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Acuerdos de pago extrajudiciales para evitar el concurso de acreedores

Los profesionales del sector jurídico aseguran que la normativa española fomenta poco o nada los llamados acuerdos de pago extrajudiciales, muy útiles para evitar llegar al concurso de acreedores, un proceso lento y farragoso que sobrecarga el trabajo de los juzgados y amplía los tiempos de cobro.

 

Los acuerdos de pago extrajudiciales

Entre las distintas formas que se vislumbran para escapar de un concurso de acreedores están los acuerdos de pago extrajudiciales. Estos permiten a los deudores como personas naturales o a personas jurídicas de pequeña dimensión alcanzar alianzas con los demandantes, con el fin de evitar que se solicite el temido concurso. A su vez, permite a las personas naturales implicadas en el proceso pedir la liberación de sus deudas una vez liquidados sus bienes.

Sin embargo, es una práctica que tiene poco éxito en nuestro país, según indicó recientemente el notario Pablo Gutiérrez-Alviz en la conferencia Mediación concursal y acuerdo extrajudicial de pago, dentro de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). El motivo: los acreedores no parecen dispuestos a condonar una parte de la deuda a pesar de que, según el ponente, la mayoría de procesos judiciales terminan recibiendo la misma cantidad que hubieran conseguido de la otra manera.

En general, los especialistas en la materia creen que la regulación no fomenta lo suficiente los acuerdos de pago extrajudiciales. Y también que deberían ponerse en marcha nuevas medidas que los potenciasen para evitar el proceso judicial. De esta manera se reduciría la carga de trabajo de los juzgados y se reducirían los tiempos de cobro.

Procedimiento para ponerlo en marcha

Según la Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia, editada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el Consejo General de Economistas (CGE), la posibilidad de solicitar dichos acuerdos está restringida a los deudores insolventes personas naturales cuyo pasivo no exceda de los cinco millones de euros.

También pueden acogerse a este sistema las personas jurídicas que, en caso de ser declaradas en concurso, el mismo no hubiere de revestir especial complejidad en los términos previstos en el artículo 190 de la Ley Concursal (activo menor de 5 millones de euros, pasivo que no supere esta cuantía y menos de 50 acreedores). Éstas deben disponer de activos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo.

Para solicitar un acuerdo de pago extrajudicial es necesario informar al Ministerio de Justicia vía formulario sobre los bienes, ingresos y gastos regulares previstos, la lista de los acreedores, el detalle de los contratos y un balance. Se deben incluir diversos certificados: de antecedentes penales; de las últimas rentas en caso de que el solicitante sea persona física; de las entidades financieras relativos a las cuentas corrientes, depósitos o bienes de capital mobiliario; de dominios y cargas del Registro de la Propiedad y, si es titular de bienes inmuebles, las correspondientes escrituras.

Esta documentación deberá tramitarse a través del Registro Mercantil o la Cámara de Comercio que haya asumido las labores de mediación entre el deudor y los acreedores. También puede hacerse vía notario, aunque esta opción sólo es válida para personas físicas no empresarias. Aunque no es obligatorio, se recomienda contar con los servicios de un abogado.

A los dos meses después de la aceptación del cargo de mediador concursal, como máximo, tendrá lugar la reunión en la que se deberá debatir sobre el acuerdo a alcanzar. Éste podrá incluir quitas y aplazamientos de pago hasta los diez años, y se aprobará o rechazará por una mayoría del 60% o el 75% del pasivo afectado por el acuerdo (quedan excluidos los créditos de derecho público).

Si se llega a un consenso, las medidas pactadas se elevan a escritura pública. Si no hubiese convenio, o si no se cumpliese, el mediador concursal solicitará al juez la declaración de un concurso llamado consecutivo. En él se procederá a liquidar los bienes para pagar las deudas hasta donde alcancen.

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El concurso de acreedores, menos traumático con la insolvencia inminente

Hace unos días hablábamos de cómo evitar el temido concurso de acreedores pero, ¿qué pasa cuando llega? La Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el Consejo General de Economistas (CGE) también da algunas recomendaciones para superar ese tan indeseado proceso de la mejor manera posible.

