mejor es comprobar si está en el grupo de empresas que deben implantar el SII obligatoriamente o no. Los que se tienen que poner al día sin más dilación son alrededor de 63.000 contribuyentes, los que cumplen con alguno de los siguientes requisitos:

  • Las empresas cuya facturación supere los 6 millones de euros al año.
  • Los Grupos de IVA
  • Las empresas inscritas en el Registro de Devolución mensual de IVA

El resto, de momento, se libera. Pero es cuestión de tiempo que tras una primera etapa de implantación de este modelo entre las grandes, la administración tributaria se anime e implante el sistema de forma generalizada. De momento, está sobre la mesa la invitación a adherirse voluntariamente a esta nueva práctica.

Entre otras cosas porque, como explica la web de la Agencia Tributaria, uno de los principales motivos de la implantación del sistema es luchar contra el fraude y evitar que se puedan generar facturas falsas.

Para ello, se implanta un procedimiento telemático que impone la obligación de que el Libro de Registro de IVA sea gestionado a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. De esta forma, la información de las facturas emitidas o pagadas deberá ser incluida casi en tiempo real en el sistema informático. Las empresas apenas van a tener cuatro días de margen para realizar ese trabajo, sin contar sábados, domingos o fiestas nacionales.

Eso sí, para poder irse adaptando durante los primeros meses de implantación, es decir durante el segundo semestre de 2017, ese plazo será de 10 días.

Conviene tener muy claro que lo que se transmitirá a Hacienda es la información de la factura y no la factura en sí. Esto implica que muchas empresas deberá incrementar los recursos (tanto personales como tecnológicos) para poder gestionar la abultada labor administrativa que implica esta nueva metodología.

Puesto que supone digitalizar y mantener actualizado en tiempo real:

  • El libro de Facturas Expedidas.
  • El libro de Facturas Recibidas.
  • El libro de Registro de Bienes de Inversión.
  • El Libro de Registro de Operaciones Intracomunitarias.
  • El Libro de Registro de Importes en Metálico.

A cambio, los empresarios quedan liberados de la obligación de presentar los modelos liquidativos del impuesto como el 347. 340 y 390. Además, se amplía el plazo para las autoliquidaciones mensuales en 10 días, hasta el 30 de cada mes.

Para un mayor control, la sede electrónica de la Agencia Tributaria ha diseñado la puesta en marcha de un Libro de Registro Declarado y un Libro de Registro Contrastado para “reducir los errores en el cumplimiento de las obligaciones formales y en las propias declaraciones”, asegura la información oficial.

El resultado de todo este proceso no solo implica una revolución para los servicios informáticos de las empresas y de la agencia tributaria, también tiene consecuencias sobre el resto de los contribuyentes, en especial las pymes. La información indirecta que va a poseer Hacienda sobre sus compras y actividades se va a multiplicar. Puesto que el Fisco podrá cruzar datos con todas las facturas que emitan sus proveedores: desde el gasto de luz y teléfono hasta el de folios o consumibles informáticos.

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Sí te puedes aplazar hasta 30.000 euros de IVA

La controversia en torno a la posibilidad de que los trabajadores autónomos puedan solicitar aplazamientos en el pago de impuestos como el IVA llega a su fin. Al menos, a un fin temporal, por compromiso explícito del Gobierno y la publicación de una Orden a través de la Agencia Tributaria (AEAT) que faculta a este colectivo a beneficiarse aún de esta ventaja fiscal. La Orden permite aplazamientos y viene a corregir las prohibiciones levantadas por el Decreto Tributario que el Congreso aprobó el pasado 2 de diciembre, y que entre otras iniciativas, limitaba al máximo la posibilidad de solicitar aplazamientos.

 

El pasado viernes, la AEAT publicaba en su página web que las solicitudes de aplazamiento se tramitarán “en función de su importe”, y de ellas también se podrán beneficiar, no solo los trabajadores autónomos sino también las pymes, según fuentes del Ministerio de Hacienda. Ahora bien, el Gobierno establece dos procedimientos diferenciados:

 

  • Los autónomos y pymes que soliciten aplazamientos o fraccionamientos de cantidades inferiores a los 30.000 euros de IVA no tendrán que aportar ni aval ni garantía, por lo que, y he aquí la gran novedad, el fisco no pedirá explicaciones sobre si el IVA a aplazar ha sido cobrado por el contribuyente o no lo ha sido. En numerosas ocasiones el colectivo de autónomos ha puesto el grito en el cielo cuando Hacienda le reclamaba el pago del impuesto sin que a él su cliente se lo hubiera abonado. Los retrasos en el pago, además, conllevaban sanciones. En este sentido, quien demande el aplazamiento o el fraccionamiento contará con la posibilidad de pagar en 12 meses, si bien la Agencia Tributaria precisa que si el plazo de abono demandado es inferior, también será concedido.
  • Por contra, los autónomos y pymes que soliciten aplazamientos de cantidades superiores a los 30.000 euros de IVA, sí tendrán que presentar obligatoriamente aval y/o garantía para poder beneficiarse de esa medida tributaria. En este caso, el plazo máximo de abono del impuesto llega a los 18 meses, y el autónomo tendrá que demostrar que la cantidad solicitada no ha sido cobrada.

 

La corrección de la situación a instancias del Ministerio de Hacienda ha motivado el aplauso unánime de los colectivos de autónomos más representativos, la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos UPTA. ATA, de hecho, ya había hecho saber en diciembre que el Gobierno trabajaba en una solución en este sentido. Sin embargo, desde UPTA, se critica la “inseguridad jurídica” en la que está incurriendo el Ejecutivo de Mariano Rajoy con tanto cambio en este ámbito, y emplaza a los partidos políticos a acordar un marco estable para este tipo de aplazamientos.

