muñecos en sofá con fondo mundo

Nuevas opciones del ICO para fomentar la internacionalización

El Instituto de Crédito Oficial ha renovado sus protocolos de colaboración con un buen número de entidades financieras españolas, y ha añadido dos nuevas opciones de solicitud de fondos: la Línea ICO-IDEA, para proyectos de eficiencia energética, y la Línea Canal Internacional, para potenciar la actividad exportadora.

 

Un año más, el Instituto de Crédito Oficial ha vuelto a firmar sus habituales protocolos de colaboración con entidades financieras para la puesta en marcha de las líneas de crédito para 2018. Éstas serán gestionadas por Banco Popular, Caixabank, Bankinter, Bankia, Santander, Abanca, BBVA, Microbank e Ibercaja.

Con el arranque de 2018, además, ha presentado dos nuevas categorías a las que acogerse, como la Línea ICO-IDAE, con la que se financiarán inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética de las empresas. Y la Línea Canal Internacional, que posibilita que las compañías españolas puedan solicitar préstamos en banca local y, sobre todo, en las entidades autorizadas que tengan sede en los países donde se vayan a desarrollar los proyectos de inversión o la actividad exportadora.

Este organismo público, que cumple 25 años, ha financiado más de 79.900 operaciones durante 2017, por un importe cercano a los 4.600 millones de euros. Una cifra muy similar a la empleada en 2016, según ha asegurado su presidente, Pablo Zalba.

El responsable de la entidad ha concretado que el 92,7% de los préstamos concedidos han sido suscritos por pymes con menos de 49 trabajadores, y el 66,5% por micropymes. De hecho, el ICO calcula que cerca del 53% de los créditos concedidos han sido inferiores a 25.000 euros.

La línea Canal Internacional

Podrán acogerse a ella aquellas empresas con domicilio social en España. O las que aún estando asentadas de forma oficial fuera de nuestras fronteras tengan intereses en nuestro país y vendan bienes o servicios, con aplazamiento de pago, a empresas con domicilio social fuera de España.

El importe máximo concedido será de hasta 12,5 millones de euros (o su contravalor en la divisa local correspondiente). Si la financiación se destinase a la exportación a medio y largo plazo, en una o varias operaciones, esa cantidad podría duplicarse hasta los 25 millones de euros.

La financiación solicitada ha de estar enfocada a: proyectos de liquidez; de inversiones productivas fuera de España; como crédito suministrador para las compañías antes descritas, aptas para beneficiarse de esta línea; como crédito comprador para financiar a empresas con domicilio social fuera de España para la adquisición de bienes o servicios exportados por las compañías antes descritas (esta última opción puede estar sujeta a financiación complementaria).

La modalidad y las condiciones financieras quedan sujetas al contrato que firme el cliente con la entidad elegida para tramitarlo y, por el momento, sólo hay tres a las que acudir y todas ellas cubren la región latinoamericana.

¿Que entidades gestionarán los créditos?

  • CAF: El ICO ha concedido a CAF –banco de desarrollo de América Latina- un préstamo global de 300 millones de dólares (unos 245 millones de euros) que debe destinarse a financiar este tipo de proyectos para empresas españolas afincadas en países iberoamericanos. A través de bancos locales de la región, CAF financiará a empresas que tengan al menos un 30% de capital español y que deseen acometer proyectos de inversión en América Latina y el Caribe.
  • BCIE: El Banco Centroamericano de Integración Económica cuenta con un préstamo global del ICO de 25 millones de euros, destinados a proveer de fondos a proyectos de comercio exterior y de fomento de sectores productivos. ICO ha activado esta línea de crédito para que BCIE, directamente o a través de bancos locales de Centroamérica, financie a empresas que tengan, al menos, un 30% del capital español y que desarrollen actividades comerciales en esta zona de influencia.
  • BANBIF: El Banco Interamericano de Finanzas, una de las entidades más importantes de Perú, cuenta con un préstamo global de 30 millones de euros para financiar proyectos de inversión y necesidades de liquidez, así como exportaciones a medio y largo plazo. La idea es fomentar e intensificar el intercambio comercial entre España y Perú, uno de los países que más ha crecido en la región latinoamericana en los últimos años.
Dos manos, una azul con un pulgar apuntando hacia arriba y otra mano roja con un pulgar apuntando hacia abajo

Las diez economías de países más competitivos del mundo

El Instituto Legatum acaba de publicar su Índice de Prosperidad Global que califica las economías más eficientes. Suecia, Singapur y Nueva Zelanda encabezan el ranking.

El Índice de Prosperidad Global 2018 del Instituto Legatum, think-tank con sede en Londres, que determina, cada año, la clasificación de las economías más competitivas del planeta, representa ya su decimoprimera edición. Esta organización científica compara 104 variables englobadas en nueve subsectores productivos, de 149 países, y sus resultados se interpretan por la comunidad económica internacional como de alta fiabilidad para determinar la fortaleza de la coyuntura de los mercados que analiza.

Estos son, de menor a mayor, los diez países que, a juicio de los expertos del Instituto Legatum, tienen los modelos productivos más eficientes y competitivos.

10.- Estados Unidos.

La mayor economía mundial salta cuatro puestos desde la edición previa. Su gran punto débil, según este indicador, es su ratio de desigualdad social. La Tierra de la Libertad y de las Oportunidades podría, además, ver cómo esta brecha se ensancha aún más por el calibre de la rebaja fiscal de la Administración Trump.

9.- Alemania.

El motor económico de Europa y cuarto PIB global demuestra nuevos bríos en el estudio de Legatum. Es la tercera potencia exportadora, capaz de colocar bienes y servicios por un valor superior al billón de dólares en mercados exteriores.

8.- Noruega.

Economía altamente dependiente de la capacidad extractora de petróleo del Mar del Norte. El sostenible abaratamiento de los precios del crudo desde el inicio de 2016 ha puesto a las autoridades del país en alerta. Sus reformas, encaminadas a crear más innovación, fórmulas productivas más ecológicas y sostenibles con el Medio Ambiente y los cambios hacia una mejor diversificación de las inversiones de su fondo soberano, que supera con creces el billón de euros, mantiene su patrón de crecimiento en un rumbo adecuado.

7.- Reino Unido.

El Brexit ha deteriorado la coyuntura y las relaciones económicas y laborales del mercado británico según Legatum. Pero sigue siendo una superpotencia global y escala tres puestos, desde el décimo lugar, de 2017.

6.- Suiza.

Los residentes en la Confederación Helvética tienen el nivel de vida y de renta más alto de entre las economías industrializadas. A pesar de su alta dependencia de la industria financiera sigue siendo altamente dinámica y exhibe niveles elevados de fiabilidad en sus servicios digitales y empresariales. También la industria crece al calor de los avances en innovación.

5.- Dinamarca.

Pese a su reducido censo demográfico, su PIB rebasa, en términos nominales, los 300.000 millones de dólares, lo que sitúa a su economía entre las cuarenta mayores del planeta y su cota de desigualdad social como una de las más reducidas del planeta, según el coeficiente Gini del Banco Mundial.

4.- Holanda.

El tamaño de su PIB superó los 770.000 millones de dólares en 2015. A pesar de ser un país con 17 millones de habitantes. De ahí que la capacidad de compra de sus habitantes sea una de las mayores del mundo. Su larga y consolidada tradición mercantilista -el concepto de mercado de capitales surgió en los Países Bajos a comienzos del Siglo XVII-, siempre ha llevado al sector privado neerlandés a explorar nuevos mundos donde colocar sus mercancías. Es una de las economías con más peso del sector servicios.

3.- Nueva Zelanda.

Desciende desde el primer peldaño del indicador precedente en Legatum. Curiosamente, su capacidad competitiva en el exterior depende del éxito de ventas de su industria láctea. Y, en concreto, de Fonterra, su multinacional, responsable de casi el 30% de sus exportaciones diarias.

2.- Singapur.

