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El peso atenaza de nuevo a Argentina y eleva la tensión política

Mauricio Macri está en la clásica encrucijada de toda convulsión económica: realizar duros ajustes y reformas estructurales a cambio de la ayuda multilateral.

 

Toda convulsión económica desemboca en una política. Y viceversa. El último botón de muestra de esta máxima se localiza en Argentina. Mauricio Macri, su presidente, político liberal que dijo iba a acabar con la larga herencia del peronismo (Partido Justicialista) al llegar al poder, en 2015, y que prometió transformar el país, está contra las cuerdas a poco más de un año de los comicios generales. Su compromiso de cambio no sólo abarcaba la economía, aunque este terreno sería -aseguró- su primer campo de pruebas. También los estamentos institucionales y la sociedad, sometidos a una fórmula de fuerte gasto social, controles de la divisa, la industria y el tejido empresarial y con fuertes dosis de proteccionismo comercial. En apenas tres años, se encuentra ante la difícil encrucijada de acometer duros ajustes económicos sin restablecer el descontento social de un país que ha soportado al menos tres grandes crisis en los últimos dos decenios, a cambio de un macro-crédito del FMI que ayude a mitigar, primero, y superar, a largo plazo, las embestidas de los mercados contra el peso, su moneda nacional. A la que a comienzos del milenio se le liberó de la atadura del currency board que tenía irremediablemente fijado su valor al del dólar.

La batería de medidas estructurales es de especial calado. En sintonía con el grado de derrumbe de la economía y de la repentina desconfianza inversora en el mercado argentino, cuya máxima expresión es la caída libre de su moneda. El peso se ha devaluado más de un 50% de su valor desde el inicio del año respecto al billete verde americano y en agosto, rozó el 30%- y sigue sin visos de poder realizar un aterrizaje, aunque sea forzoso, en su descenso. De ahí que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya exigido al Ejecutivo de Macri un plan de austeridad fiable que reduzca el déficit fiscal, con duros recortes del gasto público y un acuerdo con la oposición peronista para acometer una agenda de reformas estructurales con duras recetas para la sociedad civil. Y urgente. Porque el Banco Central de Argentina ha tenido que emplear más de 250 millones de dólares de sus reservas de divisas para contener desplomes diarios del 14% del peso en alguna de las jornadas negras del pasado mes de agosto.

Desde el mercado, sin embargo, no creen que el mal endémico argentino sea exclusivamente de índole económica. Dispone de 50.000 millones de dólares de línea de créditos preferentes del FMI y sus registros contables son casi envidiables. Con superávits fiscales de provincias, un modelo financiero saneado y esfuerzos presupuestarios que han acercado el objetivo de déficit cero. Pero el contagio de los mercados emergentes al baile de divisas en torno a la revalorización del dólar ha sumido a Argentina en un nuevo episodio de crisis y a Macri en un escenario con el que no soñaba ni en sus peores pesadillas, con un índice de popularidad de apenas el 35%. Dice su equipo económico, cada vez más criticado en el país, que la herencia del kirchnerismo ha encendido la mecha de la inestabilidad inversora de los capitales hacia latitudes emergentes.

Ni siquiera la política monetaria ha logrado capear el temporal. Aunque los tipos de interés han escalado hasta el 60%. La cúpula del FMI ya ha dado indicaciones claras a Macri de que revierta la situación y envíe con urgencia un plan revisado a su comité ejecutivo. A diferencia de otros mercados emergentes en riesgo, como Turquía, el Fondo no cesa de lanzar mensajes en los que admite ser un aval de Argentina ante los inversores. Por mucho que la rentabilidad de los bonos soberanos argentinos se haya disparado a tasas desconocidas desde que Macri tomó posesión de su cargo.

El ministro del Tesoro, Nicolás Dujovne, se comprometió a reducir “substancialmente” el déficit primario por debajo del 1,3% del PIB en 2019. Instantes antes de desplazarse a Washington para negociar con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde. Y de que el banco central tuviera que vender otros 175 millones en los mercados de divisas en una nueva defensa numantina del peso. Señal, a juicio de los analistas, de que el flujo financiero entre el Fondo y Buenos Aires fluye y seguirá con su suministro acordado.