 

Demasiados cambios

Lo cierto es que el Gobierno, en el último año y medio, ha modificado en varias ocasiones el régimen con el que los autónomos y las pymes podrían solicitar los citados aplazamientos a la Agencia Tributaria. Y todo por las necesidades del déficit público, que toca el 4,6% en un momento en el que las deudas con Hacienda superan nada menos que los 49.000 millones de euros. En octubre de 2015, dos meses antes de las elecciones, el Ejecutivo elevó el límite legal para solicitar postergar los pagos desde los 18.000 a los 30.000 euros, una mejora sustancial.

Pero por los problemas con Bruselas; la necesidad de encarrilar las cuentas públicas; y la obligación de demostrar a las instituciones europeas que este año, 2017, implicará una reducción del desvío presupuestario del 4,6 al 3,1%, Moncloa lanzó el famoso Decreto Tributario que limitaba al máximo los aplazamientos para ahorrar 1.500 millones, amén de endurecer el Impuesto de Sociedades para las 9.000 compañías que en España facturan más de 10 millones de euros; subir los tributos de Alcohol y Tabaco; e informar de que se recaudarán 500 millones de euros extraordinarios a través de nueva fiscalidad medioambiental.

La aprobación del Decreto Tributario a menos de dos meses de que autónomos y pymes tuvieran que liquidar el IVA del ejercicio anterior (cabe recordar en este punto que tienen como límite el 30 de enero de este año para hacerlo) había creado una gran inseguridad jurídica. Por eso, la reacción de Hacienda se ha producido a tiempo para que los contribuyentes tengan cierto margen y eviten “tensiones de liquidez por valor de 3.500 millones de euros”, según los cálculos proporcionados recientemente por UPTA.

De cualquiera de las maneras, y según datos facilitados por la Agencia Tributaria, la mejora económica está provocando que caigan considerablemente las peticiones de aplazamiento. En concreto, en el año 2015 un total de 1,6 millones autónomos y pymes lo solicitaron, cifra que contrasta con la de más de 2 millones del año 2013, quizá en lo más duro de la crisis económica. Además, también en 2015, las cantidad total a aplazar se situó en poco más de 10.000 millones de euros, nada más y nada menos que un 40% inferior a los más de 17.000 millones que en 2013 solicitaron devolver más tarde los contribuyentes.

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¿Podré seguir aplazando el pago del IVA?

Hace unas semanas se anunciaba un severo endurecimiento de las condiciones por las cuales los particulares, pero sobre todo los autónomos y las pymes, pueden acceder al aplazamiento de determinados tributos. Parece claro que, tal y como refleja el Real Decreto de 3 de diciembre, posponer el pago de IRPF, IVA o Sociedades será mucho más complejo desde ahora, pues las medidas antifraude se refieren a todo tipo de impuestos repercutidos (es decir, ya facturados o cobrados al cliente).

 

Por intentar resumir de forma adecuada el contenido del BOE, muy técnico y complejo incluso para los propios empresarios, estos son los supuestos que Hacienda ha incluido para denegar aplazamientos:

a) Aquellas deudas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.

b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta.

c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa.

d) Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en un recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones.

e) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas. Así, el IVA no cobrado por determinados servicios podrá seguir siendo aplazado.

f) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

 

Ahora bien… ¿qué pasa exactamente con el IVA? Patronales empresariales y colectivos de autónomos enseguida se alarmaron cuando se habló de que el único IVA aplazable iba a ser el no cobrado. Este fue un problema gravísimo durante la crisis, cuando miles de negocios debieron echar el cierre al no cobrar a tiempo por los servicios prestados y, además, tener que pagar sus impuestos por esos servicios. La vuelta a esa situación preocupaba y mucho, y el escándalo parece haber echado para atrás la medida.

 

Una situación aún confusa

 

Pese a que el Real Decreto de endurecimiento de los aplazamientos ya ha entrado en vigor, pues fue publicado en el BOE justo al día siguiente de aprobarse en Consejo de Ministros, los autónomos aún pueden seguir solicitando aplazamientos de IVA tal cual lo podían hacer en este ejercicio, es decir, hasta 30.000 euros y con un límite de 18 meses. ¿Por qué? La secretaría de Estado de Hacienda confirmó la pasada semana que el nuevo régimen de aplazamientos del IVA se recogería posteriormente en una Orden Ministerial, y no el Real Decreto tributario de impuestos como estaba previsto. Así, y para no generar un caos al usuario, Hacienda decidía que el antiguo régimen prosiguiese vigente hasta que la normativa hable de nuevo.

 

Aún no hay fecha para la publicación de esa Orden Ministerial. Lo que parece claro es que Hacienda respetará el límite de 30.000 euros para seguir aplazándose el IVA, pero endurecerá los criterios en dos aspectos: uno, el límite temporal, que se situaba hasta ahora en 18 meses y pasará ahora a ser de 12; y dos, en el tipo de persona física o jurídica que podrá acogerse a ese “beneficio”.

 

Todo apunta a que se restringirá bastante el uso y disfrute de los aplazamientos, en un año marcado por el necesario cumplimiento del déficit público. España debe pasar de un desvío del 4,6% a otro del 3,1%, y Hacienda sabe que en esta ocasión apenas puede dejar resquicios en la normativa. Ya dijo el ministro que hoy por hoy “no nos podemos permitir que a la Agencia Tributaria se le deban aún más de 50.000 millones de euros”. El endurecimiento en los aplazamientos es una de las medidas por las cuales se va a intentar elevar los ingresos en 7.500 millones de euros.