Escala seis puestos desde el barómetro de 2016. La ciudad estado asiática no sólo es uno de los mayores centros financieros, sino uno de los enclaves portuarios más importantes del mundo. Con más de 32 millones de contenedores de carga anual, el Puerto de Singapur se ha convertido en parada obligada en el tránsito comercial por los tigres del Sudeste Asiático.

1.- Suecia.

Como sus vecinos escandinavos, disfruta de uno de los más generosos y universales estados del bienestar. Los analistas del Índice de Prosperidad Global le otorgan el primer puesto, entre otras razones, por el éxito de su novedosa y arriesgada política de experimentar con tipos de interés negativos, justificado, según sus autoridades monetarias, por el prolongado periodo de estancamiento inflacionista de los últimos ejercicios.

 

Persona con cámara de fotos y mundo dibujado dentro de la lente del objetivo

Caminos de desarrollo sostenible e Inversión Extranjera Directa

Desde la llegada del euro España se ha convertido en uno de los países que mayor inversión realiza fuera de sus fronteras, especialmente en la zona iberoamericana. La apuesta de nuestras empresas por países en vías de desarrollo es clara, y gracias a ella podemos acercarnos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La inversión extranjera

En las últimas décadas (y especialmente desde la llegada del euro) España ha pasado de ser un receptor neto de inversión extranjera a ocupar el decimotercer puesto a nivel mundial como inversor en el exterior. Y ascendemos al segundo si nos centramos en el territorio latinoamericano.

Gracias a estas operaciones de Inversión Extranjera Directa (IED), nuestro país ha conseguido un importante crecimiento económico, pero también ha ayudado a avanzar a muchos de los territorios receptores, principalmente a aquellos en situación de menor desarrollo.

Para comprender mejor ese impacto, recientemente se ha publicado el estudio La inversión directa de las empresas españolas en el exterior. Efectos en destino y origen: cinco casos de estudio en países y economías en desarrollo, bajo la dirección académica de Xavier Mendoza, profesor de la escuela de negocios Esade.

El desarollo sostenible

Éste emplea como marco de referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el fin de evaluar la contribución del sector privado a estos 17 hitos a lograr antes de 2030 que la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha marcado a nivel mundial. El informe indaga en los mecanismos organizativos y en los factores de contexto que generan mayores impactos positivos, tanto para el país receptor de las inversiones como para el de origen del inversor.

Los casos de estudio

El informe publica cinco ejemplos concretos: el de una empresa agroalimentaria que recala en Perú; una productora de carbonatos de calcio en México; una compañía del sector de la automoción en China; otra de iluminación en Polonia; y, finalmente, una constructora y gestora de autopistas de peaje, también en México.

Estos casos analizados llevan en operación entre tres y siete años, lo que ha permitido identificar con mayor concreción los procesos a través de los cuales estas empresas realizan una contribución positiva al desarrollo sostenible de los países en que se han implantado.

Todos ellos han comportado importantes efectos directos positivos sobre el desarrollo económico del país receptor en términos de creación neta de empleo, transferencia de tecnología y know-how a la filial y contribución a los ingresos fiscales nacionales.

Eso sin contar con la inversión realizada para modernizar plantas de producción de empresas locales adquiridas, en las que se han incorporado procesos industriales que aumentan el valor añadido de la producción local. O con que algunos de los casos, como los dos primeros, tienen una clara tendencia exportadora que ha terminado contagiando a sus proveedores locales, influyendo en la balanza comercial.

Un estudio para mejorar

Este trabajo conjunto también ha servido para que las empresas del país receptor mejoren sus estándares de calidad y la eficiencia de sus procesos productivos, reduciendo costes y mejorando en competitividad.

¿Y qué pasa con las empresas españolas que han apostado por invertir en estos países en vías de desarrollo? Según el estudio, los cinco proyectos analizados comparten tres características comunes en este aspecto.

Para empezar, no se han detectado impactos negativos sobre la actividad productiva o sobre los niveles de empleo en España. También se ha producido un efecto arrastre sobre las exportaciones españolas con diferentes grados de intensidad. Y, en último lugar, se ha detectado una mejora de la imagen del país de origen del inversor en el país receptor.

En definitiva, y escuchando las consideraciones de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la contribución de la IED para el desarrollo de poblaciones desfavorecidas es positiva. Para la generación de empleo y el crecimiento económico y sostenible, pero también para la transferencia tecnológica y de formación de capital humano. Una transformación en la que hemos visto que España tiene mucho que aportar.

Persona con tableta en la mano y holograma de mundo digital

Cinco riesgos latentes de la economía global en 2018

La economía mundial ha entrado en 2018 más fuerte que los pronósticos inversores. Sin embargo, cinco grandes amenazas se ciernen sobre su coyuntura.

 

Viento en popa

La actividad en la economía internacional ha logrado un vigor sin parangón desde la crisis de 2008. Todas las grandes potencias industrializadas, sin excepción, el núcleo duro de los grandes mercados emergentes y la mayor parte de las naciones en desarrollo han puesto rumbo y velocidad de crucero en su economía. Pero no sólo es una cuestión de ritmo. También ha desaparecido, casi de sopetón, el fantasma de la deflación. Hasta el punto, que los principales bancos centrales han activado sus políticas ortodoxas y ya admiten subidas de tipos de interés en la economía para contener las presiones inflacionistas a medio plazo.

Mientras, Japón abandona poco a poco, su condición de enfermo económico mundial, después de que la zona monetaria europea soltara ese mismo lastre hace sólo unos meses, y China se aferra a su nuevo patrón de prosperidad, basado ahora en la economía digital, el consumo privado, la inversión empresarial y el crédito financiero a dosis programadas. Hasta la economía brasileña ha salido de su ostracismo del último lustro.

Sin embargo, las predicciones, por encima de los augurios de economistas e inversores, podrían no ser tan halagüeñas. Al menos cinco grandes riesgos permanecen en el horizonte del ejercicio económico recién inaugurado.

1.- Política monetaria estadounidense

El sucesor de Janet Yellen tiene ante sí, desde finales del próximo mes de febrero, en el que ocupará la presidencia de la Reserva Federal, la difícil misión de adecuar los tipos de interés americanos al ciclo de negocios de la economía. Un desafío nada baladí, porque la voluminosa rebaja fiscal de Donald Trump, ya en vigor, podría llevar la deuda y el desequilibrio presupuestario de la primera economía global hasta límites difícilmente gestionables. Además de añadir tensiones en los precios por el mayor poder adquisitivo en manos de los consumidores estadounidenses. Y el consumo representa dos terceras partes del crecimiento del país.

Yellen ya emprendió la política de encarecimiento del precio del dinero, pero Jerome Powell tendrá que vigilar que, en esta trayectoria ascendente, la tasa de desempleo y el ritmo de crecimiento del PIB no decaiga. Hay que cuidar la economía. En caso de que alguno de estos tres parámetros -inflación, paro o PIB- no logre cumplir con las expectativas del mercado, el valor de los activos empresariales caerá por debajo de la tasa de rentabilidad establecida por la mayor parte de las carteras de inversión; hasta ahora, calculadas con tipos bajos.

2.- China, menor crecimiento con más endeudamiento

La segunda economía mundial crece a un ritmo menor que en los lustros precedentes, pero con una acumulación de sus obligaciones de deuda cada vez más voluminosa. En gran parte, debido a las altas tasas de endeudamiento de sus empresas y bancos estatales. El cambio del patrón de crecimiento del país le ha dirigido súbitamente a los problemas coyunturales de las potencias industrializadas.

De repente, China pierde vigor -aunque crece a cotas superiores a las predicciones del mercado en su cambio de paradigma- y sus sectores privado y financiero deben abordar problemas de deuda en la economía tras un par de decenios saliendo de compras en los mercados internacionales en busca de materias primas de países emergentes y de empresas de naciones avanzadas en situaciones de crisis de financiación.

