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Los concursos de acreedores de empresas disminuyen un 3,6%

Según el informe Atlas Concursal, elaborado por el Registro de Expertos en Economía Forense con datos de entre enero y septiembre de 2017, esta cifra choca contra el aumento del 13% de los procedimientos abiertos por personas físicas

 

El Registro de Expertos en Economía Forense (REFOR) ha presentado el Atlas Concursal, que recopila los últimos datos sobre las principales variables relacionadas con la insolvencia en nuestro país. Entre ellos se ha detectado una disminución del 3,6% en los concursos de acreedores de empresas entre enero y septiembre de 2017.

Por el contrario, se ha detectado un aumento del 13% en los de personas físicas, debido en gran medida a que para poder obtener un acuerdo extrajudicial de pagos es necesario declarar este tipo de concurso. Por otra parte, han descendido un 30% los acuerdos de refinanciación homologados.

Las cifras de acreedores por comunidades

En el total nacional de 2016, el 0,13% de las empresas acude a concurso de acreedores (una de cada 800). La Comunidad Valenciana y el País Vasco son las regiones que registran la tasa más elevada, con un 0,18%. Le siguen Cataluña y Aragón, con un 0,15%; Galicia, con un 0,13%; y Madrid, con un 0,12%. En la cola del listado se encuentran: Andalucía, con un 0,09%; y Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias, con un 0,08%.

Según Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas (del que depende el REFOR), en muchas ocasiones las empresas acuden tarde al concurso y en unas condiciones económicas muy negativas, por lo que el 90% de las que lo hacen acaban en liquidación. “Sería conveniente que, antes de llegar a una situación límite, intenten refinanciarse empleando los mecanismos que hay a su disposición”, recomienda.

El estigma de los acreedores

Desde su punto de vista, en España las situaciones de insolvencia siguen percibiéndose como un estigma. “Muchas empresas se resisten a acudir al concurso por una posible pérdida de reputación”, comenta. En el documento elaborado por el REFOR queda patente ese ‘miedo’ teniendo en cuenta las diferencias de nuestro país con respecto a otras naciones de nuestro entorno: frente a los 4.000 concursos registrados en España en 2016, en Francia se contabilizaron unos 58.000, 21.500 en Alemania y 16.500 en Reino Unido, entre otros ejemplos.

La micropyme las más afectada

Según el texto del REFOR, la empresa mayoritaria en España en el ámbito concursal es la micropyme, que alcanzó en 2016 el 52% de los concursos. Por eso, desde este organismo se recomienda incluir una regulación específica en la Ley Concursal para este tipo de entidades.

En concreto, sus responsables proponen aplicar criterios de tipo económico y empresarial a medio plazo, más que de tipo jurídico procesalista, garantizando la subsistencia de muchas pymes. De esta manera se favorecería la continuidad de la actividad y la disminución en el número de concursos que terminan en la liquidación de la empresa (el 93% en 2015 según Estadística Concursal de Registradores).

El documento también hace hincapié en la necesidad de fomentar los acuerdos de financiación, que están perdiendo fuerza. “Representa en cifras absolutas un número muy reducido en comparación con el número de concursos de acreedores”. En concreto 90 de 4.080, poco más del 2%.

Para paliar esta tendencia, desde el REFOR explican que deberían plantearse ciertas reformas y modificaciones que hagan más atractivos este tipo de acuerdos. “Medidas tales como limar formalidades, estimular su utilización por parte de las pymes, simplificar el procedimiento o incluir en los mismos el crédito público coadyuvarían en este sentido”.

Por lo que respecta a las mediaciones concursales, es un procedimiento muy utilizado por personas físicas, y muy poco por las jurídicas. De las 1.095 solicitudes registradas desde su puesta en marcha en septiembre de 2014 hasta el mismo mes de 2016, sólo 43 pertenecen a personas jurídicas (un 96% frente a un 4%).

Ante este hecho, uno de los objetivos en este terreno, según el REFOR, sería el de implementar mecanismos que favorezcan la mediación entre pymes y micropymes, incluyendo a las Administraciones Públicas en las mismas.

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