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Los países con mayor riesgo de suspensión de pagos

Si ayer veíamos el listado de los 15 países más endeudados del mundo, hoy nos centramos en analizar cuáles son las economías que, además del tan comentado y analizado Venezuela, a juicio del mercado, podrían estar ante una inminente declaración de quiebra de sus servicios de deuda. Según el indicador de JP Morgan Chase, que compara las primas de riesgo de los bonos de mercados emergentes con el valor del Tesoro americano, los posibles altercados en los vencimientos de pagos, las amenazas de reestructuración o swaps, o las posibilidades de que las compañías de reaseguros tengan que cubrir primas de contratos en curso por default; son siete. Los ordenamos de mayor a menor riesgo:

1.- Líbano. Al elevado endeudamiento del país hay que unir la tensión política por la abrupta renuncia del primer ministro Hariri, que supuso la salida inmediata de 800 millones de dólares de inversión privada del país ante las especulaciones de una escalada bélica entre Arabia Saudí e Irán. Las opciones de default crecieron a niveles de hace nueve años.

2.- Ecuador. Después de varios años de fiesta financiera, las obligaciones de la deuda externa del país andino crecieron, en tan sólo doce meses, a niveles del PIB desconocidos en los últimos nueve años. La economía ecuatoriana es muy vulnerable a los cambios de liquidez, y ahora, con precios aún bajos del barril de petróleo, tiene que cubrir un agujero de 2.500 millones de dólares que le sitúa en una posición crítica. Aunque el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, asegura que Ecuador cumplirá con sus compromisos futuros.

3.- Ucrania. Pese a que el riesgo de quiebra ha descendido desde sus niveles récord de 2015, persisten las dudas sobre la salud de la economía de esta ex república soviética que obligan a manejar las carteras de inversión con cautela. La economía se ha ralentizado por tercer trimestre consecutivo y el Parlamento acaba de aprobar una partida adicional, con cargo al siguiente plan presupuestarios, el de 2018, de 17.500 millones de dólares para hacer frente a las obligaciones de deuda, principalmente.

4.- Egipto. Cerca de la suspensión de pagos desde septiembre. Un coste que se agravó por las presiones saudíes para apoyar el aislamiento económico de Qatar. De momento, las reservas de divisas internacionales de su banco central podrán acometer las obligaciones de 14.000 millones del principal y los intereses de la deuda para 2018. Pero el ritmo de su endeudamiento es muy preocupante. Ha saltado desde los 55.800 millones a los 79.000 millones en apenas un año.

5.- Pakistán. Las señales se escucharon con fuerza en octubre. Pese a que había signos ya desde junio. La segunda economía del sur de Asia ha reducido substancialmente sus reservas de divisas extranjeras, mientras ha visto como ha engordado sus obligaciones de pago y se ha deteriorado su déficit por cuenta corriente. Tiene previsto sacar al mercado 2.000 millones de dólares en bonos soberanos.

6.- Baréin. El diferencial de su bono con respecto al de los principales mercados del mundo se ha alargado sin remedio. Hasta el punto de, incluso, pedir ayuda financiera a sus aliados del Golfo. Sus autoridades están buscando aumentar sus reservas internacionales para evitar una devaluación de su moneda con sus seis socios del Consejo de Cooperación, todos productores de petróleo. Aunque están dispuestos a ayudar a Baréin, obligan a este emirato a iniciar una dura agenda de reformas para reducir su elevado déficit.

7.- Turquía. A pesar de sus elevadas rentabilidades en los mercados de bonos, los inversores son todavía reacios a comprar deuda turca. Motivo por el que su spread ha crecido desde mayo y su riesgo de suspensión de pagos ha aumentado. Está en la lista de S&P de países más vulnerables a las condiciones monetarias internacionales.

 

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Los 15 países más endeudados del mundo

Japón, Grecia, Líbano, Cabo Verde e Italia son las economías con más deuda. Aunque, de todos ellos, sólo Líbano está incluido entre los de mayor riesgo de quiebra.

 

El World Economic Forum (WEF), institución que organiza la cumbre de Davos en la que se citan, cada enero, los principales responsables empresariales con líderes políticos y sociales de todo el mundo, acaba de publicar su Sondeo de Competitividad Global, indicador de la salud y los riesgos que asolan a los países de todo el planeta. Y uno de los principales motivos de preocupación es la excesiva deuda que han ido acumulando desde la crisis financiera de 2008, tanto las potencias industrializadas como los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Los niveles de deuda, medidos en relación al PIB, han crecido irremediablemente, también, al calor de unos tipos de interés históricamente en cotas bajas, lo que ha facilitado la financiación de las necesidades de endeudamiento.

Los quince países con mayores niveles de deuda.

Por orden decreciente.

15.- Mauritania. El 99,6% del PIB. Nación del norte de África con gran extensión de terreno, pero de apenas 4,3 millones de habitantes. El FMI aseguró en 2016 que sus elevadas cotas de endeudamiento estaban relacionadas con el descenso del precio de varias materias primas, en especial el hierro, que totalizan el 50% de sus exportaciones.

14.- Bélgica. El 105,5% del PIB. En noviembre, la Comisión Europea señaló a Bélgica como uno de los seis países de la Unión que estaba en la lista para asumir con urgencia la nueva regulación para reducir el déficit presupuestario.

13.- Estados Unidos. El 107,4% del PIB. La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, dijo el pasado mes de noviembre que “estaba preocupada por la sostenibilidad de la trayectoria de la deuda de EEUU”. Aun así, el presidente norteamericano, Donald Trump, acaba de recibir el apoyo del Senado a su cuantiosa reforma fiscal, que podría añadir 1,5 billones de dólares más al servicio de deuda del Tesoro.

12.- Chipre. 108% del PIB. El Gobierno chipriota fue forzado por sus socios del euro a asumir un plan de rescate de 10.000 millones de euros para afrontar pagos entre 2013 y 2014 que serían incluidos directamente en su balance de pasivos de deuda. Su economía, sin embargo, parece ir viento en popa, con crecimientos sostenibles que están permitiendo a sus autoridades reducir de manera más rápida que las previsiones del FMI su ratio de deuda.

11.- Bután. 110,2% del PIB. Tras varios años de alarmas por la acumulación de deuda pública en este pequeño país del sur de Asia, desde el Banco Mundial se asegura ahora que el riesgo se va reduciendo por “la adecuada gestión de su gobierno en el cumplimiento anticipado de los plazos de pagos” en tiempos recientes.

10.- Singapur. 112% del PIB. El gobierno de esta ciudad estado empieza a emitir señales de una cierta estabilización, dentro de un esquema fiscal sostenible que ayudará a reducir sus actuales ratios. “Teniendo en cuenta nuestros activos, podemos disminuir substancialmente la deuda neta de nuestro país”, explica su Ministerio de Hacienda en un comunicado reciente.

9.- Jamaica. 115,2% del PIB. La presión de su deuda supera los 2 billones de dólares jamaicanos, pero está empezando a caer. Su rating crediticio ha mejorado y los bonos jamaicanos están en la actualidad comercializándose con prima en los mercados internacionales.

8.- Mozambique. 115,2% del PIB. Su deuda pública ha estado sometida a controversias globales este año, después de que el FMI pusiera su respaldo al presupuesto en cuarentena para forzar al país africano a emprender medidas para hacer disminuir el tamaño de su endeudamiento.