 

Para intentar paliar este “golpe”, se facilitarán otro tipo de medidas favorables al emprendedor o al empresario ya establecido, como doblar la vigencia de la tarifa plana de 50 euros desde los seis meses actuales hasta los doce; graduar las multas por la demora a la hora de pagar impuestos; o doblar, de las dos a las cuatro semanas, el permiso de paternidad.

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Claves del nuevo IVA para el comercio electrónico

Desde el pasado 1 de enero está en funcionamiento lo que se conoce como tasa Amazon. Una nueva normativa del Impuesto de Valor Añadido que obliga a todas las tiendas online a facturar este impuesto en el país de origen del comprador y no en el que se encuentre el prestador del servicio.

La decisión es el resultado de las denuncias que recibió Amazon por facturar el IVA desde sus oficinas centrales en Europa que, no casualmente, estaban en Luxemburgo. Eso permitía a la tienda de origen estadounidense, aplicar un impuesto mínimo del 3% frente al 21% que deberían aplicar las tiendas con sede en España, por ejemplo. Sin duda, el margen para bajar precios era mucho más alto y, por lo tanto, se ha considerado esta práctica como competencia desleal con las empresas locales del resto de países europeos en los que tenía actividad.

Para evitar esa distorsionada competencia, los legisladores europeos han considerado que lo más justo es que el IVA aplicado a las compras sea el que corresponde al país de cada uno de los compradores. El resultado es una normativa que trata de asegurar que cada usuario page lo justo, pero lo cierto es que complica de manera exponencial la gestión de las páginas de venta online, ya que ni la más pequeña de las empresas se libra de esta nueva obligación.

Con la nueva norma, salta por los aires el anterior límite de los 10.000 euros mínimos que se exigían para declarar IVA. Ahora, cualquier operación intracomunitaria, aunque sea de un euro, implica la obligación de declarar. Solo los intercambios entre empresas, B2B, están libres de esta normativa.

Las autoridades europeas han calculado que con esta medida se podrán recaudar alrededor de 3.000 millones más en el impuesto del IVA al año en toda la Unión. Los grandes números apuntan que Luxemburgo será el gran perdedor, ya que dejará de recaudar, según ha explicado el diario Expansión, unos 1.000 millones de euros procedentes de todas las ventas de Amazon. Lo que nadie ha calculado es el coste que implica para los pequeños negocios la actualización de sus sistemas informáticos y la puesta al día de las estrategias administrativas.

Y es que cumplir con la nueva ley no está siendo nada fácil. El vendedor debe asegurarse de cuál es el domicilio de cada uno de sus clientes. Además, está la obligación de comunicar los ingresos obtenidos por IVA y sobre todo, la medida más costosa: almacenar la información de todas las transacciones durante diez años. Ésto implica espacio en los servidores y ,por lo tanto, gastos adicionales.

A modo de ayuda, os recomendamos consultar el blog del Observatorio de E-commerce, donde publican un práctico esquema que sirve para saber cuándo hay que aplicar el IVA según la procedencia de los clientes y la naturaleza de la operación de compra-venta.  A modo de resumen la casuística es la siguiente:

  • Vendedor en la UE. Cliente procedente de fuera de la UE. NO se carga el IVA.
  • Vendedor en la UE . Cliente particular con residencia en la UE. El  IVA a aplicar es el del país del comprador.
  • Vendedor fuera de la UE. Cliente fuera de la UE. NO se aplica IVA.
  • Vendedor legalmente fuera de la UE, pero con actividad en países de la Unión. Clientes particulares. El IVA resultante es el del país de origen del comprador.
  • Vendedor fuera de la UE . Cliente particular de dentro de la UE. El IVA es el del país de origen del comprador.
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Nueve consejos y medio para que una pyme rebaje su factura fiscal

El próximo mes de enero estrenaremos año y también nueva legislación fiscal. Mucho se ha dicho en las últimas semanas sobre las implicaciones que los cambios aprobados por Hacienda van a tener en las familias y en los inversores. Pero la realidad es que el paquete de modificaciones más sustancioso es el que afecta a empresas, pymes y autónomos.

Con el texto definitivo ya aprobado ninguna empresa puede dejar de plantearse qué se puede hacer antes de final de año para aprovechar al máximo los cambios y pagar solo lo justo. Las medidas que afectan a las personas físicas, que son muchas y están muy desgranadas en los medios de comunicación generalistas: aportaciones a planes de pensiones, apurar el límite de la deducción hipotecaria, etc. Pero en este blog hemos preferido enfocar los consejos en aquellos que sean más útiles para la actividad empresarial.

  1. Instar el procedimiento judicial para cobrar las deudas

Los titulares de derechos de crédito que estén en situación de mora deberían aprovechar lo que queda de 2014 para instar el procedimiento judicial que incoa su cobro. La nueva norma fiscal ha impuesto que tras un año de espera una vez incoado éste, se podrá imputar la pérdida patrimonial derivada de ese impago.

  1. Entregar Stock Options, antes de final de año

Si tiene en mente premiar a alguno de sus empleados con acciones de la compañía, es aconsejable hacerlo en 2014. Este es el último año que este tipo de rendimientos en especie van a contar con exención fiscal. Con una excepción, que el reparto de acciones se haga a todos los trabajadores y en las mismas condiciones.

  1. Repartir dividendos, ya

Si está en su mano la política de reparto de dividendos, no lo dude. Ejecútelo cuanto antes. El motivo es que a partir de enero de 2015 desaparece la exención fiscal de la que ahora gozan los 1.500 primeros euros cobrados por este concepto. Para cantidades superiores, los expertos fiscales del REAF, recomiendan esperar. Si los beneficios empresariales a repartir son abultados es posible que resulte más ventajoso esperar a 2015, cuando se reducirán los tipos impositivos del ahorro”, explican.