La Ley Concursal

Este texto nos lleva a revisar la Ley Concursal, que determina las funciones en materia de aplazamientos de pago de deudas, reintegros de prestaciones e ingresos percibidos de forma indebida, compensación, reembolso del coste de las garantías, desistimiento, convenios o acuerdos en procedimientos concursales.

Esta Ley Concursal impone la obligación de solicitar la declaración de concurso de acreedores en caso de situación de insolvencia. En su artículo 5 contempla un plazo de dos meses para realizar este trámite desde el momento en el que se conoce la situación de quiebra. En cualquier caso, si se iniciaran negociaciones con los acreedores para intentar conseguir un acuerdo, se permite la ampliación del plazo hasta un máximo de seis meses.

Cómo actuar antes un caso de insolvencia inminente

Si se detecta un caso de insolvencia inminente, la guía de CEOE y CGE recomienda presentar la solicitud de concurso de acreedores lo antes posible. ¿Por qué? Para empezar, porque cuanto más se acerque la empresa a la insolvencia peor será la imagen que tendrá de ella el mercado. Esto repercute directamente de forma negativa sobre la confianza que acreedores, clientes, directivos y trabajadores tienen de ella. Ello dificulta aún más, si cabe, el trance y precipita la liquidación final.

Por otra parte, si la empresa se anticipa, evitará el peligro de que un acreedor se anticipe en la solicitud y podrá preparar con antelación los recursos necesarios para la puesta en marcha del concurso de acreedores, siendo así más fácil hacer frente a los costes de tramitación. Esta planificación deja sobre la mesa un escenario favorable para la negociación con trabajadores y acreedores, que se realiza con la mediación de los administradores concursales. Dicha mediación se realiza bajo la tutela del juez mercantil y permite convenios con quitas y/o esperas considerables.

Debe comunicarse al juzgado el inicio de dichas negociaciones y, para evitar publicidad negativa, se puede solicitar que el proceso no sea publicado en el Registro Público Concursal. De esta manera se impide a los acreedores (excepto a los de derecho público) iniciar ejecuciones de bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad económica, y se suspenderán por el juzgado las que estén en trámite.

La recta final del concurso de acreedores

Si no hay marcha atrás ni forma de salvar la empresa, es perentorio preparar un plan de liquidación que contemple la venta de los activos maximizando el precio y minimizando el tiempo preciso para su enajenación. Hay que tener en cuenta que la actividad de la sociedad será mucho menor durante la época concursal, principalmente por el descenso de la confianza del mercado y de los agentes implicados.

Es normal perder clientes y suministradores de bienes y servicios, sobre todo financieros. También cae la capacidad de persuadir, el poder de negociar con proveedores y empleados, y, por supuesto, aumenta la desmotivación de los equipos de trabajo.

La importancia de revisar

Por otra parte, es importante revisar las actuaciones de los últimos años, como mínimo dos, para analizar si algún acto puede resultar rescindido en caso de concurso o conllevar la culpabilidad de los administradores de la compañía. Y prever una mínima tesorería para atender los costes del concurso de acreedores, así como para las adquisiciones al contado de compras y servicios. Eso o asumir la aparición de nuevos créditos para poder cubrir las indemnizaciones del personal despedido en caso de restructuración de plantilla, y para poder realizar devoluciones de efectos descontados de clientes.

Si se considerase que al negocio le queda potencial y que podría salir adelante con un nuevo equipo directivo y con un inversor potente que aporte sinergias a la compañía, se podría presentar en el juzgado una oferta vinculante de adquisición que, en principio, se tramitaría con agilidad.

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Cómo escapar del concurso de acreedores

Detectar la crisis pronto, fundamental

No es nada raro ver cómo un proyecto empresarial viable y con potencial pasa por procesos difíciles, de falta de solvencia, que acaban desembocando en el indeseado concurso de acreedores. Con el fin de arrojar algo de luz y de ofrecer consejos válidos al respecto, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el Consejo General de Economistas (CGE) acaban de publicar la Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia.

Este documento tiene como objetivo ayudar a pymes y autónomos a buscar soluciones ante un proceso de crisis de estas características. Y lo hace abordando todas sus fases, empezando por la detección de la insolvencia.

Según el texto, siempre es más fácil salvar un negocio si se detecta de forma temprana un futuro lleno de impagos. De esta manera se pueden implementar medidas correctoras y planificar un cambio de rumbo que mejore la situación. Para ello es importante saber discernir entre solvencia (cumplir con los compromisos de pago) y viabilidad (que puede generar en el futuro los recursos suficientes para mantener su actividad).