7.- Gambia. 116,1% del PIB. Está empezando a convertirse en un gran y creciente problema para esta nación del Este de África. Su servicio de deuda está digiriendo alrededor de la mitad de los ingresos presupuestarios, lo que añade cada vez más presiones a las autoridades económica en su objetivo de tener alineados sus parámetros económicos.

6.- Portugal. 130% del PIB. La escalada de deuda portuguesa alcanzó su punto culminante entre 2010 y 2014, cuando llegó a declararse incapaz de restablecer su financiación sin asistencia del exterior y con el PIB en recesión. Su economía, sin embargo, se ha recuperado tras el rescate financiero y en noviembre ya adelantó casi 3.000 millones de euros al FMI.

5.- Italia. 132,6% del PIB. La Comisión Europea ha manifestado su creciente preocupación por la desmesurada deuda pública. En noviembre, una declaración oficial del Ejecutivo de Bruselas dijo que, “en el caso italiano, la persistencia de sus altos niveles de endeudamiento resulta ser de especial interés para la zona del euro y los inversores, dado el tamaño de la economía trasalpina y su influencia en las actividades productivas entre los socios monetarios europeos”.

4.- Cabo Verde. 133,8% del PIB. La economía del pequeño archipiélago africano se caracteriza por su débil crecimiento. Así ha sido en los últimos cinco años. Particularmente, por su elevada dependencia de la eurozona, que ha sido uno de los espacios más asolados por la crisis. Ahora, su coyuntura ha mejorado. Pero, desde el FMI se alerta de que una deuda en aumento, junto a una apreciación del dólar, como prevén los mercados, puede incrementar los factores de riesgo.

3.- Líbano. 143,4% del PIB. La deuda del país supera los 70.000 millones de dólares, lo que ha reducido la senda del crecimiento económico y recortado los gastos del estado tan sólo a planes de desarrollo estratégicos.

2.- Grecia. 181,3% del PIB. El FMI advirtió, en un informe confidencial, en enero, que la nación helena se enfrentaba a “explosivos” incrementos de sus niveles de deuda que podrían llegar a suponer más del 300% del PIB en unas décadas. A menos que acometa un programa significativo de reducción del endeudamiento. Grecia ha sido, quizás, el país más castigado por la crisis de la deuda europea y global.

1.- Japón. 239,2% del PIB. Un histórico en los rankings de endeudamiento mundial. Su deuda es superior a los 8,9 billones de dólares. Una ratio que se puede incrementar con la doctrina de la Abenomics, así llamada en referencia al primer ministro Shinzo Abe y su política de las tres flechas -inyecciones monetarias, estímulos presupuestarios y fiscales, y reformas estructurales-para espolear una economía estancada y sin vestigios de inflación en décadas.

Posters showing Lebanese Prime Minister Saad al-Hariri, who announced his resignation from Saudi Arabia, are seen in BeirutThomson Reuters

A estas quince naciones le sigue España, en el puesto 16, con el 99,3% del PIB.

Pero el tamaño de la deuda no siempre presupone que estos países sean los que ostenten los mayores riesgos de suspensiones de pagos. El listado de estos últimos lo veremos mañana, en este mismo blog.

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Nuevas ayudas públicas para impulsar al sector naval

En el último trimestre del año, la Administración ha actualizado normativas y firmado acuerdos para dar un nuevo empuje a los astilleros españoles. Éstos están entre los más valorados a nivel mundial, en parte gracias a su apuesta por la I+D+i, y exportan en torno al 85% de su producción.

 

España se encuentra en los puestos de cabeza del ranking mundial de la construcción naval, un sector eminentemente exportador que da trabajo a 87.000 familias de forma directa e indirecta, según fuentes de la patronal Pymar. Integrado sobre todo por medianas empresas, durante el pasado ejercicio sumó 65 unidades en construcción equivalentes a más de 452.000 CGT (toneladas compensadas).

Esta cantidad supone un crecimiento interanual del 2,3% y de más del 50% con respecto a cinco años antes. Nuestro país se sitúa así en el puesto 13º del mundo y 2º de la Unión Europea con más unidades en cartera, por delante de naciones costeras de su entorno como Italia, Alemania o Francia. De esos encargos, el 35% eran buques remolcadores, un 20% buques pesqueros y un 11% buques offshore (polivalentes de apoyo en alta mar).

Para mantener y mejorar tales cifras, el sector público se ha volcado con esta industria en el último trimestre del año. Para empezar, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el pasado 6 de noviembre el Real Decreto 873/2017, por el que se regula y actualiza la concesión de ayudas al sector de construcción naval en materia de investigación, desarrollo e innovación.

Quién se puede beneficiar de las ayudas

Podrán ser beneficiarios aquellos astilleros autorizados en España para la construcción de buques de casco metálico de más de 100 GT (arqueo bruto). Quedan exentas, entre otras, las empresas que tengan pendientes obligaciones de reintegro de subvenciones. También las que hayan declarado una ayuda ilegal o incompatible con el mercado común europeo.

El otorgamiento queda supeditado a la disponibilidad de recursos del fondo de reestructuración, gestionado por Pymar, una ‘hucha’ que tiene los días contados. No obstante, el texto apunta que el Ministerio de Economía podrá inyectarle hasta 15 millones de euros anuales hasta 2020, con cargo a sus presupuestos, si fuese necesario.

Según la patronal, a lo largo de esta década, el sector ha invertido más de 428 millones de euros en I+D+i, una cuantía que ha dotado a los barcos españoles de un alto valor añadido. “Los astilleros pequeños y medianos en España se caracterizan por construir buques muy especializados, con un muy alto nivel tecnológico, y centrados en series muy cortas o únicas”, aseguran fuentes de Pymar.

Financiación y Seguros en las ayudas

El mismo 6 de noviembre el BOE publicaba también una actualización del Real Decreto 442/1994 sobre primas y financiación a la construcción naval, por la que se regulan las subvenciones de los intereses generados a través de los préstamos solicitados para la construcción de barcos. El importe máximo no superará en ningún caso el 80% del valor del buque y su cuantía será la diferencia entre el tipo de interés del crédito concedido y el tipo comercial de referencia del euro, con un límite en la subvención de un punto porcentual.

Por otra parte, en los últimos días Pymar ha suscrito con la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) un acuerdo de colaboración que tiene como objetivo dar un nuevo impulso a la exportación en esta industria. Según la consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, el 85% de la contratación de los astilleros privados españoles responde a demanda extranjera.

A través del acuerdo con CESCE, se facilitará a las compañías la contratación de buques y se agilizarán los trámites para su financiación con armadores internacionales. Además se les ofrecerán herramientas para asegurar las operaciones, como la Póliza de Seguro para Crédito a Comprador, destinada a cubrir la financiación solicitada por el armador extranjero

También la Póliza de Seguro por Riesgos de Ejecución de Avales para Emisores, que cubre la emisión de garantías exigidas por el armador, como la garantía de reembolso de los pagos que va realizando durante la construcción del buque. Además de la Póliza de Seguros a Exportadores por Riesgos de Ejecución de Fianzas Indebidas, la Póliza de Garantías Bancarias (que cubre a la entidad financiera que otorgue un crédito para prefinanciar al astillero durante el periodo de construcción del barco) y la Póliza de Crédito Suministrador, para la cobertura al astillero del riesgo de impago del importe aplazado.

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Venezuela engendra ‘petro’, su criptomoneda, en plena crisis de deuda

Caracas precisa que la divisa estará sustentada con reservas de “oro, petróleo, gas y diamantes”, aunque Fitch y Moody’s declaran en quiebra a la petrolera PDVSA.

