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El 50% de los concursos de acreedores, protagonizados por micropymes

El Registro de Economistas Forenses publica un año más su Atlas Concursal, que expone los últimos datos recogidos en materia de insolvencia, relativos al ejercicio 2017 y parte del 2018

 

Por segundo año, el Registro de Economistas Forenses (Refor), dependiente del Consejo General de Economistas de España, ha publicado su Atlas Concursal. En él se han expuesto los últimos datos, recogidos en 2017, sobre las principales variables relacionadas con la insolvencia en España: concursos de acreedores, mediaciones, refinanciaciones, segunda oportunidad, pagos del Fogasa… Una serie de procesos protagonizados de forma mayoritaria por las micropymes, que registran más del 50% del total de concursos registrados

Según sus resultados, se mantiene la tendencia de disminución en el número de concursos de personas jurídicas y de aumento en los casos de personas físicas. Estos últimos han sido propiciados, en gran medida, por el procedimiento de segunda oportunidad. De hecho, desde que entrase en vigor la Ley que regula este mecanismo en 2015 y hasta 2017 se han incrementado un 60% el número de concursos de acreedores de personas físicas, que han pasado de 649 a 1.036. Representaron en este último año un 25,3% del total de concursos registrados.

Esta misma tendencia se mantiene durante el primer semestre de 2018, en el que han aumentado un 6,4%. Mientras, los concursos de acreedores de empresas disminuyeron un 2,2%, según datos acumulados del Instituto Nacional de Estadística (INE).

PROPUESTAS DE MEJORA

Entre las conclusiones y propuestas que los expertos del Refor incluyen en su Atlas Concursal 2018, se encuentran las siguientes:

  • El legislador debería tener en cuenta la particularidad de pymes y micropymes en el ámbito concursal por su peso en nuestro tejido empresarial, de manera que se contemplen en la próxima reforma concursal. Tanto a nivel de Directiva Europea como nacional, se necesitan mecanismos específicos que se ajusten a las diferencias entre autónomos, micropymes, pequeñas, medianas y grandes empresas.
  • En 2016 España se convirtió en uno de los países de la UE en el que se produjeron los mayores descensos en el número de concursos (-20%). Sin embargo, en 2017 la tendencia cambia y se registra una disminución menos acusada, de un -4,7%. Según el estudio, esto podría estar causado por un conjunto de variables. La primera, como efecto de la reforma concursal que se dio entre 2014 y 2015. También, por un mayor conocimiento del procedimiento concursal por parte de los empresarios.

    Por otra parte, la percepción del estigma concursal fue menos acusada, si bien todavía persiste, a lo que se suman posibles vencimientos de las refinanciaciones y operaciones financieras de crédito. Además de una pequeña mejora de la economía sumergida, que anteriormente no computaba las cifras concursales oficiales

    En cualquier caso, las cifras de concursos de empresas en nuestro país siguen siendo bajas en relación con el resto de países europeos analizados: España registró unos 4.000 en 2017 frente a los más de 55.000 de Francia; los 20.000 de Alemania; los 17.000 de Reino Unido; los 13.000 de Italia; o los más de 6.000 de Portugal. Algo parecido ocurre atendiendo a los concursos de personas físicas: frente a los algo más de 1.000 de España están los 100.000 de Alemania y los 40.000 de Francia.

  • El decrecimiento en los acuerdos de refinanciación homologados, que fue del 4% en 2016, se intensifica en 2017 al incrementarse su caída un 24%. Limar formalidades, que el crédito público esté incluido (al menos para las pymes) y simplificar el procedimiento podría estimular su mayor utilización por parte de las empresas.

  • Los pagos del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en empresas han disminuido un 38,27%. Si calculamos la ratio que compara este dato con el número de concursos de acreedores en dichos meses, observamos que representa un 1,69%. En datos acumulados hasta diciembre 2017, las cifras están experimentando una mejora en 2017 con respecto a 2016.

    No obstante, esta ratio superior a 1 indica la existencia de una economía sumergida de insolvencias que no se vehiculan a través del concurso de acreedores. Según los autores del estudio, la reforma concursal debería facilitar la resolución de las insolvencias por la vía concursal y evitar cierres en economía sumergida. “El Fogasa no recupera todos los créditos en los que subroga, lo que supone un coste económico indudable y una ineficiencia económica del sistema concursal”, comentan.

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Las burbujas inmobiliarias emergen por varias latitudes del planeta

Londres, Ámsterdam, Vancouver, Toronto, Múnich y Hong-Kong son las ciudades con un mercado de la vivienda en estado de ebullición. Y los nórdicos europeos.

 

Seguro que no están todos los que son. Pero el banco de inversión suizo UBS acaba de seleccionar seis ciudades a las que considera con el mayor riesgo de estallido de una burbuja inmobiliaria, según su Índice Global de Mercados de Vivienda 2018, en el que admiten que hay muchas más ciudades en los que el coste de la ocupación está aumentando por encima de los ingresos medios de sus residentes. Primer síntoma de calentamiento inmobiliario. Sus expertos, además, juzgan esencial que las autoridades políticas inicien medidas encaminadas a reducir las presiones sobre los precios en estos mercados. Porque los costes de viviendas están aumentando en casi todas las grandes capitales del mundo. “La mayoría de las personas, sean asalariados o profesionales liberales, no pueden hacer esfuerzos para adquirir una vivienda en los centros financieros, si no se benefician de una herencia o perciben alguna remuneración adicional del ámbito familiar”. Y los alquileres -aseguran- “continúan consumiendo gran parte de sus retribuciones salariales”.

Los gobiernos son los únicos agentes que pueden intervenir en la contención de los precios. En la necesaria estrategia de evitar crisis inmobiliarias en sus ciudades. Por ejemplo, impulsando subsidios para el acceso a la primera vivienda. Aunque hay otras recetas que puede ser también determinantes. Si bien, requieren de un equilibrio complejo de alcanzar. El informe se refiere a la imposición de una alta tributación sobre las propiedades de ciudades especialmente caras, lo que podría retraer la inversión en el sector de extranjeros. “Contribuiría a rebajar rápidamente los precios, pero a costa de dañar a los propietarios que quieran vender”, alerta.

Las burbujas, a menudo, no son identificadas como tales hasta que estallan, reconocen en UBS. Pero hay en la actualidad seis ciudades del mundo a las que se pueden colgar el cartel de alto riesgo en sus mercados de vivienda.

Por orden ascendente, de menor a mayor peligro de estallido, son las siguientes.

6.- Londres. Por segundo año consecutivo, la incluye en su lista. De media, la inflación ajustada a los precios de la vivienda en la capital británica supera con creces los valores de 2007, el año previo a la crisis financiera. En concreto, superan el 10% los precios de ese ejercicio. Mientras el alquiler ha permanecido estable y los ingresos se han reducido un 10%. En definitiva, la vivienda en Londres resulta inaccesible para la mayoría de sus residentes. Uno de los carburantes de esta subida es la elevada tributación sobre los inmuebles de lujo y sobre las propiedades en alquiler con derecho a compra. La inflación de la vivienda sigue erosionando la capacidad de compra de los habitantes de la capital.

5.- Ámsterdam. “En los últimos cuatro trimestres el precio de la vivienda se ha disparado un 12% en un mercado que es, ahora, un 60% más caro que en 2013”. El gran impulso inflacionista surge por el notable incremento de los ingresos personales desde ese ejercicio económico. En la práctica totalidad de las grandes del país. A nivel nacional, los precios medios se han más que duplicado en los últimos cinco años. Dado su calentamiento, cualquier endurecimiento de las condiciones crediticias, en los albores de una política de encarecimiento del precio del dinero en el BCE, podría precipitar el estallido de la burbuja “abruptamente”.

4.- Vancouver. Los desequilibrios entre los precios de las viviendas y los ingresos reales se han intensificado. El coste de la adquisición de inmuebles en esta ciudad canadiense se ha duplicado en doce años. Aunque en los últimos trimestres hayan repuntado entre un 5% y un 7% el salario medio de sus residentes. El Gobierno local intenta contener la especulación, a pesar de que las presiones fiscales sobre la compra de vivienda y sobre los adquirentes extranjeros sigan siendo especialmente elevadas. El encarecimiento de las hipotecas podría precipitar el final del boom.

