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Canadá y Europa ya disponen de su acuerdo de libre comercio, CETA

La Eurocámara concedió la luz verde al CETA, un pacto que podría elevar en un 20% las exportaciones y aumentar en 12.000 millones de euros anuales el PIB de la UE.

 

La Unión Europea y Canadá han formalizado su apuesta bilateral por el libre comercio. Todo un ejercicio de liberalización de mercados en una época en la que parece haberse instalado el proteccionismo y las críticas, cada vez más acérrimas, contra la globalización. Sin embargo, y tras siete años de duras negociaciones, con momentos de protestas ciudadanas a ambos lados del Atlántico, el CETA, el acrónimo en inglés del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá, ha echado a rodar. El Parlamento Europeo, con matices y retoques constantes en los últimos meses, ha puesto la rúbrica definitiva. Y lo ha certificado con una amplia mayoría de 408 eurodiputados, frente a 254 detractores de su hemiciclo.

 

Transcurrida su etapa de debate, es hora de poner números al acuerdo. O, para ser más precisos, de avanzar las estimaciones oficiales de las ventajas y, en su caso, inconvenientes de que la pasarela comercial e inversora con el socio más septentrional del Nafta -y el más beligerante con las políticas de America, first de Donald Trump- inicie su andadura. Según las instancias europeas oficiales, la supresión de aranceles sobre la mayoría de mercancías, bienes y servicios entre ambas latitudes impulsarán las ventas europeas hacia Canadá en un 20%. Eurostat cifra la balanza comercial de 2016 en 35.200 millones de euros de exportaciones comunitarias, frente a los 29.100 millones en los que se contabilizaron las adquisiciones de productos made in Canada por parte de los socios de la Unión. El impacto sobre el PIB de estas predicciones, hablan de un incremento de unos 12.000 millones de euros anuales.

 

Europa exporta, esencialmente, maquinaria e industria química. Mientras Canadá coloca en el mercado interior, sobre todo, minerales.

 

 

Pero, quizás, donde más se apreciarán las ventajas del CETA sea en las pymes. Las pequeñas y medianas empresas europeas, tal y como aseguró la comisaria europea de Comercio Exterior, Cecilia Mallström, durante su comparecencia en el Pleno del Parlamento Europeo, “se podrán ahorrar hasta 500 millones de euros anuales sólo por la inmediata supresión de los procesos de certificación aduanera”. Las pymes, en consecuencia, reducirán los gastos asociados a las trabas burocráticas. Aunque Mallström también incidió en otro de los efectos beneficiosos del acuerdo. Para la comisaria sueca, el tratado CETA contempla y garantiza, especialmente, la protección de las denominaciones de origen, uno de los caballos de batalla de los productores europeos que se han manifestado en contra de la firma de este pacto de libre comercio. Al que han tachado, en círculos económicos y políticos, como el gemelo del TTIP, la asociación transatlántica con el Nafta que ha entrado en un limbo negociador a la espera de que la Casa Blanca defina su táctica comercial, sometida a revisión en un comité de expertos confeccionado ad hoc para este asunto.

 

El CETA aumenta los nichos de negocio de las empresas españolas. Como siempre, en sectores prioritarios, como los bienes de consumo y, por supuesto, las infraestructuras. Porque Canadá es un mercado dinámico, que sólo dejó la senda del crecimiento por una leve recesión técnica de dos trimestres de contracción de su PIB, al inicio de 2009. Como el resto de las economías del G-7 tras la quiebra de Lehman Brothers. España dispone de un centenar de empresas asentadas en Canadá, aunque son más de 5.500 las que exportan con asiduidad. Una carta de presentación todavía escasa, pero que ofrece un amplio potencial inversor en el futuro. Porque el CETA tiene los estándares de protección y certificación europeos sobre la amplia red de bienes perecederos y alimentarios en general y un abanico de normas que incrementan los niveles de competencia en un mercado que, además de premiar el liberalismo comercial e inversor frente a los arrebatos proteccionistas de su vecino del sur, da acceso, con sus acuerdos de libre comercio en vigor, a un considerable abanico de más de 1.100 millones de consumidores. Además, gran parte de los potenciales clientes canadienses adquieren productos y servicios de alta calidad y, por ende, de elevados precios. La capacidad de renta y, por tanto, de gasto per capita de un canadiense se ha incrementado respecto a la tasa española durante la crisis.

 

Por si fuera poco, su primer ministro, Justin Trudeau, en sus apenas dos años en el cargo, se ha erigido en el estandarte de la libertad comercial. A él se debe la decisión de Trump de renegociar el Nafta (en vez de lapidar la unión aduanera norteamericana), pese a que el saldo comercial es netamente positivo para Ottawa, el blanco de las críticas de Washington. Entre 1990 y 2016, el comercio de Canadá con EEUU se triplicó. Pero Trudeau ha logrado la tregua. Un periodo que no será fácil porque se someterán a revisión cuestiones de alta sensibilidad como la normativa laboral del Nafta, las reglas de origen o el mecanismo de resolución de controversias; es decir, el modelo de arbitraje privado que cerró las puertas del tratado trasatlántico entre EEUU y la UE pero, al menos, el acceso al mercado estadounidense permanece sin trabas arancelarias.

 

El CETA reducirá unas 9.000 tarifas en activo entre Europa y Canadá. Si el acuerdo es finalmente ratificado por todos los parlamentos de los socios de la Unión. Como ya han hecho países como Dinamarca, Portugal o España. Entre otros. Y se suprimirán el 99% de los aranceles bilaterales en curso. Realmente, el elenco de oportunidades es global: afectaría a todos los segmentos de actividad. En un marco de protección conjunta del medio ambiente y de los derechos laborales, además de cuestiones como el fomento del crecimiento inclusivo o la asunción de los desafíos de la globalización. Es un reto para Europa, porque sólo el pasado ejercicio, las ventas de Canadá a EEUU alcanzaron los 394.000 millones de dólares, el 76,3% de sus exportaciones. Frente a los 278.000 millones de productos adquiridos de EEUU. La supresión de las barreras burocráticas y de los aranceles abriría a Europa en general y a España en particular, de par en par, un mercado de especial interés para los negocios. Presentes y futuros.

 

Porque su ministro de Comercio, Francois-Philippe Champagne, asegura que la firma de nuevos acuerdos comerciales es “una de las prioridades del gabinete” de Trudeau, y que el CETA será la base del tratado que ya se han comprometido a negociar, una vez se consuma el Brexit, con las autoridades británicas. Los valores liberales del primer ministro canadiense no ofrecen dudas. A su juicio, tal y como reconoció en varias de sus últimas citas en foros internacionales, “el mundo necesita dar nuevos pasos para promover una agenda global de libre comercio, que actualice y añada prosperidad a los acuerdos en vigor”. Cambiándolos si fuera preciso o adecuándolos a las demandas de la globalización, puntualiza con asiduidad. El CETA “forma parte de ese elenco de acuerdos modernos y progresistas que reclaman los mercados”, afirma Malmström, “debido a sus normas de fair play comercial y a sus valores ecológicos y laborales” que transmite.

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