El anuncio fue realizado por el propio presidente venezolano, lo que confiere al giro monetario del país de la máxima credibilidad institucional. Nicolás Maduro dijo a sus conciudadanos y, de paso, a inversores nacionales y foráneos que petro nace con el objetivo de combatir el supuesto bloqueo económico al que se ha sometido a Venezuela y que le impide realizar transacciones financieras en el exterior. Un mensaje que vino acompañado de otros datos sorprendentes que corroboran la hipótesis de que el país sudamericano modificará de nuevo las reglas de juego. O lo que es lo mismo, transformará la seguridad jurídica de empresas y residentes.

Petro estará resguardada por reservas de gas y petróleo y otros minerales de alto valor, entre ellos el oro y los diamantes. De hecho, Maduro ha encargado la gestión de la criptomoneda venezolana a Manuel Quevedo, máximo responsable de la petrolera estatal PDVSA y ministro de Petróleo de su gabinete. Su primera misión -avanzó el líder bolivariano- será la de crear un Observatorio de blockchain o cadena de bloques, la estructura “institucional, política y jurídica” que permita la puesta en marcha de petro.

Este giro en la política económica y monetaria de Venezuela llega en un instante trascendental para la coyuntura del primer productor de crudo de América y el segundo (o primero, según los cálculos más a largo plazo) con mayores reservas petrolíferas del mundo, por detrás de Arabia Saudí. El jefe del Estado, que atribuye el deterioro de la economía venezolana a las sanciones impuestos por EEUU y Canadá contra los jerarcas del chavismo, acaba de realizar cambios en la cúpula ejecutiva de PDVSA, a cuyos anteriores gestores la Justicia del país les acusa de corrupción. Y, entre otras investigaciones, sondea contratos suscritos recientemente por PDVSA con más de 270 empresas que, según acusa la fiscalía del Estado, podrían albergar pruebas inequívocas de comisiones ilegales.

Las agencias de ratings

Esta decisión presidencial coincide, además, con la declaración, por parte de agencias de ratings como Fitch y Moody’s de suspensión de pagos a la petrolera estatal, cuyas cotas de extracción han descendido hasta cotas nunca vistas desde finales de los ochenta por el déficit tecnológico adquirido por la ausencia de acuerdos internacionales con gobiernos o petroleras con suficiente capacidad de innovación.

Sin embargo, y salvo estas declaraciones, los inversores internacionales coinciden en señalar la escasa información y la incertidumbre que rodea a este anuncio, en el que Maduro llegó a decir que “el siglo XXI ha llegado a Venezuela”.

Desde la oposición, se recuerda que cualquier decisión que afecte a la soberanía monetaria del país, debe tener el pertinente respaldo del Congreso. Al tiempo que ponen en duda que pueda ver siquiera la luz. Porque petro se ha concebido en plena tormenta financiera. Con el bolívar, la moneda oficial, en caída libre, los supermercados con claros síntomas de desabastecimiento, en especial de productos de primera necesidad, y una hiperinflación galopante para acceder a alimentos básicos y medicinas. Por si fuera poco, la deuda soberana ha estado varias veces a punto de estallar. No sólo por los retrasos en los vencimientos de los pagos desde su servicio del Tesoro, que ha complicado la venta de petróleo en los últimos meses. Sino porque Standard & Poor’s ya le ha puesto el cartel de quiebra a su servicio de deuda.

La mayor de las agencias de calificación rebajó su nota en noviembre por incumplimiento de dos bonos, por valor de 200 millones de dólares, correspondientes a bonos emitidos con fecha de vencimiento en 2019 y 2024. S&P la colocó en su grado SD/D (selective default/default), para endeudamientos en divisas extranjeras en CCC/C, la calificación anterior a la suspensión de pagos, pero con una vigilancia negativa, en moneda nacional. A juicio de sus expertos, “hay un 50% de posibilidades de que Venezuela pueda entrar en suspensión de pagos otra vez en los próximos tres meses”.

La decisión de la agencia coincidió con otro anuncio trascendental. Maduro comunicó el mismo día el “éxito” en las conversaciones sobre refinanciación de la deuda con los acreedores. Según cálculos oficiales, Venezuela tiene una deuda total cercana a los 150.000 millones de dólares, con abonos anuales cercanos a los 10.000 millones. Circunstancia que, para S&P, no resulta del todo exacta. En opinión de sus analistas, “resulta más probable que cualquier reestructuración (de deuda) de Venezuela deba ser entendida como un intercambio de deuda en dificultades y equivalente al default teniendo en cuenta las altas restricciones en la liquidez”.

Los rescates

Uno de los rescates extranjero a los que se refirió Maduro es la petrolera rusa Rosneft. Aunque también mantiene contactos de alto nivel para que el Gobierno chino, a través de sus empresas energéticas, para que asuman nuevas condiciones de financiación sobre la deuda venezolana. Entre otras razones, porque cualquier default de Venezuela (o, en este caso, de PDVSA) supondría la pérdida de una parte substancial de los 1.100 millones de dólares que Caracas tiene comprometido con la petrolera rusa. Y lo que es peor, “pondría en riesgo la recepción de otros 6.000 millones” dice el analista energético Alexander Burgansky, de Renaissance Capital.

A diferencia de sus rivales chinas e indias, Rosneft ha seguido acordando nuevos préstamos con PDVSA, que suministra casi la mitad de la producción exterior de la petrolera rusa. A cambio de inversiones de exploración. Pero los pagos, a través de entregas de crudo a futuros, no les ha reportado en los últimos tiempos las tasas de retorno que se habían calculado en los acuerdos, lo que ha perjudicado también la liquidez de la compañía rusa.

Petro, además, podría surgir en plena burbuja especulativa de las criptomonedas. No sólo de la más conocida en el casino virtual, el Bitcoin, que rezuma volatilidad a lo largo de este otoño. También en las más de 1.200 divisas digitales que operan en los mercados. El Bitcoin, que ha sido considerado siempre por el Gobierno de Maduro como un ejemplo de la economía social, acapara el 80% de este negocio y su valor ha tocado los 10.000 dólares por unidad. Entre no pocas advertencias sobre la ausencia de reglas de juego, la falta de supervisión o su permisividad con las operaciones de blanqueo de capitales y evasiones fiscales.

Aunque tampoco se debería eludir, a la hora de contemplar operaciones de inversión en el país sudamericano, la reciente devaluación monetaria ordenada por el banco central para el bolívar, cuyo nuevo billete, de 100.000 unidades, equivale a menos de 2,5 dólares. Otro paso más hacia la “eliminación de todas las monedas físicas” que Maduro avanzó como reacción al colapso de la divisa en 2016, motivado por la alta inflación en Venezuela.

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Las negociaciones entre Europa y Mercosur entran en una etapa crucial

El acuerdo podría sellarse a finales de año. Europa quiere más celeridad al recorte de tarifas y el bloque sudamericano, mayor acceso al mercado agrícola de la UE.

Europa y Mercosur acaban de inaugurar una nueva ronda negociadora para culminar el acuerdo de libre comercio entre los dos bloques económicos. Fue el pasado 29 de noviembre y tiene, en principio, una fecha de caducidad: el próximo 8 de diciembre. Pero no parece tratarse de su cita habitual con el fracaso. Porque, en esta ocasión, quizás por primera vez desde que, en 2010, se decidiera relanzar el diálogo bilateral que debe acabar con la creación de una pasarela comercial e inversora entre el bloque sudamericano y el mercado interior europeo, puede haber fumata bianca. El tratado, tras las iniciales consultas técnicas, parece quedar sólo a expensas de que las autoridades comerciales de Mecosur asuman la tesis europea de acelerar la entrada en vigor de la reducción arancelaria y que los responsables de la UE permitan un acceso más rápido a su sector agrícola por parte de las empresas exportadoras de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Venezuela, aunque es miembro de la unión aduanera desde 2012, tiene el estatus de país observador, por lo que queda excluido de cualquier acuerdo comercial de Mercosur.   

