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Principales beneficios para la pyme de la Ley de Contratos del Sector Público

El pasado 19 de Octubre, el Congreso aprobó la Ley de Contratos del Sector Público, que tiene como principal objetivo implantar el uso de la tramitación electrónica en todos los expedientes de licitación con los poderes públicos. Esta medida, destinada a incrementar los controles de morosidad y corrupción y a aumentar la transparencia, tendrá un impacto directo e inmediato en los contratos que se establecen con los distintos niveles de la Administración, y que mueven alrededor de 200.000 millones de euros cada año, alrededor del 20% del PIB.

Según la hoja de ruta marcada desde Bruselas, la nueva legislación hace obligatorio el uso de las comunicaciones electrónicas en las distintas fases de los procedimientos de contratación pública (por ejemplo, en la publicación en Internet de los anuncios de licitación). También prevé la entrada en vigor de la obligatoriedad de la compra centralizada en la Red, dejando para abril de este año la creación del Documento Único de Contratación.

Sujetos afectados por la Ley

El nuevo articulado afecta a todos los contratos de obras, servicios, suministros y contratos mixtos adjudicados por el Sector Público, lo que incluye a las Administraciones Públicas (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Administraciones Locales). Del mismo modo, se engloban en ella otras instituciones, como las fundaciones públicas participadas al menos en un 50% por sujetos pertenecientes al sector público, las Universidades Públicas o las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Quedan excluidos los contratos en materia de Defensa y Seguridad derivados del Tratado de Funcionamiento de la UE o los basados en la investigación y desarrollo de un nuevo producto.

Beneficios de la contratación electrónica

La implementación de estas mejoras en los procedimientos con la Administración conlleva dos grandes beneficios: el ahorro de costes y una mayor transparencia. El incremento del control en los procesos de licitación que aporta la tecnología permite tanto la centralización de la información como su mejor encriptación mediante protocolos de seguridad. También facilita la eliminación de cualquier barrera física o geográfica que antes podía significar alguna clase de hándicap, así como un progreso en la eficiencia y agilidad de trámites burocráticos.

Para las pymes, los beneficios son evidentes en ámbitos como la menor necesidad de acudir a oficinas públicas, el ahorro de papel, la posibilidad de satisfacer los requerimientos administrativos desde cualquier lugar, o poder verificar cada etapa de un procedimiento público de forma rápida. En definitiva, aumenta la garantía de veracidad y transparencia con la Administración, mientras se promueve la participación de la pequeña y mediana empresa en este tipo de procesos en igualdad de condiciones, fomentando el acceso gratuito a la información.

Principales novedades de la Ley

Aunque son muchas las novedades que incluye la nueva legislación, de cara a las pymes y autónomos conviene destacar algunas de ellas:

  • Los contratos que sean susceptibles de fraccionamiento se dividirán para facilitar la elección de las pymes y facilitar los procesos administrativos.
  • Las empresas con menos de cinco años de existencia no tendrán que acreditar trabajados realizados con la Administración Pública para optar a este tipo de contratos.
  • Desaparece el criterio de elección de mejor relación calidad-precio como factor decisivo, primando los servicios de eficiencia y calidad.
  • Todo contrato público deberá incorporar de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales si guardan relación con el objeto del contrato. Las pymes y las empresas de economía social tendrán una mayor facilidad de acceso a estos procedimientos con la Administración.
  • Aquella empresa que desee trabajar con la Administración no deberá pagar tarde a sus proveedores, por lo que tendrá la obligación de depositar cada factura en un registro electrónico.
  • Se crea la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión, dependiente del Ministerio de Economía, que se ocupará de garantizar la libre concurrencia y supervisará los contratos.
  • Se suprime la posibilidad de contratación sin publicidad, con el objetivo de favorecer la contratación con pymes y la prevalencia de la división en lotes.
  • Se limita la capacidad de la Administración para la adjudicación directa de contratos hasta 40.000 y 15.000 euros. En paralelo, se agilizan los procesos de adjudicación exprés para los contratos inferiores a 80.000 euros (en el caso de obras) y 35.000 euros para el resto de contratos.