  1. Es el momento de recuperar el capital

Para los socios que hayan hecho aportaciones al capital de una compañía, 2014 es el último año en que podrán retirar esa aportación y no pagar impuestos por ella. El próximo año, ese dinero será tratado como rendimiento del capital mobiliario y, como tal, estará gravado con un mínimo del 20% en 2015 y del 19% en 2016.

 

 

  1. Recoger la prima de emisión

En la misma línea que el ejemplo anterior, 2014 es el último año en que la retirada de la prima de emisión desembolsada para la constitución de una sociedad es recuperable sin pagar impuestos. Si las finanzas de su compañía lo permiten, no lo piense dos veces, a partir de enero tendría que tributar por ese dinero como rendimientos del capital mobiliario.

  1. Última hora para ser generoso con clientes y proveedores

Hasta ahora, cualquier agasajo realizado a clientes podía deducirse, siempre que estuviera bien justificado. Dados los enfrentamientos que este concepto genera entre contribuyentes e inspectores de Hacienda, el Fisco ha optado por una salomónica solución. A partir de 2015, solo estará permitido deducirse por este concepto el 1% de los ingresos totales de la empresa. Así que, si tiene previsto hacer algún gasto de estas características adelántelo.

  1. Acelerar la inversión por beneficios

Los autónomos o propietarios de empresas de reducida dimensión que tengan pensado invertir sus beneficios en nuevas adquisiciones, tanto de material mobiliario como inmobiliario, les convendrá ejecutar la decisión en 2014. La reforma fiscal ha determinado que el porcentaje de deducción que se aplicaba a estas decisiones empresariales hasta ahora, (entre el 5% y el 10%) se reduzca a la mitad en 2015.

  1. Para abrir una nueva empresa, mejor esperar

Sobre todo si se es muy optimista. Ya que la reforma fiscal ha impuesto que todas las nuevas empresas con beneficios superiores a 300.000 euros tributarán al 15%, ahora superada esa cantidad se tributaba al 20%. A partir de 2015 todos los beneficios de las empresas de reciente creación tendrán un 15% de gravamen.

En relación con la apertura de nuevas empresas, hay otro cambio a tener en cuenta. A partir de 2016, las sociedades civiles pasarán a tributar en el Impuesto de Sociedades y no en el IRPF como ocurre ahora.

  1. Revise deducciones y póngase en manos de un experto

Como se puede imaginar después de todo lo leído hasta ahora, los cambios que le afectan son cuantiosos y complicados. Junto a los que hemos comentados hay una gran variedad y casuística que varía según la empresa. Por ello, lo más aconsejable en este final de año es que se ponga en manos de un experto fiscal. Solo con un asesoramiento personalizado podrá llegar a saber, por ejemplo, cómo gestionar con más precisión las deducciones en I+D+i.

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Así afecta la reforma fiscal a las empresas

La reforma fiscal llega cargada de novedades, aunque la mayor parte de ellas se la llevan las personas físicas y el Impuesto sobre la Renta. Eso no quita para que las empresas tengan que tomar buena nota de los cambios que el Ministro Cristobal Montoro acaba comunicar.

Por un lado, porque algunos de los cambios en el IRPF, como el incremento de los mínimos familiares, deben tenerse en cuenta para calcular las nóminas de los empleados. Y por otro, porque el Impuesto de Sociedades también ha sufrido modificaciones, aunque no sustanciales.

La más llamativa es la rebaja del tipo de gravamen máximo que pasa del 30% al 25%. Quedan excluidas de esta rebaja las entidades de crédito y las que se dedican a la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.

En cualquier caso, la reducción se hará en dos tiempos. Durante el ejercicio fiscal de 2015, el tipo máximo será todavía del 28%. No será hasta la liquidación del impuesto correspondiente al año 2016 cuando los empresarios se puedan aplicar sólo el 25%.

No han tenido tanta suerte las pymes. Para ellas, no hay ninguna modificación general en los tipos de gravamen. La explicación del Gobierno para unificar tipos en las empresas, con independencia de su tamaño, es que así se incentiva el crecimiento de las pequeñas.  Y es que, los estudios de la Comisión Lagares (que asesoró en materia fiscal al Ejecutivo) aseguraban que ese escalón fiscal entre pequeñas y grandes empresas desincentivaba a las primeras a dar el salto. Hacerlo significa, no sólo pagar más (las pymes pagan entre el 20% y el 25%), sino también una gestión mucho más complicada de los tributos. Por eso, muchos empresarios preferían mantener un tamaño menor o diversificar sus actividades creando empresas independientes.

El reducido tamaño de las empresas españolas es un tema que preocupa al Gobierno, ya que impide al país competir en las mismas condiciones que otros vecinos europeos en el mercado internacional.

Aún así, Montoro ha querido hacer algunos guiños a la gran masa empresarial española permitiéndoles un par de resquicios para reducir su factura fiscal:

Reservas de Capitalización. Este concepto permite algo así como dejar aparcados hasta el 10% de los beneficios en concepto de reserva, sin que sea necesario que éstos se reinviertan en activos de la propia empresa.

Reserva de Nivelación. Cuando esos beneficios no repartidos se reinviertan en recursos propios, Hacienda permitirá una deducción extra, puesto que estos fondos dejarían de tributar durante cinco años.

Según los cálculos del Gobierno, las pymes que utilicen estas dos opciones podrán reducir el tipo de gravamen en su liquidación del Impuesto de Sociedades hasta el 20%. Utilizando solo el de nivelación, la reducción se quedaría en el 22,5%.

Pero no será necesariamente así, ya que muchas de las deducciones que, hasta ahora, era posible aplicarse para reducir la factura fiscal se han eliminado, como es el caso de:

Deterioro del valor de elementos patrimoniales con la excepción de las existencias y de los créditos y partidas a cobrar.