3.- Toronto. “Desde que el precio de la vivienda se ralentizó, hasta casi congelarse, a mediados del pasado ejercicio, el mercado inmobiliario de esta ciudad se ha calmado. Aunque, en términos ajustados a la inflación, su censo de viviendas haya subido sus precios más de un 50% en cinco años”. El pasado ejercicio, las autoridades municipales aumentaron impuestos sobre la compra de inmuebles de extranjeros y sobre apartamentos vacíos, además de poner en marcha estrictos controles sobre el mercado del alquiler. Todo ello ha contribuido a apaciguar el fervor inversor, si bien la debilidad reciente del dólar canadiense frente al billete verde estadounidense podría de nuevo ejercer de atracción al capital foráneo.

2.- Múnich. Los precios de la capital bávara se han duplicado en los últimos diez años y prosigue con su trayectoria alcista. El precio nominal de los alquileres creció un 9% el pasado ejercicio en un mercado que refleja un histórico censo de viviendas vacantes. La compra de un apartamento de 60 metros cuadrados demanda ocho años de ahorros salariales para afrontar la entrada y de la participación casi imprescindible de una agencia de servicios inmobiliarios. La construcción de nuevas viviendas se ha intensificado. Pero a precios elevados. Por lo que las subidas de tipos en Europa podrían acelerar el estallido de la burbuja.

1.- Hong-Kong. El encarecimiento del mercado inmobiliario en este enclave bajo soberanía china es ya crónico. La demanda de compra se mantiene en estado boyante gracias a las peticiones de residencia de extranjeros que acuden por razones profesionales y los que tratan de colocar sus excedentes de capital. Incluso entre los altos directivos, la propiedad parece una quimera. Las presiones políticas han empezado a hacer mella, pero sólo inicialmente. Porque el mercado de Hong-Kong lo manejan los propios propietarios de inmuebles, que solicitan cifras astronómicas ante la demanda permanente de adquisición. La imposición adicional por viviendas vacías y las ventajas a la compraventa rápida de inmuebles para mejorar la entrega de llaves, son dos claves recientes que se han instalado en el mercado con mayor grado de ebullición del planeta. La lista la completan ciudades estadounidenses, europeas y asiáticas. Aunque ninguna de ellas con la consideración de burbuja.

Fuera del ámbito de las ciudades, hay otras latitudes donde el boom inmobiliario se ha asentado en los últimos años. Son los países nórdicos, donde un reciente estudio de Moody’s asegura que el precio de la vivienda se ha elevado más de un 70%. Aunque, por lo visto, sin que pueda aún catalogarse de burbuja. “Si se nos pregunta cuál es el mayor riesgo latente sobre las economías escandinavas, diríamos que los mercados inmobiliarios”, dice Erik Bruce, economista en el banco Nordea, para quien “resulta normal, dado el bajo nivel de los tipos de interés, la caída del paro y el optimismo empresarial en el futuro económico” en estos países.

El repunte más allá de este porcentaje se refiere al mercado inmobiliario en Suecia y Noruega. En Dinamarca es algo inferior, pero supera el 50%, aunque en Copenhague se ha duplicado en relación a 2012. Mientras en Oslo, los ajustes financieros de familias y empresas han rebajado los precios en los últimos dos trimestres entre un 7% y un 8% en términos interanuales. Si bien, aún no ocurre lo mismo en Estocolmo, donde la demanda de adquisición de apartamentos sigue en cotas desconocidas en nueve años. Y el pulso inmobiliario en la capital sueca marca tendencia en el resto de grandes capitales escandinavas, aclaran en Nordea.

Para Moody’s, en cambio, el mayor riesgo se sitúa en Noruega. En su conjunto. Sus análisis dan a este mercado la mayor cota de desequilibrio entre ingresos retributivos y costes de vivienda, así como el movimiento especulativo más vigoroso bajo condiciones crediticias nacionales. De todo el mundo. A esta coyuntura se une otro fenómeno. Que Noruega es el país de todos los que conforman el estudio de la agencia de rating con un mayor índice de viviendas en propiedad con casi el 85% del censo inmobiliario del país.

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El negocio ecológico sumaría 26 billones de dólares al PIB mundial

Naciones Unidas insta a los gobiernos del Acuerdo de París a que sellen alianzas con el sector privado y el sector financiero para potenciar la economía ecológica.

 

El cambio climático es un buen negocio. No sólo es una necesidad imperiosa que debería poner de acuerdo a gobiernos, sociedades civiles, empresas y instituciones multilaterales de todo el mundo. Según un reciente estudio de la Comisión Global sobre la Economía y el Clima (GCEC, en sus siglas en inglés), iniciativa que se ha convertido en el auténtico referente internacional sobre la evolución de los objetivos sobre cambio climático de los Acuerdos de París de 2015 integrada por expertos gubernamentales y del sector privado que cuenta con el respaldo de la ONU y de organizaciones como la OCDE -entre otras entidades mundiales- los beneficios pueden ser muy elevados. Hasta 26 billones de dólares adicionales sumarían los negocios relacionados con la preservación del medio ambiente en 2030. Un pastel suculento. Equivalente a la suma de los PIB de EEUU y Japón, primera y tercera economías globales, a precios actuales de mercado.

El informe revela, además, que, si las acciones acordadas en París se pusieran inmediatamente en marcha, la actividad economía mundial repuntaría del orden de 2 billones de dólares al año a lo largo de la próxima década. Es decir, la capacidad productiva anual de mercados como el de Italia o el de Brasil, la octava y la novena potencias internacionales. “Todavía subyace la idea de que abandonar el consumo de carbón es una medida excesivamente cara”, precisa la autora del estudio, Helen Mountford, “pero la realidad es que es necesario dar un puñetazo sobre la mesa y asumir la percepción de que hay que desclavar el ataúd de los negocios sin control ecológico”. Alusión directa a la política contraria a los Acuerdos de París que ha instaurado la Administración Trump desde el inicio de su mandato. En sus conclusiones, el GCEC incide en que los dirigentes gubernamentales “están infravalorando los beneficios de un crecimiento económico más limpio y respetuoso con el medio ambiente”, capaz de aumentar considerablemente el tamaño de sus economías.

Sus responsables, entre los que se encuentran antiguos jefes de gobierno, CEO’s de compañías multinacionales, economistas y representantes de movimientos ecologistas hacen hincapié en que, en la encrucijada actual, en la que se encuentran la mayor parte de las naciones del planeta, y con las dudas que genera la ausencia -y la falta de convicción- de los actuales responsables de la Casa Blanca, resulta imprescindible y prioritario un compromiso global firme con el futuro de una prosperidad sostenible. Entre las ideas motrices que deberían regir las deliberaciones de los gobiernos a corto plazo sobresale la que aportó una de las vicepresidentas del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, quien asegura que, en 2030, los negocios adicionales o la reconversión de las industrias que provocaría una hoja de ruta definida, precisa y eficiente sería capaz de crear 65 millones de nuevos puestos de trabajo. “La clave del progreso económico en el Siglo XXI será la economía inclusiva, aquella que esté en condiciones de aportar riqueza sólida y sostenible y los beneficios de las acciones contra el cambio climático van en esa dirección. Es el momento de impulsar la economía climática. Sobre todo, porque los costes de la inacción se irán acumulando y deteriorarán enormemente los gastos aparejados a la ausencia de estrategias climáticas de los gobiernos y de las empresas. A veces, de forma incalculable” dice el informe.

Las prioridades de esta estrategia, que debería activarse en los próximos años, se circunscriben a cuatro grandes áreas. La primera, intensificar los esfuerzos para reducir la cuota energética del carbón, cuyos precios oscilan de manera notable y elevan los riesgos financieros asociados a su uso. En segundo término, acelerar las inversiones en infraestructuras sostenibles. En tercer lugar, impulsar los proyectos del sector privado y de las firmas de energía hacia la innovación limpia. Y, finalmente, trasladar de inmediato a la ciudadanía y los consumidores las ganancias de los procesos de transición energética hacia fuentes que preserven el medio ambiente. Justo el criterio contrario al que mantiene Washington. Donald Trump afirma que los costes hacia las medidas que establece el Acuerdo de París resultan “financieramente draconianas” y, desde el punto de vista económico, “dañinas sobre la coyuntura”, tanto con relación a la actividad como a la generación de empleo. De hecho, asegura que el abandono de la energía fósil supondría a la industria minera estadounidense un coste de 2,7 millones de puestos de trabajo hasta 2025.

