Brexit, la clausura de Westminster

El nombramiento del nuevo primer ministro, Boris Johnson, el pasado mes de julio prometía revolucionar el ya de por sí atípico panorama político británico. Sin embargo, la realidad ha superado todas las expectativas. Su llegada ha ahondado más si cabe la gravísima crisis política en la que se encuentra sumido Reino Unido desde hace algo más de tres años. Ejemplo de ello es el enfrentamiento abierto que, en las últimas semanas, han protagonizado Gobierno y  Parlamento, en el que también se ha visto envuelta la monarquía y que ha puesto en entredicho la separación de poderes en una de las democracias más asentadas del mundo.

 

Desde que accedió al cargo, Johnson dejó bien claro que el objetivo principal de su gobierno era sacar a Reino Unido de la UE el 31 de octubre, con o sin acuerdo. En consecuencia, ordenó acelerar los preparativos; prometió planes de expansión fiscal para moderar el impacto de la salida e incluso amenazó con no hacer frente a los compromisos de pago que aún mantiene con el bloque europeo, la conocida como “factura del Brexit”. Este endurecimiento de la posición británica se interpretó como una maniobra para forzar a la UE a realizar concesiones. El primer ministro pretendía así que, ante el temor de que finalmente llevase a cabo sus planes, los Veintisiete accediesen a eliminar la cláusula de salvaguarda irlandesa, principal obstáculo para que el Parlamento apoye el Acuerdo de Salida que negoció Theresa May en noviembre de 2018.

 

Con el nuevo Ejecutivo instalado en esta postura tan radical, los parlamentarios contrarios a una salida a las bravas habían comenzado a organizarse para evitar que Johnson llevase a cabo su objetivo. En esta ocasión, sin embargo, el primer ministro británico fue más allá y solicitó a la Reina Isabel II la clausura del Parlamento haciendo uso de una figura legislativa llamada “prórroga parlamentaria”. Si bien poner fin a las sesiones parlamentarias es un recurso perfectamente legal, el momento político en el que el Gobierno ha hecho uso de él es más que cuestionable, a tan solo un mes y medio de que se cumpla el plazo dado por Bruselas. Con ello, Johnson pretendía limitar la capacidad de control de la Cámara, lo que, en definitiva, supone una grave socavación de uno de los poderes del Estado: el legislativo. De esta forma, el Gobierno puso en evidencia que no solo está decidido a sacar a Reino Unido de la UE, sino que frenará a todo aquel que intente impedirlo.

 

Obedeciendo la petición del primer ministro, la Reina Isabel II hizo uso de sus prerrogativas y decretó el cierre de Westminster entre el 9 de septiembre y el 14 de octubre, cuando apenas quedarán 15 días para que se cumpla el plazo de salida dado por Bruselas y que, en la práctica, dejaría a la Cámara sin capacidad de reacción. Sin embargo, los parlamentarios británicos contrarios a la salida sin acuerdo, en colaboración con el presidente de la Cámara,  el conservador John Bercow, aceleraron los trámites legislativos para bloquear legalmente la salida sin acuerdo. Como resultado de las enmiendas que se votaron el  3 y el 4 de septiembre en el Parlamento, si Johnson no llega a un acuerdo con la UE antes del 19 de octubre (cuando está previsto que se celebre un nuevo Consejo Europeo), deberá solicitar una nueva extensión hasta el 31 de enero de 2020, o aceptar cualquier prórroga que los Veintisiete propongan. Johnson sufría así su primera gran derrota desde que está en el cargo, como tantas veces le ocurrió a su predecesora, y Westminster volvía a mostrar su capacidad para hacerse con el control de la agenda política de Reino Unido.

 

Consciente de su limitado poder y de la ventaja que le daban los sondeos electorales, el primer ministro propuso adelantar los comicios al 15 de octubre. Una hipotética victoria le permitiría sortear el mandato de Westminster de retrasar la salida y llevar a cabo el Brexit en la fecha prevista. La desconfianza que Johnson insufla, no solo entre la oposición sino entre sus propias filas, hizo que el Parlamento rechazase en dos ocasiones la propuesta. Los parlamentarios quieren ver cómo se materializa la prórroga antes de fijar una nueva fecha electoral. Esta desconfianza ha quedado patente también en la enorme brecha que Johnson y su gabinete de euroescépticos radicales han creado en el seno del partido conservador, ya de por sí muy dividido. Veintiún “tories” desafiaron al Gobierno rompiendo la disciplina de voto y votando a favor de las enmiendas anteriormente mencionadas, por lo que fueron automáticamente expulsados de la formación. Figuras tan relevantes del partido como el “padre del Parlamento”, Kenneth Clarke, o el nieto de Winston Churchill, Nicholas Soames, ya no ocuparán sus asientos como conservadores por tratar de frenar a un Ejecutivo radical.

 

En este contexto de incertidumbre y fractura política, Westminster echa el cierre forzoso hasta mediados del mes de octubre cuando, seguro, el Brexit volverá a dar que hablar.

Last modified: 12/09/2019