Liu He, asesor económico del presidente Xi Jinping y arquitecto de este viaje hacia la modernidad podría ocuparse del banco central y, desde allí, manejar una política monetaria que incluya una nueva gestión del tipo de cambio del rinminbi, hasta ahora, bajo control férreo del régimen de Pekín.

3.- Tensiones geopolíticas

Euroasia Group acaba de desvelar, como cada mes de enero, su lista de asuntos candentes en el ámbito estratégico. Y no es nada optimista. De hecho, sus expertos hablan de que este año aparece el escenario con mayores riesgos “desde 1998”. En gran medida, por los efectos del ‘América, first’ de Trump que, en esencia, ha modificado el orden global, según la consultora. Hasta el punto de que China, con su tránsito hacia una economía digital se erige en la potencia hegemónica mundial, desde donde impondrá reglas drásticas y autoritarias en la llamada Cuarta Revolución Industrial.

Por ejemplo, en materia de privacidad de datos “China está fijando los estándares internacionales con menor resistencia que nunca”, dice esta firma de análisis geoestratégico. “Su único interés es asumir sin paliativos el liderazgo económico y tecnológico”. Cueste lo que cueste. Un objetivo que agrava el riesgo de ciberataques. Porque el régimen de Pekín es, junto a Corea del Norte, Siria y Rusia, los cuatro cisnes negros de 2018 para los analistas de seguridad en la Red.

También aparecen inestabilidades geopolíticas en México si finalmente se rompe el Nafta americano y se eleva el muro fronterizo con EEUU. Y en Irán y Arabia Saudí, los dos rivales en la convulsa zona de Oriente Próximo, que podrían atisbarse dentro de sus propias fronteras o en sus inmediaciones, en especial, en Yemen y Líbano.

4.- Carrera por la competitividad fiscal

La rebaja al 21% de la imposición sobre las empresas en EEUU ha movilizado a sus rivales industrializados y a sus contrincantes del mundo emergente. De hecho, los ministros de Hacienda del euro mandaron una carta oficial a la Casa Blanca en la que alertaban del dumping fiscal de EEUU. Y es que la presión tributaria combinada sobre el sector privado -que incluye los gravámenes federales y estatales- es significativamente más baja en la mayor economía del mundo que en el resto de las economías del G-7, de acuerdo con la consultora Krishna Guha at Evercore, cuyos expertos predicen una política fiscal expansiva por todo el planeta como consecuencia de la maniobra impositiva de Trump.

5.- Petróleo al alza si surge un conflicto bélico en Oriente Próximo

Palabra de Nomura. El banco de inversión asegura que el precio del barril de crudo rebasará los 80 dólares inmediatamente después de que se desencadene cualquier altercado bélico de cierto calibre en esta zona. Y esa posibilidad es una de las diez más factibles para este año. “Hasta ahora, han sido focos de baja intensidad”, pero en este 2018, el riesgo financiero por esta cuestión se ha intensificado. Entre otras razones, porque el conflicto del Yemen, donde mejor se ha observado la correlación de fuerzas entre Arabia Saudí e Irán, ha superado ya los 600.000 muertos, y cualquier armisticio o, sencillamente, acuerdo de alto el fuego es, ahora mismo, una entelequia.

De superar la barrera de los 80 dólares, el oro negro dejaría varios ganadores y perdedores. Entre los primeros -afirma el banco de inversión- figurarían países como Rusia, Colombia, Malasia y Brasil. Frente a China, India, Indonesia, Tailandia, Sudáfrica y Turquía. Nomura también cita a Siria, Líbano y Palestina, tras el giro en la política estadounidense, que ha decidido reconocer a Jerusalén como capital de Israel, serían, de nuevo, focos activos de conflicto. Una nueva reedición de la Intifada y actos terroristas de Hezbolá en Líbano, patrocinados desde Teherán, con un Irán en revuelta social, serían señales premonitorias.

Banderas Europa y Japón

La UE cierra con Japón su mayor acuerdo de libre comercio

Europa y Japón se adentran en una “nueva era” de relaciones económico-comerciales, impulsoras de la libertad de tránsito, frente a los defensores del proteccionismo.

 

La Unión Europea (UE) y Japón llegaron al acuerdo el pasado 8 de diciembre las negociaciones para la creación del mayor espacio de libre comercio del planeta que, además, incluye en su texto de rúbrica un nítido y contundente rechazo a la política de proteccionismo comercial de Donald Trump. Las dos partes, que se comprometieron en julio pasado a sellar el pacto antes de la conclusión de este año, admitieron que la firma protocolaria queda tan sólo a expensas de los últimos flecos jurídicos para que entre en vigor una alianza que permitirá la libre circulación de bienes, mercancía y servicios equivalente al 30% del comercio global.

“Tenemos buenas noticias, justo para Navidades”, adelantó la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, que se fijó como prioridad de su departamento el acuerdo con Japón tras la muerte clínica del TTIP, el tratado de libre comercio con EEUU, que encalló tras la llegada de Trump a la Casa Blanca. Una premonición que fue corroborada pocas fechas después por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien enfatizó -además- que a la entente cordiale se incorpora un acuerdo de asociación estratégica. Y por el primer ministro nipón, Shinzo Abe, para quien “Japón y Europa construirán de la mano una zona económica con leyes basadas en el libre tránsito de mercancías y servicios que será el modelo de tratados comerciales que se instaurarán en el orden económico internacional del Siglo XXI”.

Japón y Europa

Japón es uno de los países signatarios de la Asociación Trans-Pacífica (TPP), unión aduanera de doce mercados de una y otra orilla del Océano Pacífico. Mientras que Europa, en paralelo, se apresura en estas fechas previas al cambio de año a sellar otra área de libre comercio con las naciones de Mercosur y México. Ambos se han erigido, junto a China y, de manera más sutil, Reino Unido, en los principales valedores de los acuerdos comerciales bajo las directrices de las reglas de la OMC. Europa y Japón han iniciado “una nueva era” en las relaciones económicas mundiales explicó Abe. Malmström también aprovechó la ocasión para recalcar que Europa y Japón “han mandado un mensaje de defensa férrea del libre mercado bajo las reglas de la globalización”.

El acuerdo y la Unión Europea

Con este acuerdo, que afecta a los 28 socios de la Unión y a la tercera economía del planeta, se desmantelarán el 10% de las tarifas sobre los vehículos japoneses y el 3% de los componentes del automóvil que Tokio exporta a Europa. En un contexto en el que las firmas de la UE vendieron al Imperio del Sol Naciente, en 2015, más de 58.000 millones de euros en bienes y otros 28.000 millones en servicios (ver cuadro adjunto). La UE, por su parte, se beneficiará del desarme de los aranceles japoneses sobre el queso, del 30%, y sobre el vino, del 15%, además de mejorar los accesos comerciales a las carnes de vacuno y porcino y mayores ventajas a líneas de financiación de instituciones crediticias niponas.

 

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En los últimos cinco meses, los negociadores lograron desbloquear asuntos sensibles como los desarmes arancelarios sobre los servicios, la cooperación regulatoria y la protección fitosanitaria sobre comestibles y bebidas, que incluyen acuerdos complejos de denominaciones de origen. En especial, para las exigentes normas europeas. Los flecos jurídicos pendientes tienen en su mayoría que ver con las garantías de repatriación de beneficios y la resolución de conflictos. Tokio es más partidario de que los litigios entre empresas y entre el sector privado y los estados se dirimen en tribunales internacionales, mientras Bruselas se desmarca de todo intento de aplicar opacidad a este tipo de dictámenes.

“Estos asuntos requieren de más deliberaciones, que se retrasarán hasta el comienzo de 2018, pero el resto del acuerdo está cerrado”, explicó Malmström.