Reconducir el negocio y evitar el concurso

Si la compañía no es solvente pero sí viable, una buena solución para salir adelante está en reorganizarla y reestructurarla internamente, y reconducir su estrategia de negocio. Por otra parte, también sería conveniente negociar con los acreedores y empleados acuerdos extrajudiciales o concursales.

Una vez retomada la situación de normalidad, y con el fin de recobrar la reputación perdida de cara a los clientes, una buena solución sería la de contratar un seguro de caución que garantice los pagos de nuestra corporación. Tampoco sería descabellado incluir en los presupuestos anuales la contratación de un seguro de crédito que nos evite pasar por el trance de que nuestra compañía pase a ser insolvente por culpa de la morosidad.

Más vale prevenir

Entre las recomendaciones del documento de la CEOE está el de aprovechar la época de ‘vacas gordas’ para prepararse ante posibles crisis, estableciendo sistemas adecuados de control económico-financiero, así como un sistema de alertas ante riesgo de insolvencia futura.

Es importante estar pendiente de descensos significativos en la cifra de negocios o en los márgenes; observar si existe un abandono del proyecto empresarial por parte de determinados directivos, especialmente los directores financieros; estar pendiente de cambios regulatorios en el sector en el que se enmarque el negocio; detectar pérdidas de concesiones administrativas o distribuciones; retrasos en los pagos a los acreedores o en el cobro de clientes; y, por supuesto, preocuparse cuando no se puedan renovar las pólizas de crédito.

Contar con un buen presupuesto de tesorería puede ayudar a superar con menor dificultad los momentos de crisis y la posibilidad de llegar a un concurso. Éste supone la conversión de la información contable del presupuesto de la compañía en previsión de flujos de caja, que son los que permiten una adecuada gestión del circulante y de las necesidades de inversión, así como minimizar los costes financieros.

Por otro lado, la guía recomienda prestar atención a la gestión de las existencias, del crédito a clientes y de la financiación recibida de los proveedores, con el fin de conocer de antemano potenciales variaciones en el capital circulante.

Tomar las precauciones debidas no sólo evitará crisis y concurso de acreedores o, incluso, quiebras indeseadas, también sanciones a aquellos empresarios que hayan sido negligentes y cuyas (malas) decisiones hayan provocado o agravado una situación de insolvencia. La normativa concursal establece en estos casos que se inhabilite al profesional responsable durante un plazo que puede oscilar entre los dos y los quince años.

Esto incluye no sólo al empresario de turno, también a sus administradores, liquidadores, apoderados o, incluso, a los socios responsables de malas praxis. De hecho, todos ellos pueden ser condenados a satisfacer a los acreedores todos o parte de los créditos que resulten incobrables.

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Facturas rectificativas: todas las claves para usarlas con efectividad

A todo empresario le ha pasado alguna vez: revisar la documentación y detectar un error en una factura ya emitida. Si eso se produce tras haber pagado el IVA correspondiente las ganas de tirarse de los pelos se multiplican. Pero antes de lanzarse a la desesperación o a la resignación debe saber que existe una fórmula para subsanar algunos de esos errores: la factura rectificativa.

El primer requisito para emitir una factura rectificativa es, como hemos comentado, que el error se haya detectado tras haber abonado a Hacienda su correspondiente IVA.

Los errores que permiten emitir este tipo de factura son varios: identificación de las compañías, datos mal reflejados, ausencia de información calve e, incluso, un cálculo erróneo de la cuota del IVA.

En segundo lugar, hay que tener claro que la factura rectificativa no es un duplicado de la errónea. Es muy importante que la rectificada lleve una serie de numeración diferente al del resto de facturas. Por ejemplo, si se equivocó en algún dato de la factura 7 del año 2016 y también en la 23 de ese mismo año, debería emitir dos facturas rectificativas.

La numeración de estas debería ser, por ejemplo, factura rectificativa 1/2016 y 2/2016. Por lo demás, el documento debe ser idéntico al original, pero especificando el motivo de la rectificación. Al emitir esta segunda factura se da por supuesto que anula la anterior.