De hecho, ambas partes han manifestado su compromiso y confianza en que antes de Navidad puede anunciarse el pacto. La UE está especialmente interesada en plasmar la entente cordiale. Esencialmente, porque sería un gran golpe de efecto para su diplomacia económica. En una fase en la que EEUU parece cada vez más decidido a abandonar su estrategia de grandes pactos de libre comercio y a apostar por el proteccionismo de su tejido productivo e industrial. Es decir, a enterrar, al menos durante la Administración Trump, su histórica defensa de la libre circulación de mercancías, bienes y servicios. De rubricarse, Europa mandaría un claro mensaje de alinearse, junto a China -el actor que dice asumir con sumo interés la cesión del cetro estadounidense en la hegemonía del comercio mundial-, en la tarea de gobernar la globalización. Con negociaciones abiertas con EEUU (el llamado TTIP), el reciente acuerdo suscrito con Canadá (CETA) y Mercosur como su reciente hoja de servicio en favor de la causa de los mercados globales. De ahí su interés en exhibir al mundo un desmantelamiento de las barreras arancelarias fulminante. Si se llega al acuerdo, se inauguraría un negocio bilateral, según sus cálculos oficiales de la Comisión Europea, equivalente a la tercera parte del PIB de la UE y unas cifras de comercio que excederían de los 100.000 millones de euros.

La delegación argentina es, incluso, más optimista. Se ha puesto como objetivo anunciar el pacto en diciembre, durante la cumbre de la OMC en Buenos Aires, tal y como ha avanzado el propio presidente Mauricio Macri.

El único gran escollo surge de Francia. La voz más crítica hacia las concesiones al sector agrícola sudamericano. Uno de los más potentes del planeta y la gran fuerza exportadora de Mercosur con permiso de la industria vinculada a las materias primas. París siempre ha mostrado su recelo a restar privilegios a sus subvencionados y protegidos modelos agrícola y ganadero. Los que más se benefician de la generosa Política Agraria Común (PAC).

Sin embargo, la otra parte del gran eje europeo, la alemana, está ejerciendo toda su influencia para suavizar la postura gala, cuyos efectos colaterales han empezado a vislumbrarse. Entre otras razones, porque Berlín ha estado detrás de los fulgurantes avances negociadores que se han constatado desde octubre del pasado año, cuando se limaron gran parte de las asperezas históricas y se empezaron a descubrir numerosos puntos en común tras el tiempo muerto decretado en 2012 por la falta de consensos. Desde entonces, los obstáculos en aspectos como las reglas de origen, las barreras técnicas al comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias, los servicios, los procedimientos de resolución de disputas, la propiedad intelectual, el desarrollo sostenible y las normas de juego con las que las pequeñas y medianas empresas deberán operar en el espacio de libre comercio, han ido desapareciendo.

Europa es para Mercosur el principal socio comercial. Los socios de la Unión adquieren el 21% de las exportaciones totales. Mientras, las ventas europeas al bloque sudamericano aumentaron desde los 21.000 millones de euros en 2005, hasta los 46.000 millones en 2016. En ese mismo periodo, la factura de los cuatro países del Cono Sur americano creció desde los 32.000 millones hasta los 42.000. Principalmente, productos agrícolas, como comestibles de primera necesidad y perecederos, bebidas y tabaco que, en total, representan el 24% de sus ventas. Pero también destacan otras partidas del sector primario como la de productos vegetales, donde se incluyen la soja o el café y que suponen el 18%. La carne y otros bienes animales acaparan el 6%. Fuera de la industria agrícola, destacan las ventas de minerales (14%); la madera y el papel (8%) y la maquinaria, con otro 5%.

Por su parte, Europa envía a Mercosur principalmente maquinaria (el 29% del total); vehículos y componentes de automoción (17%) y productos químicos y farmacéuticos, con otro 24%. Pero, además, es el máximo inversor extranjero en la región, donde ha pasado de enviar flujos de capital por valor de 130.000 millones de euros en 2000 a 387.000 millones en 2016. Mercosur, ese mismo año realizó inversiones de 115.000 millones de euros.

 

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Los concursos de acreedores de empresas disminuyen un 3,6%

Según el informe Atlas Concursal, elaborado por el Registro de Expertos en Economía Forense con datos de entre enero y septiembre de 2017, esta cifra choca contra el aumento del 13% de los procedimientos abiertos por personas físicas

 

El Registro de Expertos en Economía Forense (REFOR) ha presentado el Atlas Concursal, que recopila los últimos datos sobre las principales variables relacionadas con la insolvencia en nuestro país. Entre ellos se ha detectado una disminución del 3,6% en los concursos de acreedores de empresas entre enero y septiembre de 2017.

Por el contrario, se ha detectado un aumento del 13% en los de personas físicas, debido en gran medida a que para poder obtener un acuerdo extrajudicial de pagos es necesario declarar este tipo de concurso. Por otra parte, han descendido un 30% los acuerdos de refinanciación homologados.

Las cifras de acreedores por comunidades

En el total nacional de 2016, el 0,13% de las empresas acude a concurso de acreedores (una de cada 800). La Comunidad Valenciana y el País Vasco son las regiones que registran la tasa más elevada, con un 0,18%. Le siguen Cataluña y Aragón, con un 0,15%; Galicia, con un 0,13%; y Madrid, con un 0,12%. En la cola del listado se encuentran: Andalucía, con un 0,09%; y Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias, con un 0,08%.

Según Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas (del que depende el REFOR), en muchas ocasiones las empresas acuden tarde al concurso y en unas condiciones económicas muy negativas, por lo que el 90% de las que lo hacen acaban en liquidación. “Sería conveniente que, antes de llegar a una situación límite, intenten refinanciarse empleando los mecanismos que hay a su disposición”, recomienda.

El estigma de los acreedores

Desde su punto de vista, en España las situaciones de insolvencia siguen percibiéndose como un estigma. “Muchas empresas se resisten a acudir al concurso por una posible pérdida de reputación”, comenta. En el documento elaborado por el REFOR queda patente ese ‘miedo’ teniendo en cuenta las diferencias de nuestro país con respecto a otras naciones de nuestro entorno: frente a los 4.000 concursos registrados en España en 2016, en Francia se contabilizaron unos 58.000, 21.500 en Alemania y 16.500 en Reino Unido, entre otros ejemplos.

La micropyme las más afectada

Según el texto del REFOR, la empresa mayoritaria en España en el ámbito concursal es la micropyme, que alcanzó en 2016 el 52% de los concursos. Por eso, desde este organismo se recomienda incluir una regulación específica en la Ley Concursal para este tipo de entidades.

En concreto, sus responsables proponen aplicar criterios de tipo económico y empresarial a medio plazo, más que de tipo jurídico procesalista, garantizando la subsistencia de muchas pymes. De esta manera se favorecería la continuidad de la actividad y la disminución en el número de concursos que terminan en la liquidación de la empresa (el 93% en 2015 según Estadística Concursal de Registradores).

