Las empresas critican la política de sanciones de EEUU en el exterior

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El Departamento del Tesoro ha duplicado las represalias y multas económicas a países como Irán, Rusia o Venezuela en los últimos dos años.

 

Bufetes de abogados, bancos de inversión de Wall Street y firmas internacionales se han unido en torno a una crítica generalizada a la Administración Trump: no les gusta la agresiva política de sanciones económicas a países a los que la Casa Blanca ha colgado el cartel de adversarios en el escenario geopolítica global porque daña la proyección exterior, sus cotizaciones bursátiles y sus flujos de inversión y carteras de negocios. De hecho, una parte importante de los empleados, públicos o privados, de los departamentos federales a cargo de la imposición de estas sanciones han dejado sus puestos de trabajo tentados por suculentos contratos del sector privado de EEUU que muestra su preocupación por el conocimiento de vías alternativas eficaces para saltarse las prohibiciones impuestas por Washington. Las ofertas con cargos directivos y responsabilidades ejecutivas dirigidas a adquirir los servicios de profesionales con experiencia en esta materia se han propagado por los principales despachos de head hunters del país.

La Administración Trump ha casi duplicado el número de personas físicas y compañías que se encuentran bajo la supervisión sancionadora de EEUU. En países a los que considera adversarios en el orden geoestratégico, bien por razones políticas o por cuestiones económico-financieras. O por ambos motivos. En los últimos dos años, varias decenas de directivos del staff encargado de poner en marcha, evaluar y controlar las sanciones de la Casa Blanca, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, según sus siglas en inglés) y el 10% de su plantilla, han dejado sus puestos de trabajo. Seducidos por los cantos de sirena salariales del sector privado.

Esta oficina sancionadora, dependiente del Tesoro americano y dirigida por Sigal Mandelker, ha intensificado su poder para congelar miles de millones de dólares en activos, para elaborar listas de individuos -empresarios o inversores particulares- o de compañías que, supuestamente, han participado en algún tipo de violación punitiva o atentado contra los intereses económicos de EEUU. Especialmente, en mercados como Venezuela o Turquía en los últimos meses. Las firmas legales, los bancos y las multinacionales han hecho saber que ni el tiempo de las sanciones, que se han extendido en muchos casos sine die, ni la sofisticación de las exigencias regulatorias que evitan una multa están contribuyendo a la estabilidad inversora y bursátil de las empresas con vocación internacional. Es parte -dicen- de la volatilidad de las plazas financieras mundiales. Más en concreto, focalizan sus críticas contra Mandelker, de 47 años, subsecretaria del Tesoro y gran responsable de las Unidad de Inteligencia Terrorista y Financiera (TFI), adscrita al departamento de Steven Mnuchin, a la que tildan de desorganizada, indecisa y muy temperamental y de tener frecuentes encontronazos con su número dos, Marshall Billingslea, menos partidaria de ampliar las multas a discreción. La actitud de Mandelker daña la reputación y la imagen en el exterior de las empresas estadounidenses, aducen fuentes próximas a este lobby crítico.

De hecho, Mandelker ha tenido que comparecer hace unas semanas al Congreso. En concreto, a una audiencia en la Cámara de Representantes. De forma más específica, a una comisión en la que tuvo que dar testimonio de su trabajo. En ella, dijo que había tenido la supervisión constante de sus jefes en la TFI y que su carrera profesional le había obligado en numerosas ocasiones a desplazarse a escenarios internacionales donde se requería tomar decisiones por “la seguridad de América”. Y aseguró que la OFAC era “el latido de las sanciones económicas de EEUU”. Otras voces que rechazan la política sancionadora de la Administración Trump apuntan, sin embargo, al propio Mnuchin como la voz que presiona en favor del incremento de los casos de congelación de activos, de la rapidez en la aprobación de estos mecanismos punitivos y del grado de rigor de su vigilancia y supervisión.