Un nuevo mercado de oportunidades

Por su parte, el titular de Exteriores nipón, Taro Kono, incidió en que el partenariado económico abrirá un inmenso mercado de oportunidades para ambos países, dada la cooperación reforzada entre Europa y Japón en materia económica, política y comercial pero también y, sobre todo, en la preservación del medio ambiente porque asumirá los objetivos contra el cambio climático que emanen de los acuerdos ecológicos internacionales. En total, se suprimirán 1.000 millones de euros anuales en tasas arancelarias anuales a las empresas europeas que exportan a Japón, un mercado de algo más de 127 millones de consumidores.

En el sector de servicios, las ventajas se apreciarán, sobre todo, en el área financiera, el e-commerce, las telecomunicaciones y el transporte y la logística. A través de mayores garantías de acceso al entramado contractual con administraciones locales japonesas y la eliminación de barreras legales que dificultan la entrada de capital foráneo en sectores estratégicos como el ferroviario, a nivel nacional. De igual forma, se estipula un periodo transitorio para el comercio bilateral de industrias especialmente sensibles, como la automovilística.

Pero el acuerdo también estipula normas homologables en materia laboral, medioambiental, de seguridad o de protección de los consumidores, así como el reforzamiento de las sanciones entre ambos bloques sobre salvaguardias de servicios públicos y acciones para garantizar el desarrollo sostenible de los negocios e iniciativas conjuntas. De igual forma, el pacto incluye cláusulas específicas sobre privacidad y protección de datos personales, sobre veracidad en las transacciones comerciales, respeto a los derechos fundamentales y fomento y desarrollo de la economía digital. El compromiso habla de adopción de paneles jurídicos de todos estos asuntos ya en 2018.

Aunque el acuerdo será efectivo una vez reciba la aprobación del Parlamento Europeo y de los estados miembros de la UE, por lo que las estimaciones hablan de la entrada en vigor definitiva antes de que expire el actual mandato de la Comisión Europea, en 2019.

En el capítulo de las predicciones, los expertos comunitarios hablan de 600.000 nuevos puestos de trabajo en las empresas europeas con intereses en Japón y otros 550.000 empleos en firmas japonesas radicadas en Europa, un repunte exportador de entre un 16% y un 24%, si bien estos porcentajes resultan insignificantes en comparación con las previsiones de aumento del 170% de alimentos y bebidas. Un cheque adicional superior a los 10.000 millones de euros, según los cálculos de la Comisión.

Por su parte, la UE importará un 22% de productos químicos nipones (valorados en algo más de 3.000 millones de euros), así como un 16% más de maquinaria eléctrica, que añadirán 650 millones a las exportaciones japonesas a Europa.

Casi 74.000 compañías europeas venden a Japón de forma habitual. Casi todas, pymes.

Grúas navales

Nuevas ayudas públicas para impulsar al sector naval

En el último trimestre del año, la Administración ha actualizado normativas y firmado acuerdos para dar un nuevo empuje y ayudas a los astilleros españoles. Éstos están entre los más valorados a nivel mundial, en parte gracias a su apuesta por la I+D+i, y exportan en torno al 85% de su producción.

 

España se encuentra en los puestos de cabeza del ranking mundial de la construcción naval, un sector eminentemente exportador que da trabajo a 87.000 familias de forma directa e indirecta, según fuentes de la patronal Pymar. Integrado sobre todo por medianas empresas, durante el pasado ejercicio sumó 65 unidades en construcción equivalentes a más de 452.000 CGT (toneladas compensadas). Las ayudas darán un nuevo empuje.

Esta cantidad supone un crecimiento interanual del 2,3% y de más del 50% con respecto a cinco años antes. Nuestro país se sitúa así en el puesto 13º del mundo y 2º de la Unión Europea con más unidades en cartera, por delante de naciones costeras de su entorno como Italia, Alemania o Francia. De esos encargos, el 35% eran buques remolcadores, un 20% buques pesqueros y un 11% buques offshore (polivalentes de apoyo en alta mar).

Para mantener y mejorar tales cifras, el sector público se ha volcado con esta industria en el último trimestre del año. Para empezar, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el pasado 6 de noviembre el Real Decreto 873/2017, por el que se regula y actualiza la concesión de ayudas al sector de construcción naval en materia de investigación, desarrollo e innovación.

Quién se puede beneficiar de las ayudas

Podrán ser beneficiarios de las ayudas aquellos astilleros autorizados en España para la construcción de buques de casco metálico de más de 100 GT (arqueo bruto). Quedan exentas, entre otras, las empresas que tengan pendientes obligaciones de reintegro de subvenciones. También las que hayan declarado una ayuda ilegal o incompatible con el mercado común europeo.

El otorgamiento de las ayudas queda supeditado a la disponibilidad de recursos del fondo de reestructuración, gestionado por Pymar, una ‘hucha’ que tiene los días contados. No obstante, el texto apunta que el Ministerio de Economía podrá inyectarle hasta 15 millones de euros anuales hasta 2020, con cargo a sus presupuestos, si fuese necesario.

Según la patronal, a lo largo de esta década, el sector ha invertido más de 428 millones de euros en I+D+i, una cuantía que ha dotado a los barcos españoles de un alto valor añadido. “Los astilleros pequeños y medianos en España se caracterizan por construir buques muy especializados, con un muy alto nivel tecnológico, y centrados en series muy cortas o únicas”, aseguran fuentes de Pymar.

Financiación y Seguros en las ayudas

El mismo 6 de noviembre el BOE publicaba también una actualización del Real Decreto 442/1994 sobre primas y financiación a la construcción naval, por la que se regulan las subvenciones de los intereses generados a través de los préstamos solicitados para la construcción de barcos. El importe máximo no superará en ningún caso el 80% del valor del buque y su cuantía será la diferencia entre el tipo de interés del crédito concedido y el tipo comercial de referencia del euro, con un límite en la subvención de un punto porcentual.

Por otra parte, en los últimos días Pymar ha suscrito con la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) un acuerdo de colaboración que tiene como objetivo dar un nuevo impulso a la exportación en esta industria. Según la consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, el 85% de la contratación de los astilleros privados españoles responde a demanda extranjera.

A través del acuerdo con CESCE, se facilitará a las compañías la contratación de buques y se agilizarán los trámites para su financiación con armadores internacionales. Además se les ofrecerán herramientas para asegurar las operaciones, como la Póliza de Seguro para Crédito a Comprador, destinada a cubrir la financiación solicitada por el armador extranjero

También la Póliza de Seguro por Riesgos de Ejecución de Avales para Emisores, que cubre la emisión de garantías exigidas por el armador, como la garantía de reembolso de los pagos que va realizando durante la construcción del buque. Además de la Póliza de Seguros a Exportadores por Riesgos de Ejecución de Fianzas Indebidas, la Póliza de Garantías Bancarias (que cubre a la entidad financiera que otorgue un crédito para prefinanciar al astillero durante el periodo de construcción del barco) y la Póliza de Crédito Suministrador, para la cobertura al astillero del riesgo de impago del importe aplazado.

imagen moneda bitcoin

Venezuela engendra ‘petro’, su criptomoneda, en plena crisis de deuda

Caracas precisa que la divisa estará sustentada con reservas de “oro, petróleo, gas y diamantes”, aunque Fitch y Moody’s declaran en quiebra a la petrolera PDVSA.

El anuncio fue realizado por el propio presidente venezolano, lo que confiere al giro monetario del país de la máxima credibilidad institucional. Nicolás Maduro dijo a sus conciudadanos y, de paso, a inversores nacionales y foráneos que petro nace con el objetivo de combatir el supuesto bloqueo económico al que se ha sometido a Venezuela y que le impide realizar transacciones financieras en el exterior. Un mensaje que vino acompañado de otros datos sorprendentes que corroboran la hipótesis de que el país sudamericano modificará de nuevo las reglas de juego. O lo que es lo mismo, transformará la seguridad jurídica de empresas y residentes.