El documento también hace hincapié en la necesidad de fomentar los acuerdos de financiación, que están perdiendo fuerza. “Representa en cifras absolutas un número muy reducido en comparación con el número de concursos de acreedores”. En concreto 90 de 4.080, poco más del 2%.

Para paliar esta tendencia, desde el REFOR explican que deberían plantearse ciertas reformas y modificaciones que hagan más atractivos este tipo de acuerdos. “Medidas tales como limar formalidades, estimular su utilización por parte de las pymes, simplificar el procedimiento o incluir en los mismos el crédito público coadyuvarían en este sentido”.

Por lo que respecta a las mediaciones concursales, es un procedimiento muy utilizado por personas físicas, y muy poco por las jurídicas. De las 1.095 solicitudes registradas desde su puesta en marcha en septiembre de 2014 hasta el mismo mes de 2016, sólo 43 pertenecen a personas jurídicas (un 96% frente a un 4%).

Ante este hecho, uno de los objetivos en este terreno, según el REFOR, sería el de implementar mecanismos que favorezcan la mediación entre pymes y micropymes, incluyendo a las Administraciones Públicas en las mismas.

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Exportar productos de consumo a China, más barato a partir del 1 de diciembre

Las rebajas del Black Friday parecen no tener límites. Casualmente o no, el mismo día en que el mundo estaba sumido en el consumismo masivo fue elegido por el Ministerio de Finanzas en China para anunciar una noticia de gran alcance. La segunda economía del mundo rebaja las tarifas a las empresas que quieran vender en su país. Los aranceles para los productos de consumo extranjeros pasan de una media actual de 17,3% al 7,7%.

El efecto de esta decisión es casi inmediato porque será operativa a partir del próximo 1 de diciembre. Afectará, según han publicado las agencias internacionales, a 187 tipos de productos de gran consumo, entre los que se encuentra ropa, zapatos, electrodomésticos, medicamentos o artículos de entretenimiento entre otros.

Política de reducción de aranceles en China

Este es un paso más en la política de reducción de aranceles que el gigante asiático inició en 2015.  Y, según han comentado las autoridades chinas, tiene como objetivo incrementar la oferta de productos dentro del país e incentivar el consumo. China se ha dado cuenta que en su sociedad ha crecido una clase social media alta con un poder adquisitivo bastante boyante que no tiene reparos en viajar a occidente para conseguir productos que jamás llegarán a China en las condiciones actuales. Ahora, quiere que compren esos productos en su propio país.

Con la vista puesta en ese negocio se toma esta medida. La reacción de las bolsas occidentales así lo corrobora y es que las principales empresas de consumo con Nestlé o Procter&Gamble entre otras protagonizaron destacadas subidas en bolsa nada más conocerse la noticia, la mañana de viernes 24 de noviembre.

Especial beneficiados los bebés y las farmaceúticas

Entre los más beneficiados por esta medida están las empresas especializadas en productos para bebes. La leche en polvo o los pañales, por ejemplo, han quedado libres de aranceles. Esto permitirá a las empresas extranjeras del sector entrar en un mercado que Goldman Sachs ha estimado que alcanzará los 18.700 millones de dólares en 2020 y que está incentivado por los problemas de credibilidad y escándalos alimentarios que este tipo de productos de origen chino han tenido que afrontar recientemente.

Las farmacéuticas como Pfizer o Novartis también notaron en bolsa el efecto de la media. Entre los 187 productos rebajados hay una gran variedad de medicamentos, incluidos varios antibióticos y productos de insulina cuyos aranceles se reducen del 6% actual al 2%. Las importaciones médicas de China ascendieron a 22.000 millones de dólares en los primeros 10 meses de 2017, según los últimos datos de la Administración General de Aduanas publicados por la prensa internacional.

Las pymes también podrán beneficiarse en China

Pero no solo las grandes corporaciones podrán beneficiarse de esta medida. Para las pymes también es una buena oportunidad.  No solo abriendo negocio directo en China, cuyas peculiaridades ya hemos contado en alguna ocasión en este blog, también es una ocasión única para las plataformas de comercio electrónico.

Alrededor de 42 millones de chinos compraron productos extranjeros a través de plataformas transfronterizas de comercio electrónico el año pasado, gastando alrededor de 1,2 billones de yuanes (280,78 mil millones de dólares), según el Centro de Investigación de Comercio Electrónico de China con sede en Hangzhou.  Se espera que ese número llegue a 59 millones de compradores este año, con un valor de compra de 1,85 billones de yuanes.

La medida se produce apenas unas semanas después de la visita del presidente de EEUU a China. Donald Trump transmitió su descontento por las ” barreras comerciales injustas que limitan la venta de productos extranjeros en China”. Y después de que ambos países hayan firmado una serie de contratos multimillonarios.

La visita de Trump también implicó que el gobierno chino anunciase que elevaría su límite de propiedad extranjera de valores, administración de fondos y compañías de futuros de una participación minoritaria del 49% a una participación mayoritaria de 51% y terminaría con restricciones pasados los primeros tres años.

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Las estrategias comerciales británica y estadounidense entran en conflicto

El eje anglosajón se resiente. Reino Unido desea preservar la ‘regla de oro’ de los grandes acuerdos de libre comercio. Frente a la tesis de Trump.

 

La histórica y cultural entente cordiale de habla inglesa disiente en uno de los principios sagrados del libre mercado: la libre circulación de bienes y capitales. El titular de comercio británico, Liam Fox -quizás el halcón menos propenso a un acuerdo duro en las negociaciones sobre el Brexit con la UE- se ha declarado firme partidario de perseverar en la “regla de oro” de buscar y firmar grandes acuerdos comerciales. Todo un jarro de agua fría hacia la recién instaurada doctrina del proteccionismo en la Casa Blanca.

Fox reafirmó su compromiso con el fomento de los flujos globales de mercancías y comercio y de activos en la casa de la Organización Mundial de Comercio (OMC). En Ginebra. Donde también recalcó que la salida del Reino Unido de la UE obligará a Downing Street a recuperar su independencia en materia de soberanía y comercio y defender la causa del libre comercio internacional. Una teoría que, a su juicio, va en la actualidad a contracorriente, dijo sin mencionar al actual presidente de EEUU. Pero el responsable del Ejecutivo de Theresa May también dejó otro aviso a navegantes: la OMC es la institución idónea para cumplir con su mandato de “ser repositorio de nuestros valores”, misión que entra en colisión -aseguró- “con la desagradable reaparición de numerosas tentaciones proteccionistas”, a las que “es necesario combatir” porque “no son garantía de prosperidad” como dicen sus partidarios. Trump acababa de filtrar, en su reciente gira por Asia, donde ha sacado a relucir varios de estos mensajes de rechazo a la globalización comercial, que EEUU se opondrá a las propuestas de renovación de los paneles de resolución de disputas, uno de los mecanismos que usa la OMC para mediar e interceder en los conflictos entre países o en litigios contra herramientas que, como el dumping, atentan contra la libre circulación de bienes.

Cambios a corto plazo

De hecho, el actual máximo representante estadounidense en la organización, el subdirector general Alan Wolff, se ha mostrado partidario de que “se paralizase el proceso” de renovación de nombramientos y los paneles de resolución de disputas porque, muy presumiblemente, el próximo año, algunos de sus Estados miembros podrían recuperar su capacidad sancionadora en materia comercial.