Por  acciones sin voto o rescatables.

Por préstamos participativos.

Por inversiones medioambientales, incluso aunque sean obligatorias.

Por reinversión de beneficio y gastos financieros, aunque ésta queda más o menos compensada con la mencionada reserva de capitalización.

Especialmente destacable es la modificación de la deducción por atenciones a clientes que  se reduce hasta el 1% del importe neto de la cifra de negocios de la entidad.

La única gran deducción que seguirá disponible es la deducción por I+D+i, en contra de la recomendación del comité Lagares que había aconsejado eliminarla, como el resto de deducciones del Impuesto de Sociedades.

Los emprendedores con empresas de menos de dos años de vida seguirá pagando el 15% por los beneficios obtenidos, según quedó fijado en la Ley de fomento del Emprendimiento aprobada en febrero de 2013.

Ligeros cambios para la tributación a través de módulos

Por otro lado, había mucho miedo entre los cotizantes de módulos a esta rebaja fiscal, ya que se rumoreaba que podría acabar con la tributación por módulos. No ha sido así en general. Tan solo se han excluidos las actividades que facturen menos de un 50% a las personas físicas y aquellas  a las que se aplica el tipo de retención del 1%, es decir, las actividades de fabricación (con pequeñas excepciones) y construcción (albañilería, fontanería, instaladores, carpintería, cerrajería, pintura).
Para el resto se modifica el umbral de exclusión que pasa a 150.00 euros desde los 450.000 actuales y el umbral de gastos que queda en 150.000 frente a los 300.000 actuales.

Podrán seguir tributando por esta modalidad, los fabricantes de pan y bollería, pastelería y masas fritas; impresión de textos, comercio al por menor, cafeterías, restaurantes, quioscos, hoteles de dos o menos estrellas, talleres de reparación, transporte de viajeros por carretera, taxistas, mensajeros, escuelas y autoescuelas, tintorerías y peluquerías.

Otra novedad relacionada con las actividades económicas es que se suprime el 5% sobre el rendimiento neto para gastos de difícil justificación y se limita a 2.000 euros.
Un ligero respiro para los autónomos

Los autónomos con rentas inferiores a los 12.000euros anuales serán los primeros en disfrutar las rebajas fiscales recién anunciadas. Según ha explicado el Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, éstos profesionales podrán rebajar sus retenciones, del actual 21% al 15%, a partir del mes de julio, siempre que el 75% de sus ingresos procedan de actividades económicas. Esta reforma de “urgencia” se tramitará en los próximos días vía decreto ley.

Finalmente, hay una buena noticia para los empresarios y es que el Gobierno ha prometido, aunque está pendiente la definición de cómo lo hará, la publicación de las listas de morosos. Esto permitirá a muchos empresarios evitar riesgos innecesarios a la hora de elegir proveedores.

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El cooperativismo, otra forma de emprender a tener en cuenta

Una cooperativa se define como una empresa formada por personas físicas o jurídicas que se unen de forma voluntaria para satisfacer las necesidades y las aspiraciones económicas, sociales y culturales en común. Mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. El cooperativismo fomenta el autoempleo, goza de importantes ventajas fiscales y permite capitalizar el subsidio de desempleo. Es una forma jurídica en la que prima la unión para lograr el éxito: una persona, un voto, una decisión, valiendo lo mismo el voto del director general que el de un empleado.

Autoempleo

Se trata de una modalidad a la que, en ocasiones, se acogen trabajadores de empresas que, por un motivo u otro, se han visto obligadas a cerrar sus puertas o a acometer ajustes de personal. Una de sus principales ventajas es que se puede constituir mediante la capitalización del paro. Es decir, que si decides constituir una nueva, o sumarte a una ya creada, podrás pedir el llamado pago único o, dicho de otra forma, el 100% del dinero que te correspondería cobrar por estar desempleado. ¿Cuál es la cantidad mínima a aportar? Depende de cada comunidad autónoma. ¿Y el número mínimo de personas? También varía según cada comunidad autónoma. Por término medio, la cantidad suele rondar los 1.800 euros, y el número de personas oscila entre tres y cinco.

Entre las condiciones generales que han de cumplir están la puesta en funcionamiento de diferentes estatutos, así como la adjudicación del sueldo de cada miembro que estará en base a la labor que desempeñen a título individual. Celebrada una asamblea constitutiva, el acta final debe contener una serie de parámetros: la declaración de la voluntad constitutiva; la designación de los representantes para la tramitación (se trata de personas con facultades para realizar los actos necesarios durante la constitución de la cooperativa hasta el momento de la inscripción en el Registro de Cooperativas); la aprobación de los estatutos sociales; el nombramiento el primer consejo rector; y el nombramiento de interventores de cuentas. Una vez adoptados dichos acuerdos, hay que redactar y aprobar el acta de la Asamblea de Constitución, indicando el lugar y la fecha.

Otros trámites

El resto de los trámites para constituir una cooperativa son muy parecidos a los de cualquier otro tipo de empresa. Eso sí, hay que solicitar un Certificado de Denominación no Coincidente. Un trámite que se lleva a cabo en el Registro de Cooperativas y consiste en la solicitud de registrar el nombre. En el plazo de una semana se recibe una respuesta, afirmativa o negativa. Después hay que ir a una entidad bancaria, y abrir una cuenta a nombre de la cooperativa, y a una notaría, donde los socios tendrán que elevar a público los acuerdos de constitución de la misma.