Petro estará resguardada por reservas de gas y petróleo y otros minerales de alto valor, entre ellos el oro y los diamantes. De hecho, Maduro ha encargado la gestión de la criptomoneda venezolana a Manuel Quevedo, máximo responsable de la petrolera estatal PDVSA y ministro de Petróleo de su gabinete. Su primera misión -avanzó el líder bolivariano- será la de crear un Observatorio de blockchain o cadena de bloques, la estructura “institucional, política y jurídica” que permita la puesta en marcha de petro.

Este giro en la política económica y monetaria de Venezuela llega en un instante trascendental para la coyuntura del primer productor de crudo de América y el segundo (o primero, según los cálculos más a largo plazo) con mayores reservas petrolíferas del mundo, por detrás de Arabia Saudí. El jefe del Estado, que atribuye el deterioro de la economía venezolana a las sanciones impuestos por EEUU y Canadá contra los jerarcas del chavismo, acaba de realizar cambios en la cúpula ejecutiva de PDVSA, a cuyos anteriores gestores la Justicia del país les acusa de corrupción. Y, entre otras investigaciones, sondea contratos suscritos recientemente por PDVSA con más de 270 empresas que, según acusa la fiscalía del Estado, podrían albergar pruebas inequívocas de comisiones ilegales.

Las agencias de ratings

Esta decisión presidencial coincide, además, con la declaración, por parte de agencias de ratings como Fitch y Moody’s de suspensión de pagos a la petrolera estatal, cuyas cotas de extracción han descendido hasta cotas nunca vistas desde finales de los ochenta por el déficit tecnológico adquirido por la ausencia de acuerdos internacionales con gobiernos o petroleras con suficiente capacidad de innovación.

Sin embargo, y salvo estas declaraciones, los inversores internacionales coinciden en señalar la escasa información y la incertidumbre que rodea a este anuncio, en el que Maduro llegó a decir que “el siglo XXI ha llegado a Venezuela”.

Desde la oposición, se recuerda que cualquier decisión que afecte a la soberanía monetaria del país, debe tener el pertinente respaldo del Congreso. Al tiempo que ponen en duda que pueda ver siquiera la luz. Porque petro se ha concebido en plena tormenta financiera. Con el bolívar, la moneda oficial, en caída libre, los supermercados con claros síntomas de desabastecimiento, en especial de productos de primera necesidad, y una hiperinflación galopante para acceder a alimentos básicos y medicinas. Por si fuera poco, la deuda soberana ha estado varias veces a punto de estallar. No sólo por los retrasos en los vencimientos de los pagos desde su servicio del Tesoro, que ha complicado la venta de petróleo en los últimos meses. Sino porque Standard & Poor’s ya le ha puesto el cartel de quiebra a su servicio de deuda.

La mayor de las agencias de calificación rebajó su nota en noviembre por incumplimiento de dos bonos, por valor de 200 millones de dólares, correspondientes a bonos emitidos con fecha de vencimiento en 2019 y 2024. S&P la colocó en su grado SD/D (selective default/default), para endeudamientos en divisas extranjeras en CCC/C, la calificación anterior a la suspensión de pagos, pero con una vigilancia negativa, en moneda nacional. A juicio de sus expertos, “hay un 50% de posibilidades de que Venezuela pueda entrar en suspensión de pagos otra vez en los próximos tres meses”.

La decisión de la agencia coincidió con otro anuncio trascendental. Maduro comunicó el mismo día el “éxito” en las conversaciones sobre refinanciación de la deuda con los acreedores. Según cálculos oficiales, Venezuela tiene una deuda total cercana a los 150.000 millones de dólares, con abonos anuales cercanos a los 10.000 millones. Circunstancia que, para S&P, no resulta del todo exacta. En opinión de sus analistas, “resulta más probable que cualquier reestructuración (de deuda) de Venezuela deba ser entendida como un intercambio de deuda en dificultades y equivalente al default teniendo en cuenta las altas restricciones en la liquidez”.

Los rescates en Venezuela

Uno de los rescates extranjero a los que se refirió Maduro es la petrolera rusa Rosneft. Aunque también mantiene contactos de alto nivel para que el Gobierno chino, a través de sus empresas energéticas, para que asuman nuevas condiciones de financiación sobre la deuda venezolana. Entre otras razones, porque cualquier default de Venezuela (o, en este caso, de PDVSA) supondría la pérdida de una parte substancial de los 1.100 millones de dólares que Caracas tiene comprometido con la petrolera rusa. Y lo que es peor, “pondría en riesgo la recepción de otros 6.000 millones” dice el analista energético Alexander Burgansky, de Renaissance Capital.

A diferencia de sus rivales chinas e indias, Rosneft ha seguido acordando nuevos préstamos con PDVSA, que suministra casi la mitad de la producción exterior de la petrolera rusa. A cambio de inversiones de exploración. Pero los pagos, a través de entregas de crudo a futuros, no les ha reportado en los últimos tiempos las tasas de retorno que se habían calculado en los acuerdos, lo que ha perjudicado también la liquidez de la compañía rusa.

Petro, además, podría surgir en plena burbuja especulativa de las criptomonedas. No sólo de la más conocida en el casino virtual, el Bitcoin, que rezuma volatilidad a lo largo de este otoño. También en las más de 1.200 divisas digitales que operan en los mercados. El Bitcoin, que ha sido considerado siempre por el Gobierno de Maduro como un ejemplo de la economía social, acapara el 80% de este negocio y su valor ha tocado los 10.000 dólares por unidad. Entre no pocas advertencias sobre la ausencia de reglas de juego, la falta de supervisión o su permisividad con las operaciones de blanqueo de capitales y evasiones fiscales.

Aunque tampoco se debería eludir, a la hora de contemplar operaciones de inversión en el país sudamericano, la reciente devaluación monetaria ordenada por el banco central para el bolívar, cuyo nuevo billete, de 100.000 unidades, equivale a menos de 2,5 dólares. Otro paso más hacia la “eliminación de todas las monedas físicas” que Maduro avanzó como reacción al colapso de la divisa en 2016, motivado por la alta inflación en Venezuela.

Banderas mercosur y europa

Las negociaciones entre Europa y Mercosur entran en una etapa crucial

El acuerdo podría sellarse a finales de año. Europa quiere más celeridad al recorte de tarifas y el bloque sudamericano, mayor acceso al mercado agrícola de la UE.

Europa y Mercosur acaban de inaugurar una nueva ronda negociadora para culminar el acuerdo de libre comercio entre los dos bloques económicos. Fue el pasado 29 de noviembre y tiene, en principio, una fecha de caducidad: el próximo 8 de diciembre. Pero no parece tratarse de su cita habitual con el fracaso. Porque, en esta ocasión, quizás por primera vez desde que, en 2010, se decidiera relanzar el diálogo bilateral que debe acabar con la creación de una pasarela comercial e inversora entre el bloque sudamericano y el mercado interior europeo, puede haber fumata bianca. El tratado, tras las iniciales consultas técnicas, parece quedar sólo a expensas de que las autoridades comerciales de Mecosur asuman la tesis europea de acelerar la entrada en vigor de la reducción arancelaria y que los responsables de la UE permitan un acceso más rápido a su sector agrícola por parte de las empresas exportadoras de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Venezuela, aunque es miembro de la unión aduanera desde 2012, tiene el estatus de país observador, por lo que queda excluido de cualquier acuerdo comercial de Mercosur.   

De hecho, ambas partes han manifestado su compromiso y confianza en que antes de Navidad puede anunciarse el pacto. La UE está especialmente interesada en plasmar la entente cordiale. Esencialmente, porque sería un gran golpe de efecto para su diplomacia económica. En una fase en la que EEUU parece cada vez más decidido a abandonar su estrategia de grandes pactos de libre comercio y a apostar por el proteccionismo de su tejido productivo e industrial. Es decir, a enterrar, al menos durante la Administración Trump, su histórica defensa de la libre circulación de mercancías, bienes y servicios. De rubricarse, Europa mandaría un claro mensaje de alinearse, junto a China -el actor que dice asumir con sumo interés la cesión del cetro estadounidense en la hegemonía del comercio mundial-, en la tarea de gobernar la globalización. Con negociaciones abiertas con EEUU (el llamado TTIP), el reciente acuerdo suscrito con Canadá (CETA) y Mercosur como su reciente hoja de servicio en favor de la causa de los mercados globales. De ahí su interés en exhibir al mundo un desmantelamiento de las barreras arancelarias fulminante. Si se llega al acuerdo, se inauguraría un negocio bilateral, según sus cálculos oficiales de la Comisión Europea, equivalente a la tercera parte del PIB de la UE y unas cifras de comercio que excederían de los 100.000 millones de euros.