Fox, por su parte, recordó que el actual sistema de comercio global “ha sido el pilar fundamental del progreso y la prosperidad” desde la Segunda Guerra Mundial, porque ha estado detrás de la salida de la pobreza de miles de millones de personas en el último cuarto de siglo. “Así que no es solamente una misión económica en la que estamos embarcados, sino un desafío moral, luchar por mantener en el futuro esta estructura” de libre comercio, explicó.

Sin embargo, para tal empresa, parece que Londres no podrá contar con su histórico aliado. Los países del Trans Pacific Partnership (TTP) han relegado definitivamente a EEUU de su ronda de negociaciones. Aunque esperaron hasta el último minuto por la insistencia de Canadá en tratar de encauzar la presencia de su vecino del sur. Fue el pasado 11 de septiembre. Apenas unos días antes de que empezasen también, de forma oficial, las conversaciones entre EEUU, Canadá y México para renegociar el Nafta norteamericano. Finalmente, Washington no asistió al cónclave.

Una decisión que Japón también lamentó

Porque confiaba en que la gestión de última hora de su primer ministro, Shinzo Abe, con Trump, durante su reciente periplo en Tokio, hubiera dado sus frutos. Así lo admitió su ministro de Economía, Toshimitsu Motegi, quien se apresuró a dejar una puerta abierta en el futuro a una posible adhesión estadounidense. Sobre todo, para poder amortiguar el dominio económico y comercio de China. El Gobierno nipón ha sido uno de los lobbies más activos en la defensa del TTP, pacto que elimina tarifas sobre productos industriales y agrícolas de once economías bañadas por el Pacífico, y que se consideraba el contrapeso a la estrategia de expansión exterior de China en la región. El TTP es una unión aduanera de 356.000 millones de dólares, el valor de las mercancías que se intercambian entre sus socios, en el que no está China, por expreso deseo de todos sus integrantes.

En cualquier caso, el posicionamiento estadounidense puede acabar afectando al futuro del tratado. Entre otras razones, porque Japón y Canadá, dos de sus mayores economías, reconocen tener dudas sobre los siguientes procedimientos liberalizadores, que afectarán a los derechos laborales y de propiedad intelectual, y a la protección del medio ambiente. Con EEUU fuera también del pacto sobre cambio climático, ambos países se han reservado la firma de dichos acuerdos de comercio hasta saber las repercusiones y efectos colaterales que tendrían sobre sus trabajadores.

Trump y su teoría de “América primero”

Por si fuera poco, en el largo periplo por Asia, Trump no tuvo reparos en reconocer el liderazgo comercial de China en la globalización. Lo hizo durante su escala en la cumbre de la APEC, el foro para la Cooperación Económica Asia-Pacífico, que aglutina a 21 naciones de ambas orillas de este océano y que suman el 60% del PIB global y casi la mitad de la población del planeta. Y en presencia de sus homólogos chino, Xi Jinping, y ruso, Vladimir Putin. Trump reivindicó su teoría del América, primero, y arremetió contra los “abusos comerciales crónicos” que, a su juicio, ha padecido recientemente EEUU, por lo que perseveró en su empeño de que la Casa Blanca sólo colaborará con la APEC si “acata acuerdos comerciales justos y recíprocos”. O, dicho de otro modo, si, como en el caso del Nafta, se renegocian pactos vigentes que “han costado millones de puestos de trabajo a ciudadanos de EEUU”. Una anomalía que, en su opinión, ha sido posible por la OMC, de la que -afirmó- “no puede funcionar correctamente” si sus miembros no respetan las reglas. En alusión a que, desde su punto de vista, “no ha existido reciprocidad” en su seno cuando EEUU ha reducido las barreras y ha suprimido aranceles. “Esas prácticas han dañado a mucha gente en mi país”, lamentó.

Eso sí, se reservó su acción comercial para las relaciones bilaterales. Porque en su estancia en Pekín, Trump firmó quince acuerdos de comercio con China por valor de 250.000 millones de dólares. Entre otros, para establecer joint-ventures dirigidas al desarrollo de proyectos de gas natural licuado en Alaska, hasta ahora reserva energética de EEUU, o un mega-contrato para suministrar a China Aviation de componentes aeronáuticos de alta tecnología, a cambio de la adquisición, por parte de la aerolínea china, de varios modelos de Boeing, por valor de 37.000 millones de dólares.

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El seguro del exportador

La internacionalización del tejido empresarial y ser exportador

Desde hace varios años, la Administración y las empresas españolas y sus organizaciones representativas apuestan decididamente por fomentar la internacionalización de nuestro tejido empresarial, conscientes de que si la economía española quiere crecer, ha de ser a través del exterior. Es por ello que desde todos estos ámbitos se alienta a las empresas a salir al exterior como única vía de crecimiento, como medio para fomentar la productividad, la innovación y para crear empleo. Para ello es necesario ser exportador.

Un mensaje este de internacionalizarse para crecer que, pese a su validez incuestionable no siempre se acompaña de una reflexión previa y necesaria como es la necesidad de disponer de masa crítica, productividad, innovación y capacidad de crecimiento como garantías del éxito a la hora salir al exterior.

Los datos y el seguro exportador

Un aspecto este último esencial en un tejido empresarial como el español que está formado casi en su totalidad por pymes. Las empresas con menos de 250 trabajadores representan el 99,88%, lo que equivale a 3.178.408 unidades productivas. Por ello, si queremos que se consolide el modelo de crecimiento orientado al exterior, debemos dinamizar los instrumentos que ayuden a potenciar esas deficiencias en productividad, innovación y, fundamentalmente, en la financiación.

Las carencias financieras son, hoy, uno de los factores que más está frenando el desarrollo de la exportación en las empresas. Desde las distintas administraciones se han puesto en marcha diferentes instrumentos financieros públicos para solucionarlas o mitigarlas. Entre ellos está el seguro de crédito de CESCE, que juega hoy un papel esencial como elemento dinamizador y de apoyo a la iniciativa empresarial. Un papel clave que quedó de manifestó durante los primeros años de la crisis, cuando fueron los mecanismos oficiales los que hicieron posible acometer los proyectos en el exterior ante la carencia casi absoluta de crédito por parte de las entidades, demostrando su utilidad como corrector de fallos de mercado.

Hoy, con la recuperación económica en fase de consolidación, y con ella la oferta de financiación privada, la realidad es que ésta, que fluye para las grandes empresas, todavía no llega a las pymes; o, al menos, no lo hace en la cuantía y con las condiciones que debiera, lo que se traduce en pérdida de oportunidades de negocio exterior y de crecimiento en los mercados internacionales. Y a esto es a lo que quiere y va a contribuir CESCE, a través del Plan Estratégico que la Compañía ha aprobado con el horizonte del año 2020, y que tiene como ejes estratégicos la internacionalización, la digitalización y las pymes, poniendo al cliente como eje prioritario de todas las actividades y productos.

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Consejos de fin de año para mejorar la Renta 2017

Durante sus Jornadas Tributarias, el Consejo General de Economistas ha lanzado una batería de consejos a las pymes, con el fin de que puedan tomar decisiones antes de que acabe el año que repercutirán positivamente en su declaración de la Renta.

Las Jornadas Tributarias anuales

En los últimos días, el REAF-REGAF, órgano especializado del Consejo General de Economistas, ha celebrado en Madrid sus Jornadas Tributarias anuales. En ellas se han puesto sobre la mesa temas como el escenario de la fiscalidad internacional, los riesgos de la implantación del SII, cómo están impactando las nuevas tecnologías en la forma de trabajar de los despachos profesionales y los aspectos contables de las aportaciones de negocios.