El punto fuerte para optar a este tipo de sociedad son las ventajas fiscales. Una cooperativa está exenta en el Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados. No hay que pagarlo, pero sí sellar el documento en la delegación de Hacienda. Otros beneficios tributarios es que no pagan determinados impuestos, como el de actividades económicas, del que están exentos en un 95%. También tributan en el Impuesto de Sociedades al 20%, mientras que la gran mayoría de las PYMES lo hacen al 25%. ¿Y cuáles son las claves para que una cooperativa triunfe? La autoayuda, el autorrespeto, la democracia interna, así como la igualdad y la solidaridad. Por último, las hay de diferentes tipos: agrarias; marítimas, fluviales y lacustres; de seguros; de consumidores y usuarios; de crédito; de enseñanza; de viviendas; sanitarias; de servicios; de trabajo asociado; y mixtas.

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¿Por qué es importante una correcta planificación fiscal?

Ya sea como ciudadanos, o como empresarios, seguro que en más de una ocasión hemos pensado lo siguiente: ¿Es que no es posible, actuando de la más estricta legalidad, pagar menos a Hacienda? ¿No estaré pagando más impuestos de los que debiera? ¿Estaré aprovechando al máximo las ventajas, incentivos y beneficios que me ofrece la legislación? ¿Por qué siempre me resulta tan inoportuno pagar los impuestos? Cuestiones que, quizás, no nos agobiarían tanto si hubiésemos realizado con la suficiente antelación una adecuada planificación fiscal.

¿Qué es?

Si tratamos de definir lo que es la planificación fiscal, podríamos decir que ésta trata de prever qué consecuencias, desde un punto de vista fiscal, van a tener los comportamientos y decisiones que como sujetos económicos adoptemos a lo largo del ejercicio económico-fiscal a fin de poder anticipar la cifra de impuestos a pagar. Serán, por tanto, nuestras acciones y omisiones, lo que hayamos hecho o dejado de hacer en un determinado periodo de tiempo, lo que determinará el impuesto a ingresar. Es evidente que en los impuestos indirectos como, por ejemplo, el IVA, el margen que la legislación deja para la planificación es más reducido que en la imposición directa (entre otros, el IRPF o el Impuesto de Sociedades). En muchos casos, se limita a prever los pagos y los costes que inevitablemente conlleva la realización de los hechos imponibles.

Pero los impuestos directos contemplan determinadas situaciones subjetivas del sujeto pasivo a través de deducciones e incentivos. Son beneficios fiscales que necesariamente deben entrar en la ponderación de las alternativas que se presentan en el momento de la toma de decisiones. Son una variable más que no se debe olvidar, ya que el hecho de ponderarla puede ser el determinante que nos permita disfrutar de algún margen de maniobra.

Al igual que optimizas tus costes, debes optimizar tus costes fiscales.

No se trata de una cuestión baladí. Basta con echar cuentas y pensar en la cantidad de dinero que representan sobre los ingresos de las empresas los gastos por los diferentes conceptos fiscales. Por ello, de la misma manera que tratamos de, en la medida de lo posible, ahorrar en todos y cada uno de los factores que intervienen en nuestro proceso productivo, debemos considerar que los costes fiscales no deben escapar a nuestro control y que algo se puede hacer respecto a ello.

Una buena planificación evita problemas de tesorería

En ocasiones, los impuestos nos sorprenden: el IVA, los seguros sociales, el IRPF, el Impuesto de Sociedades… Todos ellos integran una batería de artillería pesada que aun disparando ordenadamente, porque tenemos la obligación de saber cuándo lo hace, la mayoría de las veces nos coge a descubierto y causa importantes destrozos a nuestras tesorerías. Entonces debemos recurrir, bien a financiación externa, o quizá debiendo aplazar alguna decisión de inversión para ‘apagar el fuego’ del recibo de Hacienda. Además, no debemos olvidar los costes que acarrea, tanto financieros, explícitos, como de oportunidad, no colocando nuestro dinero en el lugar y momento adecuado o, cuando menos, presupuestado.

Una planificación fiscal adecuada evitaría o, cuando menos, suavizaría estas situaciones. Y todo esto en una empresa en funcionamientos. Pero ahora imaginemos que todavía se trata de un proyecto que no ha visto la luz. Quizá para el empresario sea una cuestión intrascendente. A fin de cuentas, él va a trabajar en su proyecto, que es lo que le apetece y le importa. Lo demás son cuestiones muy farragosas que, cuanto menos tiempo se piensen, mejor. Craso error. Se pueden incurrir en errores de extrema gravedad si no se ponderan las consecuencias de una incorrecta elección del vestido jurídico-fiscal que lucirá nuestra idea o proyecto. Si no se hace una valoración adecuada a las diferentes alternativas se puede perder dinero, la empresa, y yendo un poco más lejos, hasta la camisa. Y luego no valen lamentaciones.

Estos incumplimientos de la ley pueden obedecer a diferentes causas. No todas son voluntarias, “no quiero pagar”, muchas tienen su origen en una imposibilidad para atender las obligaciones: “queríamos pagar para no había dinero” o son causadas por la desinformación: “no sabía que hubiera que hacer esto”. Todos estos casos han de ser estimados y contemplados en una análisis serio, pues las repercusiones pueden ser nefastas.

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Consejos para elegir un buen asesor fiscal

Las grandes empresas tienen sus propios departamentos de contabilidad e impuestos para tratar todo lo relacionado con las cuentas de la compañía. Estos departamentos son los responsables de que estas multinacionales paguen lo menos posible a Hacienda. Pero cuando hablamos de las pymes, lo habitual es que tengan estas gestiones externalizadas. De hecho, la búsqueda de una buena gestoría que se encargue de las nóminas y, también, de los impuestos suele ser una de las primeras acciones que todo emprendedor debe llevar a cabo.

Para ayudarle en esa ardua tarea, en la que no se suele estar demasiado ducho, hemos seleccionado una serie de consejos sencillos que hay que seguir para no equivocarse en la elección de la asesoría contable y fiscal. Y es que fallar en este campo puede implicar muchos quebraderos de cabeza, además de un importante agujero en las cuentas de la compañía.

