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Sí te puedes aplazar hasta 30.000 euros de IVA

La controversia en torno a la posibilidad de que los trabajadores autónomos puedan solicitar aplazamientos en el pago de impuestos como el IVA llega a su fin. Al menos, a un fin temporal, por compromiso explícito del Gobierno y la publicación de una Orden a través de la Agencia Tributaria (AEAT) que faculta a este colectivo a beneficiarse aún de esta ventaja fiscal. La Orden permite aplazamientos y viene a corregir las prohibiciones levantadas por el Decreto Tributario que el Congreso aprobó el pasado 2 de diciembre, y que entre otras iniciativas, limitaba al máximo la posibilidad de solicitar aplazamientos.

 

El pasado viernes, la AEAT publicaba en su página web que las solicitudes de aplazamiento se tramitarán “en función de su importe”, y de ellas también se podrán beneficiar, no solo los trabajadores autónomos sino también las pymes, según fuentes del Ministerio de Hacienda. Ahora bien, el Gobierno establece dos procedimientos diferenciados:

 

  • Los autónomos y pymes que soliciten aplazamientos o fraccionamientos de cantidades inferiores a los 30.000 euros de IVA no tendrán que aportar ni aval ni garantía, por lo que, y he aquí la gran novedad, el fisco no pedirá explicaciones sobre si el IVA a aplazar ha sido cobrado por el contribuyente o no lo ha sido. En numerosas ocasiones el colectivo de autónomos ha puesto el grito en el cielo cuando Hacienda le reclamaba el pago del impuesto sin que a él su cliente se lo hubiera abonado. Los retrasos en el pago, además, conllevaban sanciones. En este sentido, quien demande el aplazamiento o el fraccionamiento contará con la posibilidad de pagar en 12 meses, si bien la Agencia Tributaria precisa que si el plazo de abono demandado es inferior, también será concedido.
  • Por contra, los autónomos y pymes que soliciten aplazamientos de cantidades superiores a los 30.000 euros de IVA, sí tendrán que presentar obligatoriamente aval y/o garantía para poder beneficiarse de esa medida tributaria. En este caso, el plazo máximo de abono del impuesto llega a los 18 meses, y el autónomo tendrá que demostrar que la cantidad solicitada no ha sido cobrada.

 

La corrección de la situación a instancias del Ministerio de Hacienda ha motivado el aplauso unánime de los colectivos de autónomos más representativos, la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos UPTA. ATA, de hecho, ya había hecho saber en diciembre que el Gobierno trabajaba en una solución en este sentido. Sin embargo, desde UPTA, se critica la “inseguridad jurídica” en la que está incurriendo el Ejecutivo de Mariano Rajoy con tanto cambio en este ámbito, y emplaza a los partidos políticos a acordar un marco estable para este tipo de aplazamientos.

 

Demasiados cambios

Lo cierto es que el Gobierno, en el último año y medio, ha modificado en varias ocasiones el régimen con el que los autónomos y las pymes podrían solicitar los citados aplazamientos a la Agencia Tributaria. Y todo por las necesidades del déficit público, que toca el 4,6% en un momento en el que las deudas con Hacienda superan nada menos que los 49.000 millones de euros. En octubre de 2015, dos meses antes de las elecciones, el Ejecutivo elevó el límite legal para solicitar postergar los pagos desde los 18.000 a los 30.000 euros, una mejora sustancial.

Pero por los problemas con Bruselas; la necesidad de encarrilar las cuentas públicas; y la obligación de demostrar a las instituciones europeas que este año, 2017, implicará una reducción del desvío presupuestario del 4,6 al 3,1%, Moncloa lanzó el famoso Decreto Tributario que limitaba al máximo los aplazamientos para ahorrar 1.500 millones, amén de endurecer el Impuesto de Sociedades para las 9.000 compañías que en España facturan más de 10 millones de euros; subir los tributos de Alcohol y Tabaco; e informar de que se recaudarán 500 millones de euros extraordinarios a través de nueva fiscalidad medioambiental.

La aprobación del Decreto Tributario a menos de dos meses de que autónomos y pymes tuvieran que liquidar el IVA del ejercicio anterior (cabe recordar en este punto que tienen como límite el 30 de enero de este año para hacerlo) había creado una gran inseguridad jurídica. Por eso, la reacción de Hacienda se ha producido a tiempo para que los contribuyentes tengan cierto margen y eviten “tensiones de liquidez por valor de 3.500 millones de euros”, según los cálculos proporcionados recientemente por UPTA.

De cualquiera de las maneras, y según datos facilitados por la Agencia Tributaria, la mejora económica está provocando que caigan considerablemente las peticiones de aplazamiento. En concreto, en el año 2015 un total de 1,6 millones autónomos y pymes lo solicitaron, cifra que contrasta con la de más de 2 millones del año 2013, quizá en lo más duro de la crisis económica. Además, también en 2015, las cantidad total a aplazar se situó en poco más de 10.000 millones de euros, nada más y nada menos que un 40% inferior a los más de 17.000 millones que en 2013 solicitaron devolver más tarde los contribuyentes.

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¿Podré seguir aplazando el pago del IVA?

