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Inflación y competitividad

La fuerte subida de la inflación, hasta el 3 por ciento en enero, ha disparado la inquietud entre algunos analistas y en los ámbitos políticos económicos y sociales, incluso en el Gobierno, hasta el punto de que el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, calificaba la situación de “preocupante”, aunque sin caer en alarmismos que, a día de hoy y con los datos disponibles, parecen injustificados.

Cierto es que este aumento de los precios en enero es el mayor desde octubre de 2012 y un 60 por ciento superior a la subida media de la zona euro. Pero también lo es que obedece a situaciones meramente coyunturales vinculadas a nuestra elevada dependencia energética del exterior. El encarecimiento del barril de crudo Brent, que ha pasado de 33 a 55 dólares en el último año, y el encarecimiento de la energía que ha duplicado el precio del kilovatio hasta 73 euros en el mismo período, son la causa fundamental y casi única de este desbordamiento inflacionario. Factores que, especialmente el segundo, irán remitiendo conforme avance el año, lo que si no hay imprevistos volverá situar la variación de los precios en el entorno del 1 por ciento, en línea con la tasa que marca hoy la inflación subyacente, es decir, la que no computa los productos energéticos ni los alimentos sin elaborar.

Estamos pues ante una desviación meramente coyuntural y reconducible, lo que no debe, sin embargo, ser óbice para no empezar a actuar de forma urgente para evitar que el repunte inflacionista contamine el crecimiento económico y la creación de empleo. No se puede olvidar que la inflación es un elemento clave de competitividad y que España lleva ya dos meses consecutivos con una inflación muy superior a la media de la zona euro, a donde se dirigen el 60 por ciento del total de nuestras ventas en el exterior. Y todo ello en un contexto en el que el sector exterior ha sido uno de los grandes motores de la recuperación marcando máximos históricos en la exportación de mercancías.

En este sentido la decisión del Ministerio de Economía de reactivar la Ley de Desindexación del Economía Española, que aprobada en la anterior legislatura, dormía el sueño de los justos por falta desarrollo reglamentario, es una buena medida, toda vez que permite desligar las subidas de los precios en los que intervenga el sector público de las desviaciones del IPC. Es decir que las autopistas, transportes, telecomunicaciones, aguas y tasas, entre otros servicios, no van a poder modificar sus precios en función de la inflación como hasta ahora, sino que deberán vincularlas a una estructura de costes vinculada a la eficiencia y a la buena gestión empresarial.

Pero es necesario hacer más. El Gobierno debe vigilar el comportamiento del mercado energético para evitar distorsiones. El precio de la luz que pagan los hogares ha subido en España el doble que en el resto de la Unión Europea durante la crisis económica, hasta situar a España como el cuarto país europeo con el precio más caro de la electricidad, solo por detrás de Dinamarca, Alemania e Irlanda. Mientras que nuestras empresas están también a la cabeza de la UE en cuanto al precio de sus costes energéticos, lo que supone un importante lastre a la hora de competir dentro y fuera de nuestras fronteras, penalizando además las inversiones.

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