Los consejos

Además, se aportó un listado de consejos útiles antes de que acabe el año fiscal para que el empresario pueda planificar mejor su Renta 2017.

  • Cambiar rentas dinerarias por rentas en especie: Es un buen momento para negociar cambios en los contratos de los trabajadores de cara a 2018, con retribuciones en especie que no tributan (exceptuando el IVA correspondiente), como la tarjeta restaurante, el abono de transporte o el vale guardería.
  • Vehículos eficientes: Si se utilizan vehículos de empresa como retribución en especie, mejor que sean de los considerados energéticamente eficientes, con mayores ventajas fiscales.
  • Seguro médico: Si se abona el seguro médico desde la empresa a empleados (e incluso a su cónyuge e hijos), puede beneficiarse de una exención de hasta 500 euros para cada una de las personas aseguradas. Y si alguno es discapacitado, la renta en especie que no tributa se amplía a 1.500 euros por cada uno de ellos.
  • Capitalizar el paro: Si tiene derecho a cobrar la prestación por desempleo y va a iniciar una actividad económica, es recomendable solicitar el cobre en la modalidad de pago único. Así no tributará por ella, siempre y cuando no haya cese de negocio durante los cinco años siguientes.
  • Subvenciones: Cualquier ayuda percibida en 2017 tributará, como por ejemplo el Plan PIVE o el Plan MOVEA, excepto aquellas que por ley se declaren exentas. Por otra parte, si la subvención está concedida pero aún no se ha abonado, no será necesario declarar la ganancia hasta que se perciba.
  • Trabajar desde casa: El empresario o autónomo que trabaja desde su domicilio podrá deducir los gastos de titularidad del inmueble en proporción a los metros cuadrados que destine a la actividad. Por ejemplo, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la comunidad de vecinos y otras tasas. Por otra parte, podrá deducir un porcentaje, según el tiempo que destine al desarrollo de la actividad, de la parte de vivienda utilizada en la misma sobre los gastos de suministros como internet, luz, agua o calefacción. En 2018 la ley fijará ese porcentaje en el 30% para evitar litigiosidad.
  • Manutención deducible: El empresario o autónomo que se desplaza por motivos de trabajo fuera del domicilio de la actividad puede deducirse los gastos de manutención siempre que esté justificado por factura. A partir de 2018 éstos se podrán deducir con los límites establecidos para las dietas exceptuadas de gravamen reguladas en el Reglamento y que se paguen con tarjeta.
  • Creación de empleo: Dirigido a aquellos empresarios que realicen actividades económicas, determinen el rendimiento neto en estimación directa y tengan en mente generar puestos de trabajo en 2017 y 2018 con respecto a 2016 contando con que pueda beneficiarse del régimen especial de empresas de reducida dimensión. Se recomienda invertir en elementos nuevos del inmovilizado material o de las inversiones inmobiliarias, que podrá amortizar libremente hasta en 120.000 euros anuales por empleo generado.
  • Atención al cliente: Si se pretende realizar gastos de atenciones a clientes y proveedores antes de que termine el año y va a superar en ello 2.000 euros anuales, puede ser interesante aplazar el exceso de ese importe a 2018, ya que está limitado el gasto deducible por este concepto a la citada cantidad.
  • Rendimientos: Si se determina el rendimiento neto de la actividad por estimación objetiva, y en 2018 va a poder seguir haciéndolo porque no prevé superar los límites en este año, es el momento de echar cuentas y ver si su rendimiento neto real supera o no llega al que le sale por módulos. En el segundo caso le podría interesar renunciar al régimen, teniendo en cuenta que la estimación directa conlleva obligaciones formales mayores.
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España se une al club de la ‘descarbonización’ económica

Ha hecho pública su adhesión a la Plataforma 2050 durante la Conferencia del Clima de Bonn. Participación que lleva implícito el desarrollo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la descarbonización. 

 

España, dentro de la plataforma

Aprovechando su participación en la Conferencia del Clima celebrada en Bonn (Alemania), España se ha sumado a la Plataforma 2050. Fundada hace apenas un año, en estos momentos está integrada por 26 países que se han comprometido a descarbonizar su economía antes de 2050. La descarbonización tiene como objetivo conseguir que no se generen más emisiones de las que sus ecosistemas puedan absorber de forma natural.

Para ello, nuestro país tendrá que llevar a cabo profundas reformas que han de implicar de lleno al entorno empresarial. De hecho, durante el acto de adhesión, la directora de la Oficina para Cambio Climático, Valvanera Ulargui, aseguró que su departamento, dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), está trabajando en una Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

¿Cómo es la normativa?

Esta normativa contará con la estrategia que España seguirá para su progresiva descarbonización de aquí a 2050, y será muy similar a la que tienen la mayoría de los países integrados en la Plataforma. Ulargui explicó durante su intervención que en breve se pondrán sobre la mesa políticas públicas y marcos regulatorios claros “que den una señal a los inversores para que empiecen a planificar sus negocios de cara a un cambio de estrategia”. Es decir, hacia inversiones limpias y tecnologías bajas en carbono.

Sectores con oportunidades para la descarbonización

Sometido a consulta pública, el paquete de medidas que está estudiando el Gobierno ha sido remitido a muchos sectores implicados, con el fin de encontrar soluciones que aglutinen tres objetivos fundamentales: priorizar la eficiencia energética, lograr el liderazgo de las renovables y ofrecer un trato justo a los consumidores.

En cualquier caso, parece que la nueva normativa traerá cambios en el entorno empresarial, y ofrecerá nuevas oportunidades a aquellos que prioricen políticas medio ambientales responsables y, sobre todo, a aquellos que basen su negocio en este ámbito.

  • Energías renovables: A pesar del hachazo propinado por las administraciones públicas a estas tecnologías durante los años de la crisis, un buen número de empresas españolas han seguido desarrollando su potencial en este campo fuera de nuestras fronteras. Teniendo en cuenta la implicación del sector energético en la huella de carbono, es más que probable que la nueva Ley promovida por el Mapama lleve consigo medidas para incentivar su instalación, ofreciendo oportunidades dentro de nuestras fronteras.
  • Eficiencia energética: Un bloque que engloba un buen número de disciplinas: el desarrollo de edificios inteligentes, servicios de domótica, instalación de aislantes, soluciones de autoconsumo y ahorro energético… Es importante tener en cuenta estas variables para poner en marcha un nuevo negocio que tenga demanda, pero también para aplicarlas en nuestro negocio y generar un buen ahorro energético todos los meses. No es descabellado pensar que los precios de la electricidad subirán cuando sea necesario cerrar las plantas térmicas más contaminantes. Estar preparado para cuando eso ocurra ofrecerá a nuestro negocio una ventaja competitiva muy importante.
  • Bioenergía: El cada vez mayor empleo de biomasa para alimentar las redes de climatización es un buen indicador del potencial de este sector. Según la Asociación de Empresas de Redes de Calor y Frío (Adhac), en estos momentos hay 4.400 edificios conectados en estas redes que evitan la emisión de 224.000 toneladas de dióxido de carbono.
  • Seguridad del abastecimiento: Una de las grandes necesidades que generan las energías renovables es la de tener alternativas sostenibles para que el suministro eléctrico esté garantizado cuando no hay ni sol, ni aire, ni olas en el mar. Son muchos los investigadores que están intentando dar con el sistema definitivo para el almacenaje eficiente de energía en cantidades industriales y así poder aprovechar el 100% de la generación de las renovables, pero todavía queda camino por recorrer en este ámbito.
  • Ecoetiquetado y ecodiseño: La creación de certificaciones ‘verdes’ que verifiquen el compromiso de empresas y entidades es una realidad que podría ir a más a medida que los gobiernos exijan el cumplimiento de determinados parámetros. Probablemente unidos a la concesión de ayudas gubernamentales.
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EEUU, México y Canadá inician la renegociación del Nafta

Frente a las apelaciones de Donald Trump a lapidar la unión aduanera norteamericana, el Gobierno mexicano alerta que su defunción generará problemas de seguridad a EEUU

 

La esperada renegociación del Nafta ha comenzado. Y con pocos visos de que el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, suscrito por EEUU, Canadá y México en 1994, bajo el mandato presidencial de Bill Clinton, vaya a sobrevivir. Así lo creen importantes voces del mercado, como la de Gregory Valliere, estratega jefe global de Horizon Investments, para quien el compromiso de Donald Trump con sus electores será esencial para poner el epitafio a la unión aduanera que ha convertido a sus vecinos, el del norte y el del sur, en los dos principales socios comerciales del mercado más importante del mundo.