La delegación argentina es, incluso, más optimista. Se ha puesto como objetivo anunciar el pacto en diciembre, durante la cumbre de la OMC en Buenos Aires, tal y como ha avanzado el propio presidente Mauricio Macri.

El único gran escollo surge de Francia. La voz más crítica hacia las concesiones al sector agrícola sudamericano. Uno de los más potentes del planeta y la gran fuerza exportadora de Mercosur con permiso de la industria vinculada a las materias primas. París siempre ha mostrado su recelo a restar privilegios a sus subvencionados y protegidos modelos agrícola y ganadero. Los que más se benefician de la generosa Política Agraria Común (PAC).

Sin embargo, la otra parte del gran eje europeo, la alemana, está ejerciendo toda su influencia para suavizar la postura gala, cuyos efectos colaterales han empezado a vislumbrarse. Entre otras razones, porque Berlín ha estado detrás de los fulgurantes avances negociadores que se han constatado desde octubre del pasado año, cuando se limaron gran parte de las asperezas históricas y se empezaron a descubrir numerosos puntos en común tras el tiempo muerto decretado en 2012 por la falta de consensos. Desde entonces, los obstáculos en aspectos como las reglas de origen, las barreras técnicas al comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias, los servicios, los procedimientos de resolución de disputas, la propiedad intelectual, el desarrollo sostenible y las normas de juego con las que las pequeñas y medianas empresas deberán operar en el espacio de libre comercio, han ido desapareciendo.

Europa es para Mercosur el principal socio comercial

Los socios de la Unión adquieren el 21% de las exportaciones totales. Mientras, las ventas europeas al bloque sudamericano aumentaron desde los 21.000 millones de euros en 2005, hasta los 46.000 millones en 2016. En ese mismo periodo, la factura de los cuatro países del Cono Sur americano creció desde los 32.000 millones hasta los 42.000. Principalmente, productos agrícolas, como comestibles de primera necesidad y perecederos, bebidas y tabaco que, en total, representan el 24% de sus ventas. Pero también destacan otras partidas del sector primario como la de productos vegetales, donde se incluyen la soja o el café y que suponen el 18%. La carne y otros bienes animales acaparan el 6%. Fuera de la industria agrícola, destacan las ventas de minerales (14%); la madera y el papel (8%) y la maquinaria, con otro 5%.

Por su parte, Europa envía a Mercosur principalmente maquinaria (el 29% del total); vehículos y componentes de automoción (17%) y productos químicos y farmacéuticos, con otro 24%. Pero, además, es el máximo inversor extranjero en la región, donde ha pasado de enviar flujos de capital por valor de 130.000 millones de euros en 2000 a 387.000 millones en 2016. Mercosur, ese mismo año realizó inversiones de 115.000 millones de euros.

 

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Exportar a China, más barato desde el 1 de diciembre

Las rebajas del Black Friday parecen no tener límites. Casualmente o no, el mismo día en que el mundo estaba sumido en el consumismo masivo fue elegido por el Ministerio de Finanzas en China para anunciar una noticia de gran alcance. La segunda economía del mundo rebaja las tarifas a las empresas que quieran vender en su país. Los aranceles para los productos de consumo extranjeros pasan de una media actual de 17,3% al 7,7%.

El efecto de esta decisión es casi inmediato porque será operativa a partir del próximo 1 de diciembre. Afectará, según han publicado las agencias internacionales, a 187 tipos de productos de gran consumo, entre los que se encuentra ropa, zapatos, electrodomésticos, medicamentos o artículos de entretenimiento entre otros.

Política de reducción de aranceles en China

Este es un paso más en la política de reducción de aranceles que el gigante asiático inició en 2015.  Y, según han comentado las autoridades chinas, tiene como objetivo incrementar la oferta de productos dentro del país e incentivar el consumo. China se ha dado cuenta que en su sociedad ha crecido una clase social media alta con un poder adquisitivo bastante boyante que no tiene reparos en viajar a occidente para conseguir productos que jamás llegarán a China en las condiciones actuales. Ahora, quiere que compren esos productos en su propio país.

Con la vista puesta en ese negocio se toma esta medida. La reacción de las bolsas occidentales así lo corrobora y es que las principales empresas de consumo con Nestlé o Procter&Gamble entre otras protagonizaron destacadas subidas en bolsa nada más conocerse la noticia, la mañana de viernes 24 de noviembre.

Especial beneficiados los bebés y las farmaceúticas

Entre los más beneficiados por esta medida están las empresas especializadas en productos para bebes. La leche en polvo o los pañales, por ejemplo, han quedado libres de aranceles. Esto permitirá a las empresas extranjeras del sector entrar en un mercado que Goldman Sachs ha estimado que alcanzará los 18.700 millones de dólares en 2020 y que está incentivado por los problemas de credibilidad y escándalos alimentarios que este tipo de productos de origen chino han tenido que afrontar recientemente.

Las farmacéuticas como Pfizer o Novartis también notaron en bolsa el efecto de la media. Entre los 187 productos rebajados hay una gran variedad de medicamentos, incluidos varios antibióticos y productos de insulina cuyos aranceles se reducen del 6% actual al 2%. Las importaciones médicas de China ascendieron a 22.000 millones de dólares en los primeros 10 meses de 2017, según los últimos datos de la Administración General de Aduanas publicados por la prensa internacional.

Las pymes también podrán beneficiarse en China

Pero no solo las grandes corporaciones podrán beneficiarse de esta medida. Para las pymes también es una buena oportunidad.  No solo abriendo negocio directo en China, cuyas peculiaridades ya hemos contado en alguna ocasión en este blog, también es una ocasión única para las plataformas de comercio electrónico.

Alrededor de 42 millones de chinos compraron productos extranjeros a través de plataformas transfronterizas de comercio electrónico el año pasado, gastando alrededor de 1,2 billones de yuanes (280,78 mil millones de dólares), según el Centro de Investigación de Comercio Electrónico de China con sede en Hangzhou.  Se espera que ese número llegue a 59 millones de compradores este año, con un valor de compra de 1,85 billones de yuanes.

La medida se produce apenas unas semanas después de la visita del presidente de EEUU a China. Donald Trump transmitió su descontento por las ” barreras comerciales injustas que limitan la venta de productos extranjeros en China”. Y después de que ambos países hayan firmado una serie de contratos multimillonarios.

La visita de Trump también implicó que el gobierno chino anunciase que elevaría su límite de propiedad extranjera de valores, administración de fondos y compañías de futuros de una participación minoritaria del 49% a una participación mayoritaria de 51% y terminaría con restricciones pasados los primeros tres años.

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Las estrategias comerciales británica y estadounidense entran en conflicto

El eje anglosajón se resiente. Reino Unido desea preservar la ‘regla de oro’ de los grandes acuerdos de libre comercio. Frente a la tesis de Trump.

 

La histórica y cultural entente cordiale de habla inglesa disiente en uno de los principios sagrados del libre mercado: la libre circulación de bienes y capitales. El titular de comercio británico, Liam Fox -quizás el halcón menos propenso a un acuerdo duro en las negociaciones sobre el Brexit con la UE- se ha declarado firme partidario de perseverar en la “regla de oro” de buscar y firmar grandes acuerdos comerciales. Todo un jarro de agua fría hacia la recién instaurada doctrina del proteccionismo en la Casa Blanca.