El Acuerdo de París fijó un importante compromiso político para la humanidad: conseguir que el aumento de la temperatura del planeta sea de 2 grados centígrados en relación a los niveles que prevalecieron a la Revolución Industrial, a mediados del Siglo XVIII. También establece una serie de medidas, universalmente aceptadas, para que los estados contribuyan de manera decidida al cumplimiento de este objetivo esencial y que están sujetas a revisiones periódicas y a ajustes voluntarios. De ahí que, para alcanzar este logro, sea imprescindible que la comunidad global se involucre decididamente en ello, que gobiernos y empresas sean capaces de poder incorporar al mercado un mayor grado de competitividad y de actividad para cambiar el patrón energético internacional. En el escenario actual, el clima ha elevado su temperatura 3 grados por encima de los 2 que estipuló el consenso parisino para 2020. Apenas tres años después.

Los avances, pues, requieren de la cooperación y de la configuración de una arquitectura que vele por el cumplimiento de los objetivos. Es la misión del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, vinculado a Naciones Unidas, y surgido ya en Kyoto, la antesala de París, en 1997. En la actualidad, este foro de deliberación de ministros de la variopinta área económica (Finanzas, Comercio, Energía, Transportes, Infraestructuras, Desarrollo y Nuevas Tecnologías) se afanan por definir lo que denominan una diplomacia climática eficiente. Una estrategia que vaya más allá de las medidas de reducción de gases de efecto invernadero, del mercado de CO2 o de las recomendaciones sobre reconversiones industriales de sectores contaminantes a sus casi doscientos países asociados. Entre sus cometidos recientes, involucrar a organismos como la OMC en las negociaciones para la erradicación del carbón, o a la comunidad financiera mundial en la generación de energías alternativas y limpias. También a los gobiernos, para que activen políticas de subvenciones, reducciones de impuestos, inversiones preferentes o regulaciones que favorezcan la creación de un clima de negocios idóneo para abordar la transición hacia una economía más sostenible. Y, por supuesto, la incorporación a esta agenda reformista del sector privado, en especial, a la industria energética y tecnológica, imprescindible para que cuajen esas propuestas en la era de la digitalización. Igual que a la comunidad educativa y científica.

Las instituciones económicas internacionales y nacionales son el factor más determinante para que los Acuerdos de París puedan cumplirse. Su labor de coordinación y de generación de una atmósfera conveniente para hacer negocios limpios y sostenibles será más que prioritaria en los años venideros.

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SALT 2018 analiza la utilidad del blockchain en el sector transportes

El Salón Atlántico de Logística y Transporte, que se celebra en distintos enclaves de las Islas Canarias entre el 1 y el 11 de octubre, ha dedicado parte de su temática a la también llamada cadena de bloques

Hasta el 11 de octubre se está celebrando la séptima edición del Salón Atlántico de Logística y Transporte, SALT 2018, en diferentes enclaves de las Islas Canarias. Organizado por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno insular y el Clúster Canario de Logística y Transporte, este año se le está dando especial importancia a los últimos avances tecnológicos, aplicados a los sectores protagonistas del evento, con el objetivo de mejorar su eficiencia, su seguridad e interrelación.

Uno de los ejemplos de los que ya se han desbrozado en las jornadas celebradas es la tecnología blockchain, que elimina intermediarios en las transacciones. Durante la jornada Aplicaciones de blockchain al transporte y la logística se ha determinado que la implantación de esta herramienta será muy útil para evitar la complejidad de las cadenas de suministro globales. Por otra parte, hará disminuir los costes y aumentará la seguridad en los procesos de importación y exportación.

En este espacio formativo participaron la portavoz de la comisión de Innovación y Talento de Alastria, Carmen Chicharro; el responsable de Tecnología Blockchain de la consultora Everis, Alejandro Castro; el director de Tecnologías de Información de la Fundación Valenciaport, Miguel Llop; el director regional de Andalucía-Canarias de Bureau Veritas, Francisco Martín; y el CEO y cofundador de ChainGoTech, Andrés Garrido.

TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD

La primera representa a un consorcio sin ánimo de lucro que se encarga de dar validez legal a estas transacciones. En España, promueve la infraestructura blockchain básica Red Alastria y el estándar de Identidad Digital ID Alastria. Como comentó durante su charla, ofrecen cursos de formación y certificación para extender el uso de esta herramienta en los que ya participan más de 300 empresas de diferentes sectores. Entre ellas hay tanto grandes compañías como pymes, a las que se está aleccionando para que puedan empezar a aplicar el blockchain en todos sus procesos.

El portavoz de Valenciaport puso su caso como ejemplo, y aseguró que ya hay iniciados varios proyectos que tienen como objetivo transformar la gestión portuaria a través de este sistema. “Ha generado gran interés en todas las partes implicadas”, es decir, en aduanas, terminales, navieras… Desde su punto de vista, es una tecnología “adecuada para el sector” ya que da mayor confianza y fiabilidad en las transacciones de los puertos. Principalmente en lo que respecta a ciberseguridad y a privacidad de los datos.

Una idea que comparte Andrés Garrido, según el cual la también llamada cadena de bloques está mejorando la transparencia y la eficiencia en la administración de la documentación de carga marítima. Al ser un sector con muchos intermediarios, esta tecnología “permite controlar todas las transacciones y simplificar los procesos de intercambio”, comentó durante su intervención.

EL POTENCIAL DE CANARIAS

SALT 2018 se está celebrando entre Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, mostrando el potencial de las Islas en materia de transporte y logística. Dos sectores que suponen el 9% del Producto Interior Bruto de la región. El consejero de obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, fue el encargado de inaugurar el evento, que arrancó el 1 de octubre. Éste aseguró que es intención del Gobierno del archipiélago seguir promocionando el papel de Canarias como hub logístico intercontinental entre Europa, América y África, aprovechando su posición geoestratégica ventajosa.

El encuentro se ha consolidado como un foro de encuentro para todos aquellos empresarios o agentes socioeconómicos interesados en conocer la situación en la que se encuentran los sectores del transporte y la logística. Además de las ponencias dedicadas a blockchain, a lo largo del congreso se han tratado y se tratarán otros temas diversos, como experiencias de tecnologías inteligentes o smart aplicadas a la conectividad y la sostenibilidad.

También se hablará del posicionamiento y crecimiento de los puertos; de los retos para consolidar el comercio electrónico como un canal de venta estable; de ayudas y subvenciones en el transporte de mercancías; y de estrategias de conectividad.

 

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Las startups toman Madrid vía South Summit

La feria de los emprendedores más innovadores ha celebrado su séptima edición, a la que han acudido unos 16.000 asistentes, entre los que se contabilizaban 3.200 emprendedores y unos 175 fondos de inversión.

 

La séptima edición de South Summit acaba de cerrar sus puertas. La feria de las startups ha vuelto un año más a La Nave de Madrid, donde durante tres días se han congregado unos 16.000 asistentes. De ellos, 3.200 emprendedores y más de 175 fondos de inversión con una cartera que asciende a los 55.000 millones de dólares, unos 47.500 millones de euros. Además, el encuentro ha favorecido la celebración de más de 2.500 reuniones one to one entre startups, corporaciones e inversores, según fuentes organizadoras.

No ha faltado su tradicional competición entre empresas tecnológicas innovadoras, a la que se han presentado más de 3.200 candidatos sólo en esta edición, de los cuales un 52% han sido de procedencia internacional y un 48% nacional. Los cien finalistas, divididos en diez categorías distintas, han estado estos días defendiendo sus proyectos en duelos singulares vía elevator pitch, frente a un jurado compuesto por reconocidos inversores y empresarios, vinculados al mundo del emprendimiento.

La ganadora absoluta del encuentro ha sido Amadix, de la categoría de Salud. Una joven empresa vallisoletana liderada por Rocío Arroyo que ha desarrollado pruebas no invasivas para el diagnóstico temprano del cáncer de colon, pulmón y páncreas. El galardón le permitirá realizar una campaña de crowdfunding en la plataforma Seedrs y competir por un millón de dólares en financiación en la Startup World Cup de Silicon Valley.

OTROS GANADORES

Por otra parte, el jurado ha concedido otros reconocimientos a varias de las compañías finalistas. Por ejemplo, la valenciana Sheetgo, la mejor en la categoría B2B Enterprise services, ha sido reconocida como la startup más escalable. Se trata de un Saas que permite gestionar hojas de cálculo y conectar datos de manera sencilla y estandarizada en la nube, con actualización constante para evitar diferentes versiones de datos, información desactualizada o errónea.