Las conversaciones

Eso a no ser que las 5 rondas de conversaciones para salvar el Nafta, iniciadas este miércoles en México DF, puedan revertir la situación. Que es la intención declarada de las delegaciones canadiense y mexicana, que pretenden prolongar las negociaciones hasta marzo del próximo año.

De momento, el representante de Comercio estadounidense, Robert Lighthizer, ha puesto varias líneas rojas en temas de especial sensibilidad para la Administración Trump: productos lácteos, automoción, tribunales de disputas, procedimientos administrativos y cláusulas de suspensión.

México reacciona

Aunque frente a estos puntos de fricción, México ha reaccionado con una advertencia clara de que el impacto del acta de defunción del Nafta en materia de inmigración, por ejemplo, será evidente ante la ausencia de cooperación intergubernamental, un riesgo que podría trasladarse de inmediato a cuestiones relacionadas con la seguridad nacional. Canadá, por su parte, avisa de que la ausencia del bloque comercial norteamericano también reducirá las expectativas de los tres mercados de acceder a los tratados del Trans Pacific de sus socios del otro lado de este océano, con independencia de que EEUU se haya desmarcado también del principio de acuerdo que suscribió Barack Obama al final de su doble presidencia.

“La instrucción es mantener la pelota en movimiento”, dijo Welles Orr, ex asistente del área de Comercio bajo el mandato de George W. Bush y asesor de la firma Miller & Chevalier. A la espera de que salga adelante, en el Congreso, reformas legislativas más prioritarias para el Ejecutivo de Trump como la rebaja fiscal.

A revista 28 áreas comerciales

El Nafta moviliza mercancías sin trabas arancelarias que superan el billón de dólares anuales. La renegociación pasará revista a 28 áreas comerciales que podrían soportar incrementos en sus gravámenes fronterizos, como desea Washington. Aunque el vaso medio lleno se aprecia en que las tres partes han alcanzado principios de acuerdo en materias tan importantes como las reglas de la competencia y la creación y regulación de las pequeñas y medianas empresas.

Canadá y México son el primer y segundo mayor vendedor de productos a los Estados Unidos. Una circunstancia que ha posibilitado que EEUU acumule un déficit comercial de 53.100 millones de dólares con México, hasta septiembre de este año, y de 12.400 millones con Canadá. Y que han centrado las críticas de Trump hacia el Nafta. Pero es que, además, dice Colin Robertson, asesor de Dentons LLP, “el Nafta se ha convertido en una especie de prueba de fuego de las intenciones comerciales de EEUU” con otros mercados, especialmente europeos y asiáticos. Por lo que la ronda de conversaciones del Nafta será un laboratorio de ideas sobre la estrategia en el orden comercial de la Administración republicana.

De momento, las espadas están en alto. Lighthizer aseguró “estar sorprendido y decepcionado por la resistencia al cambio” de sus interlocutores, mientras en el equipo negociador mexicano se advertía de que ciertos límites de la Casa Blanca “resultaban inaceptables” y los emisarios canadienses de la “mentalidad exclusivamente ganadora” y “poco conciliadora” aireada desde Washington. Sobre todo, en el conjunto de los cinco bloques de disputas. Porque si el Nafta muere se volverán a imponer tarifas de entre el 2% y el 2,5% en todos ellos, según las directrices de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Gastos que repercutirán en ventas y que se traducirán en pérdida de puestos de trabajo y salarios. “Nadie quiere volver a este escenario”, explican desde Canadá.

Pero, ¿qué desea EEUU?

El presidente Trump, en principio, ha aceptado los seis meses de tregua que les solicitaron sus homólogos Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau para tratar de restablecer las constantes vitales del Nafta. Aunque su poder es limitado. Será el Congreso el que respalde una salida de la unión aduanera, y no hay garantías de que el legislativo estadounidense esté por la labor. Al menos, inicialmente. Y sin negociaciones de por medio. Si ambas cámaras se opusieran a sus planes, el líder republicano podría hacer uso de una orden ejecutiva, como ya ha hecho en materia migratoria. Lo que abriría la batalla al plano judicial. Porque mientras que la Constitución americana concede al presidente la autoridad para negociar tratados de política exterior, el Congreso comparte esa responsabilidad con el Ejecutivo en áreas como el comercio internacional, incluida la ratificación de acuerdos y la imposición de sanciones comerciales. Los legisladores de EEUU podrían obligar a Donald Trump a acudir a una corte federal bajo cargos de abuso constitucional.

Desde instituciones como la Cámara de Comercio Americana se ha dado un respaldo sin fisuras a que EEUU “luche hasta la extenuación por salvar el Nafta”. Algo que secundan asociaciones de ganaderos y agricultores, de manufactureros y de directivos de multinacionales, que alertan a Trump del error de enterrar el tratado norteamericano.

Washington restaurará las tarifas aduaneras

Pero si EEUU dejase morir el Nafta, Washington deberá restaurar las tarifas aduaneras previas a la entrada en vigor del acuerdo, para lo que dispondría de doce meses, según las reglas de la OMC. Aunque reserva la opción de que se aumente unos puntos porcentuales adicionales. Antes de la unión aduanera, y de promedio, México tenía un gravamen del 7% sobre las importaciones, mientras que la presión arancelaria canadiense era del 4,1% y la estadounidense, del 3,5%.

En cambio, si alcanzan un nuevo acuerdo, Trump necesitará que se tramite en el Congreso. Algo que los observadores de la política estadounidense ven poco probable que se apruebe si los representantes de ambas cámaras consideran que en el mismo se ha vulnerado derechos de los empresarios y trabajadores del país. En esta tesitura, quedaría el fast-track, la autoridad que oscila entre la presidencia y el Congreso para cerrar acuerdos comerciales y que expira el 1 de julio de 2018. El mismo día en que se celebran las elecciones presidenciales en México. Y resulta bastante complejo augurar que Trump vaya a conseguir una extensión de esta potestad más allá de esta fecha con las críticas internas y exteriores a su política de proteccionismo comercial.

De ahí que los analistas consideren una buena baza negociadora el mensaje de México de que su cooperación con EEUU en materia migratoria y de seguridad depende de lo que el Gobierno de Trump decida sobre el Nafta. Y “un mal resultado” en el terreno comercial “tendrá impacto sobre la estabilidad”, ha recalcado el ministro de Asuntos Exteriores mexicano, Luis Videgaray. “No queremos que ocurra y, por eso, estamos trabajando duro para lograr un buen resultado” en la renegociación del tratado.