Hace unas semanas se anunciaba un severo endurecimiento de las condiciones por las cuales los particulares, pero sobre todo los autónomos y las pymes, pueden acceder al aplazamiento de determinados tributos. Parece claro que, tal y como refleja el Real Decreto de 3 de diciembre, posponer el pago de IRPF, IVA o Sociedades será mucho más complejo desde ahora, pues las medidas antifraude se refieren a todo tipo de impuestos repercutidos (es decir, ya facturados o cobrados al cliente).

 

Por intentar resumir de forma adecuada el contenido del BOE, muy técnico y complejo incluso para los propios empresarios, estos son los supuestos que Hacienda ha incluido para denegar aplazamientos:

a) Aquellas deudas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.

b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta.

c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa.

d) Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en un recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto de suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones.

e) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas. Así, el IVA no cobrado por determinados servicios podrá seguir siendo aplazado.

f) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.

 

Ahora bien… ¿qué pasa exactamente con el IVA? Patronales empresariales y colectivos de autónomos enseguida se alarmaron cuando se habló de que el único IVA aplazable iba a ser el no cobrado. Este fue un problema gravísimo durante la crisis, cuando miles de negocios debieron echar el cierre al no cobrar a tiempo por los servicios prestados y, además, tener que pagar sus impuestos por esos servicios. La vuelta a esa situación preocupaba y mucho, y el escándalo parece haber echado para atrás la medida.

 

Una situación aún confusa

 

Pese a que el Real Decreto de endurecimiento de los aplazamientos ya ha entrado en vigor, pues fue publicado en el BOE justo al día siguiente de aprobarse en Consejo de Ministros, los autónomos aún pueden seguir solicitando aplazamientos de IVA tal cual lo podían hacer en este ejercicio, es decir, hasta 30.000 euros y con un límite de 18 meses. ¿Por qué? La secretaría de Estado de Hacienda confirmó la pasada semana que el nuevo régimen de aplazamientos del IVA se recogería posteriormente en una Orden Ministerial, y no el Real Decreto tributario de impuestos como estaba previsto. Así, y para no generar un caos al usuario, Hacienda decidía que el antiguo régimen prosiguiese vigente hasta que la normativa hable de nuevo.

 

Aún no hay fecha para la publicación de esa Orden Ministerial. Lo que parece claro es que Hacienda respetará el límite de 30.000 euros para seguir aplazándose el IVA, pero endurecerá los criterios en dos aspectos: uno, el límite temporal, que se situaba hasta ahora en 18 meses y pasará ahora a ser de 12; y dos, en el tipo de persona física o jurídica que podrá acogerse a ese “beneficio”.

 

Todo apunta a que se restringirá bastante el uso y disfrute de los aplazamientos, en un año marcado por el necesario cumplimiento del déficit público. España debe pasar de un desvío del 4,6% a otro del 3,1%, y Hacienda sabe que en esta ocasión apenas puede dejar resquicios en la normativa. Ya dijo el ministro que hoy por hoy “no nos podemos permitir que a la Agencia Tributaria se le deban aún más de 50.000 millones de euros”. El endurecimiento en los aplazamientos es una de las medidas por las cuales se va a intentar elevar los ingresos en 7.500 millones de euros.

 

Para intentar paliar este “golpe”, se facilitarán otro tipo de medidas favorables al emprendedor o al empresario ya establecido, como doblar la vigencia de la tarifa plana de 50 euros desde los seis meses actuales hasta los doce; graduar las multas por la demora a la hora de pagar impuestos; o doblar, de las dos a las cuatro semanas, el permiso de paternidad.

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Navidades agridulces para los autónomos

Hace poco explicábamos que los autónomos tenían motivos para sentirse esperanzados. Un Proyecto de Ley aún en curso en el Congreso, y que será previsiblemente aprobado en próximas fechas, doblará el periodo de vigencia de la tarifa plana de 50 euros para emprendedores, de los 6 a los 12 meses; y gradualizará las multas por el retraso en el abono de impuestos, imponiendo cuantías de sanción del 3 al 20% en función del tiempo de demora (antes eran del 20% en todo caso).

 

Noticias buenas que continuaban con la aprobación de una subcomisión parlamentaria que estudie a fondo la reforma del RETA, el régimen por el que se rigen 3,2 millones de autoempleados en nuestro país, y que previsiblemente discutirá asuntos como el de la posibilidad de que aquellos autonómos que ingresen cantidades inferiores a las del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), queden exentos de cotización. Una medida que, de producirse, salvará cientos de miles de puestos de trabajo, a ojos de las organizaciones más representativas de este colectivo, ATA y UPTA.

 

Pues bien: hasta ahí las buenas noticias, porque la última batería de anuncios puede atragantar las uvas a más de un trabajador por cuenta propia. Especialmente si ese trabajador es empleador, he aquí una relación de medidas que debe tener en cuenta si quiere pasar un 2017 sin sobresaltos:

 

  • La subida del SMI pactada, del 8%, incidirá de forma decisiva en la base mínima de cotización e incrementará los costes de los autónomos societarios. Fuentes de la Asociación ATA de Trabajadores Autónomos cifran en 300 euros anuales el impacto de esa medida, y se quejan de la cercanía en el tiempo de la última subida de las mismas características: fue en el año 2014.