A la británica Valerann, ganadora de la categoría Smart Mobility, se le ha concedido la distinción de proyecto más innovador por su dispositivo IoT. Se trata de un sistema inalámbrico y sensorial que proporciona información en tiempo real sobre lo que ocurre en la carretera para la prevención de accidentes, control de tráfico y para dar soporte a vehículos conectados y autónomos.

Finalmente se ha reconocido a la madrileña Clicars, de compra-venta de coches online, el premio al mejor equipo, además del de la categoría B2C. Byhours fue la más destacada en Turismo; Iovys, en Fintech; Tink Referral as a Service, en Contenidos y canales; Alias Robotics, en B2B Enterprise Tech; BeON Energy, en Energía; y Sense, en la categoría de Educación y Tecnología.

MAPA DEL EMPRENDIMIENTO

Una de las acciones que se ponen en marcha a través de la organización de South Summit es la elaboración anual del Mapa del Emprendimiento de nuestro país. El último, publicado hace unas semanas, recoge datos de 1.252 startups, según el cual el nivel de desarrollo de los proyectos españoles está creciendo: un 20% de las consultadas han alcanzado ya la fase growth, de crecimiento. Un 33% se encuentran en fase seed o semilla y un 39%, en fase temprana o early.

Esta situación también ha mejorado las cifras en cuanto a contrataciones, con una media de siete profesionales por plantilla frente a los seis observados en el informe del pasado año. Asimismo, un 83% de los proyectos aseguran que empezarán a buscar nuevos miembros a corto plazo.

Otro de los porcentajes que ha aumentado es el de mujeres fundadoras de startups en España: un 22% frente al 18% de 2017. Según los datos del informe, las compañías innovadoras lideradas por ellas tienen un menor índice de fracaso (un 22% frente al 51% que tienen a hombres al frente), y suelen estar enfocadas hacia el sector de la educación.

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El Brexit ya cuesta al Reino Unido 500 millones de libras a la semana

La factura del divorcio británico de la UE sigue en aumento. Un ‘think-tank’ entierra la promesa de dividendos por dejar Europa que llevó al Brexit al triunfo electoral.

 

500 millones de libras. Y subiendo. Este es el coste del divorcio con la UE para las arcas del Tesoro británico. Según el Center for European Reform (CER), un prestigioso think-tank paneuropeista que, en su día, en tiempos de Tony Blair y de Gordon Brown, se llegó a considerar próximo al laborismo de la Tercera Vía que representaron los dos ex primeros ministros del Reino Unido en los años anteriores y posteriores al cambio del milenio. Una cantidad que supera con creces la cifra que se barajó desde la campaña a favor del Brexit (Leave) y que hablaba de unos dividendos de 350 millones de libras a la semana; sólo por el hecho de que Londres dejara de aportar las asignaciones financieras al club comunitario. Los expertos del CER también aseguran que detrás del triunfo del Brexit están los duros años de austeridad que impuso el Gobierno tory de David Cameron para afrontar la crisis de 2008. Además, apuntan que el PIB británico es un 2,5% más pequeño que si hubiera fracasado el voto favorable a la salida de la UE, lo que unido a un flujo de caja de las finanzas públicas (ingresos del Estado) supone una merma de 26.000 millones de libras anuales, algo más de la mitad del presupuesto de Defensa del Reino Unido, unos 500 millones de libras semanales. Ese es el precio de abandonar las instituciones europeas.

Pero este puede ser sólo el coste económico. Porque en el orden político, la indefinición sobre la estrategia del Ejecutivo conservador de Theresa May puede acabar en cualquier momento con su gabinete y precipitar al país hacia unas elecciones anticipadas en plena vorágine con la UE para culminar un divorcio a tiempo. Es decir, a las 0:00 horas del 30 de marzo de 2019, fecha en la que se cumplen exactamente los dos años a los que se refiere el artículo de la Constitución europea que determina la salida de uno de sus países miembros. Por si fuera poco, el laborismo de Jeremy Corbyn cada vez disimula menos su todavía débil planteamiento oficial a favor de una vuelta a la órbita comunitaria que, entre otras cuestiones, devolvería al sector privado y a los consumidores británicos al mercado interior europeo y a la industria financiera a su flamante City. Mientras, en las filas conservadoras se afanan en discutir las ventajas e inconvenientes de un Brexit duro, como desean los enemigos internos de May -principalmente, Boris Johnson, su anterior ministro de Exteriores- o blando. Por si fuera poco, las voces que reclaman el reingreso de Reino Unido en la UE se suceden sin razón de continuidad. Desde la práctica totalidad del colegio de comisarios de Bruselas hasta el presidente galo, Emmanuel Macron.

También desde el ámbito empresarial se pide a Downing Street que reconsidere el escenario. Es cierto que se cuidan muy mucho de airear cualquier apoyo al retorno británico, lo que exigiría un segundo referéndum, por el que claman ya abiertamente Blair o Brown, pero enfatizan sus mensajes en alcanzar un acuerdo eficiente de divorcio con Europa. Carolyn Fairbairn, directora de la Confederación de la Industria Británica, partidaria de que Reino Unido mantenga el acceso al mercado interior europeo, alerta de las consecuencias dramáticas de un mal tratado de salida de la Unión, mientras rivales comerciales del país, como Canadá, han cerrado un tratado que casi le otorga la condición de socio del club comunitario. Fairbairn asegura que el sector privado del país ya ha puesto en marcha programas de contingencia para “minimizar” el daño colateral del divorcio, pero no se han parado a sopesar todavía los efectos de un mal acuerdo. Y eso que los directivos de las industrias manufactureras han empleado decenas de millones de libras en acudir ante dirigentes de varios países de la Unión -dice- para decidir dónde instalar sus centros empresariales. “Un asunto vital es el de que no haya fricciones transfronterizas”, en alusión a la difícil resolución sobre la frontera entre Reino Unido e Irlanda; “circunstancia que, obviamente, Canadá ni siquiera contempla en su acuerdo comercial”, matiza.

Un reciente sondeo de YoyGov, entre más de mil ejecutivos del Reino Unido, revela que casi tres de cada cuatro empresarios (el 73%) creen que el Gobierno de May se verá abocado a cerrar un acuerdo pésimo para los intereses británicos. Algo en lo que coindicen nombres próximos al partido conservador, como el del ex fiscal general, Dominic Grieve, para quien la reputación y la competencia económica del gabinete actual están supeditadas al resultado que determine el Brexit. Es decir, que resulta ser toda una incógnita a estas alturas de la negociación.

A menos de seis meses de la fecha señalada, Bruselas también observa más cerca el precipicio. “El riesgo es evidente para las dos partes”, admite el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, que afronta la recta final “con una creciente sensación de urgencia”. Igual que la eurodiputada, Danuta Hübner, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, tras reunirse en varias ocasiones con el comisario francés. Aunque el escenario central en la capital comunitaria, según coinciden las fuentes consultadas, sigue siendo un acuerdo de salida antes de final de este año que permita llegar con tranquilidad al próximo 29 de marzo. Pero si el estancamiento de las negociaciones no se supera este mes, la cuenta atrás puede precipitarse y fuentes comunitarias temen que se desencadene “una espiral de pánico entre empresas de los sectores más afectados por el Brexit”. Desde la banca, a los seguros, pasando por la aviación, las farmacéuticas o las firmas de distribución. Si no se pactan las condiciones de salida, el Reino Unido pasará el 30 de marzo a ser un país tercero como cualquier otro.

La Comisión Europea ya ha cursado instrucciones a autoridades, empresas y ciudadanos para que se preparen para lo peor. Desde las colas de camiones en puestos fronterizos y puertos que controlen la entrada de mercancías británicas, hasta la creación de las instalaciones necesarias para el movimiento de animales vivos y alimentos de origen animal. Bruselas recomienda, por ejemplo, que los ciudadanos europeos con titulación de centros educativos británicos verifiquen antes del próximo 30 de marzo si deben convalidarlos en su país de residencia, tal y como decía una reciente información de El País. El escenario límite llegaría probablemente precedido de la ya mencionada convocatoria de elecciones y la más que posible celebración de una segunda cita electoral para que la ciudadanía se pronuncie sobre el Brexit. Con el inestimable respaldo, es de esperar, del laborismo de Corbyn.