Sin embargo, la debilidad de la moneda persiste y preocupa a las agencias de rating. Standard & Poor’s no descarta un recorte notable de su nota sobre el país, que en la actualidad se sitúa en el B+, cuatro calificaciones por debajo del grado de inversor internacional, donde comienza la excelencia crediticia y, quizás, la matrícula de honor a la que pueden aspirar la mayor parte de las economías que no ostentan el título de industrializadas. Hasta situarla al nivel de Turquía, de Grecia o de las Islas Fiji. Dado el empeoramiento de las condiciones crediticias y de la fulminante volatilidad del peso. Amén de la complejidad de los ajustes de Macri. Un portavoz de la firma de calificación lo resumía de manera contundente: “Las recientes presiones sobre la moneda argentina podrían llegar a recrudecerse aún más en el futuro, añadiendo dificultades a las medidas de ajuste económica y propagando la fuga de capitales ante la ausencia de pasos decididos para restaurar la confianza inversora”.

A sign displaying exchange rates is displayed inside a currency exchange house in Buenos Aires on Aug. 30.Foto por: Photographer: Erica Canepa/Bloomberg

Entre las medidas que el FMI ha solicitado a Argentina y que el gabinete de Macri baraja, según han constatado fuentes oficiales, destaca la subida impositiva sobre las exportaciones, que sería de hasta el 10% en productos como el trigo, dando al traste con la política de ventajas fiscales al sector exterior, una de las señas de identidad del Ejecutivo argentino. Aunque pretenden que tenga fecha de caducidad: hasta finales de 2019. Justo a tiempo para afrontar la cita electoral y solo como réplica para sacar a la economía de su segunda recesión en tres años y luchar contra una inflación que supera el 30%.

La incertidumbre sobre si Macri logrará generar la paz social está más que justificada. En el colapso de 2001-2002 dejó temblando a la clase media del país, mientras se perdieron millones de puestos de trabajo. El sistema institucional y político estuvo al borde de la destrucción e, incluso, murieron un par de decenas de ciudadanos que protestaban en las calles. La mayoría de ellos, focalizaron su ira sobre el FMI, al que acusaron del desastre social que siguió al salvavidas financiero. Al igual que gran parte de la clase política. Desde líderes del peronismo, hasta dirigentes de otras formaciones denunciaron unas negociaciones abocadas a la generación de pobreza y de desigualdades entre ricos y pobres. “El remedio es peor que la enfermedad”, fue el gran eslogan que propició que el 75% de los argentinos se manifestaran en contra de “cualquier gobierno que reclamara la ayuda del FMI en el futuro”.

La gran baza de Macri, hasta ahora, ha sido la reacción. En apenas semanas, selló el acuerdo con el FMI, lo que dejó a los partidos de oposición y a la sociedad civil sin apenas capacidad de respuesta. Aunque esa misma ciudadanía podría no tardar en despertar. Entre otras cuestiones, porque sabe que el recetario económico de Macri, pregonado por sus ministros por activa y por pasiva en sus tres años de gestión, no contemplaba, en absoluto, que el país tuviera de nuevo problemas de financiación. Macri justificó ante los argentinos “haber llamado a la puerta del FMI porque nos enfrentamos a un nuevo escenario global y para evitar crisis como a las que tuvimos que enfrentarnos en nuestra historia reciente”. Algo que no concuerda con su autoalabanza de crear un modelo económico no tan dependiente de las inversiones extranjeras, capaz de financiar su dinamismo y que se acercara al pleno empleo. En palabras suyas, en campaña electoral, romper el muro para “devolver a Argentina a la normalidad”.

El efecto de tres años de Administración Macri se asemeja más a una vuelta al pasado que a un salto hacia adelante, a la modernización de la economía, porque la vigilancia del Fondo, estricta al máximo, ha vuelto y, con ella, los esfuerzos sociales para devolver la calma al capital foráneo y a los mercados, con suma dependencia financiera externa y alto riesgo de contestación en las calles.

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