 

  • Esa subida del SMI, equivalente en un solo año a la de los últimos 8, encarecerá los costes laborales del autónomo empleador. Si es tu caso, posiblemente tengas que abonar 1.000 euros más por empleo que sostengas, en base al hecho de que a cada uno de tus trabajadores se le va a incrementar un 8% la base mínima de cotización.

 

  • El destope de un 3% en las cotizaciones máximas elevará también, aunque en menor medida, la presión fiscal para el colectivo, si bien esta medida ha venido acompañada del anuncio de un incremento similar en la cuantía de las pensiones.

 

  • Los cambios anunciados en el pago del IVA son, posiblemente, los que más quebraderos de cabeza van a provocar. En virtud de la futura normativa, los autónomos únicamente podrán aplazar el abono del IVA que no han cobrado, cuando hasta este año, y según la legislación, contaban con numerosas posibilidades para solicitar al fisco algo más de tiempo. La mayor presión, por otro lado, tiene que ver con la necesidad de enjugar el déficit público, que debe bajar del 4,6% al 3,1% este mismo año.

 

A la espera del Congreso

 

Todos estos últimos anuncios han levantado una enorme polvareda en el colectivo y también en el arco parlamentario, donde algunas fuerzas políticas han hecho saber que intentarán utilizar la Ley de Autónomos ahora en trámite para “corregir algunos de los desperfectos” que las últimas medidas anunciadas han causado. Habrá que esperar aun así hasta el mes de enero para saber qué pasa, tanto con esa Ley, que supondrá un alivio al incluir también mejoras en el ámbito de la conciliación, como con el Decreto, que incluirá las noticias menos positivas para un colectivo que solo este año ha contribuido a la creación de 82.000 nuevos empleos.

 

Pese a todo, y por efecto de una recuperación económica que poco a poco va penetrando en todas las capas sociales, los trabajadores por cuenta propia esperan una buena Navidad. Con el consumo al alza y el PIB creciendo por encima del 3%, el colectivo asegura que generará, solo en la época festiva, cerca de 62.000 puestos de trabajo, una cifra muy relevante en la que, precisamente por el crecimiento, el número de nuevos trabajadores por cuenta propia tiende a ralentizarse mientras gana fuelle el empleo por cuenta ajena.

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Lo que debes saber si vas a facturar puntualmente como autónomo

Con una tasa de desempleo que aún se acerca al 19%, el autoempleo se ha convertido en una opción explorada cada día por más personas. Ya hay nada más y nada menos que 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia en nuestro país, una mayor parte de ellos sin asalariados y con pocos ingresos. De hecho, es muy habitual que si te encuentras en esta situación te sientas algo desesperado/a: facturas puntualmente, ingresas cantidades por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hoy en 9.172 euros anuales, y el pago de las cuotas se te hace muy cuesta arriba. ¿Qué hacer en este caso?

Lo primero que te vamos a recomendar es que no eludas el fisco. No es plato de buen gusto facturar 500 euros y tener que abonar 268 euros al mes a la Seguridad Social, bien es cierto, pero menos gustoso será si Hacienda decide ordenar una investigación sobre tu persona y te impone una multa de mucho mayor cuantía. Opciones vas a tener. No son maravillosas pero posiblemente te ayuden.

Lo primero que debes hacer es ponerte en contacto con un asesor: los hay a miles, y por poco dinero te podrán recetar soluciones adaptadas a tu situación. Es posible, de hecho, que te recomienden darte de alta en el IAE, el Impuesto de Actividades Económicas de la Agencia Tributaria que te puede llegar a evitar pagar cuotas a la Seguridad Social durante los dos primeros años de actividad. Todo dependerá de la habitualidad con la que vayas a facturar y de las cuantías que piensas recibir, porque el Estado, obviamente, no regala, y menos en tiempo de apreturas económicas y reducción del déficit. Con este sistema tributarás y pagarás el IVA y el IRPF, por supuesto, pero puedes ahorrar bastante dinero en la declaración impositiva. De todas formas, insistimos: asesórate primero porque en este terreno nos movemos más bien en la alegalidad, tal y como reconocen asociaciones de autónomos como ATA, y falta mucha regulación al respecto.

Otra opción que tienes es la de las famosas cooperativas de facturación. Ten mucho cuidado con lo que lees en internet, pues nadie da gato por liebre. Posiblemente veas a numerosas empresas que anuncian el pago de cuotas por ti, pero o bien te contratarán por días y tributarás a través del régimen general o bien tributarás como autónomo pero les pagarás importantes gastos. Al final es posible que esta opción no sea tan atractiva como pensaste en un principio, aunque como sucedía en el punto anterior, ¡pásate primero por una asesoría, pues tu caso es único e irrepetible, y también podría servirte!

Otra opción que desde aquí te vamos a recomendar es la de las cooperativas de autónomos ligadas a una actividad concreta. Las hay de transporte, del taxi… de numerosos gremios. Prueba a buscar si existen del tuyo, es muy posible que sí las haya y terminen dándote una alegría. Si formas parte de una de ellas vas a pagar igualmente tus cuotas y tus impuestos con sus declaraciones trimestrales correspondientes. Pero te vas a beneficiar de un sistema impositivo propio, con deducciones y bonificaciones específicas, que abaratarán sin duda alguna tu factura.