El tercer escenario, más plausible y benévolo, apunta a una salida pactada el próximo 30 de marzo y a una prolongación del período transitorio, al menos hasta el 1 de enero de 2022. El riesgo para los partidarios del Brexit es que “Reino Unido podría acabar en una especie de transición permanente”, reconoce el think tank europeo EPC, favorable a la prórroga. La cuarta alternativa, calificada de muy improbable por fuentes diplomáticas, sería una prolongación del período de negociación (dos años) previsto en el artículo 50. Bruselas teme que ese tiempo extra fomente la incertidumbre política en la UE (que ha mantenido una unidad sin fisuras desde el referéndum británico de 2016) y que enturbie las elecciones al Parlamento Europeo (mayo de 2019), en las que se espera que no participen los británicos.

El quinto y último presagio apunta a una retirada unilateral de la notificación de salida de la UE. Esa posibilidad provoca gran división entre los juristas (algunos la ven imposible) y causaría estupor en la mayoría de las capitales europeas, que han dedicado dos años de esfuerzo al Brexit. Pero la hipótesis ha ganado enteros tras la consulta planteada por un tribunal escocés al Tribunal de Justicia europeo, al que ha pedido, además, que se pronuncie con urgencia. Si los jueces comunitarios avalan la posibilidad de que el Gobierno británico dé un paso atrás un minuto antes de asomarse al precipicio, Londres contaría con una inesperada baza para jugar hasta el 29 de marzo a medianoche.

USMCA

El Nafta ha muerto… ¡larga vida al USMCA!

Imagen: Wikipedia

 

EEUU, México y Canadá anunciaron el último día de septiembre la refundación de unión aduanera. El nuevo tratado revisará sus cláusulas cada seis años.

 

Donald Trump no desaprovechó la ocasión para presentar la refundación del Nafta, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha estado en vigor casi un cuarto de siglo, desde 1994, bajo el mandato de Bill Clinton, para proclamar el cumplimiento de una de sus promesas electorales: la defunción de la unión aduanera con sus vecinos del norte y del sur. En aras de mejorar, según sus reiterados discursos, los flujos de inmigración, el dinamismo económico y la generación de empleos. El nuevo tratado, denominado USMCA (US-México-Canadá Agreement) será suscrito a lo largo del mes de noviembre por los dirigentes de sus tres países miembros. A expensas de que, obviamente, sea aprobado por las respectivas cámaras legislativas de EEUU, México y Canadá. Peter Navarro, el director del Consejo Nacional de Comercio de la Casa Blanca y asesor principal del líder republicano en esta materia, fue el encargado de confirmar “la muerte del Nafta”. Aunque el USMCA mantenga numerosas cláusulas en su texto del acuerdo original de la unión aduanera norteamericana. Entre otros capítulos, el del mantenimiento del actual sistema de resolución de conflictos o el de la preservación de las garantías culturales de cada Estado, esencial -este último- en la contención de fusiones en los medios de comunicación, donde la capacidad financiera y expansiva de las cadenas estadounidenses, que siempre se han mostrado proclives a entrar en el mercado mediático canadiense. Dos méritos que, sin duda, se deben incluir a la delegación canadiense.

Las diatribas triunfalistas de Trump tienen como claro objetivo recuperar el voto republicano de cara a las elecciones de mitad de mandato del próximo mes de noviembre. Convocatoria en la que las encuestas coinciden en dar ventaja a los demócratas. Aunque la adhesión de Ottawa al principio de acuerdo alcanzado entre Washington y el gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto no deja de ser una victoria para el actual inquilino de la Casa Blanca. Sobre todo, después de los duros cruces de declaraciones (y de descalificaciones) de Trump y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, a la conclusión de la cumbre semestral del G-7, en Québec. En los que la jefa de la diplomacia canadiense, Chrystia Freeland, llegó a alertar a sus conciudadanos de que “habría que prepararse para lo peor” porque “nunca” en la historia reciente, “las relaciones bilaterales habían estado en un punto más bajo y de tanta preocupación”. Canadá se erigió en estandarte del libre mercado. En la voz más crítica dentro del club de potencias más industrializadas contra la política de tarifas punitivas al comercio impuesta por la Casa Blanca; preferentemente a China y a aliados como Canadá, México, Europa o Japón.

Canadá es el primer socio comercial de EEUU, con un volumen de intercambio de mercancías y servicios de 673.900 millones de dólares. Un estudio de CD Howe Institute valoraba en más de 6.000 puestos de trabajo y una pérdida de tres décimas del PIB las subidas arancelarias sobre el acero y el aluminio -decretadas por Trump- para la economía canadiense. Mientras que la réplica de Ottawa de aplicar tarifas adicionales a productos estadounidenses como el whisky, la soja o bienes industriales de diferentes sectores, por valor de 16.700 millones de dólares, se cobrará 22.700 empleos, aunque sólo un recorte del 0,02% del PIB, a EEUU.

Pero, además, Washington deberá corroborar la luz verde al pacto del sustituto de Peña Nieto en la Jefatura del Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, primer dirigente izquierdista en asumir las riendas del país e infinitamente más crítico que su antecesor en el cargo hacia el compromiso de Trump de levantar un muro en la frontera sur estadounidense para contener los flujos de inmigrantes. López Obrador tomará posesión de su cargo el próximo 1 de diciembre, a pesar de que su victoria electoral se produjo ya el pasado mes de julio. Circunstancia que podría dar al traste con los 14 meses de negociaciones, en los que el Nafta, un mercado de 450 millones de consumidores, ha estado en varios momentos a punto de saltar por los aires. Por mucho que Trump siga incidiendo en que el nuevo tratado comercial es una coraza de protección para los trabajadores estadounidenses, para su sector industrial y para la actividad agrícola y ganadera. En contraposición a un Nafta que, llegó a decir, era “el peor acuerdo de la historia”. Pese a que sus efectos sobre la economía y el empleo en la mayoría de sus estados han sido incuestionables.

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Imagen: Statista

Pero, ¿en qué ha cambiado las normas de libre comercio de los tres socios norteamericanos? Y, sobre todo, ¿podría considerarse una refundación en toda regla el acuerdo al que han llegado las delegaciones de EEUU, México y Canadá? Ocho claves, en otros tantos asuntos de sumo interés comercial, ayudan a entender si el nuevo armazón normativo es o no substancialmente diferente.

1.- Cláusula de revisión. El USMCA incluye un principio rector por el que el acuerdo debe ser revisado cada seis ejercicios y una fecha de expiración: a los 16 años. Eso sí, establece que, cada ese periodo temporal, la renovación se produzca de manera automática, si no hay alegaciones de reconversión normativa de alguna de las tres partes. Este aspecto es sensiblemente más dócil que la pretensión inicial de la Casa Blanca de rectificar el acuerdo cada cinco años para que fuera prolongado en el tiempo.

2.- Tribunal de disputas. Se mantendrá el modelo de resolución de conflictos entre gobiernos. Una victoria del bando canadiense. Los litigios iniciados por los Estados no serán juzgados por tribunales de arbitraje privados en supuestos de dumping u otras prácticas comerciales dañinas. Sino por paneles previamente configurados con propuestas de los Estados miembros. Aunque se permite a determinados sectores, como el energético, actuar bajo iniciativa propia.

3.- Cuota diaria de mercado. EEUU accede a enviar un volumen de exportaciones equivalente al 3,6% del consumo diario canadiense. Un logro para la Administración Trump, sin duda. Porque en la actualidad apenas rebasa el 1%. Pero apenas resulta una cuota superior al 3,25% que su vecino del norte le ofreció dentro del acuerdo Trans-Pacífico (conocido por las siglas TPP) entre economías de una y otra orilla de este océano; es decir, entre los mercados de América y Asia bañados por el Pacífico. Además, Canadá se reserva el uso de la llamada Class 7, un sistema de precios sobre bienes de primera necesidad que siempre han criticado los granjeros de EEUU por considerar que les genera desventajas competitivas.

4.- Acceso a productos agrícolas. Canadá dará a EEUU más acceso a la entrada de bienes como el pollo, el pavo o los huevos, así como la venta de vino estadounidense en regiones como la Columbia británica. México también permitirá la adquisición de ciertos tipos quesos made in US.