Es posible hacer facturas rectificativas conjuntas, pero este método complica mucho más el control documental de los cambios. En cualquier caso, queda a gusto del empresario.

Más allá de los errores, otro de los principales motivos para la emisión de este tipo de facturas son los impagos de los proveedores. Son manada los trabajadores autónomos que pagan cuantías de IVA que nunca recuperan debido al impago de los proveedores.

En estos casos, la factura rectificativa es la vía para que Hacienda les devuelva la cuantía abonada en concepto de IVA.

Para que esto sea así, no solo sirve con emitir esa factura rectificativa. Además, hay que cumplir una serie de requisitos. Que el cliente sea una pyme o un autónomo. En principio este método no es válido si el deudor es una gran empresa.

La factura debe estar registrada en la contabilidad de la empresa y se tiene que haber abonado el IVA correspondiente.

El plazo para emitir la factura rectificativa comienza después de que pasen seis meses de la factura original y se constate su impago real en ese tiempo. Por otro lado, Hacienda también exige que se haya presentado una reclamación oficial por el impago, ya sea directamente en los Juzgados o bien solicitando un requerimiento notarial.

Por supuesto esto significa incurrir en gastos, a veces cuantiosos, así que antes de lanzarse a emitir facturas rectificativas a lo loco conviene hacer cuentas.

Hay que tener un cuidado especial cuando el motivo del impago de la factura es que la empresa deudora haya entrado en concurso de acreedores. En ese caso, la ley de reestructuraciones no da mucho margen. Apenas hay un mes para comunicar a Hacienda la rectificación.

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Novedades en la reforma de la ley concursal

¿Objetivo? Evitar la destrucción de empresas. El Gobierno lleva meses preocupado, muy preocupado, por el volumen de empresas que se cierran en España. Uno de los motivos es que el saldo final de los concursos de acreedores, un mecanismo que supuestamente ayuda a refinanciar, es demoledor. El 95% de las que entran en uno de ellos no logra superarlo y debe cerrar. El dato está alejado de la media de otros países de nuestro entorno como Reino Unido (80%) o Francia (70%).

Por ello, el Gobierno aprobó, en el Consejo de Ministros del pasado viernes, un paquete de medidas con la intención de que ese proceso sea una ayuda real para empresas y acreedores y no una forma cruel de alargar la agonía de una empresa.

La primera decisión pasa por permitir en la fase concursal las medidas de estímulo que en marzo se le concedieron a la fase preconcursal, y que ya hemos contamos en este blog.  La más importante es que, cuando los acreedores generales lleguen a un acuerdo de forma mayoritaria (entre el 60% y el 75%) sus decisiones de quitas y reestructuraciones de deuda, serán de obligado cumplimiento también para los que no apoyaron la medida (acreedores disidentes). Como en la fase preconcursal, esta medida pretende evitar los cuellos de botella y los retrasos que algunos acreedores minoritarios provocaban en los procesos de reajuste de deudas.

Otra medida destacada, entre las que se aprobaron el pasado viernes, es la creación de cuatro tipos de acreedores privilegiados en función de cómo les afectan esas decisiones mayoritarias que hemos comentado.

– Públicos (Hacienda, Seguridad Social, comunidades autónomas, ayuntamientos). Estos solo podrán ser sometidos al convenio general si así lo deciden, por mayoría, el 75% de ellos. Es decir, el 75% de los acreedores públicos debe aceptar ser sometido al convenio general para que éste afecte a todos.

– Financieros

– Laborales

– Comerciales

También hay cambios respecto a la definición de los créditos de privilegio especial. Desde ahora se consideran como tales aquellos que  cumplen con la siguiente regla: suponen nueve décimas partes del valor razonable del bien o derecho sobre el que se ha constituido la garantía, una vez deducidas las deudas preferentes.

Para los acreedores ordinarios se introduce la posibilidad de extender los acuerdos a los disidentes, si vota a favor al menos el 65% del pasivo ordinario, siempre que se cumplan algunas medidas como: esperas entre 5 y 10 años, quitas superiores al 50%, conversión de créditos en acciones o participaciones del deudor o créditos participativos hasta 10 años, transformación de deuda en cualquier otro instrumento financiero de características distintas, y cesión de bienes o derechos en pago de créditos.