Por último, te vamos a pedir un poco de fe. El Gobierno ya ha anunciado que, para hacer la vida más fácil al autónomo, está dispuesto a estudiar la prórroga de la famosa tarifa plana, por la que solo tienes que pagar una cuota de 50 euros al mes durante el primer semestre. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? Posiblemente en un primer momento al año, tal y como reza la proposición de Ley que Ciudadanos presentó en el Congreso hace solo unas semanas. ¿Insuficiente? Tal vez, pero en cualquier caso su prolongación será una buena noticia para tu bolsillo.

Y hay más: es más que probable que la Cámara Baja termine estudiando en un futuro no muy lejano una reforma del RETA que adecúe mucho mejor la legislación existente a quien factura poco. Hay varios partidos que incluso son favorables a dejar de exigir cuotas a trabajadores por cuenta ajena con ingresos inferiores al SMI. Esa noticia, tal y como defienden patronales como ATA y UPTA, sería la mejor. Mientras tanto, no dejaremos de repetírtelo: opciones tienes pero tu caso es único y particular. ¡Acude a un asesor!

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El cooperativismo, otra forma de emprender a tener en cuenta

Una cooperativa se define como una empresa formada por personas físicas o jurídicas que se unen de forma voluntaria para satisfacer las necesidades y las aspiraciones económicas, sociales y culturales en común. Mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. El cooperativismo fomenta el autoempleo, goza de importantes ventajas fiscales y permite capitalizar el subsidio de desempleo. Es una forma jurídica en la que prima la unión para lograr el éxito: una persona, un voto, una decisión, valiendo lo mismo el voto del director general que el de un empleado.

Autoempleo

Se trata de una modalidad a la que, en ocasiones, se acogen trabajadores de empresas que, por un motivo u otro, se han visto obligadas a cerrar sus puertas o a acometer ajustes de personal. Una de sus principales ventajas es que se puede constituir mediante la capitalización del paro. Es decir, que si decides constituir una nueva, o sumarte a una ya creada, podrás pedir el llamado pago único o, dicho de otra forma, el 100% del dinero que te correspondería cobrar por estar desempleado. ¿Cuál es la cantidad mínima a aportar? Depende de cada comunidad autónoma. ¿Y el número mínimo de personas? También varía según cada comunidad autónoma. Por término medio, la cantidad suele rondar los 1.800 euros, y el número de personas oscila entre tres y cinco.

Entre las condiciones generales que han de cumplir están la puesta en funcionamiento de diferentes estatutos, así como la adjudicación del sueldo de cada miembro que estará en base a la labor que desempeñen a título individual. Celebrada una asamblea constitutiva, el acta final debe contener una serie de parámetros: la declaración de la voluntad constitutiva; la designación de los representantes para la tramitación (se trata de personas con facultades para realizar los actos necesarios durante la constitución de la cooperativa hasta el momento de la inscripción en el Registro de Cooperativas); la aprobación de los estatutos sociales; el nombramiento el primer consejo rector; y el nombramiento de interventores de cuentas. Una vez adoptados dichos acuerdos, hay que redactar y aprobar el acta de la Asamblea de Constitución, indicando el lugar y la fecha.

Otros trámites

El resto de los trámites para constituir una cooperativa son muy parecidos a los de cualquier otro tipo de empresa. Eso sí, hay que solicitar un Certificado de Denominación no Coincidente. Un trámite que se lleva a cabo en el Registro de Cooperativas y consiste en la solicitud de registrar el nombre. En el plazo de una semana se recibe una respuesta, afirmativa o negativa. Después hay que ir a una entidad bancaria, y abrir una cuenta a nombre de la cooperativa, y a una notaría, donde los socios tendrán que elevar a público los acuerdos de constitución de la misma.

El punto fuerte para optar a este tipo de sociedad son las ventajas fiscales. Una cooperativa está exenta en el Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados. No hay que pagarlo, pero sí sellar el documento en la delegación de Hacienda. Otros beneficios tributarios es que no pagan determinados impuestos, como el de actividades económicas, del que están exentos en un 95%. También tributan en el Impuesto de Sociedades al 20%, mientras que la gran mayoría de las PYMES lo hacen al 25%. ¿Y cuáles son las claves para que una cooperativa triunfe? La autoayuda, el autorrespeto, la democracia interna, así como la igualdad y la solidaridad. Por último, las hay de diferentes tipos: agrarias; marítimas, fluviales y lacustres; de seguros; de consumidores y usuarios; de crédito; de enseñanza; de viviendas; sanitarias; de servicios; de trabajo asociado; y mixtas.

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¿Por qué es importante una correcta planificación fiscal?

Ya sea como ciudadanos, o como empresarios, seguro que en más de una ocasión hemos pensado lo siguiente: ¿Es que no es posible, actuando de la más estricta legalidad, pagar menos a Hacienda? ¿No estaré pagando más impuestos de los que debiera? ¿Estaré aprovechando al máximo las ventajas, incentivos y beneficios que me ofrece la legislación? ¿Por qué siempre me resulta tan inoportuno pagar los impuestos? Cuestiones que, quizás, no nos agobiarían tanto si hubiésemos realizado con la suficiente antelación una adecuada planificación fiscal.

¿Qué es?