5.- Reglas para la automoción. Giran en torno a dos normas básicas. El 75% de la exportación de vehículos fabricados en cualquiera de sus tres territorios estarán libres de aranceles. Un alza más que substancial respecto al 62,5% actual. Pero, adicional e ineludiblemente, el 40% de la producción de estos coches deberá ser realizada por trabajadores que obtengan, al menos, una remuneración de 16 dólares por hora para evitar ventajas competitivas vía salarial.

6.- Armazones tarifarios bilaterales. En el sensible sector automotriz. Con respecto a Canadá, se le permitirá enviar a EEUU 2,6 millones de vehículos libres de tarifas, frente a los 1,8 millones que exportó en 2017, así como materiales de la industria auxiliar de este sector sin barreras arancelarias por valor de 32.400 millones de dólares. Con México, el acuerdo es similar sobre el número de unidades, aunque amplía hasta los 108.000 millones el comercio del instrumental de vehículos.

7.- Compromiso de no intervención cambiaria. Una novedad de calado. El tratado establece el principio de mantener un régimen de tipo de cambio determinado por el mercado, que implica la promesa de no intervención en las fluctuaciones de sus divisas y que podría servir de modelo a futuros acuerdos aduaneros.

8.- Aumento del valor transfronterizo personal. Se incrementa la cantidad monetaria que cada persona puede trasladar por día. Así, Canadá exigirá un mínimo de 40 dólares canadienses en productos estadounidenses, desde los 20 actuales. Si bien, las transacciones con e-commerce se amplían hasta los 150 dólares canadienses. México lo eleva hasta los 50 dólares y hasta los 117 a los bienes estadounidenses que se favorecen de normas de duty-free.

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España y Catar firman un acuerdo para invertir juntos en el exterior

El Gobierno español y el catarí acaban de rubricar un documento con el que se comprometen a cooperar en el desarrollo de proyectos conjuntos de inversión en el exterior

Hace unos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió en La Moncloa con el ministro de Relaciones Exteriores de Catar, el jeque Mohamed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al-Thani. Ambos firmaron una declaración conjunta en la que España y Catar se comprometían a cooperar en el desarrollo de proyectos conjuntos de inversión en el exterior.

Un documento que servirá para establecer un marco institucional de colaboración que, en el caso de España, gestionará la Compañía Española de financiación al Desarrollo (Cofides), dependiente del Ministerio de Industria. Al otro lado, será la Autoridad de Inversiones de Catar (QIA) la encargada de gestionar las iniciativas que se presenten. Ambas entidades trabajarán en el establecimiento de un vehículo de inversión conjunto para llevar a cabo proyectos en regiones de interés mutuo, especialmente en América Latina.

Por otra parte, el también viceprimer ministro catarí aseguró durante el encuentro que el país al que representa tiene intención no sólo de mantener sino de aumentar las inversiones de la QIA en España.

RELACIONES BILATERALES

Según datos de ICEX España Exportación e Inversiones, las relaciones actuales entre ambos países son buenas y las exportaciones por parte de nuestro país siguen una tendencia creciente. El alto precio que suponen los combustibles fósiles que importamos de Catar hacen que el saldo de la balanza comercial sea desfavorable para España, en concreto de -344 millones de euros.

En el ranking de países que importan productos españoles, Catar se encuentra en el puesto 64. En 2017 sus compras alcanzaron un valor de 412 millones de euros, la mayor cifra de la serie histórica y un 20% más que en 2016. Las principales ventas se han realizado en ámbito de los aparatos mecánicos, un 22% del total. Le siguen el sector textil (12%), aparatos y materiales eléctricos (8%), muebles (8%) y tractores (7%).

En el primer semestre de 2018, y comparado con el mismo periodo del año anterior, se aprecia un aumento del 25% en las cifras de comercio bilateral hasta los 583 millones de euros. También se registra un déficit comercial de 151 millones de euros. Nuestras exportaciones crecieron un 12% hasta los 216 millones de euros, y las importaciones aumentaron un 33%, hasta los 367 millones de euros.

SECTORES DE OPORTUNIDAD

Entre los sectores que mayores oportunidades tienen en el mercado catarí están:

  • Ferrocarril y metro: Gracias a la red de metro que se está construyendo en Doha y a las líneas de ferrocarril de larga distancia que unirán Catar con la mayoría de sus países vecinos. No obstante, este último proyecto está parado en estos momentos tras el inicio del conflicto político de Catar con Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.
  • Autopistas y carreteras: Es uno de los sectores que más está creciendo por los problemas de congestión y sobrecarga que sufre la capital del país. El Gobierno planea construir 8.500 kilómetros de autopistas, 200 túneles y 30 puentes antes de 2023.
  • Puertos y aeropuertos: Está previsto ampliar el aeropuerto Hamad International Airport de cara a 2020. Por otra parte, se está llevando a cabo el desarrollo del mayor proyecto portuario del mundo, conocido como Hamad Port, para remplazar el puerto de Doha en cargo y dejarlo sólo como zona turística y deportiva. Su principal objetivo es convertirlo en un puerto alternativo a Yebel Ali, de Dubai, para las rutas europeas hacia Asia.
  • Generación energética: Este tipo de proyectos lleva más de un lustro aumentando. La Qatar Electricity and Water Corporation está ampliando su planta de ciclo combinado en Umm Al Haul, un proyecto enfocado también a la potabilización de agua. Por otra parte, las energías renovables van ganando peso año tras año, aunque todavía tienen poca importancia debido a la dependencia del país de los hidrocarburos. Se ha marcado como objetivo tener 10 gigavatios instalados en 2030 que produzcan el 20% de la electricidad consumida por el país.
  • TIC: El país apuesta por la tecnología smart a través del programa Smart Qatar, también denominado Tasmu. Ofrece oportunidades a las empresas del sector TIC así como a aquellas relacionadas con el Internet de las Cosas (IOT) y la integración de datos en plataformas de big data.
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El sector agroalimentario aumentó sus exportaciones un 6,6% en 2017

La entidad bancaria Cajamar ha publicado el estudio ‘Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo’, según el cual las ventas al exterior superaron los 49.000 millones de euros el pasado ejercicio

 

En los últimos días ha sido presentado el informe Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo, coordinado por Joaquín Maudos, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, y publicado por Cajamar. Y ha traído buenas noticias económicas para el campo analizado: en 2017 creció por tercer año consecutivo. La tasa de crecimiento de su valor añadido fue del 3,5%, hasta alcanzar un importe de 62.000 millones de euros.

Según el estudio, España ha superado a muchos de sus homólogos europeos en este campo. Nuestro país aportó en 2016 (último año disponible para la comparativa europea) el 12% del valor añadido del sector en la UE-28. En concreto, es la cuarta economía que más valor aporta al agroalimentario, sólo por detrás de Francia, Alemania e Italia.

Entre las variables que miden ese valor están las exportaciones, que en 2017 alcanzaron una cifra récord de 49.065 millones de euros, un 6,6% más que en el ejercicio anterior. Este aumento supera al de la media de la UE-28 (5,9%) y a economías como la de Alemania (5%) y Países Bajos (5,8%), que normalmente están a la cabeza en este apartado.

El 73,2% de las exportaciones agroalimentarias españolas va a parar a la UE-28. Más de la mitad son adquiridas por Francia, Alemania, Italia, Portugal y Reino Unido. Por otra parte, los principales mercados extracomunitarios, son el norteamericano (3,9%) y el asiático (4,2%).

Otra de las características que han realzado el valor del sector es el superávit alcanzado en la balanza comercial: España es el segundo país de la UE con el superávit comercial agroalimentario más elevado, con un saldo de 12.342 millones de euros. Un 3,2% más respecto a 2016 y casi tres veces superior al de la UE-28, que no ha llegado a los 5.000 millones de euros.

El informe indica que del total de empresas exportadoras españolas, el 11,8% se dedican a actividades agroalimentarias. Algo más de 19.000 compañías que venden sus productos fuera de nuestras fronteras, y que casi duplican en número a las registradas en el año 2000.

OTRAS VARIABLES POSITIVAS

El sector también ha recogido interesantes cifras en el campo del empleo: desde los años de la crisis hasta la actualidad ha creado puestos de trabajo, especialmente en el ámbito de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. En 2016 ocupaba a 1,2 millones de personas, lo que supone un porcentaje algo menor a la media de la UE-28 (6,3% frente a 6,6%). Aunque en nuestro país se han generado empleos mientras que en la Unión se han destruido (un +3,7% frente a un -2,5%).