Fox reafirmó su compromiso con el fomento de los flujos globales de mercancías y comercio y de activos en la casa de la Organización Mundial de Comercio (OMC). En Ginebra. Donde también recalcó que la salida del Reino Unido de la UE obligará a Downing Street a recuperar su independencia en materia de soberanía y comercio y defender la causa del libre comercio internacional. Una teoría que, a su juicio, va en la actualidad a contracorriente, dijo sin mencionar al actual presidente de EEUU. Pero el responsable del Ejecutivo de Theresa May también dejó otro aviso a navegantes: la OMC es la institución idónea para cumplir con su mandato de “ser repositorio de nuestros valores”, misión que entra en colisión -aseguró- “con la desagradable reaparición de numerosas tentaciones proteccionistas”, a las que “es necesario combatir” porque “no son garantía de prosperidad” como dicen sus partidarios. Trump acababa de filtrar, en su reciente gira por Asia, donde ha sacado a relucir varios de estos mensajes de rechazo a la globalización comercial, que EEUU se opondrá a las propuestas de renovación de los paneles de resolución de disputas, uno de los mecanismos que usa la OMC para mediar e interceder en los conflictos entre países o en litigios contra herramientas que, como el dumping, atentan contra la libre circulación de bienes.

Cambios a corto plazo

De hecho, el actual máximo representante estadounidense en la organización, el subdirector general Alan Wolff, se ha mostrado partidario de que “se paralizase el proceso” de renovación de nombramientos y los paneles de resolución de disputas porque, muy presumiblemente, el próximo año, algunos de sus Estados miembros podrían recuperar su capacidad sancionadora en materia comercial.

Fox, por su parte, recordó que el actual sistema de comercio global “ha sido el pilar fundamental del progreso y la prosperidad” desde la Segunda Guerra Mundial, porque ha estado detrás de la salida de la pobreza de miles de millones de personas en el último cuarto de siglo. “Así que no es solamente una misión económica en la que estamos embarcados, sino un desafío moral, luchar por mantener en el futuro esta estructura” de libre comercio, explicó.

Sin embargo, para tal empresa, parece que Londres no podrá contar con su histórico aliado. Los países del Trans Pacific Partnership (TTP) han relegado definitivamente a EEUU de su ronda de negociaciones. Aunque esperaron hasta el último minuto por la insistencia de Canadá en tratar de encauzar la presencia de su vecino del sur. Fue el pasado 11 de septiembre. Apenas unos días antes de que empezasen también, de forma oficial, las conversaciones entre EEUU, Canadá y México para renegociar el Nafta norteamericano. Finalmente, Washington no asistió al cónclave.

Una decisión que Japón también lamentó

Porque confiaba en que la gestión de última hora de su primer ministro, Shinzo Abe, con Trump, durante su reciente periplo en Tokio, hubiera dado sus frutos. Así lo admitió su ministro de Economía, Toshimitsu Motegi, quien se apresuró a dejar una puerta abierta en el futuro a una posible adhesión estadounidense. Sobre todo, para poder amortiguar el dominio económico y comercio de China. El Gobierno nipón ha sido uno de los lobbies más activos en la defensa del TTP, pacto que elimina tarifas sobre productos industriales y agrícolas de once economías bañadas por el Pacífico, y que se consideraba el contrapeso a la estrategia de expansión exterior de China en la región. El TTP es una unión aduanera de 356.000 millones de dólares, el valor de las mercancías que se intercambian entre sus socios, en el que no está China, por expreso deseo de todos sus integrantes.

En cualquier caso, el posicionamiento estadounidense puede acabar afectando al futuro del tratado. Entre otras razones, porque Japón y Canadá, dos de sus mayores economías, reconocen tener dudas sobre los siguientes procedimientos liberalizadores, que afectarán a los derechos laborales y de propiedad intelectual, y a la protección del medio ambiente. Con EEUU fuera también del pacto sobre cambio climático, ambos países se han reservado la firma de dichos acuerdos de comercio hasta saber las repercusiones y efectos colaterales que tendrían sobre sus trabajadores.

Trump y su teoría de “América primero”

Por si fuera poco, en el largo periplo por Asia, Trump no tuvo reparos en reconocer el liderazgo comercial de China en la globalización. Lo hizo durante su escala en la cumbre de la APEC, el foro para la Cooperación Económica Asia-Pacífico, que aglutina a 21 naciones de ambas orillas de este océano y que suman el 60% del PIB global y casi la mitad de la población del planeta. Y en presencia de sus homólogos chino, Xi Jinping, y ruso, Vladimir Putin. Trump reivindicó su teoría del América, primero, y arremetió contra los “abusos comerciales crónicos” que, a su juicio, ha padecido recientemente EEUU, por lo que perseveró en su empeño de que la Casa Blanca sólo colaborará con la APEC si “acata acuerdos comerciales justos y recíprocos”. O, dicho de otro modo, si, como en el caso del Nafta, se renegocian pactos vigentes que “han costado millones de puestos de trabajo a ciudadanos de EEUU”. Una anomalía que, en su opinión, ha sido posible por la OMC, de la que -afirmó- “no puede funcionar correctamente” si sus miembros no respetan las reglas. En alusión a que, desde su punto de vista, “no ha existido reciprocidad” en su seno cuando EEUU ha reducido las barreras y ha suprimido aranceles. “Esas prácticas han dañado a mucha gente en mi país”, lamentó.

Eso sí, se reservó su acción comercial para las relaciones bilaterales. Porque en su estancia en Pekín, Trump firmó quince acuerdos de comercio con China por valor de 250.000 millones de dólares. Entre otros, para establecer joint-ventures dirigidas al desarrollo de proyectos de gas natural licuado en Alaska, hasta ahora reserva energética de EEUU, o un mega-contrato para suministrar a China Aviation de componentes aeronáuticos de alta tecnología, a cambio de la adquisición, por parte de la aerolínea china, de varios modelos de Boeing, por valor de 37.000 millones de dólares.

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Los datos y el seguro exportador

La internacionalización del tejido empresarial y ser exportador

Desde hace varios años, la Administración y las empresas españolas y sus organizaciones representativas apuestan decididamente por fomentar la internacionalización de nuestro tejido empresarial, conscientes de que si la economía española quiere crecer, ha de ser a través del exterior. Es por ello que desde todos estos ámbitos se alienta a las empresas a salir al exterior como única vía de crecimiento, como medio para fomentar la productividad, la innovación y para crear empleo. Para ello es necesario ser exportador.

Un mensaje este de internacionalizarse para crecer que, pese a su validez incuestionable no siempre se acompaña de una reflexión previa y necesaria como es la necesidad de disponer de masa crítica, productividad, innovación y capacidad de crecimiento como garantías del éxito a la hora salir al exterior.

Los datos y el seguro exportador

Un aspecto este último esencial en un tejido empresarial como el español que está formado casi en su totalidad por pymes. Las empresas con menos de 250 trabajadores representan el 99,88%, lo que equivale a 3.178.408 unidades productivas. Por ello, si queremos que se consolide el modelo de crecimiento orientado al exterior, debemos dinamizar los instrumentos que ayuden a potenciar esas deficiencias en productividad, innovación y, fundamentalmente, en la financiación.

Las carencias financieras son, hoy, uno de los factores que más está frenando el desarrollo de la exportación en las empresas. Desde las distintas administraciones se han puesto en marcha diferentes instrumentos financieros públicos para solucionarlas o mitigarlas. Entre ellos está el seguro de crédito de CESCE, que juega hoy un papel esencial como elemento dinamizador y de apoyo a la iniciativa empresarial. Un papel clave que quedó de manifestó durante los primeros años de la crisis, cuando fueron los mecanismos oficiales los que hicieron posible acometer los proyectos en el exterior ante la carencia casi absoluta de crédito por parte de las entidades, demostrando su utilidad como corrector de fallos de mercado.