Si tratamos de definir lo que es la planificación fiscal, podríamos decir que ésta trata de prever qué consecuencias, desde un punto de vista fiscal, van a tener los comportamientos y decisiones que como sujetos económicos adoptemos a lo largo del ejercicio económico-fiscal a fin de poder anticipar la cifra de impuestos a pagar. Serán, por tanto, nuestras acciones y omisiones, lo que hayamos hecho o dejado de hacer en un determinado periodo de tiempo, lo que determinará el impuesto a ingresar. Es evidente que en los impuestos indirectos como, por ejemplo, el IVA, el margen que la legislación deja para la planificación es más reducido que en la imposición directa (entre otros, el IRPF o el Impuesto de Sociedades). En muchos casos, se limita a prever los pagos y los costes que inevitablemente conlleva la realización de los hechos imponibles.

Pero los impuestos directos contemplan determinadas situaciones subjetivas del sujeto pasivo a través de deducciones e incentivos. Son beneficios fiscales que necesariamente deben entrar en la ponderación de las alternativas que se presentan en el momento de la toma de decisiones. Son una variable más que no se debe olvidar, ya que el hecho de ponderarla puede ser el determinante que nos permita disfrutar de algún margen de maniobra.

Al igual que optimizas tus costes, debes optimizar tus costes fiscales.

No se trata de una cuestión baladí. Basta con echar cuentas y pensar en la cantidad de dinero que representan sobre los ingresos de las empresas los gastos por los diferentes conceptos fiscales. Por ello, de la misma manera que tratamos de, en la medida de lo posible, ahorrar en todos y cada uno de los factores que intervienen en nuestro proceso productivo, debemos considerar que los costes fiscales no deben escapar a nuestro control y que algo se puede hacer respecto a ello.

Una buena planificación evita problemas de tesorería

En ocasiones, los impuestos nos sorprenden: el IVA, los seguros sociales, el IRPF, el Impuesto de Sociedades… Todos ellos integran una batería de artillería pesada que aun disparando ordenadamente, porque tenemos la obligación de saber cuándo lo hace, la mayoría de las veces nos coge a descubierto y causa importantes destrozos a nuestras tesorerías. Entonces debemos recurrir, bien a financiación externa, o quizá debiendo aplazar alguna decisión de inversión para ‘apagar el fuego’ del recibo de Hacienda. Además, no debemos olvidar los costes que acarrea, tanto financieros, explícitos, como de oportunidad, no colocando nuestro dinero en el lugar y momento adecuado o, cuando menos, presupuestado.

Una planificación fiscal adecuada evitaría o, cuando menos, suavizaría estas situaciones. Y todo esto en una empresa en funcionamientos. Pero ahora imaginemos que todavía se trata de un proyecto que no ha visto la luz. Quizá para el empresario sea una cuestión intrascendente. A fin de cuentas, él va a trabajar en su proyecto, que es lo que le apetece y le importa. Lo demás son cuestiones muy farragosas que, cuanto menos tiempo se piensen, mejor. Craso error. Se pueden incurrir en errores de extrema gravedad si no se ponderan las consecuencias de una incorrecta elección del vestido jurídico-fiscal que lucirá nuestra idea o proyecto. Si no se hace una valoración adecuada a las diferentes alternativas se puede perder dinero, la empresa, y yendo un poco más lejos, hasta la camisa. Y luego no valen lamentaciones.

Estos incumplimientos de la ley pueden obedecer a diferentes causas. No todas son voluntarias, “no quiero pagar”, muchas tienen su origen en una imposibilidad para atender las obligaciones: “queríamos pagar para no había dinero” o son causadas por la desinformación: “no sabía que hubiera que hacer esto”. Todos estos casos han de ser estimados y contemplados en una análisis serio, pues las repercusiones pueden ser nefastas.

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Consejos para elegir un buen asesor fiscal

Las grandes empresas tienen sus propios departamentos de contabilidad e impuestos para tratar todo lo relacionado con las cuentas de la compañía. Estos departamentos son los responsables de que estas multinacionales paguen lo menos posible a Hacienda. Pero cuando hablamos de las pymes, lo habitual es que tengan estas gestiones externalizadas. De hecho, la búsqueda de una buena gestoría que se encargue de las nóminas y, también, de los impuestos suele ser una de las primeras acciones que todo emprendedor debe llevar a cabo.

Para ayudarle en esa ardua tarea, en la que no se suele estar demasiado ducho, hemos seleccionado una serie de consejos sencillos que hay que seguir para no equivocarse en la elección de la asesoría contable y fiscal. Y es que fallar en este campo puede implicar muchos quebraderos de cabeza, además de un importante agujero en las cuentas de la compañía.

1- Buscar un asesor que conozca su sector.

No es lo mismo un restaurante que una startup o que una inmobiliaria. Cada sector tiene sus peculiaridades y es diferente la gestión de las nóminas y las propinas de un restaurante, que los servicios subcontratados de una inmobiliaria. Por dicho motivo, usted necesita un asesor que conozca la industria y sus entresijos. De esa forma se ahorrará dinero, especialmente, en el campo fiscal.

2- Mucho cuidado con la calidad del servicio.