1- Buscar un asesor que conozca su sector.

No es lo mismo un restaurante que una startup o que una inmobiliaria. Cada sector tiene sus peculiaridades y es diferente la gestión de las nóminas y las propinas de un restaurante, que los servicios subcontratados de una inmobiliaria. Por dicho motivo, usted necesita un asesor que conozca la industria y sus entresijos. De esa forma se ahorrará dinero, especialmente, en el campo fiscal.

2- Mucho cuidado con la calidad del servicio.

Aunque parezca sorprendente, algunas firmas de contabilidad solo están operativas al 100% durante la temporada de impuestos. Luego, dejan la empresa en manos de unos pocos becarios, que son incapaces de solucionar cualquier problema. Tenga cuidado también si su gestor tiene la costumbre de subcontratar los servicios, ya que siempre es mejor conocer de primera mano quién le hace el trabajo. Y, finalmente, recele del asesor que está constantemente pidiendo papeles y listados de la empresa. Los buenos gestores tienen la habilidad de facilitar el trabajo al empresario, pidiendo solo lo estrictamente necesario.

3- Elija su tipo de gestor

Existen dos tipos de gestor: el conservador y el agresivo. Al empresario le toca decidir quién será el encargado de rendir cuentas con Hacienda. Un contable conservador le evitará cualquier tipo de problemas, incluyendo auditorías, pero le saldrá más caro. Por contra, un perfil agresivo puede ser beneficioso para la empresa, pero quizá le acarree males mayores en el futuro. Usted elije.

4- Cuánto cobra el gestor

Algunos asesores cobran por horas, mientras que otros ofrecen facturas planas. Si usted quiere tener más controlada su contabilidad, preferirá mejor esta segunda opción. Pero si solo necesita una gestoría en la temporada de impuestos y nóminas debería conformarse con pagar por horas.

5- Seleccionar a alguien capaz de trabajar con varias empresas a su nombre

Muchos emprendedores tienen varios negocios diferente, o uno similar, aunque los números están divididos en más de una empresa. Ante esta tesitura es necesario encontrar un asesor que sepa cómo pasar dinero de una de sus empresas a la otra. Un trabajo que no todos saben hacer, y que suele ofrecer importantes beneficios fiscales.

Además de estos factores, a la hora de encontrar al asesor ideal es necesario tener en cuenta otros principios que, aunque lógicos, se olvidan en muchos casos. Para empezar, el asesor está al servicio del cliente y no al contrario. También debe involucrarse con la empresa que lo contrata y asesorar en todo lo que sea necesario. Por último, si lleva la contabilidad de la empresa, sus números deben reflejar la imagen fiel de la compañía. Solo cumpliendo todos estos pasos, las pymes conseguirán el gran objetivo que se busca a la hora de contratar un gestor: olvidarse de los farragosos números para centrarse en encontrar el camino para que el negocio siga creciendo.

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Todo lo que debe saber para cumplir sin problemas con la limitación del pago en efectivo de 2.500 euros

Desde ayer, 19 de noviembre de 2012, está limitado el pago en efectivo a 2.500 euros entre empresas y profesionales. El objetivo de la nueva ley antifraude es controlar y reducir la circulación de dinero y hacer aflorar la economía sumergida que hay en el país.
En un primer momento, la redacción de la ley parece muy clara, pero según los asesores fiscales la práctica puede no serlo tanto y generar problemas con Hacienda. Desde el Registro de Asesores Fiscales (Reaf) alertan de que hay negocios (como pueden ser anticuarios, arte, joyas, determinadas maquinarias, etc.) donde la medida puede generar “algún problema” en las prácticas habituales de compra venta que se hacían hasta ahora. Y es que la limitación está acompañada de un novedoso incentivo de Hacienda por el que se premia a los ‘chivatos’ que se salten la prohibición.

Por eso, conviene no fiarse de nadie y tener muy en cuenta las cuestiones básicas de esta medida:

– Lo primero que conviene saber es que la prohibición sólo tiene efecto cuando la transacción se realiza entre una empresa y un particular. Además, que el límite de los 2.500 euros se amplía hasta los 15.000 euros si el pagador es un no residente en España (esta excepción está pensada para no perjudicar el gasto que los turistas puedan hacer cuando visitan el país). Los pagos en efectivo en las operaciones entre dos particulares o que se realicen a través de entidades financieras siguen siendo totalmente lícitos. De esta forma, los ingresos en efectivo en cuentas bancarias sí podrán superar los 2.500 euros.

– La limitación funciona en ambas direcciones. Es decir, ninguna persona física puede comprar un bien o servicio y pagar por él más de 2.500 euros en efectivo, pero tampoco una empresa puede pagar una cantidad superior por la contraprestación de un servicio. Esto es especialmente relevante para aquellas profesiones en las que el pago en ‘sobre’ es operativo.

– Las cantidades límite se refieren a la cuantía integra de un bien o servicio, no a los importes por separado que se hayan podido hacer. Es decir, que en ningún caso fraccionar el pago en distintas entregas monetarias puede ser una excusa para ampliar la cuantía que se puede abonar en efectivo.

– El efectivo es algo más que los billetes y monedas. También se considera efectivo a efectos de este límite legal: lo cheques bancarios al portador, los pagos telemáticos o cualquier otro medio que no permita identificar con facilidad alguna de las partes de la transacción.

– Si la cuantía de la compraventa supera los 2.500 euros los intervinientes en la misma están obligados a conservar los justificantes de la misma durante cinco años, a no ser que se haya realizado a través de una entidad de crédito.
– Las infracciones a esta norma se calificarán como “graves”, y sólo prescribirán transcurridos cinco años.