En nuestro país, el 63,2% de las personas ocupadas en este sector se dedican a la agricultura, la ganadería y la pesca, algo menos que la tasa de la UE (67,7%). Aunque mayoritarios, estos bloques han ido perdiendo fuerza en los últimos años a favor de la industria alimentaria, que está ganando también en peso económico.

Por otra parte, en la cesta de la compra de los españoles tienen un mayor peso los alimentos y bebidas. Éstos representan el 19,6% del consumo, frente al 17,5% de la UE-28. En este predominio ha influido el hecho de que España sea uno de los países de la Unión que ha registrado una inflación más baja en alimentos y bebidas no alcohólicas, con una tasa del 1,7%, casi un punto porcentual por debajo de la media europea.

Peores cifras se registran en el ámbito de la inversión en I+D. En 2015 (último dato disponible), las empresas españolas gastaron 241 millones de euros, una cifra importante pero que está cayendo. Los datos de la Unión muestran crecimientos acumulados año tras año mientras que el esfuerzo innovador de España ha caído un 16,6% entre 2000 y 2015. Un aspecto que debería mejorar para reforzar el futuro a medio y largo plazo del sector.

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El peso atenaza de nuevo a Argentina y eleva la tensión política

Mauricio Macri está en la clásica encrucijada de toda convulsión económica:  realizar duros ajustes y reformas estructurales a cambio de la ayuda multilateral.

 

Toda convulsión económica desemboca en una política. Y viceversa. El último botón de muestra de esta máxima se localiza en Argentina. Mauricio Macri, su presidente, político liberal que dijo iba a acabar con la larga herencia del peronismo (Partido Justicialista) al llegar al poder, en 2015, y que prometió transformar el país, está contra las cuerdas a poco más de un año de los comicios generales. Su compromiso de cambio no sólo abarcaba la economía, aunque este terreno sería -aseguró- su primer campo de pruebas. También los estamentos institucionales y la sociedad, sometidos a una fórmula de fuerte gasto social, controles de la divisa, la industria y el tejido empresarial y con fuertes dosis de proteccionismo comercial. En apenas tres años, se encuentra ante la difícil encrucijada de acometer duros ajustes económicos sin restablecer el descontento social de un país que ha soportado al menos tres grandes crisis en los últimos dos decenios, a cambio de un macro-crédito del FMI que ayude a mitigar, primero, y superar, a largo plazo, las embestidas de los mercados contra el peso argentino, su moneda nacional. A la que a comienzos del milenio se le liberó de la atadura del currency board que tenía irremediablemente fijado su valor al del dólar.

La batería de medidas estructurales es de especial calado

En sintonía con el grado de derrumbe de la economía y de la repentina desconfianza inversora en el mercado argentino, cuya máxima expresión es la caída libre de su moneda. El peso se ha devaluado más de un 50% de su valor desde el inicio del año respecto al billete verde americano y en agosto, rozó el 30%- y sigue sin visos de poder realizar un aterrizaje, aunque sea forzoso, en su descenso. De ahí que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya exigido al Ejecutivo de Macri un plan de austeridad fiable que reduzca el déficit fiscal, con duros recortes del gasto público y un acuerdo con la oposición peronista para acometer una agenda de reformas estructurales con duras recetas para la sociedad civil. Y urgente. Porque el Banco Central de Argentina ha tenido que emplear más de 250 millones de dólares de sus reservas de divisas para contener desplomes diarios del 14% del peso en alguna de las jornadas negras del pasado mes de agosto.

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Inestabilidad económica y social

Desde el mercado, sin embargo, no creen que el mal endémico argentino sea exclusivamente de índole económica. Dispone de 50.000 millones de dólares de línea de créditos preferentes del FMI y sus registros contables son casi envidiables. Con superávits fiscales de provincias, un modelo financiero saneado y esfuerzos presupuestarios que han acercado el objetivo de déficit cero. Pero el contagio de los mercados emergentes al baile de divisas en torno a la revalorización del dólar ha sumido a Argentina en un nuevo episodio de crisis y a Macri en un escenario con el que no soñaba ni en sus peores pesadillas, con un índice de popularidad de apenas el 35%. Dice su equipo económico, cada vez más criticado en el país, que la herencia del kirchnerismo ha encendido la mecha de la inestabilidad inversora de los capitales hacia latitudes emergentes.

Ni siquiera la política monetaria con el peso argentino ha logrado capear el temporal

Aunque los tipos de interés han escalado hasta el 60%. La cúpula del FMI ya ha dado indicaciones claras a Macri de que revierta la situación y envíe con urgencia un plan revisado a su comité ejecutivo. A diferencia de otros mercados emergentes en riesgo, como Turquía, el Fondo no cesa de lanzar mensajes en los que admite ser un aval de Argentina ante los inversores. Por mucho que la rentabilidad de los bonos soberanos argentinos se haya disparado a tasas desconocidas desde que Macri tomó posesión de su cargo.

El ministro del Tesoro, Nicolás Dujovne, se comprometió a reducir “substancialmente” el déficit primario por debajo del 1,3% del PIB en 2019. Instantes antes de desplazarse a Washington para negociar con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde. Y de que el banco central tuviera que vender otros 175 millones en los mercados de divisas en una nueva defensa numantina del peso. Señal, a juicio de los analistas, de que el flujo financiero entre el Fondo y Buenos Aires fluye y seguirá con su suministro acordado.

Preocupación de los inversores ante la debilidad del peso argentino

Sin embargo, la debilidad del peso argentino persiste y preocupa a las agencias de rating. Standard & Poor’s no descarta un recorte notable de su nota sobre el país, que en la actualidad se sitúa en el B+, cuatro calificaciones por debajo del grado de inversor internacional, donde comienza la excelencia crediticia y, quizás, la matrícula de honor a la que pueden aspirar la mayor parte de las economías que no ostentan el título de industrializadas. Hasta situarla al nivel de Turquía, de Grecia o de las Islas Fiji. Dado el empeoramiento de las condiciones crediticias y de la fulminante volatilidad del peso. Amén de la complejidad de los ajustes de Macri. Un portavoz de la firma de calificación lo resumía de manera contundente: “Las recientes presiones sobre la moneda argentina podrían llegar a recrudecerse aún más en el futuro, añadiendo dificultades a las medidas de ajuste económica y propagando la fuga de capitales ante la ausencia de pasos decididos para restaurar la confianza inversora”.

Medidas acordadas por el gobierno de Macri con el FMI

Entre las medidas que el FMI ha solicitado a Argentina y que el gabinete de Macri baraja, según han constatado fuentes oficiales, destaca la subida impositiva sobre las exportaciones, que sería de hasta el 10% en productos como el trigo, dando al traste con la política de ventajas fiscales al sector exterior, una de las señas de identidad del Ejecutivo argentino. Aunque pretenden que tenga fecha de caducidad: hasta finales de 2019. Justo a tiempo para afrontar la cita electoral y solo como réplica para sacar a la economía de su segunda recesión en tres años y luchar contra una inflación que supera el 30%.

Dudas sobre el liderazgo y la credibilidad del gobierno argentino

La incertidumbre sobre si Macri logrará generar la paz social está más que justificada. En el colapso de 2001-2002 dejó temblando a la clase media del país, mientras se perdieron millones de puestos de trabajo. El sistema institucional y político estuvo al borde de la destrucción e, incluso, murieron un par de decenas de ciudadanos que protestaban en las calles. La mayoría de ellos, focalizaron su ira sobre el FMI, al que acusaron del desastre social que siguió al salvavidas financiero. Al igual que gran parte de la clase política. Desde líderes del peronismo, hasta dirigentes de otras formaciones denunciaron unas negociaciones abocadas a la generación de pobreza y de desigualdades entre ricos y pobres. “El remedio es peor que la enfermedad”, fue el gran eslogan que propició que el 75% de los argentinos se manifestaran en contra de “cualquier gobierno que reclamara la ayuda del FMI en el futuro”.