Aunque parezca sorprendente, algunas firmas de contabilidad solo están operativas al 100% durante la temporada de impuestos. Luego, dejan la empresa en manos de unos pocos becarios, que son incapaces de solucionar cualquier problema. Tenga cuidado también si su gestor tiene la costumbre de subcontratar los servicios, ya que siempre es mejor conocer de primera mano quién le hace el trabajo. Y, finalmente, recele del asesor que está constantemente pidiendo papeles y listados de la empresa. Los buenos gestores tienen la habilidad de facilitar el trabajo al empresario, pidiendo solo lo estrictamente necesario.

3- Elija su tipo de gestor

Existen dos tipos de gestor: el conservador y el agresivo. Al empresario le toca decidir quién será el encargado de rendir cuentas con Hacienda. Un contable conservador le evitará cualquier tipo de problemas, incluyendo auditorías, pero le saldrá más caro. Por contra, un perfil agresivo puede ser beneficioso para la empresa, pero quizá le acarree males mayores en el futuro. Usted elije.

4- Cuánto cobra el gestor

Algunos asesores cobran por horas, mientras que otros ofrecen facturas planas. Si usted quiere tener más controlada su contabilidad, preferirá mejor esta segunda opción. Pero si solo necesita una gestoría en la temporada de impuestos y nóminas debería conformarse con pagar por horas.

5- Seleccionar a alguien capaz de trabajar con varias empresas a su nombre

Muchos emprendedores tienen varios negocios diferente, o uno similar, aunque los números están divididos en más de una empresa. Ante esta tesitura es necesario encontrar un asesor que sepa cómo pasar dinero de una de sus empresas a la otra. Un trabajo que no todos saben hacer, y que suele ofrecer importantes beneficios fiscales.

Además de estos factores, a la hora de encontrar al asesor ideal es necesario tener en cuenta otros principios que, aunque lógicos, se olvidan en muchos casos. Para empezar, el asesor está al servicio del cliente y no al contrario. También debe involucrarse con la empresa que lo contrata y asesorar en todo lo que sea necesario. Por último, si lleva la contabilidad de la empresa, sus números deben reflejar la imagen fiel de la compañía. Solo cumpliendo todos estos pasos, las pymes conseguirán el gran objetivo que se busca a la hora de contratar un gestor: olvidarse de los farragosos números para centrarse en encontrar el camino para que el negocio siga creciendo.

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Todo lo que debe saber para cumplir sin problemas con la limitación del pago en efectivo de 2.500 euros

Desde ayer, 19 de noviembre de 2012, está limitado el pago en efectivo a 2.500 euros entre empresas y profesionales. El objetivo de la nueva ley antifraude es controlar y reducir la circulación de dinero y hacer aflorar la economía sumergida que hay en el país.
En un primer momento, la redacción de la ley parece muy clara, pero según los asesores fiscales la práctica puede no serlo tanto y generar problemas con Hacienda. Desde el Registro de Asesores Fiscales (Reaf) alertan de que hay negocios (como pueden ser anticuarios, arte, joyas, determinadas maquinarias, etc.) donde la medida puede generar “algún problema” en las prácticas habituales de compra venta que se hacían hasta ahora. Y es que la limitación está acompañada de un novedoso incentivo de Hacienda por el que se premia a los ‘chivatos’ que se salten la prohibición.

Por eso, conviene no fiarse de nadie y tener muy en cuenta las cuestiones básicas de esta medida:

– Lo primero que conviene saber es que la prohibición sólo tiene efecto cuando la transacción se realiza entre una empresa y un particular. Además, que el límite de los 2.500 euros se amplía hasta los 15.000 euros si el pagador es un no residente en España (esta excepción está pensada para no perjudicar el gasto que los turistas puedan hacer cuando visitan el país). Los pagos en efectivo en las operaciones entre dos particulares o que se realicen a través de entidades financieras siguen siendo totalmente lícitos. De esta forma, los ingresos en efectivo en cuentas bancarias sí podrán superar los 2.500 euros.

– La limitación funciona en ambas direcciones. Es decir, ninguna persona física puede comprar un bien o servicio y pagar por él más de 2.500 euros en efectivo, pero tampoco una empresa puede pagar una cantidad superior por la contraprestación de un servicio. Esto es especialmente relevante para aquellas profesiones en las que el pago en ‘sobre’ es operativo.

– Las cantidades límite se refieren a la cuantía integra de un bien o servicio, no a los importes por separado que se hayan podido hacer. Es decir, que en ningún caso fraccionar el pago en distintas entregas monetarias puede ser una excusa para ampliar la cuantía que se puede abonar en efectivo.

– El efectivo es algo más que los billetes y monedas. También se considera efectivo a efectos de este límite legal: lo cheques bancarios al portador, los pagos telemáticos o cualquier otro medio que no permita identificar con facilidad alguna de las partes de la transacción.

– Si la cuantía de la compraventa supera los 2.500 euros los intervinientes en la misma están obligados a conservar los justificantes de la misma durante cinco años, a no ser que se haya realizado a través de una entidad de crédito.
– Las infracciones a esta norma se calificarán como “graves”, y sólo prescribirán transcurridos cinco años.

– En caso de haber incumplimiento de esta ley responden de forma solidaria, tanto la persona que recibe el pago como la que lo entrega. Y la sanción será del 25% del importe pagado en efectivo. Lo más peligroso es que si Hacienda investiga por este incumplimiento a dos contribuyentes, haber pagado esa primera sanción no evitará sanciones posteriores, en caso de que el Fisco detecte otras posibles irregularidades como facturas falsas, impagos de impuestos anteriores, etc.