Los acreedores con garantía real, que suele ser la hipoteca de un inmueble, podrán ejecutarla para recuperar su deuda. Es decir, venderla de forma separada siempre que justifique el incumplimiento del convenio y la venta cubra la deuda.

Si a pesar de estas nuevas medidas la empresa no consigue superar el concurso, la nueva legislación también está redactada para facilitar el proceso de liquidación. Para ello, ha puesto en marcha tres medidas nuevas:

– Se permite transmitir (vender/traspasar) contratos y licencias sin el consentimiento de terceros.

– Se podrán transmitir las unidades productivas libres de obligaciones de pago preexistentes.

– Se autoriza la venta de unidades de producción con bienes dados en garantía sin consentimiento del acreedor.

Tras la publicación de todas estas modificaciones en el B.O.E del 6 de septiembre, la normativa es aplicable a todos los concursos que comiencen a partir de ese día. Para los que ya estaban en marcha, el texto legal ha previsto un mecanismo de ‘retroactividad’ que será aplicable si así lo acuerdan los acreedores por mayorías reforzadas a las exigidas para la aprobación del convenio y siempre que sean autorizadas por el juez. Los acreedores públicos y laborales no estarán sujetos a esta posibilidad.

Finalmente, para verificar la efectividad de estas medidas y su correcta aplicación se han creado, según ha explicado el Gobierno,  una comisión de seguimiento de prácticas de refinanciación y reducción del sobreendeudamiento privado que elaborará un informe anual sobre su evolución y su impacto en la economía.

También está prevista la puesta en marcha de un portal telemático dentro de la web del Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre las empresas en liquidación para facilitar su enajenación.

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Cinco claves para evitar el concurso de acreedores

Las estadísticas asustan. El 95% de las empresas que entran en concurso de acreedores acaban liquidadas. Así, no es de extrañar que la sola mención de este proceso implique un drama en todos los niveles jerárquicos de cualquier empresa. Pero, con el último cambio de la Ley Concursal sobre la mesa, una adecuada dosis de previsión y unos acertados ajustes en la gestión financiera alejar ese fantasma de las empresas es, cada vez, más posible.

1.- Reconocer el problema y actuar con celeridad

El motivo porque el que la solución de los concursos de acreedores es tan desastrosa, según los expertos, es porque las empresas acuden a esta figura jurídica cuando ya no queda más remedio. Es como si, ante una enfermedad grave, el afectado renunciara a ir al médico ante los primeros síntomas y esperase a llamarlo cuando está en el lecho de muerte. Pocas posibilidades de solucionar el problema hay en ese momento.

Por lo tanto, en el momento en que haya algún retraso en el flujo de caja o problemas con el pago a proveedores hay que dar la voz de alarma. Toca revisar las cuentas con pulcritud. A veces, las pymes no tienen a nadie que se dedique a esta actividad a tiempo completo. Si es así, es el momento de reestructurar funciones y dedicar a alguien en exclusiva durante el tiempo que sea necesario a poner en orden las cuentas: el esfuerzo merece la pena. Para evitar complicaciones futuras es fundamental detectar los problemas.

2.- Aplicar los ajustes necesarios y razonables

Ajustes, ajustes, ajustes. Tal vez esta sea la palabra más escuchada desde la llegada de la crisis. Pero no se trata de recortar por recortar sino de hacerlo con eficiencia. Si se ha sido eficaz en la puesta en orden de las cuentas de la compañía, será más fácil tomar decisiones ya que sabrá donde están los gastos superfluos para comenzar a cortar por ellos.

En este momento, también es probable que tenga que enfrentarse al temido recorte de personal. Los números fríos pueden hacerle creer que liquidar los contratos con sueldos más altos es la mejor manera de recortar gastos. Y tal vez así sea en el corto plazo, pero recuerde que su objetivo principal es salvar la empresa. Debe preguntarse ¿quién será más útil para la supervivencia de la empresa en la travesía del desierto? Los expertos aconsejan apostar por el talento que quiera conservar para la próxima etapa de vacas gordas.