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La reacción, la gran baza de Macri

En apenas semanas, selló el acuerdo con el FMI, lo que dejó a los partidos de oposición y a la sociedad civil sin apenas capacidad de respuesta. Aunque esa misma ciudadanía podría no tardar en despertar. Entre otras cuestiones, porque sabe que el recetario económico de Macri, pregonado por sus ministros por activa y por pasiva en sus tres años de gestión, no contemplaba, en absoluto, que el país tuviera de nuevo problemas de financiación. Macri justificó ante los argentinos “haber llamado a la puerta del FMI porque nos enfrentamos a un nuevo escenario global y para evitar crisis como a las que tuvimos que enfrentarnos en nuestra historia reciente”. Algo que no concuerda con su autoalabanza de crear un modelo económico no tan dependiente de las inversiones extranjeras, capaz de financiar su dinamismo y que se acercara al pleno empleo. En palabras suyas, en campaña electoral, romper el muro para “devolver a Argentina a la normalidad”.

El efecto de tres años de Administración Macri se asemeja más a una vuelta al pasado que a un salto hacia adelante, a la modernización de la economía, porque la vigilancia del Fondo, estricta al máximo, ha vuelto y, con ella, los esfuerzos sociales para devolver la calma al capital foráneo y a los mercados, con suma dependencia financiera externa y alto riesgo de contestación en las calles.

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Un millón de empresas españolas se mantienen ajenas a internet

Casi un tercio de las sociedades de nuestro país no disponen ni de conexión ni de página web corporativa, viven ajenas a internet según el informe ePyme 2017 publicado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Ontsi)

 

Recientemente el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Ontsi) hizo público su informe ePyme 2017. En él analiza la implantación y desarrollo de las TIC en diez sectores de la economía que representan más del 70% del total de las empresas españolas: industria, construcción, venta y reparación de vehículos de motor, comercio al por mayor y al por menor, hoteles y agencias de viaje, transporte y almacenamiento, información y comunicaciones, actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares y actividades profesionales, científicas y técnicas.

Un tercio de empresas en españolas viven ajenas a internet

El resultado más sorprendente que se desprende del estudio es que algo menos de un millón de empresas españolas no disponen ni de conexión a internet ni de página web corporativa. Esto supone casi un tercio del total de compañías, según el Directorio Central de Empresas (Dirce), que a 1 de enero de 2017 tenía contabilizadas 3,2 millones de sociedades activas.

Un amplio porcentaje son pymes de menos de 10 trabajadores. Por ejemplo, en este grupo, y centrándonos en el sector de comercio al por menor, cerca del 40% de los establecimientos no tienen, ni si quiera, equipamiento informático básico. Es decir, un ordenador sencillo.

En lo que respecta al índice de penetración de acceso a internet, prácticamente llega al 99% en el caso de las grandes empresas y de pymes de 10 o más trabajadores. Sin embargo, las micropymes apenas superan el 70%. Una brecha que está presente en la mayor parte de los sectores analizados, excepto en algunos concretos, como el de la información y las comunicaciones, con una diferencia de un punto porcentual entre ambas categorías empresariales.

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El comercio al por menor a la cabeza de la adopción digital

En el lado opuesto se encuentra, de nuevo, el comercio al por menor, con una diferencia de 42,7 puntos porcentuales entre categorías. Le siguen de cerca los sectores de transporte y almacenamiento, actividades inmobiliarias y administrativas y construcción, con diferencias por encima del 38% en todos los casos.

El estudio también contabiliza el número de compañías que contaron con página web corporativa durante 2017: el 77,7% de las de 10 o más empleados (0,2% más respecto a 2016) y el 29,8% de las de menos de 10 trabajadores (1,7% menos que en el ejercicio anterior). La diferencia entre ambos segmentos es bastante acusada en todos los sectores estudiados, pero muy especialmente en el de venta y reparación de vehículos de motor. Un caso en el que la diferencia llega hasta los 57,7 puntos porcentuales. La menor diferencia se da en el campo de los hoteles y las agencias de viaje. Y no es ligera: 30,5 puntos.

Movilidad

En este aspecto las micropymes ganan por goleada, después de analizar la disponibilidad de dispositivos portátiles con capacidad de conexión móvil y para uso empresarial (principalmente smartphones). Según el global de todos los sectores, el 27,5% del personal de las compañías con 10 o más trabajadores están equipados con terminales de este tipo, frente al 38,2% de los empleados de las micropymes. Ambas pautas han crecido en comparación con 2016: un 2,2% y un 6,8%, respectivamente.

La diferencia más notable entre categorías se da en el sector de hoteles y agencias de viaje, con una brecha de 21,5 puntos porcentuales (15,6% frente a 37,1%). Por el contrario, las empresas con índices de penetración más igualados son las del sector de la construcción (31,5% frente al 36,7%). En cuanto al sector que mayor grado de movilidad permite a sus trabajadores es el de la información y las comunicaciones, en el que más de la mitad de las plantillas (58,5% en el caso de las empresas de 10 o más trabajadores y 64% en las de menos de 10) utiliza terminales con conexión móvil para el desarrollo de su actividad laboral.

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Las previsiones para el sector exterior en 2018 se resienten

El Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas ha lanzado su informe del segundo trimestre de 2018, en el que las exportaciones mantienen una tendencia negativa

 

Después de analizar la evolución de diversas variables económicas hasta julio de 2018, el Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas ha lanzado sus nuevas previsiones a corto y medio plazo, que no son muy diferentes a las del primer trimestre del año. De hecho, en lo que respecta al crecimiento del PIB, aunque en el segundo trimestre ha sido algo más bajo (0,6% frente al 0,7% de trimestres anteriores), el Observatorio mantiene sus previsiones para 2018 en 2,6% y para 2019 en 2,4%.

Claves del informe sobre las previsiones para el sector exterior en 2018

Sin embargo, la evolución de las exportaciones mantiene su tendencia negativa de los últimos meses. En cualquier caso, el informe asegura que la fuerza del dólar está aumentando la atracción de nuestra producción en los mercados que están fuera de la zona euro, aunque también advierte de que la política proteccionista de Trump está comenzando a afectar al comercio internacional.

Por otra parte, se ha notado una ralentización del consumo, aunque se prevé un crecimiento de esta variable del 2,5% a final de año. El informe asegura que será la que siga dando empuje a la economía española. Dicha afirmación se basa en la bajada del paro, la subida de las pensiones, los incrementos salariales y la firma de los convenios mantenemos nuestra previsión de crecimiento del 2,5% a final de año.

El descenso de la tasa de ahorro de los hogares al 5,7%, que representa la tasa más baja desde 2008, se mantendrá en estos niveles mínimos en el intervalo 2018-2019. Esta tasa ha sido negativa en tres de los últimos trimestres y no se espera a corto plazo un cambio de tendencia. El problema que remarca el informe es que el gasto en consumo es superior al aumento de la renta disponible, presentando los hogares una necesidad de financiación de 18.000 millones de euros, una deuda muy alta.

Las previsiones relacionadas con el IPC se han incrementado ligeramente para el ejercicio 2018, y se mantiene la estimación para 2019. En junio, la variación interanual del IPC era del 2,3%, (aunque el IPC adelantado de julio, 0,7% inferior al mes anterior, modera la tasa al 2,2%). La evolución del precio del petróleo y el entorno mundial de posibles restricciones arancelarias son causas determinantes de este ligero incremento.

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

En cuanto al empleo, según la última Encuesta de Población Activa, en España se han creado 469.900 empleos en el segundo trimestre del año. Esto ha hecho disminuir la tasa de paro al 15,28%, la menor en casi una década. El informe señala que la mayoría de los puestos de trabajo creados son empleos temporales y de carácter parcial. También que el 80% de los empleos generados corresponden al sector servicios, principalmente a hostelería, comercio, actividades sanitarias y servicios sociales.

La creación de empleo se ha concentrado en el sector privado y en el género masculino, cuya tasa de paro ha caído hasta el 13,67%, mientras que la de las mujeres supera el 17%. Por edades, las peores cifras siguen recalando entre los menores de 25 años, con una tasa de desempleo del 34,6%.

Por otra parte, las expectativas del bono español a 10 años son de subida de rentabilidad, pesando en esta tendencia la debilidad del gobierno, el problema de Italia o Cataluña, así como la inflación. Según el informe, las medidas expansivas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado (aumento de pensiones y funcionarios) servirán para mantener el consumo, aunque la inflación y la subida del petróleo empujarán en otra dirección.

Otras de las preocupaciones del Observatorio son la relajación en objetivos de déficit y la deuda incontrolada. Si la política expansionista del BCE cambia, dejará de comprar activos y hará que suban los intereses. De esta manera, el crecimiento se podría resentir y complicaría el desendeudamiento, a lo que se sumaría el problema irresuelto de las pensiones.