Con estas y otras medidas, el regulador ha pretendido facilitar el acceso de las pymes a los procesos de contratación pública, fomentando su potencial de crecimiento e innovación, simplificando los trámites administrativos y contractuales, e instaurando el procedimiento electrónico. De este modo, cualquiera podrá supervisar una o diversas etapas de los mismos, lo que incrementa de un modo muy relevante la transparencia y la seguridad en las relaciones con el ámbito público.

Empleo juvenil

Los beneficios de la contratación de desempleados menores de 30 años

Desde hace unos años y con el objetivo de mejorar la entrada en el mercado laboral de los jóvenes, el Ministerio de Empleo cuenta con una serie de incentivos para su contratación en las cotizaciones de la Seguridad Social, que son mayores cuanto menor sea la dimensión de la empresa. 

Si hace unas semanas desglosábamos las medidas existentes en España para fomentar la contratación de personas con discapacidad, en este post incluiremos los beneficios de incluir en plantilla a jóvenes desempleados, la mayoría procedentes del sistema de Garantía Juvenil. Estos incentivos están incluidos en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven elaborado por el Gobierno en 2013, y que han sido ampliados hasta 2017.

La normativa da mayores ayudas a pymes, micropymes y autónomos, considerando que tienen que realizar un mayor esfuerzo a la hora de ampliar sus plantillas, y favorece la compatibilización de formación y empleo a través del contrato a tiempo parcial y el de prácticas. El objetivo de este plan sigue siendo el de conseguir que estos jóvenes, con un nivel de formación bajo, una experiencia laboral nula y un perfil normalmente vulnerable, puedan incorporarse al mercado de trabajo y mejorar sus perspectivas de vida.

Incentivo a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa

Tiene una reducción de entre el 75% y el 100% de la cuota de la empresa a la Seguridad Social por contingencias comunes durante un máximo de 12 meses (75% para corporaciones de más de 250 trabajadores y 100% para el resto).

El fin de esta medida es que el desempleado consiga una cualificación profesional con conexión al mercado de trabajo. Son beneficiarios de esta ayuda aquellos menores de 30 años desempleados desde hace más de 12 meses; aquellos sin empleo anterior; con una experiencia laboral inferior a tres meses; o que procedan de otro sector en el que el desempleo haya hecho especial mella, buscando una recualificación.

El contrato ha de compatibilizarse con una formación acreditable o procedente de una convocatoria de los servicios públicos de empleo. También puede hacerse con formación en idiomas o tecnologías de la información y la comunicación de una duración mínima equivalente a los certificados de nivel 1 (90 horas).

El trabajador deberá acreditar estar realizando o haber realizado en los seis meses previos a la celebración del contrato alguna de estas modalidades de formación, sin que sea necesario que dicha formación esté vinculada al puesto de trabajo ofertado. Por su parte, la empresa se compromete a formalizar un contrato del 50% de la jornada ordinaria a tiempo completo y a mantener el empleo neto, con el fin de evitar el efecto sustitución.

Eliminación de la cotización a la Seguridad Social por la contratación indefinida de jóvenes a través de microempresas y autónomos

Por contingencias comunes durante el primer año de contrato del primer trabajador joven que se añada en la plantilla. Este incentivo está condicionado a que la unión entre empresario y empleado supere los 18 meses, salvo extinción procedente del contrato, y se mantendrá en el tiempo hasta que la tasa de paro se sitúe por debajo del 15% (en estos momentos ronda el 18%).

Los contratados deberán ser desempleados menores de 30 años que no hayan tenido antes ningún otro vínculo con quien le contrate. La empresa (con hasta 9 trabajadores) o el autónomo que opte por esta ayuda sólo podrán suscribir un contrato de este tipo, que podrá ser a tiempo completo o parcial.