– En caso de haber incumplimiento de esta ley responden de forma solidaria, tanto la persona que recibe el pago como la que lo entrega. Y la sanción será del 25% del importe pagado en efectivo. Lo más peligroso es que si Hacienda investiga por este incumplimiento a dos contribuyentes, haber pagado esa primera sanción no evitará sanciones posteriores, en caso de que el Fisco detecte otras posibles irregularidades como facturas falsas, impagos de impuestos anteriores, etc.

La gran novedad en esta nueva legislación es que Hacienda ha decidido incentivar la figura de lo que podría llamarse el ‘chivatazo’. Que consiste en eximir de responsabilidad a la persona que haya intervenido en la operación fraudulenta si denuncia en Agencia Tributaría el incumplimiento de la limitación en el pago durante los tres meses posteriores a que este se haya producido. Además, ha colocado un link en su página principal de Internet para facilitar la tarea a los que tengan remordimientos.

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Claves para exportar con éxito a Estados Unidos (I)

El sueño americano vuelve a estar de moda, pero en versión empresarial. EEUU se ha convertido en uno de los lugares con los que los empresarios españoles sueñan para asegurarse su futuro. En 2011 se ha posicionado como el sexto destino para las exportaciones españolas, y las ventas de productos españoles al país de las barras y estrellas ascendieron hasta los 7.889 millones de euros, un 20% por encima de las del año anterior.

La tendencia sigue en alza en 2012, y cada vez son más los empresarios que quieren probar suerte en un mercado que ofrece nada menos que 310 millones de consumidores, un PIB de 14.3 millones de euros y donde, además, los productos españoles están de moda. Pero, cuidado no todo es fácil. “EEUU es un lugar ideal para invertir, pero el que pretenda ir de Quijote por ese mundo más vale que se quede en casa”, advierte Francisco Flores, portavoz de la Cámara de Comercio de EEUU en España.

Pasos básicos antes de exportar si el país objetivo es EEUU:

1.- Definir si realmente se está en condiciones o no de exportar a EEUU. El mercado potencial es enorme y muchas empresas fallan precisamente porque una vez allí son incapaces de satisfacer la demanda de los consumidores. “En gran medida es fruto de la cultura del pelotazo que impera en España. Exportar no es la alternativa para colocar los excedentes. Si se quiere triunfar en aquel mercado hay que mantener una producción constante”, advierte Flores.  No hacerlo así, según este experto, significa cerrarse definitivamente las puertas del país. “Hay que comprometerse con el mercado. Algo que no está sucediendo en la mayoría de los casos actuales”, denuncia.

2.- EEUU es un conjunto de estados. La frase puede parecer de “Perogrullo”, pero muchas veces no se tiene en cuenta que EEUU es un país formado por 50 estados diferentes que en la mayoría de los casos tiene legislación y requisitos diferentes también para quienes estén interesados en colocar sus productos allí. No todos son iguales. “La mayoría de los españoles acceden al mercado por Florida”, explica Flores. Es una de las mejores formas de salvar la barrera idiomática. En realidad el 75% de las empresas exportadoras de origen español con presencia en EEUU están en Miami. Florida es una puerta de entrada, pero no la única.  Actualmente tanto este estado como Pennsylvania tienen oficinas para fomentar la inversión en España.

3.- Una vez analizado el mercado y comprobado que la empresa tiene la capacidad suficiente para afrontarlo toca salvar adecuadamente los asuntos burocráticos. No es lo mismo exportar vino, que muebles, que productos vegetales. Cada producto tiene su procedimiento y en algunos casos complicados requisitos formales y de autorizaciones no siempre fáciles de superar. Por ello, antes de iniciar cualquier otro trámite conviene aclarar todos estos términos y valorar si merece la pena el esfuerzo. Encontrará gran parte de la información necesaria en la web oficial del Gobierno estadounidense. Podrá obtener toda la información en  la web Selectusa.gov.

4.-Visados. Este es uno de los ejemplos más claros de que el exceso de oferta puede complicar y mucho una situación. Olvídese de iniciar los primeros contactos con una visa de turista. Cualquier problema podría suponer la prohibición de volver a entrar en el país. En la embajada americana en España le informarán de cuál es el documento más adecuado en función de la labor que vaya a desarrollar. Según los expertos, en un primer momento podría ser suficiente un Visa de intercambio comercial E1, pero a la larga siempre hay que tener presente que para trabajar con normalidad en el país se necesitará una visa de negocios.

5.- Impuestos. Otro tema muy importante a la hora de hacer números para ver si interesa o no la aventura americana es el de los impuestos. En principio, funciona entre ambos países un tratado de doble imposición cuyos detalles se pueden consultar el BOE del 22 diciembre de 1990. En términos generales, y si nadie lo remedia, le tocará pagar impuestos en los dos países.

6.- Sólo un asesor especializado le puede ayudar a esquivar este otros problemas del proceso exportador. Elegir asesoramiento especializado es algo que recomiendan todos los expertos consultados. Incluso los grandes despachos y las consultoras ya tienen departamentos específicos para pymes. A través de ellos le resultará más fácil cumplir el siguiente requisito imprescindible: ir de  la mano de un socio local y fundar una filial en suelo americano. Sólo así podrá hablar de tú a tú a los empresarios con los que pretenda hacer negocios y ganarse su confianza.  “Pero con la confianza no vale”, advierten desde el despacho  especializado en negocios con EEUU Haywood WISE. Ellos recomiendan hacer un estudio pormenorizado (Due diligence) de los socios americanos que permita comprobar los aspectos financieros, jurídicos y contables.

Con todo esto controlado, toca cruzar el charco. Lo que hay que hacer una vez allí lo explicaremos próximamente.