La gran novedad en esta nueva legislación es que Hacienda ha decidido incentivar la figura de lo que podría llamarse el ‘chivatazo’. Que consiste en eximir de responsabilidad a la persona que haya intervenido en la operación fraudulenta si denuncia en Agencia Tributaría el incumplimiento de la limitación en el pago durante los tres meses posteriores a que este se haya producido. Además, ha colocado un link en su página principal de Internet para facilitar la tarea a los que tengan remordimientos.

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Prepare su negocio para el próximo límite de Hacienda a los pagos en metálico

Los reyes magos han traído nuevas normas para los empresarios, profesionales y dueños de pequeños negocios españoles: la limitación del pago con dinero en efectivo. Dentro de unos días el BOE publicará la norma que se anunció el pasado día 5 de enero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Será entonces cuando los autónomos y las pymes sabrán los nuevos límites para cobrar en efectivo sus servicios o la venta de sus productos. La norma, según avanzó la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, se inspirará en las que ya existen en Francia o en Italia.

Habrá que esperar a su publicación en el BOE, señalan los expertos, para conocer los detalles y los pormenores de este nuevo reto al que se enfrentan los empresarios y profesionales en este recién estrenado 2012. Las medidas contra el fraude fiscal tienen que ser anunciadas con muy poco tiempo para que los defraudadores no tengan tiempo de reaccionar y guarden toda su efectividad.

A la espera de que se publiquen las novedades que establecerá el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, los asesores tributarios y los responsables de los departamentos fiscales se han puesto a estudiar el derecho comparado para ver por dónde pueden ir los tiros de la futura regulación que limitará los pagos en efectivo en nuestro país. Tanto Italia como Grecia acaban de aprobar normas que limitan los pagos en metálico, en ambos casos a un importe de 1.000 euros, pero es en Francia donde esta normativa está más desarrollada y lleva más tiempo implantada. Los asesores tributarios señalan que éste último debería ser el marco que inspire a la normativa española, ya que la implantación de este límite en Italia o en Grecia, por su generalidad, han traído serios problemas a los titulares de pequeños negocios y comercios.

Un límite al pago en efectivo, según cada circunstancia

En Francia no existe un límite único para los pagos en efectivo. Las características principales que establece la ley según el tipo de operación son:

Pagos entre particulares: la norma no afecta a las operaciones realizadas entre ciudadanos a título privado (venta de un coche de segunda mano, por ejemplo).

Pagos de un particular a un profesional o a una empresa: el límite está establecido en 3.000 euros (incluido el importe del IVA). Las sumas superiores a 3.000 euros deben abonarse mediante tarjeta de crédito, cheque bancario, carta de pago bancaria, transferencia bancaria giro bancario o postal.

Pagos entre profesionales o empresas: los abonos entre sociedades y profesionales en metálico se limita a 750 euros.

Pagos de salarios al personal de nómina: No se pueden pagar salarios en metálico por encima de los 1.500 euros.

Los abonos de metálico por prestación de servicios (asistentas del hogar, por ejemplo) están limitados a 450 euros.

¿Cuáles son las excepciones que debería permitir la ley?

Existen, sin embargo, excepciones a esta regla que permiten a los profesionales y pyme aceptar el pago en efectivo por encima de estas cantidades.

  • La primera es que sólo afecta a los contribuyentes franceses o nacionalizados en el país galo. Los extranjeros, de paso por Francia, pueden realizar compras con dinero en efectivo hasta un límite de 15.000 euros.
  • La Administración tampoco tiene límite para pagar con dinero contante y sonante a sus acreedores.
  • Si un profesional, por las circunstancias de la crisis, no puede obligarse a pagar con cheque a un proveedor (porque tiene descubiertos en su banco, por ejemplo), puede pagar sus deudas pendiente en efectivo, aunque superen este límite de 750 euros, siempre que justifique el origen de los billetes con que salda la deuda.
  • Lo mismo sucede con los particulares que acuden a un comercio o a un profesional con dinero en efectivo. En este caso, la ley francesa permite que la transacción se realice en una entidad bancaria (o notario, como ya sucede en España) siempre que se justifique el origen del dinero con que salda el pago de la operación.

    Con los ojos puestos en la declaración del IVA del primer trimestre

    Los comerciantes deberán advertir a la entrada de sus establecimientos cuáles son los medios de pago que aceptan y las condiciones que exigen: “Se permiten los pagos con cheque conformado para importes superiores a “X” euros, para cantidades inferiores se acepta el pago con tarjeta de crédito”, por ejemplo. Se impone pues echar cuentas para ver qué tipo de pago lleva la menor comisión para los comercios y pymes.

    Además, conviene estar preparados, la nueva norma que limitará el pago en efectivo afecta al cobro del IVA y a las devoluciones. Los expertos creen que, en aras de la efectividad de la medida, la nueva ley tampoco dispondrá de un periodo de adaptación amplio y es posible que deba cumplirse en la declaración del IVA correspondiente al primer trimestre de 2012, que deberá presentarse en las delegaciones de la Agencia Tributaria el próximo 20 de marzo.