No podrá aplicarse al Contrato de Apoyo a Emprendedores, al Contrato Indefinido de Fijos Discontinuos, al contrato indefinido de trabajadores con discapacidad ni a los acogidos al Programa de Fomento del Empleo.

Primer Empleo Joven

Un incentivo para transformar empleos temporales en indefinidos, siempre a parados menores de 30 años con una experiencia laboral inferior a tres meses. Las empresas que contraten en esta situación y transformen el contrato tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 500 euros al año durante tres años, y de 700 euros si el contrato se suscribe con mujeres.

La jornada debe ser de, al menos, el 75% de la jornada a tiempo completo. La empresa deberá mantener el empleo neto, con el fin de evitar el efecto sustitución. En este caso la medida también se mantendrá en el tiempo hasta que la tasa de paro se sitúe por debajo del 15%.

Incentivos al contrato en prácticas para el primer empleo

Siempre vinculado a la titulación que haya conseguido. Si se suscribe con jóvenes menores de 30 años se reducirá la cuota de la empresa a la Seguridad Social por contingencias comunes hasta un 50%.

Se trata de dar un mayor recorrido al contrato en prácticas previsto en el artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajadores cuando se suscriba con el grupo poblacional antes descrito. Para los demandantes de empleo de hasta 30 años no operará el límite de cinco años desde la finalización de los estudios para suscribir este tipo de contrato.

Se elimina además la previsión de que no se pueda concertar un contrato en prácticas conforme a un certificado de profesionalidad, obtenido como consecuencia de un contrato para la formación celebrado con anterioridad en la misma empresa.

Según el texto del Ministerio de Empleo, se incentivará la transformación de becas y prácticas no laborales en contratos en prácticas. Y, como en anteriores medidas, estas modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores operarán hasta que la tasa de paro se sitúe por debajo del 15%.

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Aprende a exportar con el ICEX

¿Eres una pyme? ¿Quieres salir al exterior? ¿No sabes cómo hacerlo? No te preocupes. Para que tanta duda no acabe haciendo naufragar tu proyecto, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) dispone del proyecto “Aprendiendo a exportar” (APEX). ¿En qué consiste? Básicamente, APEX lo que hace es analizar con cada empresa su potencial exportador a la par que le presta asesoramiento en áreas clave como marca, uso de la tecnología y de Internet, contratación, fiscalidad internacional, innovación y diseño… con un claro objetivo: abordar los mercados exteriores con el mayor éxito posible. Y lo hace con dos herramientas diferenciadas: las jornadas “Aprendiendo a exportar” y el programa “Aprendiendo a exportar”, herramientas que, aunque están relacionadas, pueden utilizarse de forma independiente.

En cuanto a las jornadas, se celebran de forma periódica en diferentes ciudades españolas y su duración es de cuatro horas. En ese periodo de tiempo, diferentes expertos ofrecen las claves de la exportación y de la mejora de la competitividad en la empresa. ¿Contenido? Desde las ayudas que ofrecen las instituciones, pasando por temas de competitividad (Internet y nuevas tecnologías, patentes, financiación y cobro…), hasta breves charlas de ponentes relevantes y encuentros empresariales con compañías de la región que cuentan su experiencia más allá de nuestras fronteras.

El programa, por su parte, tiene una duración de un año y se basa en tres pilares: diagnóstico (valoración de la posición competitiva de la empresa y su potencial exportador a cargo de un especialista, de forma práctica y confidencial), asesoramiento (de expertos en contratación y fiscalidad, comunicación y marca…) y apoyo financiero (tanto de la Línea de financiación Aprendiendo a exportar ICO-ICEX como de la Línea de asesoramiento de cobro ICEX-CESCE). Esta última cubre el 85% de los riesgos comerciales (insolvencia de hecho –morosidad prolongada- e insolvencia de derecho –quiebra o suspensión de pagos-) y el 99% de los riesgos políticos.

Si quieres más información, no dudes en consultar: www.aprendiendoaexportar.com