Propuestas del Consejo General de Economistas

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El Consejo General de Economistas ha trasladado a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones generales una serie de propuestas, basadas en los últimos informes elaborados por su Servicio de Estudios

 

En plena campaña electoral previa a las elecciones generales del 28 de abril, el Consejo General de Economistas ha hecho llegar a todos los partidos políticos una serie de recomendaciones a tener en cuenta a la hora de elaborar estrategias desde el próximo Gobierno.

Entre otras cuestiones, recomiendan reorganizar distintas partes del ámbito fiscal y reforzar las inversiones en I+D+i en infraestructuras. También apuestan por promulgar una Ley de Auditoría del Sector Público, implementar mejoras en los procesos concursales para evitar que muchas empresas acaben en liquidación y potenciar la mediación y el arbitraje para la resolución extrajudicial de conflictos. En concreto, plantean revisar los siguientes aspectos:

 

FISCALIDAD

  • Reorganizar la tributación de la riqueza, tomando decisiones acerca de la permanencia o no del Impuesto sobre el Patrimonio, el papel que ha de jugar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y conjugando lo anterior con otros gravámenes sobre manifestaciones parciales de la riqueza, cuyo mayor exponente es el IBI.

 

  • Simplificar el Impuesto sobre la Renta y revisar la imputación de rentas inmobiliarias.

 

  • Revisar de forma global los tributos ligados a la financiación autonómica y los propios de las comunidades autónomas. Especialmente aquellos que gravan los usos del agua, o la producción de determinados residuos. Sería conveniente regularlos por una ley estatal, cediendo la recaudación y cierta capacidad normativa a las comunidades autónomas.

 

  • Volver a acercar los pagos fraccionados a la tributación anual final del Impuesto de Sociedades para que las empresas no adelanten el tributo de forma sistemática.

 

  • Establecer un marco normativo común que regule las tasas municipales más comunes.

 

  • Solucionar el problema de las valoraciones, sobre todo de bienes inmuebles y, principalmente, en los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, y sobre Transmisiones Patrimoniales, que generan un porcentaje importantísimo de la litigiosidad tributaria.

 

AUDITORÍA Y CONTABILIDAD

 

  • Desarrollar el reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas para mejorar la calidad del trabajo de los auditores dentro de un entorno de libre competencia. Y también para conseguir una total transparencia de las cuentas en el ámbito público, especialmente en lo referente a la contratación de terceros.

 

  • Regular la actividad profesional del contable, para que redunde en la fiabilidad de la información financiera que emiten las empresas, transmitiendo a los mercados y a los inversores una mayor transparencia y seguridad.

 

ECONOMÍA Y JUSTICIA

 

  • Garantizar la fluidez del procedimiento concursal, ampliando los plazos para la formulación de la demanda y abriendo la posibilidad a que los acreedores puedan coadyuvar de forma activa en la persecución de conductas irregulares (reintegrándoles sus gastos con cargo a la masa cuando su aportación fuera relevante).

 

  • Incluir un capítulo específico para micropymes y pequeñas empresas en la Ley Concursal teniendo en cuenta que en España el número de micropymes y pequeñas empresas es especialmente numeroso (más del 96%).

 

  • Facilitar la segunda oportunidad, una buena medida que ha sido poco utilizada. Habría que establecer un procedimiento menos formal, extenderlo a crédito público de forma que su ámbito de aplicación pueda ser mayor y también ampliarlo a avalistas. Desde el punto de vista del Consejo, mejorar estos puntos serían esenciales para el desarrollo de startups e impulsar el emprendimiento.

 

  • Aprovechar la transposición Directiva de Insolvencia para mejorar y ampliar acuerdos de refinanciación en la fase preconcursal, incluyendo crédito público, reduciendo formalidades y extendiéndolos también a pymes.

 

  • Buscar métodos alternativos para resolver disputas fuera del sistema judicial. Los ADR, Resolución Alternativa de Conflictos, son una magnífica vía para reducir la litigiosidad. En este sentido sería conveniente modificar la regla de costas, de forma que se incentive el que las partes intercambien ofertas vinculantes y se condene a aquellas que las rechazan injustificadamente.

 

  • Estimular la redacción de cláusulas en contratos civiles y mercantiles para estimular la mediación.

 

  • Desarrollar la figura del administrador judicial en la práctica. Desde el Consejo creen que debería tener más recorrido tanto en ámbito civil como penal, también para la ORGA (Oficina de Recaudación y Gestión de Activos).

 

  • Potenciar el arbitraje de equidad y la inclusión de este procedimiento alternativo de resolución de conflictos extrajudiciales en cláusulas de contratos.

 

  • Fomentar la transformación digital de la Justicia, y que se haga de forma coordinada en todas las comunidades autónomas, de forma que se garantice el uso de un mismo sistema, con el consiguiente ahorro de costes y homogeneidad en la gestión judicial. Es necesario que en todo el territorio nacional exista una única aplicación de gestión procesal y un único modelo de Expediente Judicial Electrónico, para lo cual se requiere una inversión en medios humanos y materiales.

Last modified: 08/04/2019