Hoy, con la recuperación económica en fase de consolidación, y con ella la oferta de financiación privada, la realidad es que ésta, que fluye para las grandes empresas, todavía no llega a las pymes; o, al menos, no lo hace en la cuantía y con las condiciones que debiera, lo que se traduce en pérdida de oportunidades de negocio exterior y de crecimiento en los mercados internacionales. Y a esto es a lo que quiere y va a contribuir CESCE, a través del Plan Estratégico que la Compañía ha aprobado con el horizonte del año 2020, y que tiene como ejes estratégicos la internacionalización, la digitalización y las pymes, poniendo al cliente como eje prioritario de todas las actividades y productos.

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EEUU, México y Canadá inician la renegociación del Nafta

Frente a las apelaciones de Donald Trump a lapidar la unión aduanera norteamericana, el Gobierno mexicano alerta que su defunción generará problemas de seguridad a EEUU

 

La esperada renegociación del Nafta ha comenzado. Y con pocos visos de que el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, suscrito por EEUU, Canadá y México en 1994, bajo el mandato presidencial de Bill Clinton, vaya a sobrevivir. Así lo creen importantes voces del mercado, como la de Gregory Valliere, estratega jefe global de Horizon Investments, para quien el compromiso de Donald Trump con sus electores será esencial para poner el epitafio a la unión aduanera que ha convertido a sus vecinos, el del norte y el del sur, en los dos principales socios comerciales del mercado más importante del mundo.

Las conversaciones

Eso a no ser que las 5 rondas de conversaciones para salvar el Nafta, iniciadas este miércoles en México DF, puedan revertir la situación. Que es la intención declarada de las delegaciones canadiense y mexicana, que pretenden prolongar las negociaciones hasta marzo del próximo año.

De momento, el representante de Comercio estadounidense, Robert Lighthizer, ha puesto varias líneas rojas en temas de especial sensibilidad para la Administración Trump: productos lácteos, automoción, tribunales de disputas, procedimientos administrativos y cláusulas de suspensión.

México reacciona

Aunque frente a estos puntos de fricción, México ha reaccionado con una advertencia clara de que el impacto del acta de defunción del Nafta en materia de inmigración, por ejemplo, será evidente ante la ausencia de cooperación intergubernamental, un riesgo que podría trasladarse de inmediato a cuestiones relacionadas con la seguridad nacional. Canadá, por su parte, avisa de que la ausencia del bloque comercial norteamericano también reducirá las expectativas de los tres mercados de acceder a los tratados del Trans Pacific de sus socios del otro lado de este océano, con independencia de que EEUU se haya desmarcado también del principio de acuerdo que suscribió Barack Obama al final de su doble presidencia.

“La instrucción es mantener la pelota en movimiento”, dijo Welles Orr, ex asistente del área de Comercio bajo el mandato de George W. Bush y asesor de la firma Miller & Chevalier. A la espera de que salga adelante, en el Congreso, reformas legislativas más prioritarias para el Ejecutivo de Trump como la rebaja fiscal.

A revista 28 áreas comerciales

El Nafta moviliza mercancías sin trabas arancelarias que superan el billón de dólares anuales. La renegociación pasará revista a 28 áreas comerciales que podrían soportar incrementos en sus gravámenes fronterizos, como desea Washington. Aunque el vaso medio lleno se aprecia en que las tres partes han alcanzado principios de acuerdo en materias tan importantes como las reglas de la competencia y la creación y regulación de las pequeñas y medianas empresas.

Canadá y México son el primer y segundo mayor vendedor de productos a los Estados Unidos. Una circunstancia que ha posibilitado que EEUU acumule un déficit comercial de 53.100 millones de dólares con México, hasta septiembre de este año, y de 12.400 millones con Canadá. Y que han centrado las críticas de Trump hacia el Nafta. Pero es que, además, dice Colin Robertson, asesor de Dentons LLP, “el Nafta se ha convertido en una especie de prueba de fuego de las intenciones comerciales de EEUU” con otros mercados, especialmente europeos y asiáticos. Por lo que la ronda de conversaciones del Nafta será un laboratorio de ideas sobre la estrategia en el orden comercial de la Administración republicana.

De momento, las espadas están en alto. Lighthizer aseguró “estar sorprendido y decepcionado por la resistencia al cambio” de sus interlocutores, mientras en el equipo negociador mexicano se advertía de que ciertos límites de la Casa Blanca “resultaban inaceptables” y los emisarios canadienses de la “mentalidad exclusivamente ganadora” y “poco conciliadora” aireada desde Washington. Sobre todo, en el conjunto de los cinco bloques de disputas. Porque si el Nafta muere se volverán a imponer tarifas de entre el 2% y el 2,5% en todos ellos, según las directrices de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Gastos que repercutirán en ventas y que se traducirán en pérdida de puestos de trabajo y salarios. “Nadie quiere volver a este escenario”, explican desde Canadá.

Pero, ¿qué desea EEUU?

El presidente Trump, en principio, ha aceptado los seis meses de tregua que les solicitaron sus homólogos Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau para tratar de restablecer las constantes vitales del Nafta. Aunque su poder es limitado. Será el Congreso el que respalde una salida de la unión aduanera, y no hay garantías de que el legislativo estadounidense esté por la labor. Al menos, inicialmente. Y sin negociaciones de por medio. Si ambas cámaras se opusieran a sus planes, el líder republicano podría hacer uso de una orden ejecutiva, como ya ha hecho en materia migratoria. Lo que abriría la batalla al plano judicial. Porque mientras que la Constitución americana concede al presidente la autoridad para negociar tratados de política exterior, el Congreso comparte esa responsabilidad con el Ejecutivo en áreas como el comercio internacional, incluida la ratificación de acuerdos y la imposición de sanciones comerciales. Los legisladores de EEUU podrían obligar a Donald Trump a acudir a una corte federal bajo cargos de abuso constitucional.

Desde instituciones como la Cámara de Comercio Americana se ha dado un respaldo sin fisuras a que EEUU “luche hasta la extenuación por salvar el Nafta”. Algo que secundan asociaciones de ganaderos y agricultores, de manufactureros y de directivos de multinacionales, que alertan a Trump del error de enterrar el tratado norteamericano.

Washington restaurará las tarifas aduaneras

Pero si EEUU dejase morir el Nafta, Washington deberá restaurar las tarifas aduaneras previas a la entrada en vigor del acuerdo, para lo que dispondría de doce meses, según las reglas de la OMC. Aunque reserva la opción de que se aumente unos puntos porcentuales adicionales. Antes de la unión aduanera, y de promedio, México tenía un gravamen del 7% sobre las importaciones, mientras que la presión arancelaria canadiense era del 4,1% y la estadounidense, del 3,5%.

En cambio, si alcanzan un nuevo acuerdo, Trump necesitará que se tramite en el Congreso. Algo que los observadores de la política estadounidense ven poco probable que se apruebe si los representantes de ambas cámaras consideran que en el mismo se ha vulnerado derechos de los empresarios y trabajadores del país. En esta tesitura, quedaría el fast-track, la autoridad que oscila entre la presidencia y el Congreso para cerrar acuerdos comerciales y que expira el 1 de julio de 2018. El mismo día en que se celebran las elecciones presidenciales en México. Y resulta bastante complejo augurar que Trump vaya a conseguir una extensión de esta potestad más allá de esta fecha con las críticas internas y exteriores a su política de proteccionismo comercial.

De ahí que los analistas consideren una buena baza negociadora el mensaje de México de que su cooperación con EEUU en materia migratoria y de seguridad depende de lo que el Gobierno de Trump decida sobre el Nafta. Y “un mal resultado” en el terreno comercial “tendrá impacto sobre la estabilidad”, ha recalcado el ministro de Asuntos Exteriores mexicano, Luis Videgaray. “No queremos que ocurra y, por eso, estamos trabajando duro para lograr un buen resultado” en la renegociación del tratado.