Mnuchin, por su parte, dijo comprender la propensión del sector privado a la contratación de los empleados federales de la OFAC. “Dado el impacto que la estrategia sancionadora de EEUU está teniendo sobre sus actividades empresariales, entiendo que quieran hacerse con servicios de expertos para alcanzar modalidades de entendimiento” en los mercados conflictivos. Entre otras cuestiones, porque resulta difícil cuantificar los riesgos colaterales de estas prohibiciones sobre los negocios. El multimillonario ruso Oleg Deripaska, multado por la interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales de 2016 reclama a la Justicia de EEUU 7.500 millones de dólares de indemnización por las multas que le fueron impuestas y que ahora, con el informe del fiscal Robert Mueller, que exonera de conspiración con Rusia al presidente Trump, podrían tener recorrido legal en los juzgados. La OFAC nunca ha perdido casos de este tipo, pero si lo hace “se enfrentaría a nuevas acciones futuras casi con total seguridad y encontraría obstáculos políticos y legales para que, en lo sucesivo, siga imponiendo sanciones a economías exteriores y a empresas y particulares que operan en ellas”, explica Erich Ferrari, dueño de uno de los bufetes que han manifestado sus quejas en Washington. “Las multas siempre son duras y precisan de un periodo de tiempo prudencial para que este instrumento sea efectivo y para que el sector privado que actúa en determinados mercados que pasan a engrosar estas listas negras de la Casa Blanca puedan poner en marcha sus entramados jurídicos con un pleno conocimiento de lo que desea realmente el Tesoro porque, de otra forma, pueden incurrir, sin conocerlo, en algún tipo de sanción”, enfatiza Ferrari.

La OFAC ha sancionado recientemente a bancos como BNP Paribas, que ha tenido que sufragar una multa de 9.000 millones de dólares o a una compañía de cosmética que usaba material de Corea del Norte en la elaboración de sus pestañas postizas. O, de forma individual, a Sarah Runge, una directiva de estrategia regulatoria de Credit Suisse, Jennifer Fowler, que trabajó durante 17 años en Brunswick Group, o a Heather Epstein, de Barclays, por prácticas atentatorias contra las normas sancionadoras de EEUU en el exterior. En una línea de paulatino crecimiento de multas por parte del Tesoro americano.

En cuanto a países, Irán y Corea del Norte han experimentado las últimas novedades en esta estrategia sancionadora de la Administración Trump. Respecto a Teherán, el plan de EEUU pasa por presionar con multas económicas hasta que el régimen de los ayatolás acepte renegociar un nuevo acuerdo nuclear, tras la decisión de Washington de abandonar de manera unilateral el tratado pactado en 2015. Entretanto, el Tesoro estadounidense ha sancionado a 14 entidades y 17 individuos vinculados a la Organización para la Innovación e Investigación en Defensa iraní (SPND, por sus siglas en inglés) que, según denuncia de la Administración Trump, trabajan en un programa de armas de destrucción masiva. “Cualquiera que considere negociar con la industria de defensa iraní en general, y con SPND en particular, corre el riesgo de ser aislado profesional, personal y financieramente”, alertó Mnuchin para justificar la decisión. Las sanciones consisten en el congelamiento de cualquier activo que tengan los afectados en EE UU y la prohibición a los estadounidenses de realizar transacciones con aquéllos que “han contribuido, apoyado o están vinculados a actividades sensibles en la proliferación nuclear de Irán”. Además de advertir de que “otros individuos iraníes que trabajan para el programa nuclear del régimen deben saber que corren el riesgo de ser sancionados por Estados Unidos”.

De igual manera, ha impuesto sanciones contra dos compañías navieras chinas que el Tesoro alega que han ayudado a sortear las sanciones económicas a Corea del Norte. La OFAC tiene 67 embarcaciones identificadas por transferencias ilícitas con el régimen de Pyongyang. Aunque sólo horas más tarde, Trump, en un tweet, decidió levantar las sanciones a Corea del Norte con cuyo dirigente, Kim Jong un, se había reunido dos semanas antes en Vietnam. Nadie sabe hasta el momento, y a ciencia cierta, si prevalecerá la decisión del presidente sobre la del secretario del Tesoro. Pero el sector exterior americano ve en este ejemplo otro botón de muestra más de la incertidumbre de actuación de la diplomacia económica en materia sancionadora.

Last modified: 04/04/2019