3. Aplicar una política de comunicación adecuada con todos los públicos

¿Comunicación? Es posible que esa sea una de sus últimas prioridades en un momento tan complicado. En ningún caso debería ser así. Pero, además, debe recordar que comunicación no es sólo la relación con la prensa. También hay que esforzarse en dar los mensajes adecuados a otros públicos como son, en este caso, los proveedores, los bancos y, sobre todo, los posibles inversores. Esto significa que, si está convencido de que su empresa es viable, deber realizar un informe simple, pero lo suficientemente atractivo como para transmitir ese mensaje. Con él deberá convencer a los bancos que refinanciando los plazos de sus deudas podrá pagarlos y también atraer a posibles inversores para que inyecten dinero como capital nuevo.

4.- Aprovechar al máximo el preconcurso de acreedores

Antes de solicitar concurso de acreedores o de correr el riesgo de que alguno de sus proveedores lo haga, es recomendable iniciar oficialmente un preconcurso. Es decir, un proceso en el que intentará renegociar las condiciones de sus deudas sin la presión que implica tener la vigilancia del administrador concursal. La reforma de la Ley Concursal va a facilitar mucho la gestiones en este momento del proceso, pero para beneficiarse de esas condiciones es necesario oficializar que se está negociando con los acreedores. Es decir, es obligatorio comunicar al juzgado que se ha iniciado este proceso. Así, paralizará toda posibilidad de que sus acreedores insten la ejecución de bienes que sean necesarios para la continuidad de su empresa. También  es una buena arma para gestionar tiempos, ya que se inicia en el momento en el que a la empresa le interesa, y evita que algún acreedor pueda solicitar concurso necesario de acreedores en un momento en el que los directivos no lo esperen.

Una vez puesto en marcha el preconcurso,  la actividad debe ser frenética. El tiempo apremia y apenas hay cuatro meses de plazo para solucionar los problemas financieros. La buena noticia es que con la reforma ya no es necesario llegar a un acuerdo con todos sus acreedores. Si la negociación prospera solo con algunos, los necesarios para sanear sus cuentas, podrá aplicar las decisiones a los demás. Puede pactar quitas o aplazamiento de pagos durante cinco años con el 60% de sus acreedores y todos los demás estarán obligados a aceptarlos. Si el aplazamiento sube a 10 años, tendrá que recabar el consenso del 75%, es mucho, pero al menos ya no necesitará el apoyo de la totalidad de los afectados, como sucedía hasta antes de la reforma.

5. Dejar paso a nuevos socios

Otra de las novedades de la reforma concursal es que facilita la entrada de capital nuevo en las compañías con problemas. Que un extraño entre a formar parte de la compañía se suele ver en algunas pymes como una aberración, pero en situaciones extremas puede ser la mejor manera de evitar ir a la quiebra. En principio, la posibilidad de canjear las deudas por acciones de la empresa está pensada para las grandes corporaciones que tienen relación con fondos de inversión y grandes bancos. No es muy probable que el banco de una pyme quiera formar parte de su accionariado, pero darle entrada en el capital también puede ser una forma de implicar a la entidad financiera en el negocio y que tenga tanto interés como usted para que la empresa sobreviva. Todo dependerá de sus artes negociadoras.

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¿Cómo te afectan los cambios en la Ley Concursal?

Con el fin de evitar que compañías que sean rentables, pero carezcan de liquidez, tengan que acudir al concurso de acreedores, el Real Decreto-Ley 4/2014 incluye una modificación de la Ley Concursal. ¿Objetivo? Que dicha legislación no suponga trabas en los procesos de refinanciación de aquellas firmas que, a pesar de estar endeudadas, son viables, evitando de esta manera la destrucción de empleo y productividad. Y se incluyen medidas que facilitan la celebración de acuerdos de refinanciación, potencian las quitas y los aplazamientos de pago y la conversión de deuda en capital.

Camino a seguir

Independientemente de su tamaño, todas las sociedades pueden beneficiarse de la nueva normativa concursal. El primer paso que deben dar es comunicar al juzgado el inicio de un proceso de negociaciones con los acreedores para refinanciar la deuda de la compañía. Una vez hecho esto, está prohibido el hecho de que cualquier acreedor pueda instar la ejecución de algunos de los bienes necesarios para la continuidad de la actividad ya sea profesional o empresarial. Dicha paralización tiene un periodo máximo de cuatro meses desde la comunicación. Así, se garantiza la conservación de todos los bienes útiles para desarrollar el negocio.