Wil

Segmentar dividendos, clave en la fiscalidad de las pymes y empresas familiares

¿Hemos preparado la declaración IRPF de 2011? Estamos en la recta final, fiscalmente hablando. Faltan apenas dos semanas para que termine el año y los asesores fiscales están revisando las declaraciones de 2010 de sus clientes y comparándolas con las cuentas de 2011 para ver, si en estos últimos días del ejercicio, se puede aprovechar alguna ventaja fiscal. El principal escollo para las pymes y empresas familiares que todavía mantienen una cierta cifra de beneficios es la subida de los tramos de la tarifa del IRPF, que ha pasado del 43% al 47% del tipo marginal en muchas autonomías. Los expertos tienen claro que deben realizarse ajustes en las remuneraciones salariales de los empresarios que tienen una compañía de la que cobran un sueldo y, a la vez, perciben dividendos.

Como ya sabrá por su asesor fiscal, cuando el empresario cobra vía dividendos, estos ingresos se incluyen en la base imponible del ahorro. En el caso de los dividendos, los primeros 1.500 euros están exentos, los siguientes 6.000 euros tributan al 19% y el resto, al 21%. Los ingresos por rentas del trabajo y de actividades económicas, en cambio, se incluyen en la base general del IRPF y tributan por el tipo marginal del contribuyente. Encontrar el justo equilibrio fiscal entre el salario cobrado y los dividendos percibidos puede ser la llave para conseguir más liquidez dentro de unos meses, cuando se presente la declaración de la renta de 2011, en junio del año que viene.

No obstante, el pequeño empresario tampoco “tiene patente de corso” en este tema. Hacienda pone especial interés en analizar estas situaciones, advierten los asesores fiscales. Lo preceptivo es reflejar el salario a precios de mercado para no correr ningún riesgo de revisión. El hecho de que su pyme haya tenido dificultades en 2011, no es suficiente motivo para que se baje exageradamente el sueldo que usted mismo se ha asignado anteriormente. Los expertos tributarios señalan, no obstante que Hacienda no podrá poner objeción si, por ejemplo, se reduce la jornada laboral.

El equilibrio fiscal entre el salario y el dividendo

Esto permitirá reducir costes y cobrar más vía dividendos. Frente al 47% de marginal que se graba en el último tramo de tarifa (incluyendo la subida de algunas CC.AA.), la percepción de dividendos conlleva una tributación en la práctica del 41%. Si hacemos un cálculo sencillo, los beneficios que paga la empresa se gravan al 20% (estimación con deducciones) en el Impuesto de Sociedades y los dividendos vuelven a tributar luego por el 21% (no se tiene en cuenta la exención ni el primer tramo del 19%). Sin embargo, la fiscalidad es muy compleja y cada caso debe estudiarse por separado, por lo que es conveniente tener un asesor fiscal que esté al tanto no solo de las condiciones fiscales de la empresa, sino también de las personales.

Consultar con su asesor los consejos que pueda encontrar en este blog y en otras páginas, no sólo es recomendable sino que resulta necesario para no verse metido en una inspección fiscal.

Si en su pyme trabajan varios miembros de la familia, puede ser conveniente repartir las acciones o participaciones entre los futuros herederos. Este caso es particularmente interesante en aquellas autonomías en las que la donación entre familiares de primer grado (cónyuges y e hijos) está exenta. Si, por ejemplo, se reparte la titularidad del capital social de la empresa entre el cónyuge y dos hijos, los primeros 1.500 euros estarán exentos cuatro veces: 6.000 euros. También aprovechará el primer tramo cuatro veces y, en vez de tributar al 19% los siguientes 6.000 euros, lo harán los primeros 24.000 euros. El resto lo haría al 21%. Para unas rentas anuales vía dividendo de 60.000 euros, se podrían ahorrar unos 1.300 euros.

¿Se puede cobrar ahora el dividendo que repartirá nuestra pyme en 2012?

La fecha del pago del dividendo también es interesante gestionarla. El dividendo tributa en el ejercicio en que se cobra, no en el ejercicio en que se genera. Lo recomendado por los expertos tributarios es diferir y segmentar los dividendos. Por ejemplo, pagar una parte en los últimos días de año y otra en la siguiente quincena de enero. De esta forma, en el plazo de un mes, se percibe una cantidad en la que también se aprovecha dos veces de la exención de los primeros 1.500 euros y se duplican los 6.000 euros que tributan en el primer tramo del 19%.

Si piensa que la crisis va a seguir en 2012, como avanzan la mayoría de los economistas, puede ser interesante adelantar el dividendo a cuenta del próximo ejercicio. Pero sólo en el caso de que esté convencido de que el Estado tendrá que subir los impuestos para cumplir con los criterios de estabilidad presupuestaria que acaba de aprobar el Consejo de Europa. La mayoría de los expertos coincide en señalar que en 2012 habrá subida de impuestos y las rentas de capital (entre las que figuran los dividendos) serán de nuevo las que soporten las mayores subidas. Algunos expertos ven el tipo en el 23% o 25%. De ser así, cobrar en 2011 el dividendo a cuenta de 2012, supondría, para esos 60.000 euros un ahorro de 1.050 y de 2.100 euros, respectivamente.