Otra novedad es que el deudor podrá alcanzar acuerdos de refinanciación con uno o dos acreedores. Eso sí, con tres condiciones: que mejore su posición patrimonial, no perjudique al resto de acreedores, y sin necesidad de contar para ello con una determinada mayoría del pasivo. Unos acuerdos que únicamente podrán ser rescindibles por el juez a instancia de la administración concursal si ésta entiende que no concurren los requisitos indicados.

Requisitos más sencillos

El Gobierno ha eliminado la obligación del informe de un experto independiente, sustituyéndolo por la certificación del auditor. En el caso de acuerdos colectivos de refinanciación homologados judicialmente, ya sólo se necesitará la mayoría simple, el 51% del pasivo (frente al 55% anterior). Y si se trata de préstamos sindicados, se entiende que los acreedores prestamistas suscriben el acuerdo de refinanciación cuando voten a favor el 75% del pasivo representando por el préstamo. Una salvedad: que las normas que regulan la sindicación establezcan una mayoría inferior.

Asimismo, se podrán pactar quitas o aplazamientos superiores a los actuales.  Si el 60% de los acreedores de pasivos financieros han acordado esperas de hasta cinco años, y la conversión de créditos en préstamos participativos por idéntico plazo, estas ventajas se extenderán a los acreedores disidentes sin garantía real. Si los plazos se alargan hasta los diez años, el consenso necesario deberá ser del 75%.

Según el Registro de Economistas Forenses, alrededor de unas 15.000 grandes sociedades, y más de 50.000 micropymes, podrían beneficiarse del nuevo marco legal. Y el Ministerio de Economía espera que el porcentaje de deuda empresarial, situada en el 130% del PIB en la actualidad, que se puede acoger al mismo supere el 10%.

La morosidad acaba con más de 150.000 empresas en España

De las 500.000 empresas que han desaparecido desde que se inició la crisis (200.000 pymes y 300.000 autónomos), un tercio lo han hecho debido a la morosidad. Es decir, más de 150.000, según estimaciones de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). Incluso otros expertos como Eduardo Ochoa, responsable del Departamento de Optimización de Working Capital de LowendalMasai, se basan en los datos del INE para afirmar que en los últimos cuatro años más del 40% de las empresas que han cerrado, lo han hecho por impagos de sus clientes, y el 35% de los concursos de acreedores viene derivado por esta misma causa.

La Administración Pública es uno de los principales actores en esta situación, pero también ha aumentado la morosidad entre empresas privadas de todas las comunidades autónomas y de todo tipo de actividad. En el ámbito público, sectores como el farmacéutico, empresas de servicios urbanos (basuras, limpiezas, recogidas de residuos, servicios de autobuses, etc.), electricidad, teléfono, están sufriendo impagos por parte de las diferentes administraciones.

El problema tiene consecuencias muy serias. El continuo retraso en el cobro está asfixiando a muchas compañías, además de redundar en el empeoramiento de la competitividad y el deterioro de la situación de liquidez de las empresas que, en innumerables ocasiones, termina en cierre. Y es que, ante la actual coyuntura económica y la escasez de financiación hoy día es más imprescindible que nunca asegurar el cobro con los clientes.

El Plan de Pago a Proveedores aprobado por el Gobierno el pasado febrero para abonar facturas pendientes de Ayuntamientos y comunidades autónomas, fue una medida necesaria y novedosa que generó muchas expectativas. Sin embargo, los pagos se produjeron de manera puntual y sin continuidad. Según los expertos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, las Administraciones Públicas han acumulado nuevamente facturas impagadas correspondientes a 2012, volviéndose así a alargar los plazos por encima de lo que se puede considerar razonable y de lo que estipula la Ley para este 2012 (40 días), y para el 2013 que ya llega (30).

Además, las medidas del plan de pago solo pueden ser realmente efectivas si el dinero llega hasta el último eslabón de la cadena productiva. Y no lo ha hecho en todos los casos, porque no se ha conseguido asegurar el cobro de las subcontratas, esto es, de los proveedores de los proveedores. Aun hoy hay subcontratas que continúan a la espera de cobrar por parte de aquellos que sí han recibido el dinero de las Administraciones. En el sector privado la situación no es distinta. Tampoco ha mejorado en los últimos meses y los plazos de pagos entre las empresas tienden a alargarse por encima de los 75 días que la Ley establece para 2012 y los 60 para un 2013 a la vuelta de la esquina.